Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (actual Ciudad de México), que resulta conforme con el derecho fundamental de acceso a la justicia?

Transcripción

1 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1640/2017 RECURRENTE: SUCESIÓN A BIENES DE JORGE LÓPEZ MUÑOZ (TERCERO INTERESADO) PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ SECRETARIA: MÓNICA CACHO MALDONADO En atención a lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia de rubro: PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 1, a continuación se hace público el fragmento del proyecto de sentencia del Amparo Directo en Revisión 1640/2017, en el cual se realiza el estudio de constitucionalidad respectivo: 1. Cuál debe ser la interpretación del artículo 737-D del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (actual Ciudad de México), que resulta conforme con el derecho fundamental de acceso a la justicia? 2. El derecho de acceso a la justicia ha sido definido por esta Sala como el derecho público subjetivo que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. 1 Jurisprudencia P./J. 53/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Pleno, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página: 61.

2 3. En ese sentido, se ha establecido que no puede supeditarse el acceso a la jurisdicción a condiciones que se traduzcan en requisitos o trabas innecesarias, excesivas o carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador 2. Para lo cual resulta importante verificar si los requisitos impuestos buscan preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos, y si guardan proporcionalidad con el fin que se persiga. 4. Asimismo, esta Sala ha determinado que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas: a) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; b) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso, y 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas. Por lo que resulta compatible con el derecho a la jurisdicción que el legislador establezca condiciones y requisitos de procedencia para el acceso a los tribunales, y regule distintas vías y procedimientos, por ejemplo, la legitimación, la representación, la oportunidad, la competencia, etc. Respecto a los cuales, en cada caso, debe verificarse la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. 3 2 GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Abril de 2007, p DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. Tesis 1a. CXCIV/2016 (10a.), de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, Julio de 2016, Tomo I, pág Amparo directo en revisión 993/2015. HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. 17 de febrero de Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 2

3 5. Con esas bases, se procede al análisis de la disposición cuestionada, la cual establece: ARTICULO 737 D. En ningún caso podrá interponerse la acción de nulidad de juicio concluido: I. Si ha transcurrido un año desde que hubiere causado cosa juzgada la resolución que en ese juicio se dictó y; II. Si han transcurrido tres meses desde que el recurrente hubiere conocido o debió conocer los motivos en que se fundare la misma. 6. En cuanto a la actualización de los dos supuestos a que se refieren las fracciones, se tienen dos interpretaciones. 7. La primera, efectuada por el Tribunal Colegiado de Circuito en la resolución combatida, conforme a la cual, los plazos previstos en las fracciones I y II del precepto se computan a partir de que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio cuya nulidad se pretende demandar. Al respecto, el Tribunal considera que el plazo de tres meses previsto en la fracción II, se computa a partir de que se conozca el contenido de la sentencia o cuando aún sin conocerlo debió conocerse; esto sin rebasar el plazo de un año a que se refiere la fracción I. 8. La segunda interpretación consiste en determinar que la disposición regula dos plazos diferentes para hacer valer la acción de nulidad de juicio concluido, que operan bajo supuestos distintos y en que, por tanto, el punto de partida también difiere. 9. De las dos interpretaciones, la que se considera más apegada al derecho fundamental de acceso a la justicia es la segunda, en tanto 3

4 que permite la acción de nulidad de juicio concluido en los plazos fatales que se prevén, tanto a partir de que causa ejecutoria la sentencia, o bien, a partir de que se conozca o deba conocer el motivo en que se fundare la nulidad del juicio. Esto último, en razón de que tal motivo no necesariamente se conozca o deba conocer por la emisión de la sentencia, sino por otros factores que deben quedar plenamente justificados en el juicio. 10. En efecto, resulta más ajustado al derecho a la jurisdicción considerar que los plazos previstos en cada una de las fracciones contenidas en el artículo 737 D del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal operan cada uno de manera independiente, por referirse a supuestos distintos: El primero, de un año, se cuenta desde que hubiere causado cosa juzgada la resolución dictada en el juicio cuya nulidad se pretende. El segundo, de tres meses, tiene señalado un punto de partida distinto, relativo a cuando se tenga conocimiento o se deba tener conocimiento de los motivos en que se pueda fundar la acción de nulidad, motivos que se encuentran establecidos en el artículo 737 A. 11. Así, se entiende que el segundo plazo perentorio (de tres meses) está dado en previsión de casos en que el conocimiento o el deber de conocimiento del motivo de la nulidad del juicio tiene lugar o puede tener lugar en momento distinto al del primer supuesto, establecido en la fracción I. Incluso, en el artículo 737 E del mismo ordenamiento se postergan tales puntos de partida si se encuentra juicio pendiente de resolverse sobre la falsedad de alguna prueba determinante en el fallo del juicio reclamado como nulo; se entiende, esta postergación tendría lugar si la nulidad del juicio concluido se pide en razón de la causa prevista en la fracción II del artículo 737 A del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 4

5 12. Cabe mencionar que la expresión utilizada por el legislador en el párrafo introductorio del precepto, relativa a que en ningún caso podrá interponerse la acción de nulidad de juicio concluido si han transcurrido alguno de los plazos señalados en sus dos fracciones, se explica en razón de la naturaleza de esos plazos, que importan la extinción del ejercicio de la acción si ésta no se ejerce dentro de ellos, los cuales son fatales porque a través de esa forma de extinción se protegen intereses superiores, relativos a que no quede indefinidamente en peligro de alteración la autoridad de cosa juzgada de una sentencia y con esto, dar certidumbre a la situación jurídica generada por una sentencia ejecutoria. Por lo mismo, una vez que concluye el plazo caduca el derecho potestativo para iniciar la acción de nulidad, lo cual no es disponible ni está sujeto a renuncia. De ahí el énfasis de la expresión que denota la necesidad de que, una vez agotado el plazo respectivo, resulte inadmisible el ejercicio de esa acción de nulidad. 13. En cambio, la interpretación efectuada por el Tribunal Colegiado restringiría excesivamente el ejercicio de la acción de nulidad, pues únicamente la admitiría en todos los supuestos dentro del año siguiente a que la sentencia haya causado ejecutoria, sin permitirla en casos posibles, susceptibles de tener lugar en la realidad, en que el motivo de la nulidad se conociera o debiera conocer en otro momento. 14. Lo anterior, sin perjuicio de que tal interpretación pugna con el postulado de legislador racional fundado en la presunción o concepción del orden jurídico como un sistema coherente, en que cada disposición tiene una función o sentido y no se encuentra prevista de manera innecesaria. Así se estima, ya que si se 5

6 considerara que el plazo de tres meses siempre debe encontrarse inmerso dentro del plazo de un año que se cuenta desde que causa ejecutoria la sentencia del juicio cuya nulidad se pretende, no tendría sentido u objeto su previsión con otro punto de partida, sino que habría bastado la indicación de un único plazo de un año desde que el fallo adquiere calidad de cosa juzgada. 15. De ahí que se considere más razonable que el legislador haya dispuesto dos plazos computables a partir de distintos supuestos de punto de partida. 16. Como las anteriores consideraciones resultan suficientes para revocar la resolución recurrida, en la materia de la revisión, se estima innecesario ocuparse del resto de los agravios expuestos por la recurrente, al margen de que algunos de ellos se refieren más bien a aspectos de legalidad que, en su caso, habrá de analizar el Tribunal Colegiado de Circuito con motivo de la devolución de los autos para que analice nuevamente el juicio de amparo. 6