AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

Transcripción

1 AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA SECCIÓN SÉPTIMA SENTENCIA nº /2018 Rollo 2164/2018. Delito leve 49/2017. Juzgado de Instrucción nº 3 de Sanlúcar la Mayor. Magistrado ponente: Juan Romeo Laguna. En Sevilla a 8 de mayo de ANTECEDENTES PROCESALES Primero.- En fecha 29 de diciembre de 2017 el Juzgado de procedencia dictó sentencia que contenía los siguientes hechos probados: Linda C. E. C. viene habitando, junto con sus hijas M.N.E. y la segunda menor de edad, la vivienda sita en la calle de la localidad de Benacazón, designándola para su domicilio, sin causar ningún daño. Esta vivienda es propiedad de la entidad Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. Lindas y conocía que pertenecía a sociedad ya que había sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria dejando de pertenecer al Linda C., habiendo sido requerida de desalojo.. Con base a dichos hechos probados se dictó el siguiente fallo: Que debo CONDENAR Y CONDENO a Linda C. E. C. como autora de un delito leve de usurpación de bien inmueble del artículo del código penal a la pena de tres meses de multa, con una cuota diaria de cuatro euros del pago de la mitad de las costas procesales devengadas. Caso de impago de la pena de multa quedará cometido a la responsabilidad personal subsidiaria 1

2 de un mes y 15 días de privación de libertad en aplicación del por dos del artículo 53 del código penal. Asimismo se le condena al desalojo inmediato la vivienda sita la calle de la localidad de Benacazón. Que debo absolver y absuelvo a M. N. E. del delito leve de usurpación que le venía sin diputado declarando oficio el pago de la mitad restante de las costas procesales devengadas.. Segundo.- Contra esta resolución interpuso recurso de apelación doña Linda C. E. C. por los motivos que expone su escrito de formulación. las demás partes han solicitado la confirmación de la sentencia. Tercero.- Remitida la causa a esta Audiencia, fue turnada a la sección séptima el día 1 de marzo de Se designó ponente al Magistrado Juan Romeo Laguna. NO SE ACEPTAN LOS HECHOS PROBADOS Y LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA, en todo aquello que se opongan a los de esta resolución. HECHOS PROBADOS Primero.- Don F. J. N. B. y doña Linda C. E. C. en escritura pública de 20 de abril del año 2005 adquirieron la vivienda sita en la calle de Benacazón, Sevilla, adquirieron dicha vivienda con una hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Cataluña por un importe de Segundo.- En procedimiento hipotecario que se desconocen se adjudicó dicha vivienda judicialmente por el juzgado de primera instancia número tres de Sanlúcar la Mayor el día 3 de mayo de 2012 es Gescat Vivendes en Comercialització, S.L., Quien en escritura pública de 18 de noviembre de 2013 transmitió a la denunciante en esta causa. No consta que en el marco de ese procedimiento judicial se haya interesado el lanzamiento de doña 2

3 Linda C. E. C.. Doña Linda C. E. C. ha venido abonando los suministros de agua y luz de esa vivienda. Tercero.- El impuesto denominado IBI continua en el año 2017 a nombre de Don F. J. N. B.. La denuncia que ini9cia esta causa se interpuso el 22 de diciembre de FUNDAMENTOS JURIDICOS Primero.- Si bien es cierto que los Tribunales de apelación gozan de facultades revisoras, no es menos cierto que tales facultades tan sólo han de ejercer si se evidencia con toda claridad error en el Juzgado de la Instancia al fijar el resultado probatorio de la sentencia objeto del recurso, o bien, se haya prescindido de alguna prueba trascendente, de importancia patente y manifiesta, que aparezca recogida de modo elocuente en la causa, o se haya llegado a la declaración de probanza de un hecho importante a través de una ilógica interpretación del material probatorio que le sirva de soporte. Las limitaciones mencionadas a las facultades revisoras tienen su fundamento en la facultad soberana del sentenciador de la instancia de valorar la prueba practicada, conforme señala el art.741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en el principio de inmediación, que le permite ver con sus ojos y oír con sus oídos en gráfica expresión empleada por la Sentencia del Tribunal Supremo de , las pruebas de índole subjetiva, de suerte que se halla en una situación privilegiada para ahondar sobre al prueba y llegar a la realidad material de los hechos enjuiciados. Segundo.- En el presente caso, se acreditado que la recurrente ha sido propietaria del inmueble a partir de su que adquisición en escritura pública del mismo junto a su marido a la sazón a partir del año 2005, así como que durante años estuvo abonando el crédito hipotecario de que pesaba sobre dicha vivienda, hasta que dejaron de pagarla, por lo que se adjudicó a la entidad bancaria titular de dicho crédito y posteriormente al 3

4 denunciante. Igualmente se ha probado documentalmente que la denunciada abona los suministros de luz agua desde el año 2012 y que el impuesto llamado IBI que pesa sobre la misma hasta el momento de la denuncia que inicia esta causa continúa a nombre de Don F. J. N. B., a pesar de que el inmuebles es `propiedad de la denunciante desde diciembre de En definitiva, en función de estos datos objetivos es fácil colegir que desde el año 2012 la apelante ocupa la vivienda a ciencia y paciencia del titular registral, quién no ha asumido una de las cargas tributarias periódicas derivadas de la propiedad de un inmueble como el IBI. La sentencia del T.S. de 12 de noviembre de 2014 nos da luz para resolver el presente caso. Sienta dicha Sentencia del Alto tribunal: Los delitos de usurpación, tipificados en el Capítulo V del Título XIII del Código Penal de 1995, constituyen una modalidad de delitos patrimoniales que tutelan específicamente los derechos reales sobre bienes inmuebles. En ellos el bien jurídico protegido es el patrimonio inmobiliario, y como delitos patrimoniales la lesión del bien jurídico requiere que se ocasione un perjuicio al titular del patrimonio afectado, que es el sujeto pasivo del delito. La modalidad delictiva específica de ocupación pacífica de inmuebles, introducida en el Código Penal de 1995 en el número 2º del artículo 245, requiere para su comisión los siguientes elementos: a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia. b) Que esta perturbación posesoria puede ser calificada penalmente como ocupación, ya que la interpretación de la 4

5 acción típica debe realizarse desde la perspectiva del bien jurídico protegido y del principio de proporcionalidad que informa el sistema penal (Art 49 3º de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Desde ambas perspectivas la ocupación inmobiliaria tipificada penalmente es la que conlleva un riesgo relevante para la posesión del sujeto pasivo sobre el inmueble afectado, que es lo que dota de lesividad y significación típica a la conducta, por lo que las ocupaciones ocasionales o esporádicas, sin vocación de permanencia o de escasa intensidad, son ajenas al ámbito de aplicación del tipo. c) Que el realizador de la ocupación carezca de título jurídico que legitime esa posesión, pues en el caso de que hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aunque fuese temporalmente o en calidad de precarista, la acción no debe reputarse como delictiva, y el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles procedentes para recuperar su posesión. d) Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse, bien después, lo que especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio "contra la voluntad de su titular", voluntad que deberá ser expresa. e) Que concurra dolo en el autor, que abarca el conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia de autorización, unido a la voluntad de afectación del bien jurídico tutelado por el delito, es decir la efectiva perturbación de la posesión del titular de la finca ocupada. Así las cosas, entiendo que no nos hallamos ante un delito de usurpación, puesto que si bien es cierto que la apelante en la actualidad carece de título jurídico que legitime esa posesión, no lo es menos que ha sido autorizado para ocupar el inmueble durante más de cuatro años en calidad de precarista, por lo que la ocupación de la vivienda, conforme a la sentencia del T.S. citada, la acción no debe reputarse como delictiva, y el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles procedentes para recuperar su posesión.. 5

6 Por ello, procede admitir el recurso de apelación que se resuelve y revocar la sentencia de instancia dictando su lugar otra por la que absolvemos a doña Linda C. E. C. del delito de usurpación por el que venía siendo condenada, ya que no se trata de una persona que ha ocupado la vivienda sin la voluntad de su propietario, sino con el consentimiento de la misma durante más de cuatro años. Procede, asimismo, declarar oficio las costas que se han causado en ambas instancias. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación a la causa. FALLO Estimo el recurso de apelación objeto de este rollo, revocó la sentencia de instancia y en su lugar dictó otra por la casual a doña Linda C. E. C. del delito leve de usurpación por el que venía siendo acusada, sin perjuicio de que la denunciante utilice el procedimiento civil que corresponda para recuperar la posesión del inmueble de su propiedad ocupado por la apelante. Declaro de oficio las costas causadas en ambas instancias. Esta resolución es firme, no cabe contra ella recurso ordinario alguno. Remítase la causa al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución y una vez que se haya notificado a las partes y recibido acuse de recibo archívese este rollo. Así lo pronuncio, mando y firmo. 6

7 7