ANTECEDENTES CONSIDERACIONES

Transcripción

1 CN DICTAMEN QUE SE EMITE EN RELACIÓN A LA CONSULTA PLANTEADA POR EL AYUNTAMIENTO DE [ ] SOBRE LA POSIBILIDAD DE CEDER INFORMACIÓN DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE DERECHOS FUNERARIOS A PERSONAS QUE NO SON TITULARES DE LAS MISMAS. ANTECEDENTES PRIMERO: Con fecha 16 de noviembre de 2015 tiene entrada en esta Agencia Vasca de Protección de Datos escrito de [ ] en relación con el asunto arriba referenciado. SEGUNDO: El artículo 17.1 de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, en su apartado n) atribuye a la Agencia Vasca de Protección de Datos la siguiente función: Atender a las consultas que en materia de protección de datos de carácter personal le formulen las administraciones públicas, instituciones y corporaciones a que se refiere el artículo 2.1 de esta Ley, así como otras personas físicas o jurídicas, en relación con los tratamientos de datos de carácter personal incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. Corresponde a esta Agencia Vasca de Protección de Datos, en virtud de la normativa más arriba citada, la emisión del informe en respuesta a la consulta formulada. CONSIDERACIONES La consulta planteada se refiere a la posibilidad de facilitar información sobre la titularidad de las concesiones administrativas sobre derechos funerarios (dos nichos del cementerio de [ ]) que consten en el Registro que al efecto gestiona el Ayuntamiento de [ ] a personas que no son titulares de la misma, por lo que esta comunicación de datos a un tercero distinto de su titular constituye una cesión o comunicación de datos definida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal (LOPD), en su artículo 3 i), como: toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado. La cesión de datos a su vez, se regula en el artículo 11 del mismo texto legal, exigiéndose como regla general el consentimiento del titular: 1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado. Sin embargo, esta regla general cede en determinados supuestos, que se regulan en el apartado 2 del artículo 11. En nuestro caso, de todas las excepciones a la regla general c/ Beato Tomás de Zumárraga, 71, 3º Vitoria Gasteiz - Tel Fax avpd@avpd.eus -

2 del consentimiento que incluye el artículo 11.2, nos interesa resaltar la recogida en el apartado a): Cuando la cesión está autorizada en una ley. De este modo, para resolver la consulta, en primer lugar, hemos de examinar la normativa reguladora de las concesiones administrativas sobre derechos funerarios, y ver si ésta regula el acceso a las titularidades de las concesiones administrativas sobre derechos funerarios. La Ley 7/1985, de 7 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), en su artículo 26 establece que los Ayuntamientos tienen la obligación de prestar el servicio de cementerio, cualquiera que sea su número de habitantes. Asimismo se recoge en el artículo 40 del Reglamento de sanidad mortuoria de la CAE, aprobado por Decreto 202/2004, de 19 de octubre. La prestación del servicio de cementerio normalmente está regulada a través de la correspondiente Ordenanza o Reglamento municipal que determina los derechos y obligaciones de los usuarios de los cementerios. Cada municipio, en uso de su competencia de autoorganización, a partir del carácter de dominio público que tiene este equipamiento, tiene una regulación distinta, y en el caso del Ayuntamiento de [ ], ésta viene regulada en el Reglamento para el servicio y administración del cementerio de [ ]. En dicho Reglamento se regulan, entre otros aspectos, el derecho funerario de naturaleza de concesión administrativa, y en su artículo 50 regula los libros registro de enterramiento y exhumaciones, y el libro de cesiones con el siguiente contenido: 1. Será también obligación concreta del Capellán-Administrador llevar al día los libros y ficheros siguientes: Libros registro de enterramientos y exhumaciones. Libros de cesiones con la separación debida de nichos, sepulturas construidas y panteones o mausoleos, en los que se contendrá la relación de cesiones, con la fecha de otorgamiento, nombre y apellidos de los concesionarios y detalle de la situación de la sepultura. 2. La información que se recoja en estos libros responderá a una organización administrativa que permita la búsqueda precisa del dato que interese y la confección de estadística. 3. Independientemente de los libros se llevarán ficheros completos de cada uno de los conceptos reseñados, encaminados a completar la organización a que el párrafo anterior alude. 4. Toda la documentación relacionada con expresados libros así como las licencias de obras concedidas, se archivarán ordenadamente. 5. Cada año presentará el Ayuntamiento una Memoria relativa a los diferentes servicios prestados. En principio, la normativa específica reguladora de los derechos funerarios no contempla un régimen de acceso a esa información. Será por ello preciso analizar si el acceso a esa información encuentra cobertura suficiente en la normativa que regula el acceso a la información pública. El artículo 37 de la LRJPAC dispone que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones 2

3 establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en vigor en esta Comunidad Autónoma desde el día 10 de diciembre de 2015, regula en los artículos 12 y siguientes, el derecho de acceso a la información pública, estableciendo el artículo 14 los límites al derecho de acceso a la información pública, y el artículo 15 las condiciones de acceso a la misma en el caso que contenga datos de carácter personal. Los artículos 12 y 14 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno disponen lo siguiente: Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Artículo 14. Límites al derecho de acceso. 1.- El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La seguridad nacional; b) La defensa; c) Las relaciones exteriores; d) La seguridad pública; e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; h) Los intereses económicos y comerciales; i) La política económica y monetaria; j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; l) La protección del medio ambiente. 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. 3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados. Según se desprende de la consulta planteada, la solicitud formulada no parece que implique perjuicio para ninguno de los bienes protegidos por el artículo 14 de la Ley 19/2013, por lo que habrá que acudir al artículo 15 de esta Ley 19/2013 para determinar si los datos personales referidos a la titularidad de una concesión administrativa sobre derechos funerarios pueden ser o no objeto de acceso por un tercero. El artículo 15 de la Ley 19/2013 dispone: 1. Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. 3

4 Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley. 2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. 4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En el supuesto objeto de consulta no se ven afectados datos especialmente protegidos, por lo que se hace necesario realizar una ponderación entre el interés público de la información solicitada y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal según los criterios arriba recogidos. Y aplicando dicha ponderación al caso concreto, teniendo en cuenta que los datos solicitados no afectan a intimidad de los afectados, podría concluirse que, salvo que puedan verse afectados otros intereses dignos de protección que esta Agencia desconoce, la cesión de los datos personales solicitados estaría amparada en el artículo 11.2 a) de la LOPD en relación con el artículo 12 de la Ley 19/

5 En todo caso debe recordarse que la solicitud de acceso a la información pública deberá tramitarse respetando las prescripciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en particular los artículos 19.3, 20 y 22 de la misma. En Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de