CRISTINA CORNET SALAMERO CLIENTE : AJUNTAMENT DE TERRASSA P R O C U R A D O R A NOTIFICADO : 27/10/2015

Transcripción

1 LTDO : ALEIX CANALS COMPAN CRISTINA CORNET SALAMERO CLIENTE : AJUNTAMENT DE TERRASSA P R O C U R A D O R A NOTIFICADO : 27/10/2015 Mallorca 83 esc B 4º 2ª Barcelona 17/11/2015 : FINE RECURSO DE APELACION Tel Fax cristinacornet@telefonica.net JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE BARCELONA Ciutat de la Justícia de Barcelona i d'hospitalet (Edifici I, planta 12) Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona Procedimiento ordinario núm.: 468/ Parte actora: BANKIA, SA Representante parte actora: Procurador Ángel Joaniquet Tamburini Parte demandada: AJUNTAMENT DE TERRASSA Representante parte demandada: Procuradora Cristina Cornet Salamero SENTENCIA Nº 189/2015 En la ciudad de Barcelona, a 22 de octubre de Vistos por mí, Francisco José González Ruiz, magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Barcelona y su provincia, los autos del recurso contencioso administrativo de anterior referencia en los que ostenta la condición de parte actora la mercantil BANKIA, SA, representada por el procurador Ángel Joaniquet Tamburini y defendida por el letrado Francesc Serra Carbonell, y la de parte demandada el AJUNTAMENT DE TERRASSA, representado por la procuradora Cristina Cornet Salamero y defendido por el letrado Aleix Canals Compan, en nombre de SM El Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emanada del pueblo me confieren la Constitución y las leyes, he dictado esta sentencia con arreglo a los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso contencioso administrativo por la parte actora ante el Decanato de estos juzgados dentro del plazo legal prefijado en la Ley Jurisdiccional con fecha 17 de octubre de 2014, se le dio trámite procesal adecuado por procedimiento ordinario, ordenándose reclamar el expediente administrativo de autos sin publicar anuncio de interposición del recurso al no solicitarlo así la parte. SEGUNDO.- Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda dentro del plazo legal, lo que así hizo ésta en tiempo y forma alegando los hechos y los fundamentos de derecho que estimó precisos en orden a sus pretensiones y

2 solicitando sentencia estimatoria de su recurso y anulatoria de la actuación administrativa recurrida, con la condena en costas de la parte contraria. TERCERO.- Dado traslado del escrito de demanda a la representación de la parte demandada para que lo contestara, así lo hizo ésta en tiempo y en forma solicitando sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, con petición asimismo de condena en las costas procesales de la adversa. CUARTO.- Mediante auto de 19 de mayo de 2015 se recibió el pleito a prueba, que debía versar sobre los puntos de hecho y medios probatorios propuestos por las partes, al tiempo que por anterior decreto de 1 de abril anterior se fijó la cuantía del presente recurso como indeterminada. Propuesta por las partes y admitida por el juzgador la que lo fuera válidamente y en debida forma por parte de aquéllas, se practicó seguidamente la prueba admitida con el resultado que consta en autos. QUINTO.- Mediante sendas diligencia de ordenación de fecha 4 de junio de 2015 se declaró concluso el período probatorio y se señaló día y hora para la celebración de vista en fase de conclusiones, la cual tuvo lugar el pasado día 20 de los corrientes habiendo comparecido a dicho acto ambas partes litigantes quienes informaron en los términos que constan en las actuaciones, quedando las mismas seguidamente conclusas para dictar sentencia, con citación de las partes, en el mismo acto. SEXTO.- Solicitada en su día por la parte recurrente, por auto firme de fecha 3 de febrero de 2015 dictado en la pieza separada de medidas cautelares dimanante de estos autos principales, se denegó la suspensión de la ejecutividad de la actuación administrativa recurrida por las razones allí consignadas. SÉPTIMO.- En la tramitación de los autos se han cumplido todas las prescripciones legales, salvo aquéllas que han devenido de imposible cumplimiento por razones estructurales de sobrecarga de asuntos pendientes de resolución ante este juzgado. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El objeto procesal de este recurso contencioso administrativo reside en las pretensiones cruzadas por las partes litigantes en el presente proceso en torno a la impugnación jurisdiccional por la mercantil actora de la Resolución de fecha 25 de junio de 2014 de la teniente de alcalde del Área de Planificación Urbanística y Territorio del ayuntamiento demandado, notificada a la mercantil recurrente el día 18 de julio siguiente (documento 1 escrito interposición recurso, ramo probatorio parte actora; folio 28 expdte. adtvo.), desestimatoria del recurso administrativo potestativo de reposición interpuesto por la misma por correo administrativo de fecha 8 de mayo de 2014 (folios 20 y ss. expdte. adtvo.) contra anterior Resolución de 11 de marzo de 2014 del mismo órgano municipal, notificada a la interesada el 1 de abril siguiente (folios 13 y ss. expdte. adtvo.), por la que se acordara incoar a la titular recurrente un expediente municipal por utilización anómala de la vivienda sita en la calle Cardenal Cisneros, 22, 4º 2ª, de dicha localidad de Terrassa (Barcelona), y requerir a la titular aquí demandante para que en plazo máximo de diez días procediese a la inmediata

3 ocupación de la vivienda subyacente en las actuaciones mediante el régimen de uso que considerase adecuado, con expresas advertencias legales de ejecución forzosa de dicha orden administrativa-. En su demanda rectora de autos, la parte recurrente suplica sentencia estimatoria de su recurso y anulatoria de la actuación administrativa impugnada por su supuesta disconformidad a derecho, interesando asimismo la condena en costas procesales de la parte contraria. En defensa de sus pretensiones, en síntesis, tras exposición de los antecedentes del caso que entiende más relevantes para la adecuada resolución del recurso, alude la parte recurrente a la supuesta disconformidad a derecho de la actuación administrativa recurrida por inexistencia de infracción alguna de la función social de la propiedad, con infracción de los artículos 3.d), 41 y 42.6 de la Ley autonómica 8/2007, del derecho a la vivienda, al encontrarse dicha vivienda ofrecida a la administración autonómica de vivienda desde el 21 de febrero de 2014 y, más tarde, efectivamente arrendada mediante contrato social de arrendamiento. En su turno posterior, la parte demandada contestó a la demanda con oposición a la misma y solicitud de desestimación del recurso interpuesto, interesando asimismo la confirmación de la actuación administrativa recurrida por los propios fundamentos de las resoluciones administrativas impugnadas, al afirmar inexistentes en el supuesto particular enjuiciado las infracciones jurídicas denunciadas de contrario, al tiempo que plenamente conforme a derecho la orden administrativa recurrida, peticionando asimismo la condena en las costas procesales de la adversa. SEGUNDO.- A partir de lo anterior, por relación al estricto objeto de la impugnación jurisdiccional de autos que resulta aquí procesalmente admisible ex artículo 25.1 de la Ley Jurisdiccional -esto es, la orden o el requerimiento administrativo municipal de inmediata ocupación de la vivienda desocupada por su titular aquí recurrente a que se refieren las actuaciones administrativas aquí recurridas, que no el simultáneo acto administrativo de trámite puro o acto no cualificado consistente en la incoación del expediente administrativo municipal de anterior referencia-, no incluyéndose en la actuación administrativa aquí recurrida la imposición de sanción administrativa alguna, procederá atender en esta resolución con un carácter prioritario por obvias razones procesales a la supuesta pérdida sobrevenida del objeto procesal de autos puesta de manifiesto por la parte demandada en sus conclusiones y, en cierto modo, adelantada ya por la misma en su contestación a la demanda, por relación a la doble circunstancia de la inclusión de la finca subyacente en las actuaciones en su día en el convenio de colaboración suscrito con la administración autonómica de la vivienda -Agència de l'habitatge de Catalunya- y, a su vez, de haber sido ya arrendada en su día dicha vivienda a la Sra. Juana María Landa Cabrera (documento 5 demanda, ramo probatorio parte actora). En relación con lo anterior, visto lo actuado y probado en este proceso, se constata aquí que, ciertamente, aun de una forma sobrevenida, se ha producido en autos la pérdida del objeto procesal inicial de estas actuaciones respecto a la única vertiente de la actuación administrativa recurrida en el proceso susceptible de impugnación jurisdiccional -esto es, la orden administrativa de ocupación inmediata de la vivienda antes desocupada- por razón del contrato de arrendamiento de fecha 3 de diciembre de 2014 efectivamente suscrito a favor de dicha Sra. Juana María Landa Cabrera por el precio de 159,00 euros mensuales y desde entonces ocupante de la repetida vivienda (documento 5

4 demanda, ramo probatorio parte actora). Lo que, ciertamente, determinó la posterior pérdida de actualidad del único aspecto de la actuación administrativa recurrida susceptible de impugnación jurisdiccional, comportando ello la pérdida total del objeto procesal inicial de autos en lo que a dicho extremo de la impugnación se refiere, lo que así deberá ser declarado en la parte dispositiva de esta resolución por aplicación al supuesto particular de autos de las previsiones procesales del artículo 22 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, LEC, de aplicación supletoria en este especializado orden jurisdiccional contencioso administrativo por mandato expreso coincidente de la Disposición Final Primera de la Ley Jurisdiccional y del artículo 4 de la propia LEC anteriormente citada y que, bajo determinación jurídico procesal de mayor espectro que la prevista por el artículo 76 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción tan sólo para los supuestos procesales de satisfacción extraprocesal total de las pretensiones actoras (entre otras, STS, Sala 3ª, de 3 de diciembre de ROJ: STS 5743/2013-, con cita en la misma de sus anteriores STS, Sala 3ª, de 29 de enero y de 7 de octubre de recs. 2789/2010 y 247/2011, respectivamente-; así como STC 102/2009, de 27 de abril -FJ 6 y 7-), regula entre otras formas distintas de la terminación anticipada del procedimiento a la sentencia la motivada por la pérdida sobrevenida del objeto procesal bien por la satisfacción extraprocesal de las pretensiones actoras o por cualquier otra causa que, en definitiva, elimine el interés legítimo inicial de la parte recurrente en obtener la tutela judicial pretendida en el correspondiente proceso. Siendo así que, ciertamente, aun cuando lo anterior tiene como tratamiento procesal normal su alegación por cualquiera de las partes ante el tribunal conducente, previa su oportuna comprobación por el juzgador, a declarar la extinción total o parcial del proceso en curso mediante el dictado de un auto que así lo declare -artículo 76 de la Ley Jurisdiccional-, nada impide tampoco que esa misma solución procesal pueda también ser adoptada en el momento final del proceso al dictar la sentencia que ponga fin al proceso en la primera o única instancia si se comprueba ya en fase de conclusiones, con garantía de contradicción procesal entre las partes litigantes, como es aquí el caso, que el proceso ha devenido ya carente de objeto procesal, toda vez que dicha solución procesal resulta obligada en este trámite que pone fin al proceso mediante sentencia una vez comprobado que la impugnación jurisdiccional inicial ha devenido ya carente de objeto de forma sobrevenida. ÚLTIMO.- En cuanto a las costas procesales deberá estarse al régimen general establecido en los artículos 68.2 y de la Ley Jurisdiccional, en relación con el artículo 22.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, modificado por el artículo 15.9 de la Ley 13/2009 (ATS, Sala 3ª, de fecha 18 de marzo de recurso 2246/2011- y ATSJ de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa de fecha 30 de enero de recurso 231/2013-), por lo que atendido el sentido del fallo de esta resolución y no concurriendo tampoco en este supuesto mala fe o temeridad en ninguna de las partes litigantes no se justifica especial pronunciamiento de condena en las costas procesales del presente recurso. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo siempre dentro del límite de las pretensiones deducidas por las partes en sus respectivos escritos de demanda y de contestación a la demanda,

5 FALLO DECLARAR LA TERMINACIÓN DEL PROCESO por pérdida sobrevenida del objeto procesal en el recurso contencioso administrativo núm. 468/ interpuesto por la entidad mercantil BANKIA, SA, bajo la representación procesal y la defensa letrada especificadas en el encabezamiento de la presente resolución, contra la actuación administrativa a la que se refieren los antecedentes de la misma, en cuanto se refiere a la impugnación jurisdiccional por la actora del requerimiento administrativo a la misma para que en plazo de diez días procediese a la ocupación de la vivienda subyacente en las actuaciones, en los términos especificados en el fundamento de derecho segundo de esta resolución; sin imposición de costas. Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma, en su caso, cabe la interposición de recurso ordinario de apelación, al amparo de los artículos 81.1 y ss. de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, a interponer mediante este juzgado ante Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de esta resolución mediante escrito razonado que debe contener las alegaciones en las que se fundamente el recurso. Una vez firme, comuníquese esta sentencia en el plazo de diez días al órgano que realizó la actividad objeto del recurso para que por el mismo: 1. Se acuse recibo de la comunicación en idéntico plazo de diez días desde su recepción indicando órgano responsable del cumplimiento de la sentencia. 2. Se lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento del fallo. Así, mediante esta sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos principales llevándose el original al Libro correspondiente de este juzgado, lo pronuncio, mando y firmo, Francisco José González Ruiz, magistrado titular del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Barcelona y su provincia. PUBLICACIÓN.- El magistrado titular de este juzgado ha leído y publicado la sentencia anterior en audiencia pública en la Sala de Vistas de este Juzgado Contencioso Administrativo en el día de su fecha, de lo que doy fe.