RECLAMACIÓN Nº 1/2016-ACUERDO DE EXCLUSIÓN TEIDAGUA, S.A RESOLUCIÓN Nº 12/2016 de 18 de febrero de 2016.

Transcripción

1 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. RECLAMACIÓN Nº 1/2016-ACUERDO DE EXCLUSIÓN TEIDAGUA, S.A RESOLUCIÓN Nº 12/2016 de 18 de febrero de Reclamación artículo 101 Ley 31/2007, de 30 de octubre.inadmisión incompetencia RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS VISTA la reclamación interpuesta por Don M. Á. H. B., en nombre y representación, de la entidad mercantil FALISA, S.L, contra el Acuerdo del órgano de valoración, de fecha 13 de enero de 2016, de excluir a dicha empresa de la licitación del contrato de prestación de servicios de ejecución de trabajos de carácter auxiliar de obra civil y otros en el sistema de abastecimiento y saneamiento de los municipios de San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte, se dicta la siguiente Resolución ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Con fecha 15 de enero de 2016, FALISA, S.L presenta ante el registro de la entidad Teideagua, S.A, Anuncio Previo de la citada reclamación. SEGUNDO. El 29 de enero de 2016, Don M. Á. H. B., en nombre y representación, de la entidad mercantil FALISA, S.L, interpone en el Registro de la Consejería de Hacienda, con traslado a este Tribunal el 1 de febrero de 2016, Reclamación contra el Acuerdo del órgano de valoración, de fecha 13 de enero de 2016, de excluir a dicha

2 empresa de la licitación del contrato de prestación de servicios de ejecución de trabajos de carácter auxiliar de obra civil y otros en el sistema de abastecimiento y saneamiento de los municipios de San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte. FUNDAMENTOS DE DERECHO ÚNICO. Con carácter previo al examen de cualquier otro requisito de admisibilidad de la reclamación y de la cuestión de fondo suscitada en la misma, procede analizar la competencia de este Tribunal para la resolución de la reclamación interpuesta, habida cuenta de que la actuación impugnada procede de una empresa mixta participada entre otros por los Ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y el de Tacoronte. En este sentido, el artículo 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes, y los servicios postales (En adelante Ley 31/2007), dispone: 1. Los órganos indicados en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (hoy 41 del TRLCSP), serán los competentes en sus ámbitos respectivos y en relación con las entidades enumeradas en el apartado 1 del artículo 3 de esta Ley así como a las que estén adscritas o vinculadas a ellas, o a las que hayan otorgado un derecho especial o exclusivo, para ejercer las siguientes competencias respecto de los contratos cuyos procedimientos de adjudicación se regulan: a) Resolver las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se planteen por infracción de las normas contenidas en esta Ley A los efectos del apartado 1, cuando la entidad contratante tenga relación con más de una Administración Pública, en razón de su adscripción o vinculación formal y del título administrativo que explota, la reclamación deberá presentarse ante el órgano independiente que tenga atribuida la competencia para resolver las reclamaciones en el ámbito de la Administración que haya otorgado el título administrativo. 2

3 El artículo 41 del TRLCSP señala en su punto 4 lo siguiente: En el ámbito de las Corporaciones Locales, la competencia para resolver los recursos será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas cuando éstas tengan atribuida competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación. En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica, la competencia corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito. En virtud del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, indicando el articulo 2 en su apartado 3 lo siguiente: En el ámbito de las Administraciones Locales y las Universidades Públicas Canarias, la competencia para resolver los recursos, para conocer y resolver las medidas provisionales a que se refiere el artículo 43 del TRLCSP, las cuestiones de nulidad en los casos a que se refiere el artículo 37.1 del mismo texto legal y las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un tribunal independiente... El apartado 4 por su parte dispone: Las Administraciones Locales y las Universidades Públicas podrán, asimismo, atribuir al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, creado por este Decreto, la competencia para la resolución de los recursos especiales en materia de contratación, las cuestiones de nulidad en los casos a que se refiere el artículo 37.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las medidas provisionales del artículo 43 del mismo texto legal, y las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, en el que se estipularán las condiciones en que las Administraciones Locales y las Universidades Públicas sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias por parte del Tribunal. Por último destacar lo que señala el artículo 3, rubricado Entidades contratantes, de la Ley 31/2007: 1. Quedará sujetas a la presente ley, siempre que realicen alguna de las 3

4 actividades enumeradas en los artículos 7 a 12, las entidades contratantes que sean organismos de derecho público o empresas públicas y las entidades contratantes que sin ser organismos de derecho público o empresas públicas, tengan derechos especiales o exclusivos según se establece en el artículo 4. A continuación el número 2 del artículo 3 de la Ley 31/2007, establece lo que entiende por organismo de derecho público, empresa pública, y entidades contratantes con derechos especiales o exclusivos, integrando en el concepto de empresa pública las sociedades mercantiles públicas y las entidades sobre las que los poderes adjudicadores puedan ejercer una influencia dominante. Entendiendo que Teideagua, S.A se encuentra en este supuesto, y que en la misma participan los Ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y el de Tacoronte, hay que estar necesariamente a lo dispuesto en la norma autonómica sobre la materia, y en concreto, al artículo 2 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, precepto que no atribuye directamente competencia a este Tribunal para la resolución de las reclamaciones por infracción de la Ley 31/2007, procedentes de Corporaciones Locales, sino que exige a tal fin previo convenio, debiendo resaltarse que actualmente se encuentran en tramitación los Convenios tanto del Ayuntamiento de Tacoronte como del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, para atribuir las competencias a este Tribunal. Una vez realizado este análisis jurídico relativo a la competencia para resolver la reclamación presentada, se ha de concluir que este Tribunal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, no tiene aún atribuida la competencia para resolver la reclamación interpuesta. Procede, pues, declarar la inadmisión de la reclamación que nos ocupa, por incompetencia de este Tribunal para su resolución, lo cual hace innecesario el análisis de los restantes requisitos de admisibilidad, e impide el examen de la cuestión de fondo, así como un pronunciamiento sobre la medida de suspensión solicitada por el recurrente. Por lo expuesto, visto los preceptos legales de aplicación, este Tribunal 4

5 RESUELVE PRIMERO. Inadmitir por incompetencia de este Tribunal, la reclamación interpuesta por Don M. Á. H. B., en nombre y representación, de la entidad mercantil FALISA, S.L, contra el Acuerdo del órgano de valoración, de fecha 13 de enero de 2016, de excluir a dicha empresa de la licitación del contrato de prestación de servicios de ejecución de trabajos de carácter auxiliar de obra civil y otros en el sistema de abastecimiento y saneamiento de los municipios de San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a todos los interesados en el procedimiento. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa, y contra la misma solo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS MESES a partir del día siguiente a la recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. TITULAR DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 5