RECURSO DE APELACIÓN: RA-023/2016 TERCERO INTERESADO: NINGUNO. Mexicali, Baja California, once de marzo de dos mil dieciséis.

Transcripción

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RECURSO DE APELACIÓN: RA-023/2016 RECURRENTE: FELIPE DANIEL RUANOVA ZARATE AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA TERCERO INTERESADO: NINGUNO MAGISTRADA PONENTE: ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO SECRETARIAS DE ESTUDIO Y CUENTA: KARLA GIOVANNA CUEVAS ESCALANTE JUANITA MACÍAS GARCÍA Mexicali, Baja California, once de marzo de dos mil dieciséis SENTENCIA que REVOCA el oficio CGE/P/813/2016, emitido por el Consejero Presidente del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, de primero de marzo de dos mil dieciséis, al considerar que carece de competencia para emitir resolución a la solicitud del recurrente de la ampliación al plazo para la obtención de apoyos de los ciudadanos. GLOSARIO Constitución local: Consejo General: Ley Electoral local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Ley Electoral del Estado de Baja California 1. ANTECEDENTES DEL CASO 1.1. Constancia de aspirante a candidato independiente. El dieciocho de enero dos mil dieciséis 1, el Consejo General, entregó al C. Felipe Daniel Ruanova Zarate, constancia que lo acredita como Aspirante a Candidato Independiente 1 Las fechas mencionadas se refieren al año dos mil dieciséis, salvo mención expresa.

2 al cargo de Munícipe por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California Escrito de petición. En fecha veintiséis de febrero, Felipe Daniel Ruanova Zarate, solicitó mediante escrito al Consejo General, ampliación al plazo para la obtención de apoyos a los aspirantes a candidatos independientes para el proceso electoral de Baja California Oficio número CGE/P/813/2016. Acto impugnado. En atención a lo anterior y en respuesta a lo solicitado, el primero de marzo, la autoridad señalada como responsable le notificó, mediante oficio, al peticionario lo que constituye ahora el acto reclamado Substanciación. En fecha ocho de marzo, se recibió el presente Recurso de Apelación, y se dictó auto de radicación y turno, asignándole el número RA-023/2016, designando como encargada de la instrucción y substanciación del mismo, a la Magistrada citada al rubro. 2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente RECURSO de APELACION, toda vez que se trata de una impugnación relacionada con un acto emitido por un órgano electoral local, en base a Ley de Candidaturas Independientes de Baja California, contra un aspirante a candidato independiente para el cargo de munícipe de Tijuana Baja California. Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5 apartados D y E y 68 de la Constitución local; 282, fracción II y 284, fracción II de la Ley Electoral local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 3. PROCEDENCIA La autoridad responsable hizo valer la causal de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 299 de la Ley Electoral local, al advertir que el presente recurso fue interpuesto ya transcurrido los plazos que señala la ley citada para su interposición, en virtud que el actor tuvo conocimiento en fecha veintisiete de diciembre de dos mil quince, del requisito de la obtención de firmas de apoyo ciudadano y que tal petición es extemporánea. Cabe hacer mención que el actor en fecha 2

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA veintiséis de febrero, presentó su petición a la autoridad responsable, y está a su vez, el primero de marzo, mediante el oficio número CGE/P/813/2016 le da contestación, y el cuatro siguiente en contra del mismo, el actor interpone el presente recurso. En tales condiciones, a juicio de este Tribunal, el recurso que se analiza reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral local, como se acordó en el auto de admisión. Aunado a lo anterior, el recurrente tiene reconocida su personería ante la autoridad responsable, y cuenta con interés jurídico para recurrir el acto del que se inconforma ya que a su consideración la respuesta contenida en el oficio impugnado le causa agravios. Asimismo, si el oficio controvertido fue emitido el primero de marzo e impugnado el cuatro siguiente, es por lo que el presente medio de impugnación se interpuesto en tiempo. Al no advertirse ninguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, y cumplidos los requisitos exigidos por la Ley Electoral local, resulta procedente entrar al estudio de fondo del medio de impugnación. 4. ESTUDIO DE FONDO 4.1. Planteamiento del caso Del escrito de demanda interpuesto por el actor, se advierte que en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 8 de la Constitución local, presentó una solicitud a la autoridad responsable, y de la contestación contenida en el oficio CGE/P/813/2016, se desprende que en lo esencial, se duele de lo siguiente: Que la respuesta al oficio adolece del principio de legalidad. Que el Consejero Presidente del Consejo General, no tenía facultad para emitir la determinación de su petición, por haberse tratado de una petición que le competía resolver al Pleno del Consejo General. Por lo tanto las cuestiones a dilucidar se centran en determinar si la autoridad que emitió la respuesta a la petición de ampliación al plazo 3

4 tiene competencia para pronunciarse sobre su planteamiento y por consiguiente si el oficio impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado. 4.2 Competencia, fundamentación y motivación del oficio Para el desempeño de sus atribuciones, el Consejo General funcionará en pleno o en comisiones, siendo éstas permanentes o especiales y la Ley Electoral establece la competencia, describiendo las facultades, obligaciones y poderes atribuidos a los órganos y autoridades administrativas, por lo cual, las mismas se convierten en los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica a favor de los gobernados, ya que en ejercicio de ellas se validan sus actos. El derecho de petición definido en el artículo 8 de la Constitución local establece primeramente que es un derecho de los habitantes del Estado y que a toda solicitud de petición tiene la obligación la autoridad de contestar en breve término. Para ello es necesario que la autoridad que emite la respuesta tenga competencia para resolver sobre lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, hacerlo del conocimiento del gobernado citando en forma expresa y clara los preceptos en que se apoye. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el primer párrafo del artículo 16 ofrece la garantía de legalidad y menciona que: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Para los efectos aplicables, en cuanto a la garantía de legalidad se advierten los siguientes requisitos: a) El mandamiento de autoridad debe ser por escrito. b) La autoridad debe ser competente para emitirlo. c) Estar fundado, es decir, que se encuentre previsto en la ley y en pleno ejercicio de sus funciones la autoridad que lo emite. 4

5 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA d) Estar motivado, al señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares, o causas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Expuesto lo anterior, este Tribunal considera fundado el agravio relativo a la falta de competencia en relación a la autoridad que emitió el acto, por las razones que enseguida se exponen. En principio, cualquier órgano del Estado, previo a emitir un acto de autoridad, debe verificar si tiene competencia para ello; es decir, debe analizar las facultades que le concede la normativa aplicable, a efecto de cumplir el principio constitucional de debida fundamentación y motivación. En este orden de ideas, el examen sobre la competencia de la autoridad responsable, es un tema preferente y prioritario cuyo estudio se debe efectuar de oficio por cualquier órgano jurisdiccional encargado de dirimir una controversia de trascendencia jurídica, porque se trata de un presupuesto procesal o requisito de procedibilidad, teniendo presente además lo dispuesto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en observancia a la Jurisprudencia 1/2013 2, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En el caso concreto, la autoridad responsable carece de competencia para pronunciarse y resolver sobre la ampliación o modificación de los plazos, solicitado por el actor, por lo siguiente: El artículo 46, fracción XXXI, de la Ley Electoral local, establece entre las atribuciones con que cuenta el Consejo General, en su calidad de órgano superior, ampliar o modificar los plazos y términos del proceso electoral establecidos en la Ley citada, tanto para elecciones ordinarias como extraordinarias, cuando exista 2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 11 y 12. 5

6 imposibilidad material para realizar las actividades previstas, y resulte necesario para el cumplimiento de las diversas etapas del proceso electoral. Lo anterior se corrobora con el oficio CGE/P/813/2016, suscrito por la autoridad responsable, quien omitió turnar la petición al Consejo General para efectos de que éste analizara la solicitud y, en su caso, proveer como a derecho corresponda, pero no para pronunciarse en definitiva como indebidamente lo hizo. Por otra parte, el oficio impugnado no contiene los preceptos en que sustenta su competencia, lo que torna al acto reclamado en carente de fundamentación y motivación respecto de la misma, y por tanto, deja al actor en estado de indefensión, ya que al no conocer el sustento que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emite, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley, para que en su caso, esté en aptitud de confrontarlo. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia 5/2002 3, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN. Por consiguiente, si en la especie, una autoridad distinta a la que dirigió su petición el actor fue la que respondió sin haber fundado y motivado su competencia para ello, esto afectó de manera directa e inmediata el derecho sustancial que establece el artículo 8 de la Constitución local, en el sentido de que toda petición debe ser respondida por la autoridad competente. Concluyentemente, ante la falta de competencia por parte de la autoridad responsable para resolver sobre la petición planteada, debe revocarse el acto materia del presente recurso, debiendo remitirlo al Consejo General y resuelva lo conducente. 3 La Sala Superior en sesión celebrada el veintiuno de febrero de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 36 y 37. 6

7 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Al resultar fundado el agravio que se analizó y suficiente para revocar el acto impugnado resulta innecesario pronunciarse respecto del resto de los argumentos planteados Efectos de la sentencia Habiendo sido fundado el agravio esgrimido por el recurrente, y a su vez, considerando que está avanzado el presente proceso electoral en la entidad, en que habrán de elegirse diputados al Congreso del Estado y munícipes a los ayuntamientos, lo que requiere la participación efectiva de los actores políticos, el Consejo General deberá en la próxima sesión del Pleno, resolver en definitiva lo que en derecho corresponda a la petición solicitada por el actor y hecho lo anterior, notificarlo a este Tribunal y al recurrente dentro de las veinticuatro horas siguientes. RESOLUTIVO ÚNICO. Se revoca el oficio número CGE/P/813/2016 del Consejero Presidente del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en los términos de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE a las partes en términos de ley. Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. MARTÍN RÍOS GARAY MAGISTRADO PRESIDENTE ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO MAGISTRADA LEOBARDO LOAIZA CERVANTES MAGISTRADO LEONOR IMELDA MÁRQUEZ FIOL SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 7

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