AUTO ANTECEDENTES DE HECHO

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1 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 Calle Gutierrez Solana s/n Edificio Europa Santander Teléfono: Fax.: Modelo: Proc.: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº: /2017 NIG: Materia: Otros actos de la Admon Local no incluidos en los apartados anteriores Pieza: Pieza de Medidas Cautelares - 01 Intervención: Interviniente: Procurador: Abogado: Demandante ECOLOGISTAS EN FRANCISCO JAVIER MARÍA LUZ RUIZ SINDE ACCION RUBIERA MARTIN Demandado AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR AUTO En Santander, a 12 de mayo de 2017 ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por el Procurador Francisco Javier Rubiera Martín, en nombre y representación de Ecologistas en Acción Cantabria, se ha presentado recurso contencioso administrativo en el que ha solicitado la medida cautelar de suspensión de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Santillana del Mar el 11 de noviembre de 2016 que autoriza a Juan Manuel Fernández Quevedo para la construcción de nave agrícola y ganadera en Ubiarco así como que se ordene la paralización de la obra. SEGUNDO.- Admitido a trámite, se ha abierto pieza separada, dando traslado a la Administración que no ha presentado escrito de alegaciones. Se procede a resolver. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1

2 PRIMERO.- Normativa procesal de las medidas cautelares. Las medidas cautelares se regulan en los arts. 129 a 136 de la LJCA y presentan dos características fundamentales de aplicación general a todo tipo de procesos como son la finalidad asegurativa y la de estar preordenadas a un proceso principal (accesoriedad e instrumentalidad). Es decir, la finalidad de toda medida cautelar es el asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgar una eventual sentencia estimatoria (art LJ, arts y º LEC). Al respecto, es sabido que la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el debido cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso y que la medida cautelar a adoptar en cada caso ha de ser la adecuada a la finalidad de garantizar la efectividad de la tutela judicial que en su día se otorgue. Y a este sencillo esquema responde la regulación que de las medidas cautelares efectúa la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en cuya Exposición de Motivos (número 5 del apartado VI) se recogen las ideas rectoras que podrían resumirse en las siguientes: a) La justicia cautelar se configura como instrumento al servicio del derecho a la tutela judicial efectiva; b) El criterio que ha de presidir la adopción de cualquier medida cautelar consiste en que la ejecución del acto o la aplicación de la disposición objeto de recurso puedan hacer perder la finalidad legítima al mismo, pero siempre sobre la base de una ponderación 2

3 suficientemente motivada de todos los intereses en conflicto; y, c) El criterio de que no existe límite en cuanto a las medidas cautelares que pudieran adoptarse, dándose pie incluso a las de carácter positivo. Asimismo, el artículo LJCA establece que, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso, añadiendo el art que la medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de un tercero que el Juez o Tribunal ponderará de forma circunstanciada. En definitiva, interés público e intereses de tercero, por una parte, y perjuicios individuales unidos a la finalidad legítima del recurso, por otra, son los conceptos que, armonizados, deben determinar la procedencia o improcedencia de la medida cautelar teniendo en cuenta, como parámetro de referencia, que los conceptos aludidos han de valorarse, en cada caso, en muy directa relación con el interés público presente en la actuación administrativa de tal modo que cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues, bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión, por el contrario, cuando aquélla exigencia sea de gran intensidad, solo perjuicios de muy elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución, en su caso. En suma, de la interrelación de los dos apartados del art. 130, resulta que el criterio legal del juicio de tutela cautelar es la ponderación de los intereses en 3

4 juego, en el marco del periculum in mora, que es la razón de ser y el presupuesto de la tutela cautelar. Hay que señalar, no obstante, que el fumus boni iuris, aun no contemplado en la LJCA, puede usarse como criterio auxiliar y subsidiario del juicio cautelar, a fin de superar las dificultades que pueda presentar la utilización del criterio precedentemente señalado, uso que, en todo caso, deberá ser prudente evitándose, en la medida de lo posible, el adelantamiento del juicio definitivo. En cuanto a las medidas cautelares que pueden adoptarse, es ya doctrina unánime y norma de Derecho positivo (art LJCA), que cabe cualquiera que sea precisa, según las circunstancias del caso, para lograr el fin garantizador de la tutela cautelar, incluidas las llamadas medidas positivas, que no se limitan a conservar el status quo precedente a la actuación administrativa impugnada, sino que constituyen provisionalmente una situación nueva, que puede coincidir, en todo o en parte, con las pretensiones principales de las partes. SEGUNDO.- Valoración de los requisitos. En el presente caso, el recurrente ha alegado su procedencia porque entiende que, de no acordarse, se le ocasionarían perjuicios irreparables. Por su parte, la Administración no ha presentado alegaciones. De lo expuesto, y dentro de la prudencia con la que se debe valorar lo solicitado, se aprecia que concurren los requisitos legales para adoptar la medida cautelar solicitada. Así, la ponderación de los intereses en 4

5 juego, aconsejan la adopción de la misma ya que, de seguir la construcción de la nave, seguramente esté finalizada y consolidada la misma antes de resolverse el recurso y, en caso de estimarse el mismo, esta situación podría generar un daño para el entorno físico, costero, paisajístico y ambiental evidente, aparte del mayor coste económico que supondría para la Administración una eventual condena de reposición del terreno. Al respecto, los argumentos jurídicos del recurrente son demoledores debiendo darse por reproducidos. Por todo ello, procede estimar la medida cautelar solicitada. TERCERO.- Costas. De conformidad con el art. 139 LJ, procede imponer las costas a la Administración. PARTE DISPOSITIVA SE ACUERDA la medida cautelar solicitada por el Procurador Francisco Javier Rubiera Martín, en nombre y representación de Ecologistas en Acción Cantabria, y en su virtud, se suspende la licencia concedida por el Ayuntamiento de Santillana del Mar el 11 de noviembre de 2016 que autoriza a Juan Manuel Fernández Quevedo para la construcción de nave agrícola y ganadera en Ubiarco y se ordena la paralización de la obra con imposición de las costas procesales a la Administración. 5

6 Notifíquese esta resolución al interesado, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de apelación. Lo pronuncio, mando y firmo. 6