DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VICENTE ARCHIBOLD, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE L.

Transcripción

1 DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VICENTE ARCHIBOLD, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE L. CATUI, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DGP/131/98 DE 1º DE JUNIO DE 1998, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL FERROCARRIL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. VISTOS: El licenciado Vicente Archibold interpuso recurso de apelación contra la Resolución dictada el 10 de noviembre de 1998 (fs ), por medio de la cual el Magistrado Sustanciador no admitió la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción promovida en nombre del señor JORGE L. CATUI, para que se declare nula, por ilegal, la Nota No. DGFP/131/98 de 1º de junio de 1998, expedida por el Director General del Ferrocarril de Panamá.

2 La demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción no fue admitida, por dos razones fundamentales: 1. Porque si bien el demandante pidió a la Sala que antes de admitir la demanda solicitara copia autenticada del acto impugnado y del recurso de reconsideración interpuesto, no pidió que se requiriera la certificación de que no había sido resuelto el recurso de reconsideración, a fin de probar el agotamiento de la vía gubernativa; y 2. Porque en el documento que aportó como prueba el demandante, tampoco consta que haya pedido tal certificación a la entidad demandada. El actor impugna la decisión del Magistrado Sustanciador porque considera que cumplió las formalidades legales, aunque en su actuación adoptó una forma no tradicional, que sin duda persigue el objetivo consignado en la ley, tal como lo dispone el artículo 467 del Código Judicial (fs. 27). Para resolver, el resto de los Magistrados estiman conveniente transcribir los artículos 36, 42 y 46 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, cuyo texto transcribimos a continuación: "ARTICULO 36. Se considerará agotada la vía gubernativa: 1. Cuando interpuestos alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 33 se entienden negados, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión resolutoria sobre ellos...." "ARTICULO 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación.... ARTICULO 46. Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda." Las normas transcritas establecen que es requisito necesario para ocurrir a la vía contencioso administrativa, que los actos impugnados sean definitivos y que se haya producido el agotamiento de la vía gubernativa, porque estos actos no son susceptibles de ser impugnados o se han decidido los recursos interpuestos, o se ha producido el silencio administrativo. Ahora bien cuando no es posible conseguir copia autenticada del acto impugnado, que debe acompañarse con la demanda, o la constancia de su notificación o publicación, que también debe presentarse con la demanda, debe expresarse este hecho en la demanda e indicar al tribunal la oficina donde se encuentre el original a fin de que pueda solicitarse por el Magistrado Sustanciador.

3 De conformidad con reiterados fallos de la Sala, las certificaciones necesarias para probar el silencio administrativo, -requisito necesario para la admisión de la demanda-, también pueden ser solicitadas por el Magistrado Sustanciador, cuando se ha negado a hacerlo el funcionario obligado a expedirlas. Observa el resto de los Magistrados, que el demandante no presentó al proceso copia autenticada del acto impugnado ni prueba del agotamiento de la vía gubernativa, y solicitó a la Sala la autenticación de las pruebas documentales que no le fue posible conseguir, con indicación de que dichas copias debían solicitarse a la Autoridad Marítima de Panamá, por ser la entidad depositaria de los documentos del Ferrocarril, por mandato del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de Como prueba de que solicitó la expedición de esos documentos aportó un escrito con sello original de recibido de la Autoridad Marítima de Panamá, en la que pidió copia autenticada del acto impugnado y del recurso de reconsideración contra dicho acto, interpuesto el 8 de junio de 1998, cuando había cesado en sus funciones el Ferrocarril de Panamá y como Dirección de la Autoridad Portuaria había pasado a integrar la Autoridad Marítima de Panamá. Si bien el demandante no pide expresamente a la entidad administrativa que certifique si se ha resuelto el recurso interpuesto, sí expresa que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta y que la autoridad demandada cesó en sus funciones y pasó a integrar la Autoridad Marítima de Panamá con fundamento en el Decreto No. 31 de 5 de marzo de 1980, y los artículos 36 y 37 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, que creó la Autoridad Marítima de Panamá. Es decir, que el recurso de reconsideración fue presentado cuando la Dirección del Ferrocarril de Panamá, dirigida por la autoridad que había emitido el acto, había pasado a integrar la Autoridad Marítima de Panamá. El artículo 469 del Código Judicial dispone que cualquier error o defecto en la pretensión no es óbice para que se acceda a lo pedido, de acuerdo con los hechos invocados y las pruebas que reposen en autos, si la intención de la parte es clara. Consideran el resto de los Magistrados de la Sala que si el recurso de reconsideración se presentó el 8 de junio de 1998, cuando por mandato legal, la Dirección del Ferrocarril de Panamá, dirigida por la autoridad que había emitido el acto, se había integrado a la Autoridad Marítima de Panamá, y así lo expresa el demandante en su petición, antes de resolver sobre la admisión de la demanda, debe allegarse al proceso la prueba de la existencia del acto impugnado y su notificación, y del recurso interpuesto contra dicho acto, con la constancia de si fue resuelto o no dicho recurso. En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, REVOCAN el Auto dictado el 10 de noviembre de 1998, mediante el cual no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Vicente Archibold en representación de JORGE L. CATUI; y DISPONEN que por Secretaria se solicite a la Autoridad Marítima Nacional: 1. Copia autenticada de la Nota DGFP/131/98 de 1º de junio de 1998; 2. Copia autenticada del Recurso de Reconsideración presentado por el Secretario General del Sindicato en representación de todos los trabajadores; y 3. Certificación de si ha sido resuelto o no el recurso promovido contra el acto impugnado, y en caso afirmativo, copia autenticada de la resolución con la constancia de su notificación.

4 Notifiquese. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JANINA SMALL Secretaria

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