ANTECEDENTES DE HECHO

Transcripción

1 Dictamen nº: 140/18 Consulta: Consejero de Sanidad Asunto: Responsabilidad Patrimonial Aprobación: DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 22 de marzo de 2018, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido por Dña., en representación de Dña. (en adelante, la reclamante ) sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por esta y que atribuye a una caída en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El día 21 de octubre de 2016 tuvo entrada en el Servicio de Atención al Paciente del Hospital Universitario Ramón y Cajal un escrito de reclamación formulado por dñ en representación de Dª. I.M.H. por los daños y perjuicios derivados de la caída sufrida por su madre el día 20 de octubre de 2016 sobre las 11,45 horas, cuando acudió al Área de Admisión de dicho hospital para concertar una cita. Refiere, que la caída de su madre sobrevino en el Área de Admisión Sótano 2 del centro hospitalario, al tropezar en el suelo con una baldosa defectuosa que le causó lesiones: fractura de cadera izquierda y grave fractura de húmero izquierdo por las que tuvo que ser asistida in situ, Gran Vía, 6, 3ª planta Madrid Teléfono:

2 por personal sanitario del hospital y tuvo que ser evacuada en camilla al Área de Urgencias de Traumatología donde le realizan pruebas físicas y radiológicas. La reclamante no cuantifica la indemnización. Solicita se le facilite un informe médico comprensivo de las actuaciones médicas realizadas a su madre desde la caída y que la indemnización alcance los gastos que le ha ocasionado su desplazamiento urgente a España desde el extranjero y su retorno. El escrito de reclamación se acompaña con diversa documentación médica y DNI. SEGUNDO.- Presentada la reclamación se ha instruido el procedimiento de responsabilidad patrimonial de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP). Consta en el expediente que al objeto de iniciar el correspondiente procedimiento, se requirió a la reclamante para que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la LPAC acreditara la representación que ostentaba de Dª. I.M.H., y, asimismo, indicara la cuantía económica de la indemnización solicitada con la advertencia, de que de no cumplir el requerimiento dentro del plazo se le tendría por desistida. El requerimiento fue cumplimentado por la reclamante. Consta en acta de comparecencia de 5 de enero de 2017 que Dª. I.M.H otorgó apoderamiento apud acta a favor de su hija Dª. M. del M.L.M., si bien, no consta acreditado en el expediente la relación de parentesco. 2/10

3 Con la misma fecha presenta un escrito solicitando la indemnización correspondiente por derecho y adjunta, fotografías del supuesto lugar de la caída y documentación médica (folios 17 a 222). Se ha incorporado al expediente el informe de 31 de enero de 2017 del jefe de Servicio del Servicio Técnico del Hospital Universitario Ramón y Cajal en el que se informa no constar que el accidente se haya producido en el sitio indicado en la reclamación, ni encuentra en la base de datos partes de trabajo ni aviso previo. Prosigue el informe indicando: Visualmente no hemos advertido el defecto indicado que pueda producir un accidente como el descrito. Ya se adjuntaron fotos de la posible zona afectada y se observó que no existe un desnivel suficiente entre baldosas para producir una caída a personas con movilidad normal. Si fuera el caso que tuviera movilidad reducida, deberían haber solicitado una silla de ruedas para evitar posibles tropiezos. Consta en el folio 226 una declaración del día 20 de octubre de 2016 del médico de Guardia del Hospital Universitario Ramón y Cajal en la que tras indicar las lesiones de la reclamante, expresa: dichas lesiones le fueron producidas según manifiestan por caída accidental en el hospital. Concluida la instrucción del procedimiento se notificó el trámite de audiencia a la reclamante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la LPAC sin que haya presentado alegaciones dentro del plazo conferido. Finalmente, con fecha 5 de febrero de 2018 se dictó propuesta de resolución en la que acuerda desestimar la reclamación presentada al considerar no acreditada la relación de causalidad entre los daños sufridos y la actuación del centro hospitalario ni revestir el daño carácter antijurídico. 3/10

4 TERCERO.- El día 14 de febrero de 2018 el Consejero de Sanidad formuló solicitud de dictamen preceptivo a la Comisión Jurídica Asesora en relación con el expediente de responsabilidad patrimonial aludido en el encabezamiento. Ha correspondido la solicitud de consulta del presente expediente, por reparto de asuntos a la letrada vocal Dña. Rosario López Ródenas que formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, deliberada y aprobada, por el Pleno de esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 22 de marzo de El escrito de solicitud de dictamen preceptivo está acompañado de documentación, adecuadamente numerada y foliada, que se considera suficiente. A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes CONSIDERACIONES DE DERECHO PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía indeterminada y la solicitud se efectúa por la Alcaldía de Madrid, órgano legitimado para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero (en adelante, ROFJCA). SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial, se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 4/10

5 (en adelante, LPAC) según establece su artículo 1.1. y su disposición transitoria tercera, apartado a), dado que este procedimiento se incoó a raíz de una reclamación presentada tras la entrada en vigor de dicha norma, con las particularidades previstas para los procedimientos de responsabilidad patrimonial en los artículos 67, 81 y 91. Su regulación debe completarse con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), cuyo capítulo IV del Libro Preliminar se ocupa de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. En lo que respecta a la legitimación activa, la reclamante ostenta dicha legitimación para promover el procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo 32.1 de la LPAC por cuanto que es la persona que ha sufrido el daño. Actúa representada en virtud de apoderamiento apud acta. No consta en el expediente el libro de familia acreditativo de la relación de parentesco. Se encuentra legitimada pasivamente la Comunidad de Madrid, al ser la titular del centro hospitalario en el que supuestamente ocurrió el incidente. Desde un punto de vista temporal, a tenor del artículo 67.1 de la LPAC, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un año que se contará, cuando se trate de daños de carácter físico o psíquico, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En el caso sujeto a examen, el accidente por el que se reclama tuvo lugar el día 20 de octubre de 2016 por lo que la reclamación formulada al día siguiente, esta presentada en plazo legal. 5/10

6 En la tramitación del procedimiento se han seguido los trámites legales y reglamentarios previstos en la LPAC. Durante la instrucción del procedimiento, se han observado los trámites legales y reglamentarios marcados en la LPAC. En concreto, la instrucción ha consistido en recabar informe del Servicio Técnico del centro hospitalario. Asimismo, se ha dado trámite de audiencia, de conformidad con el artículo 82 de la LPAC y finalmente se ha formulado la correspondiente propuesta de resolución, remitida, junto con el resto del expediente a la Comisión Jurídica Asesora para la emisión del preceptivo dictamen. En suma, pues, de todo lo anterior, cabe concluir que la instrucción del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido ningún trámite que tenga carácter esencial o que resulte imprescindible para resolver. TERCERA.- La responsabilidad patrimonial del Estado se recoge en el art de la Constitución, que garantiza el derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos por la ley, previsión desarrollada por la LRJSP. La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, por todas, las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2016 (recurso 1111/2015) y 25 de mayo de 2016 (recurso 2396/2014), requiere conforme a lo establecido en el art. 139 LRJPAC: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. 6/10

7 b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2007 (Recurso 10231/2003), con cita de otras muchas declara que es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado, o la de un tercero, la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre otras, de 21 de marzo, 23 de mayo, 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero, 13 de marzo y 29 de marzo de 1999). c) Que exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta. Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009 (recurso 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa. CUARTA.- Aplicada la anterior doctrina al presente caso, resulta acreditado en el expediente que la reclamante, nacida en octubre de 1939 fue asistida en el Servicio de Urgencias e ingresó en el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del HURC el 21 de octubre de 2016, 7/10

8 por fractura pertrocantérea de cadera izquierda que requirió tratamiento quirúrgico y rehabilitador. Acreditada la realidad del daño procede analizar si concurren los demás presupuestos de la responsabilidad patrimonial. Como es sabido, corresponde al reclamante probar el nexo causal o relación causa efecto entre el resultado dañoso y el funcionamiento del servicio público que, para el caso que nos ocupa, supone que le incumbe probar la existencia del accidente y que los daños sufridos son consecuencia del mal estado del lugar donde se produjo la caída. Acreditado este extremo, y en virtud del principio de responsabilidad objetiva que rige en materia de responsabilidad patrimonial administrativa, la carga de la prueba se desplaza hacia la Administración que debe probar las causas de exoneración, como puedan ser la culpa exclusiva de la víctima, la concurrencia de otros posibles factores que hayan podido influir en la causación de los hechos o la existencia de fuerza mayor. La interesada en su reclamación manifiesta que la caída fue consecuencia de la existencia de una baldosa defectuosa en el suelo del Área de Admisión, Sótano 2 del HURC. Aporta como prueba de su afirmación informes médicos y fotografías. En relación con los informes médicos, es doctrina reiterada de este órgano consultivo (v.gr. dictámenes 168/16, de 9 de junio, 378/16, de 11 de agosto y 458/16, de 13 de octubre) que sirven para acreditar la realidad de los daños, pero no prueban la relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del servicio público porque los firmantes de los mismos no fueron testigos directos de la caída, limitándose a recoger lo manifestado por el paciente en el informe como motivo de consulta. Tampoco las fotografías aportadas sirven para acreditar el nexo causal entre los daños sufridos y el funcionamiento de los servicios 8/10

9 públicos porque, como es doctrina reiterada de esta Comisión Jurídica Asesora, las fotografías no prueban que la caída estuviera motivada por dicho defecto en el suelo del centro hospitalario, ni tampoco la mecánica de la caída. Por tanto, del conjunto de la prueba aportada por la reclamante, a quien incumbe la carga de la prueba conforme a lo anteriormente expresado cabe concluir que no queda acreditado que el accidente tuviera lugar en la forma relatada por la interesada en su escrito de reclamación y por la causa que invoca. Resulta relevante en este sentido que el Servicio Técnico del centro hospitalario no tenga constancia del incidente y que este tampoco aparezca reflejado en su base de datos, ni conste ningún aviso de reparación. Por tanto, con la documentación obrante en el expediente no puede considerarse acreditado que la interesada sufriera un accidente como consecuencia del mal estado de una baldosa en un espacio de tránsito de un centro hospitalario por lo que no resulta probada la relación de causalidad entre los daños sufridos y el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios. Además, tampoco la interesada ha conseguido acreditar el defectuoso estado de la baldosa del suelo. Las fotografías aportadas por la interesada evidencian la inexistencia de baldosa levantada y el informe elaborado por el jefe de Servicio del Servicio Técnico del hospital da cuenta de que fue inspeccionada la zona, según las fotografías aportadas por la interesada, y no se encontró ninguna anomalía. En mérito a todo lo anterior, la Comisión Jurídica Asesora formula la siguiente 9/10

10 CONCLUSIÓN Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada al no haberse acreditado la relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento del servicio público. A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA. Madrid, a 22 de marzo de 2018 La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora CJACM. Dictamen nº 140/18 Excmo. Sr. Consejero de Sanidad C/ Aduana nº Madrid 10/10