DICTAMEN Nº. 151/2007, de 12 de septiembre. *

Transcripción

1 DICTAMEN 151 DICTAMEN Nº. 151/2007, de 12 de septiembre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública a instancia de D. X, por los daños y perjuicios sufridos por su hijo Z en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de T. ANTECEDENTES Con fecha 30 de junio de 2006, D. X presentó una reclamación por los daños y perjuicios producidos a su hijo Z el día 5 de diciembre de 2005, con ocasión de las actividades de educación física que realizaba en el Centro de T en las que después de saltar un banco sueco el niño se trastabilló cayendo sobre el siguiente banco que tenía que saltar, golpeándose la boca con dicho banco, lo que le ocasionó una fractura dentoalveolar y la pérdida de algunos dientes. EXTRACTO DE LA DOCTRINA En supuestos que, como el presente, los daños por los que se solicita resarcimiento derivan de accidentes acaecidos en el transcurso de las clases de Educación Física debe partirse de la consideración de que, conforme a lo determinado en el artículo 27.4 de la Constitución y en diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la enseñanza básica es una actividad prestacional de recepción obligatoria para la ciudadanía, que puede ser dispensada en centros propios de la Administración o en centros privados concertados. Así mismo, la Educación Primaria Obligatoria aparece configurada como una enseñanza de régimen general entre cuyas áreas de actuación o materias formativas se encuentra incluida la Educación Física -artículos 24 y 25 de la citada Ley Orgánica-. Consiguientemente, los centros escolares de cualquier índole están obligados a impartir Educación Física por maestros con la especialización correspondiente. Partiendo de esta premisa, ha de tenerse en cuenta que el accidente generador de los daños reclamados tuvo lugar en un centro público docente cuando se impartía la clase de Educación Física, durante el desarrollo de una actividad programada por el profesor encargado de la materia. Según se extrae del expediente, durante el desarrollo de la clase, después de saltar un banco sueco el alumno se trastabilló y se cayó sobre el siguiente banco que tenía que saltar, golpeándose la boca, lo que le produjo una fractura dentoalveolar. Este sustrato fáctico pone de manifiesto que el evento lesivo tuvo lugar al participar el alumno en una actividad docente de carácter obligatorio, realizando un ejercicio dispuesto por el profesor que impartía la asignatura, en su presencia y bajo su supervisión, lo que permite incardinar nítidamente el suceso lesivo dentro del ámbito de actuación del propio servicio educativo imputado. Los rasgos mencionados, conforme a lo admitido en numerosos pronunciamientos de este órgano consultivo -entre los más recientes los dictámenes números 32/2005, de 2 * Ponente: Salvador Jiménez Ibáñez 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha marzo, 99/2005, de 30 de junio, y 18 y 20/2006, de 22 de febrero- hacen perceptible de modo suficientemente intenso el vínculo causal existente entre el servicio prestado por la Administración y los efectos lesivos derivados de la mencionada actividad lectiva, pues el funcionamiento, en este caso normal, del servicio educativo provocó una situación de riesgo de consecuencias previsibles e inevitables, que no siendo afrontada voluntariamente por el damnificado -en cuanto inherente a una materia formativa de recepción obligatoria- éste no tiene el deber jurídico de soportar. A esta situación de riesgo son de aplicación los principios de solidaridad ciudadana -Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1997, Ar. RJ 9422, o de 17 de mayo de 1996, Ar. RJ y socialización de los riesgos -Sentencias de Tribunal Supremo de 5 de junio de 1998, Ar. RJ 5169, o de 4 de mayo de 1998, Ar. RJ que se hallan en la base del sistema de responsabilidad patrimonial, y en cuya virtud, merced al proclamado carácter objetivo del instituto jurídico analizado, la comunidad ha de asumir los efectos nocivos que recaigan de forma singularizada en algunos de sus individuos a resultas de actividades administrativas que, como la educación integral y la formación física de los menores, se hallan orientadas a la salvaguarda de intereses colectivos y a la consecución del bienestar general. En este sentido existen también numerosos pronunciamientos del Consejo de Estado, con ocasión de accidentes acaecidos precisamente durante el desarrollo de actividades de psicomotricidad, en los que se viene admitiendo la existencia de un título de imputación adecuado y suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando los daños tienen lugar durante la práctica de ejercicios que son ordenados y vigilados por el profesor (entre otros muchos, dictámenes 1074/1995, de 16 de junio; 2406/2000, de 20 de julio; 1018/2001, de 3 de mayo; 573/2002, de 11 de abril y 956/2003, de 10 de abril). Por todo lo anterior, procede concluir afirmando que el funcionamiento del servicio educativo, pese al carácter casual de lo acontecido, constituye en el presente supuesto causa adecuada y eficiente generadora de los daños objeto de reclamación, al resultar la práctica de la actividad de educación física ordenada al alumno condictio sine qua non de la lesión sufrida; esto es, acto o hecho, idóneo según las circunstancias del caso, sin el cual es inconcebible que el evento producido se considere consecuencia o efecto del que le precede. Respecto de la indemnización que corresponde en este caso, la instructora, en su primera propuesta de resolución, estima que deben serle reintegrados los gastos médicos justificados, los tickets de aparcamiento correspondientes a los días que tuvo que asistir a consulta, así como los gastos de kilometraje entre Tomelloso y Madrid, correspondientes a los viajes que realizó a esta ciudad para asistir al Hospital K, a la consulta del médico especialista y a la clínica donde le estaban realizando el tratamiento de ortodoncia, aplicando para la determinación de la indemnización que le corresponde por los desplazamientos el baremo que a tal efecto se contiene en el Decreto 36/2006, de 4 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Al respecto debe señalarse que este Consejo comparte la forma en la que en esta propuesta de resolución se efectúa la fijación de la indemnización, si bien estima que debiera haberse exigido al reclamante algún dato accesorio respecto a la identificación del vehículo en el que se efectuó el desplazamiento. Al haber aportado el reclamante nuevos justificantes de gasto, la instructora efectuó dos nuevas propuestas de resolución. En la primera, se incrementa la cantidad fijada en la anterior propuesta en 986,75 euros, los cuales se corresponden con los gastos médicos, 2

3 DICTAMEN 151 tickets de aparcamiento y recibos de taxi aportados por el reclamante. En la segunda, se vuelve a incrementar la cuantía de la indemnización en 475 euros, al ser esta la suma de las nuevas facturas aportadas por el interesado. Del análisis del cálculo de la indemnización que se contiene en cada una de las propuestas de resolución se observa que existe una discrepancia respecto de los gastos de desplazamiento, discrepancia que se mantiene en la última propuesta de resolución, toda vez que propone la concesión de una indemnización por los gastos de desplazamiento realizados a M, admitiendo como justificante de haber realizado dicho desplazamiento los partes de asistencia a consulta y de ingreso hospitalario. Sin embargo, estos gastos de desplazamiento no son tenidos en cuenta para calcular la indemnización que al reclamante le corresponde como motivo de la asistencia a las consultas efectuadas posteriormente, cuando obra en el expediente que se presentó la misma documentación que anteriormente si fue tenida en cuenta, esto es, los partes de asistencia a las consultas médicas. Por esta razón, partiendo de que la Administración ha estimado justificado el desplazamiento en un vehículo particular a las consultas médicas en M, deben ser objeto de indemnización todos los desplazamientos efectuados a esta ciudad. En cambio, no procede conceder ninguna indemnización por los desplazamientos que parece haber realizado a C para la asistencia a la Clínica D, toda vez que éstos no han sido solicitados por el reclamante. En consecuencia, la indemnización de 2.651,81 euros que se contiene en la propuesta de resolución debe ser incrementada con la cantidad derivada de los gastos de desplazamientos efectuados a M los días 22 y 29 de noviembre de 2006, los cuales no han sido tenidos en cuenta en la propuesta de resolución. Aplicando el mismo baremo utilizado por la instructora para calcular la indemnización por desplazamiento, a la suma propuesta se deben adicionar 142,64 euros por estos últimos viajes, lo que supone que la indemnización que le corresponde percibir al reclamante es de 2.794,45 euros. DICTAMEN Que existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público dispensado en el CEIP de T, dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia, y los daños sufridos por el alumno Z, procede dictar resolución declarando la responsabilidad patrimonial de la Administración Autonómica y el derecho del reclamante a percibir una indemnización conforme a lo señalado en la Consideración VI. 3

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