DICTAMEN 362/2012. (Sección 1ª)

Transcripción

1 DICTAMEN 362/2012 (Sección 1ª) La Laguna, a 16 de julio de Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acta de Expropiación Forzosa firmada el día 8 de septiembre de 2006, a fin de dejar sin efecto los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife respecto a la unidad familiar encabezada por A.B.P. y J.E.H., esto es la Adjudicación de una Vivienda de Reposición en el edificio promovido por el Ayuntamiento con fachada a la calle Plácido Sansón, ( ), Área Buenavista Baja (EXP. 327/2012 RO) *. FUNDAMENTOS I Por escrito, remitido el 25 de junio de 2012, del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se solicita por el procedimiento ordinario, al amparo de los arts D.b), 12.1 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), dictamen preceptivo en relación con la Propuesta de Resolución sobre revisión de oficio del acto administrativo por el que se fijaron las condiciones de terminación convencional del expediente de expropiación forzosa del inmueble identificado como Finca nº. ( ), afectado por la ejecución del proyecto denominado Vía Arterial de Santa Cruz de Tenerife y Proyecto de Recuperación del Barranco de Santos III Fase. La declaración de nulidad contenida en la Propuesta de Resolución se fundamenta en el art f) LRJAP-PAC, al considerar la Corporación Local que el acto a través del cual se han adquirido derechos, carece de los requisitos esenciales para su adquisición. * PONENTE: Sr. Millán Hernández.

2 Consejo Consultivo de Canarias La regulación de la revisión de oficio de las disposiciones y actos nulos se contempla en el art. 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). La revisión de oficio procede contra actos que incurran en alguna de las causas de nulidad del art LRJAP-PAC y que, además, sean firmes en vía administrativa, firmeza que concurre en las presentes actuaciones. El procedimiento de revisión se incoa de oficio por Resolución, de 8 de mayo de 2012, del Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, por lo que, dado el contenido del art LRJAP-PAC, el procedimiento caducará a los tres meses desde su incoación, sin perjuicio de que, si se declarase la caducidad, se pueda abrir nuevo procedimiento revisor. II 1. Antes de entrar a analizar la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución formulada en el procedimiento incoado, procede realizar un sucinto relato fáctico: El 13 de mayo de 2005, el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó la incoación del expediente de expropiación forzosa para la ejecución del proyecto denominado Vía Arterial de Santa Cruz de Tenerife y Proyecto de Recuperación del Barranco de Santos III Fase, encontrándose entre los inmuebles afectados la Finca. Nº ( ), cuya titularidad se atribuyó a A.B.P. y J.E.H. La tramitación finalizó con acuerdo que permitió la conclusión convencional. Así, el 24 de mayo de 2006 se remitió la Propuesta de acuerdo a los afectados, constando en la misma, entre otros extremos, la entrega de dos viviendas de reposición a las familias que habitaban dicha finca, sujetas ambas al régimen de viviendas de protección oficial, añadiéndose el pago de una cantidad inicial para hacer frente a los gastos que podían emanar del hecho de que el edificio, en el que se sitúan ambas viviendas de reposición, no estaba finalizado y se dispone finalmente que la superficie restante continuará siendo propiedad de la parte expropiada. Con posterioridad, ambos afectados prestaron su conformidad al mismo. El 8 de septiembre de 2006 se emitió el acta de ocupación de la referida finca. Sin embargo, posteriormente se comprobó fehacientemente que A.B.P. y J.E.H., quienes conformaban una de las unidades familiares afectadas, eran titulares DCC 362/2012 Página 2 de 5

3 Consejo Consultivo de Canarias dominicales de otra vivienda, lo que impide, de acuerdo con la normativa vigente, que sean propietarios de una vivienda en régimen de protección oficial. 2. Este hecho da lugar al inicio del correspondiente procedimiento de revisión de oficio, que finalizó por medio de la Resolución, de 3 de diciembre de 2009, de la Sra. Consejera Directora de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, por la que propone la declaración de nulidad de pleno derecho de las condiciones de terminación convencional previstas en el Acta de Expropiación Forzosa, firmada el 8 de septiembre de Con carácter previo a dicha Resolución, este Organismo emitió al respecto el preceptivo Dictamen 704/2009, de 3 de diciembre. La Resolución recurrida en reposición finalizó con la Resolución de 19 de febrero de 2010, de carácter desestimatorio, contra la que se interpuso, a su vez, recurso contencioso-administrativo, cuya Sentencia de 27 de abril de 2011, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1, de Santa Cruz de Tenerife, estimó dicho recurso, al apreciar la caducidad del procedimiento revisor. En cumplimiento de dicha Sentencia, se dictó la Resolución de 14 de diciembre de 2011, por la que se procede a la incoación de un nuevo procedimiento de revisión de oficio, que también caducó, dictándose la Resolución de 16 diciembre de 2011, por la que se declaró la caducidad del procedimiento administrativo previo antes referido. La tramitación del actual procedimiento de revisión, comenzó mediante la Resolución, de 8 de mayo de 2012, del Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. Se otorgó trámite de audiencia a los afectados sin que los interesados formularan alegaciones en plazo. Finalmente, el 20 de junio de 2012 se emitió el Informe-Propuesta de Resolución sobre la que recae el presente Dictamen. III Antes de entrar en el fondo es preciso reseñar que la anulación en vía judicial de la resolución administrativa precedente, como se afirma en la propia propuesta de resolución, se produce, exclusivamente por haberse caducado el procedimiento de revisión de oficio, y no por motivos de fondo o de alteración del planteamiento de los motivos de revisión. Página 3 de 5 DCC 362/2012

4 Consejo Consultivo de Canarias La unidad familiar, conformada por A.B.P. y J.E.H., con base a la documentación registral obrante en los expedientes, ambos interesados, en régimen de gananciales, son propietarios de otra vivienda. Esta circunstancia obsta la obtención de la titularidad dominical de una vivienda de protección oficial, cual es la de reposición ofrecida por la Administración, ya que el art c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, que establece los requisitos mínimos para acceder a una vivienda protegida, cualquiera que sea el título, así como para acceder a financiación pública de la misma, exige que el adquirente, adjudicatario, promotor para uso propio, arrendatario o beneficiario de la vivienda, o cualquier otro miembro de la unidad familiar no sea titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda protegida, ni tampoco de una vivienda libre cuando su valor exceda del máximo que fije el Gobierno, salvo en el caso de desplazamiento entre las distintas islas por motivos laborales en la forma en que reglamentariamente se determine. En el caso de viviendas protegidas de promoción pública, los adjudicatarios o cualquier otro miembro de la unidad familiar no podrán ser propietarios ni titulares de derechos de uso o disfrute sobre otra clase de vivienda. En consecuencia, la titularidad de una previa vivienda por parte de los interesados, al ofrecimiento de referencia en el procedimiento de expropiación, permite apreciar la nulidad contemplada en el art f) LRJAP-PAC, respecto a lo convenido entre aquéllos y la Administración municipal, con Acta de ocupación y pago, de 8 de septiembre de 2006, en lo atinente a la unidad familiar correspondiente, que, contra la normativa aplicable, ya que adquieren derechos careciendo de un requisito esencial. Requisito esencial que, desde luego y de conformidad con lo razonado por este Organismo en Dictámenes precedentes en la materia, en línea con la jurisprudencia del T.S. al respecto, concurre en este caso, ya que para el programa de realojo en un edificio promovido por la Administración y sujeto al régimen de protección oficial (art. 37 de la Ley 2/2003, de Viviendas de Canarias) es absolutamente indispensable la concurrencia de un presupuesto de hecho, que debe concurrir necesariamente en el sujeto para la obtención de la vivienda de reposición, de acuerdo con la normativa jurídica aplicable. Finalmente, una vez declarada la nulidad del convenio debe retrotraerse el procedimiento expropiatorio al momento de fijación del justiprecio, a efectuar de DCC 362/2012 Página 4 de 5

5 Consejo Consultivo de Canarias acuerdo con la normativa aplicable y con los efectos que de ello se deriven, incluso en su caso indemnizatorio, pero sin incluir los recogidos en el convenio anulado. CONCLUSIÓN La Propuesta de Resolución objeto de este Dictamen se considera conforme a Derecho, por lo que procede la declaración de nulidad instada, pues el acto administrativo revisado incurre en la causa de nulidad de pleno derecho, prevista en el 62.1 LRJAP-PAC, de la Ley 30/1992. Página 5 de 5 DCC 362/2012