fenezca el plazo determinado para tal efecto, es decir, el 16 de junio de 2017 y el 16 de junio de 2018, respectivamente.

Transcripción

1 Decreto XXX/2017 por el que se regula el Centro Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares, de la Suspensión Condicional del Proceso y de la Libertad Condicionada Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 164, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales; 26 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, y Considerando: Que el 8 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, como pieza fundamental para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio en el país, el Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispuso que el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la república en el orden federal y en el fuero común. Que el decreto antes referido determinó, en su artículo transitorio segundo, que la legislación única en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme a este decreto, entrará en vigor en toda la república a más tardar el día 18 de junio de Que el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, de acuerdo con su artículo 2, tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Que el 29 de noviembre de 2014 se publicó en diario oficial del estado el Decreto 233/2014 por el que se declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Yucatán. 1

2 Que el 3 de diciembre de 2014 se publicó en el diario oficial del estado, en atención al artículo 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Decreto 237/2014 por el que se regula el Centro Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso. Que el 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual, de conformidad con su artículo 1, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. Que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de lo dispuesto por el artículo transitorio segundo del decreto del 8 de octubre de 2013 que modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entró en vigor en el país el 18 de junio de 2016, con excepción de lo establecido en el artículo transitorio segundo, párrafos primero y segundo, de su decreto de expedición, el cual determinó dos conjuntos de disposiciones que, se estima, por su naturaleza, entrarían en vigor en un plazo diferente, que sería a partir de un año o a más tardar dos años, respectivamente, después de la publicación de la presente Ley o, en su caso, al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017 o del 30 de noviembre de 2018, para cada caso. Que el decreto de expedición de la ley nacional dispone, en su artículo transitorio quinto, párrafo primero, que en un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales después de publicado este decreto, la federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes que resulten necesarias para la implementación de dicha ley, así como lo dispuesto en el artículo 92, fracción V, en materia de seguridad social. Que en atención a la disposición anteriormente mencionada, el (día) de (mes) de 2017 se publicó en el diario oficial del estado el Decreto XXX/2017 por el que se modifican el Código Penal del Estado de Yucatán, el Código de la Administración Pública de Yucatán, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, la Ley de Salud del Estado de Yucatán y la Ley de Prevención de las Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado, en materia de ejecución penal. 2

3 Que el decreto antes citado, en términos de su artículo transitorio primero, entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario oficial del estado, con excepción de lo dispuesto en sus artículos quinto y sexto, que modificaron la Ley de Salud del Estado de Yucatán y la Ley de Prevención de las Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado, los cuales entrarán en vigor, de conformidad con el artículo transitorio segundo de dicho decreto, el 16 de junio de Que este decreto determinó, en su artículo transitorio cuarto, que el gobernador deberá regular a la autoridad encargada de la supervisión de la libertad condicionada, en un plazo de ciento veinte días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto. Que la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone, en su artículo 26, que la autoridad para la supervisión de libertad condicionada, deberá ser distinta a la autoridad penitenciaria o instituciones policiales, dependerá orgánicamente del Poder Ejecutivo federal y de las entidades federativas y tendrá, entre sus atribuciones, dar seguimiento a la ejecución de las sanciones penales, medidas de seguridad y restrictivas impuestas por el juez de ejecución fuera de los centros con motivo de la obtención de libertad condicionada; realizar los informes relativos al cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez de ejecución en los términos del artículo 129 de dicha ley, y coordinar y ejecutar la aplicación del seguimiento de los programas para las personas que gozan de la medida de libertad condicionada en términos de lo que disponga la sentencia. Que el decreto de expedición de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece, de conformidad con su artículo transitorio segundo, párrafo primero, que, entre otros, el artículo 26, que, como se ha visto, regula a la autoridad encargada de la supervisión de la libertad condicionada, entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de Que la estrategia determinada para la entrada en vigor en la entidad de la Ley Nacional de Ejecución Penal no consideró la emisión de la declaratoria correspondiente, sino solo la presentación de la iniciativa de armonización mencionada párrafos antes; por lo tanto, los dos conjuntos de disposiciones previstos en el artículo transitorio segundo, párrafos primero y segundo, del decreto de expedición de dicho ordenamiento nacional entrarán en vigor cuando 3

4 fenezca el plazo determinado para tal efecto, es decir, el 16 de junio de 2017 y el 16 de junio de 2018, respectivamente. Que se ha determinado que, por cuestiones operativas y de eficiencia presupuestal, la autoridad que se encargará de la supervisión de la libertad condicionada en la entidad será el actual Centro Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso; por ello, resulta necesario expedir un nuevo decreto que lo regule, sin perder sus atribuciones actuales, para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, para, entre otros efectos, disponer que estará adscrito a la Secretaría General de Gobierno, y ya no a la Secretaría de Seguridad Pública, y establecer que contará, dentro de sus funciones, con las establecidas en dicha legislación nacional. Que, en razón de todo lo expuesto, es necesario, para dar cumplimiento a la obligación normativa dispuesta y, en consecuencia, permitir la correcta implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en la entidad, expedir un decreto que regule a la autoridad encargada de la supervisión de las medidas cautelares, de la suspensión condicional del proceso y de la libertad condicionada, como parte fundamental dentro de las acciones de consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, por lo que he tenido a bien expedir el presente: Decreto XXX/2017 por el que se regula el Centro Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares, de la Suspensión Condicional del Proceso y de la Libertad Condicionada Artículo 1. Objeto del decreto Capítulo I Disposiciones generales Este decreto tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Centro Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares, de la Suspensión Condicional del Proceso y de la Libertad Condicionada, en adelante, centro. Artículo 2. Naturaleza y objeto del centro El centro es un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto realizar la evaluación de riesgos que representan los imputados y supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, de las condiciones de la suspensión condicional del proceso y 4

5 de la libertad condicionada impuestas por el órgano jurisdiccional durante el proceso penal. Artículo 3. Atribuciones El centro, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las atribuciones establecidas en los artículos 164, 176, 177, 178, 209 y 210 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 26 y 138 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y en las demás disposiciones legales y normativas aplicables. Asimismo, el centro, en términos del artículo 124 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se coordinará con el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, para la supervisión de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, de las obligaciones procesales impuestas por la suspensión condicional del proceso y de los acuerdos preparatorios de cumplimiento diferido, de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás disposiciones legales y normativas aplicables. Artículo 4. Director del centro Capítulo II Organización y funcionamiento El centro estará a cargo de un director, quien será nombrado y removido libremente por el secretario general de Gobierno y se auxiliará de las unidades administrativas que requiera para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con la disponibilidad presupuestal. Artículo 5. Facultades y obligaciones del director El director del centro tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Dirigir, seguir y evaluar el funcionamiento del centro. II. Realizar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento del objeto del centro. III. Proponer al secretario general de Gobierno la expedición de la normativa necesaria para el cumplimiento del objeto del centro. 5

6 IV. Elaborar y someter a consideración del secretario general de Gobierno el anteproyecto de presupuesto anual del centro. V. Proponer los indicadores de gestión y de resultado necesarios para medir el desempeño e impacto del centro. VI. Establecer vínculos de coordinación con instituciones públicas o privadas para el cumplimiento del objeto del centro. VII. Colaborar con las autoridades competentes en el diseño y la implementación de acciones tendientes al cumplimiento del objeto del centro. VIII. Brindar apoyo y asesoría a las dependencias y entidades de la Administración Pública, y a las instituciones privadas que lo soliciten, en las materias relacionadas con su objeto. IX. Informar, a solicitud del secretario general de Gobierno, sobre las acciones implementadas y los resultados obtenidos en la ejecución de las atribuciones del centro. X. Las demás que le confiera el secretario general de Gobierno, y establezcan el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y las demás disposiciones legales y normativas aplicables. Primero. Entrada en vigor Artículos transitorios Este decreto entrará en vigor el 16 de junio de 2017, previa publicación en el diario oficial del estado. Segundo. Nombramiento del director El director del Centro Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares, de la Suspensión Condicional del Proceso y de la Libertad Condicionada será el servidor público que tenga el cargo de director del Centro Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso al momento de la entrada en vigor de este decreto. Tercero. Abrogación 6

7 Esta hoja de firmas forma parte del Decreto XXX/2017 por el que se regula el Centro Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares, de la Suspensión Condicional del Proceso y de la Libertad Condicionada. Se abroga el Decreto 237/2014 por el que se regula el Centro Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, publicado en el diario oficial del estado el 3 de diciembre de Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a (día) de (mes) de Rolando Rodrigo Zapata Bello Gobernador del Estado de Yucatán Roberto Antonio Rodríguez Asaf Secretario general de Gobierno 7