DICTAMEN Nº. 96/2008, de 7 de mayo. *

Transcripción

1 DICTAMEN Nº. 96/2008, de 7 de mayo. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de D. T, en representación de Dª. R, Dª. W, Dª. Z y Dª. S, por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su madre Dª. X, tras la asistencia sanitaria dispensada en el Hospital H. ANTECEDENTES Reclaman los familiares de una paciente a la que se le practicó una colonoscopia, tras de la cual se produjo una perforación intestinal, que requirió una nueva intervención para realización de una colostomía. derivando de la misma diversas complicaciones, que la mantuvieron hospitalizada durante más de un mes, falleciendo en su domicilio a los tres días del alta hospitalaria. La propuesta de resolución de la Administración sanitaria no niega el nexo causal entre el daño iatrogénico y el fallecimiento, al no poner en duda que la causa de la muerte fueron las complicaciones orgánicas padecidas tras la perforación del intestino producida con ocasión de la realización de la colonoscopia. Los documentos incorporados a la historia clínica ponen de manifiesto que, en efecto, la salud de la paciente se deterioró gravemente desde el momento en que sufre el daño iatrogénico hasta su fallecimiento, después de que fuera intervenida de urgencia para realizarle una colostomía que resolviera la perforación y tras ingresar en la Unidad de Reanimación. En dicha Unidad sufrió insuficiencia cardiaca, síndrome de respuesta inflamatorio sistémica, bacteriemia por estafilococo hominis y síndrome confusional agudo, entre otras complicaciones. Todas estas complicaciones fueron atendidas en el Hospital, sin que se cuestione por los reclamantes la lex artis de dicha atención, a pesar de lo cual la paciente falleció a los tres días del alta hospitalaria. EXTRACTO DE LA DOCTRINA De acuerdo con el artículo 8.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, no existe duda de la necesidad de contar con el consentimiento escrito de la paciente en un tipo de prueba invasiva como es la colonoscopia, lo que en principio y a la vista de la existencia del documento obrante en el expediente se cumplió en este caso. Entre los riesgos de los que se supone fue informada la paciente estaba incluido el riesgo de perforación. Ahora bien, en el documento de consentimiento informado dicho riesgo no aparece calificado de grave, ni de frecuente, sin que en ningún caso se contemple un resultado mortal. Por ello cabe suponer que la paciente, que fue informada de la posibilidad de perforación, no pudo haber sido informada de las mortales posibles consecuencias, * Ponente: Lucía Ruano Rodríguez 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha lo que equivale a reconocer que no pudo asumir el riesgo que finalmente se materializó en su caso. En cuanto a los riesgos personales, de acuerdo con el mismo documento, se puede suponer que no existían, dado que no se hace referencia a ningún riesgo de tal naturaleza, aunque también podrían haber existido y no haber sido valorados. Por otra parte, si se contrastan los riesgos de la prueba, tal como se describen en el documento de consentimiento informado, con el resultado de fallecimiento, se constata la gran desproporción entre el riesgo que se supone asumió la paciente y el resultado lesivo. Desproporción en el daño que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, según se ha reconocido en los dictámenes del Consejo 112/2003, de 23 de septiembre, y 53/2006, de 22 de marzo, podría llevar a declarar no sólo la relación causal del fallecimiento con la asistencia médica -que no se ha negado en este caso- sino también la antijuridicidad de dicho resultado lesivo, sin que la existencia de un documento de consentimiento informado, como el examinado, pudiera eximir de responsabilidad por su causación. En este caso se deduce del expediente que el fallecimiento se debió a la perforación del intestino mientras se le realizaba una colonoscopia entre cuyos riesgos no figura el fallecimiento. El resultado de muerte deriva de la concurrencia de determinadas circunstancias en la realización de la aludida prueba diagnóstica que han desnaturalizado la práctica y finalidad de la misma, dando lugar a un daño desproporcionado. En este sentido la jurisprudencia ha señalado que no obstante ser la profesión médica una actividad que exige diligencia en cuanto a los medios que se emplean para la curación o sanación, adecuados según la lex artis ad hoc, no se excluye la presunción desfavorable que pueda generar un mal resultado, cuando éste por su desproporción con lo que es usual comparativamente, según las reglas de la experiencia y del sentido común, revele inductivamente la penuria negligente de los medios empleados, según el estado de la ciencia y el descuido en su conveniente y temporánea utilización. Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1996, (Ar. RJ 8938), de 21 de diciembre de 1999, (Ar. RJ 9747) y de 26 de junio de 2006 (Ar. RJ. 5554). En sentencia más reciente, de 19 de octubre de 2007 (Ar. RJ 7308), el Tribunal Supremo reitera la doctrina del daño desproporcionado, afirmando que la existencia de un resultado desproporcionado no determina por sí solo la existencia de responsabilidad del médico, sino la exigencia al mismo de una explicación coherente acerca del por qué de la importante disonancia existente entre el riesgo inicial que implicaba la actividad médica y la consecuencia producida. La existencia de un daño desproporcionado invierte la carga de la prueba, de modo que cuando el mal resultado obtenido es desproporcionado a lo que comparativamente es usual, una presunción desfavorable al buen hacer exigible y esperado y también propuesto desde su inicio, que ha de desvirtuar el interviniente y no el paciente, [... ya que] por razón de aquella desproporción de resultados [...] con más facilidad que nadie puede justificar el autor de la actividad, de la que el mal resultado surge, si es que éste ha sido por propia culpa o por causa inevitable o imprevisible (sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2001, AR. RJ 5561). El daño desproporcionado de la muerte de la paciente, exige una inversión de la carga de la prueba, de modo que para declarar que no existe responsabilidad de la Administra- 2

3 ción sanitaria, se hace necesaria la prueba de que se actuó con la diligencia médica debida en la realización de la colonoscopia, sin que se hubiera podido evitar el resultado lesivo. Consta en el expediente el dato de que la paciente presentaba antecedentes de interrupción en este tipo de pruebas. No se ha dado cuenta en los informes aportados si la fallecida presentaba algún tipo de contraindicación para la prueba, que en tal caso debiera haber sido valorada por los profesionales médicos previamente a su realización o que hubiera precisado un cuidado especial a la hora de su práctica; si bien, en el informe endoscópico de 20 de mayo de 2005 se observa una lesión submucosa y en el correspondiente a la colonoscopia realizada el 26 de junio de 2006 se afirma que presenta mucosa friable a nivel del recto sigmoideo. No se ha informado por los especialistas que la atendieron, ni consta en los informes del expediente, que la perforación se debiera a circunstancias personales de la paciente, sus antecedentes o el estado de su intestino, por lo que no cabe descartar que se debiera a una falta de pericia del profesional que la practicó, lo que excluiría que el daño fuera inevitable. En tal caso la paciente no tendría el deber jurídico de soportar el daño, aun cuando hubiera aceptado el riesgo de perforación en el documento de consentimiento informado. Así lo reconocen, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2000, Ar. RJ 7804 y de 7 de junio de 2001, Ar. RJ 4198, que afirman que la existencia de consentimiento informado no obliga al paciente a asumir cualesquiera riesgos derivados de una prestación asistencial inadecuada ; y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 21 de mayo de 2003, Ar. JUR , al expresar que [...] lo que no admite justificación es que se interprete que la existencia de un consentimiento informado integra una patente de corso que permita descuidar el deber de diligencia que incumbe al facultativo y a la propia Administración sanitaria. En este caso, la Administración sanitaria no ha dado una cumplida explicación sobre la perforación del intestino de la paciente a pesar de que, como se ha indicado, era a quien correspondía haber probado que dicho daño iatrogénico, como riesgo posible de la colonoscopia, fue inevitable. En resumen de lo razonado, la materialización de un riesgo no previsto, como la muerte, del cual- aunque fuera consecuencia de un riesgo previsto como la perforación del intestino-, la paciente no fue informada y que constituye un resultado desproporcionado de una prueba diagnóstica, del que no se ha dado cumplida explicación, es un daño antijurídico que como tal ha de ser indemnizado. DICTAMEN Que existiendo relación de causalidad entre el fallecimiento de Dª. X y la atención sanitaria que le fue dispensada en el Hospital H, en el que se le practicó una colonoscopia, procede dictar resolución declarando la responsabilidad patrimonial de la Administración y el derecho de cada una de las reclamantes a percibir una indemnización de ,15 euros. 3

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