DERECHO DE PETICIÓN EN ASUNTOS PENSIONALES/CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE TÉRMINOS.

Transcripción

1 DERECHO DE PETICIÓN EN ASUNTOS PENSIONALES/CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE TÉRMINOS. De conformidad con reiterada jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, las empresas encargadas de garantizar el acceso a la pensión tienen el deber de responder las peticiones de reconocimiento pensional( ) Con lo anterior se observa que los términos en los que se deben atender cada una de las etapas que comprende el proceso que debe cumplir una autoridad para dar respuesta a una petición en materia pensional, son claros y estrictos y su desconocimiento implica no sólo la vulneración del derecho de petición, sino que compromete de paso otros derechos como la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna. ACCIÓN DE TUTELA/CONDICIONES PARA APLICAR EL DERECHO A LA IGUALDAD DEBEN PROBARSE. En el presente caso se tiene que en ningún momento el tutelante señala o determina claramente si las condiciones de hecho y de derecho en las que se encuentran son idénticas a las de las personas a que hacen referencia las Resoluciones aportadas con el expediente, ni se cuenta con los expedientes administrativos a fin de que el juez constitucional pueda contar con los elementos de juicios suficientes para determinar si efectivamente se le está dando al señor CARLOS ALBERTO POTES SANDOVAL un trato discriminatorio. REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Popayán, diez de junio de dos mil once Magistrado Ponente: CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO Expediente: Demandante: Demandada: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y PATRIMONIO AUTÓNOMO BUEN FUTURO Acción: TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA I. ANTECEDENTES Decide la Sala la impugnación formulada contra la sentencia de 10 de mayo de 2.011, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, en la que se declaró improcedente la acción de tutela, tendiente a la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida por Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación y además se tuteló el derecho de petición vulnerado por la Entidad accionada.

2 1. LA DEMANDA Como hechos que sustentan las pretensiones, el actor narró los siguientes: Señaló que prestó sus servicios al FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES, INSTITUTO NACIONAL DE LOS SEGUROS SOCIALES Y MUNICIPIO DE SANTANDER - CAUCA en condición de INSPECTOR DE CARRETERAS, y cumplidos los requisitos legales se le reconoció por parte de la Caja de Previsión Social CAJANAL EICE, pensión de jubilación mediante Resolución No de 06 de abril de 2.000; argumentó que solicitó la reliquidación de dicha pensión, por no haberse liquidado de manera correcta, por pertenecer al régimen de transición, y haberse liquidado con otra normatividad, sin tener respuesta hasta el momento. Refirió que para la liquidación de la pensión se debió tener en cuenta todos los factores salariales devengados; igualmente aseveró que cumple con todas las exigencias que se requiere para que se reliquide su pensión, según el régimen de transición al que pertenece e hizo alusión a personas que se les reliquidó la pensión y que se encuentran en iguales condiciones que ella. Arguyó además, que hay una nulidad en la notificación de la Resolución PAB de 30 de diciembre de 2010, por cuanto no se surtió notificación legal, y considera que el procedimiento para dicha notificación fue arbitrario, antijurídico e incorrecto. Hizo alusión al estado de cosas inconstitucionales en la que se encuentran las instituciones previsionales, y afirmó que la Caja de Previsión Social está incumpliendo las órdenes que son impartidas por las Altas Cortes y la Procuraduría General de la Nación. Reiteró además que se le dio un trato discriminatorio y violatorio al derecho a la igualdad, por cuanto no se le estudió de manera correcta y con certeza jurídica la solicitud de reliquidación, y además porque no se le dio el mismo trato que a las personas que se les reliquidó la pensión. Por lo anteriormente expuesto, el actor solicitó el amparo de tutela a los derechos fundamentales de la igualdad, de petición y debido proceso, presuntamente vulnerados por la entidad accionada; y en consecuencia se reliquide y pague de manera correcta y jurídica la pensión que fue reconocida mediante Resolución No de 06 de abril de 2.000; además que se le dé una respuesta de fondo, oportuna, concreta y efectiva a su petición. 2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (Fls. 65 a 75) La Caja Nacional de Previsión Social, responde a la acción de tutela impetrada por el actor y argumentó lo siguiente: Adujo que la acción de tutela no es el recurso judicial adecuado para reclamar el reconocimiento y pago de las prestaciones de carácter laboral, toda vez que su naturaleza residual y subsidiaria, exige la eminencia de un perjuicio irremediable que no se verifica en el presente caso. 2

3 Afirmó que el accionante no ha hecho uso de los mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador para la discusión y decisión de las pretensiones, es decir, que la acción viable para lo solución del conflicto suscitado, se debe hacer a través de del ejercicio de la acción contencioso administrativa. Que por lo tanto, es claro que el accionante cuenta con otro mecanismo judicial idóneo de defensa para controvertir la decisión adoptada por la entidad demandada, en virtud de la cual se dispuso que no era viable su inclusión en la protección de que trata el artículo 15 del Decreto 2196 de junio de Finalmente argumenta que la entidad no puede indicarle u ordenarle al accionado cual es el mecanismo que debe seguir para hacer valer lo pretendido, toda vez que ello hace parte de las esferas intimas del libre albedrío del mismo, siendo esa la razón principal para que la acción de tutela referenciada se despache de manera desfavorable. 3. LA SENTENCIA IMPUGNADA (Fls. 88 a 95) El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia de 10 de mayo de 2.011, declaró la improcedencia de la presente acción de tutela. Argumentó que en criterio de la H. Corte Constitucional, la reliquidación de pensiones escapa al ámbito propio de la acción de tutela y que si bien se admite su procedencia en algunos casos, estos han sido casos extraordinarios principalmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, atendiendo siempre a las circunstancias específicas que rodean cada caso en concreto. Explica que, en criterio de la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela como mecanismo excepcional, subsidiario y transitorio para obtener la reliquidación de la pensión de jubilación, no se limita al cumplimiento del requisito de la tercera edad, sino que con éste debe allegarse prueba de la existencia de un perjuicio irremediable, de la vulneración al mínimo vital y de afectación a la dignidad humana o a la salud, elementos que aunados convenzan al juez de tutela sobre la urgencia de decretar la medida de amparo y la ineficacia para el caso particular de los mecanismos ordinarios judiciales dispuestos para la obtención de la solicitada reliquidación. Por lo anterior, advirtió sobre la carencia de elementos de prueba sobre la afectación al mínimo vital del accionante, a sus condiciones de salud o alguna situación de especial vulnerabilidad que haga imperioso el reconocimiento en sede de tutela de la reliquidación de la pensión de jubilación de la parte actora. 4. LA IMPUGNACIÓN (Fls.99 a 102) Mediante escrito presentado el 13 de mayo de 2.011, el accionante manifestó su inconformidad con el fallo de primera instancia, argumentando en primer lugar que el Juez A quo no estudió, analizó y decidió con certeza jurídica la demanda, por cuanto se anexaron las pruebas suficientes para ser tutelados los derechos a la igualdad y favorabilidad, vulnerados por la entidad accionada. Argumentó que se le han vulnerado derechos fundamentales que están protegidos desde la Constitución, que a su vez han sido reiterados en la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, señalando que respecto de las personas de la tercera edad el derecho a la seguridad social se considera como fundamental. 3

4 5. PRUEBAS DEL EXPEDIENTE En el expediente obran como pruebas las siguientes: Copia simple de la Cédula de Ciudadanía del señor CAMILO ALBERTO POTES SANDOVAL1, con la cual se determina que el accionante cuenta con 67 años de edad. Copia simple de la Resolución No de 06 de abril de 2.000, proferida por CAJANAL E.I.C.E.2, mediante la cual se reconoce la pensión mensual vitalicia de jubilación al accionante. Copia simple de la Resolución No de 30 de diciembre de 2.010, que resuelve recurso de reposición y confirma la Resolución No del 13 de febrero de mediante la cual se había negado la reliquidación de pensión solicitada por el accionante.3 Notificación al señor de la Resolución No.PAP del 30 de diciembre de 2010, mediante la cual se resolvió su recurso de reposición.4 Petición sin nota de recibido, dirigida al Gerente de CAJANAL EICE calendada a 1 de septiembre de Petición sin nota de recibido, dirigida al Gerente de CAJANAL EICE calendada el 14 de enero de Copia de extracto de sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado referida al Régimen de Transición Pensional.7 Copia simple de la Resolución No de 15 de junio de Copia simple de la Resolución No de 13 de mayo de Copia simple de la Resolución No. IHC de 19 de agosto de Copia simple de la Resolución No de 02 de abril de Copia de Hoja del periódico Ámbito Jurídico, de fecha 15 a 28 de noviembre de Copia de Circular No. 054 de 3 de noviembre de 2010, expedida por la Procuraduría General de la Nación.13 Copia de Escritura Pública No de 21 de junio de 2010, de la Notaria 13 del Círculo de Bogotá D.C.14 Copia de Formulario del Registro Único Tributario, de fecha 6 de enero de 2010, a nombre de Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación.15 Copia del Decreto No de 18 de noviembre de 2009, expedido por el Ministerio de la Protección Social.16 1 Folio 6 2 Folios 7 a 11 3 Folios 12 a 16 4 Folios 17 5 Folios 18 a 25 6 Folios 26 a 31 7 Folios 32 a Folios 37 a Folios 42 a Folios 46 a Folios 50 a Folio Folios 56 a Folios 76 y Folio Folio 85. 4

5 Copia de Acta de Posesión de JAIRO DE JESÚS CORTÉS ARIAS, de fecha 10 de diciembre de 2009, ante el Ministerio de la Protección Social.17 Copia simple de Cedula de ciudadanía del señor JAIRO DE JESÚS CORTÉS ARIAS.18 II CONSIDERACIONES 1. LA COMPETENCIA El Tribunal es competente para conocer de la presente acción de tutela, en SEGUNDA INSTANCIA, según lo establecido en el Decreto No de 1991 y en el Decreto No de DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA PENSIONAL. De conformidad con reiterada jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, las empresas encargadas de garantizar el acceso a la pensión tienen el deber de responder las peticiones de reconocimiento pensional según los siguientes criterios: (i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional incluidas las de reajuste en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo. (ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal; (iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenaza la vulneración del derecho a la seguridad social. Todos los mencionados plazos se aplican en materia de reajuste especial de pensiones como los pedidos en el presente proceso. Con lo anterior se observa que los términos en los que se deben atender cada una de las etapas que comprende el proceso que debe cumplir una autoridad para dar respuesta a una petición en materia pensional, son claros y estrictos y su desconocimiento implica no sólo la vulneración del derecho de petición, sino que 17Folio Folio 87. 5

6 compromete de paso otros derechos como la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna. En el presente caso, el señor presentó una última petición de reliquidación de pensión ante la entidad accionada el 14 de enero de 2011 para obtener el reconocimiento de la reliquidación de pensión, la cual no ha sido resuelta. Por su parte, la entidad accionada, no controvierte lo manifestado por el accionante y sólo hace referencia en su contestación a la improcedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de la reliquidación de pensión, razón por la cual y en aplicación del principio de buena fe frente a la manifestación hecha por el accionante de haber enviado la petición el 14 de enero de 2011, se tendrá por cierta esa fecha. Así, bajo el entendido de que la petición de reliquidación de pensión no ha sido respondida hasta el momento por CAJANAL E.I.C.E. en liquidación, cuando el término legal para contestarla feneció el 14 de mayo de 2011, es claro para la sala que la entidad accionada ha vulnerado el derecho fundamental de petición del señor CAMILO ALBERTO POTES, razón por la cual deberá revocar el fallo de instancia para en su lugar tutelar su derecho fundamental de petición. 3. DERECHO A LA IGUALDAD EN EL PRESENTE ASUNTO Finalmente y frente al argumento esgrimido por la accionante, referido a que en aplicación del derecho a la igualdad debe ordenarse mediante la presente acción la reliquidación de su pensión en atención a que, a nueve personas que menciona con nombres propios, CAJANAL les reconoció y liquidó de manera correcta y jurídica sus pensiones de jubilación, debe manifestar la Sala que la jurisprudencia constante de la H. Corte Constitucional ha señalado que el trato diferenciado de dos situaciones de hecho diversas no constituye una discriminación, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: primero, que los hechos sean distintos, esto es, que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; segundo, que la decisión de tratarlos de manera diferente esté fundada en un fin aceptado constitucionalmente; tercero, que la consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible y además adecuada. Cada una de estas condiciones corresponde al papel que juegan los tres elementos - fáctico, legal o administrativo y constitucional - en la relación que se interpreta. Por eso, la primera condición pertenece al orden de lo empírico (hecho), la segunda hace parte del orden de lo válido (legalidad) y la tercera del orden de lo valorativo (constitución). En el presente caso se tiene que en ningún momento el tutelante señala o determina claramente si las condiciones de hecho y de derecho en las que se encuentran son idénticas a las de las personas a que hacen referencia las Resoluciones aportadas con el expediente, ni se cuenta con los expedientes administrativos a fin de que el juez constitucional pueda contar con los elementos de juicios suficientes para determinar si efectivamente se le está dando al señor CARLOS ALBERTO POTES SANDOVAL un trato discriminatorio. En ese orden de ideas, es del caso revocar la acción de tutela para en su lugar tutelar el derecho fundamental de petición del accionante y no declarar su improcedencia como lo hizo el juez de instancia. 6

7 III. DECISION Con fundamento en las consideraciones antes expuestas, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por ministerio de la ley, F A L L A PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán de fecha 10 de mayo de 2011, por las razones anteriormente señaladas en la parte motiva de este fallo. En consecuencia, la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E en liquidación, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la presente sentencia, deberá dar respuesta de fondo a la petición presentada por el accionante. SEGUNDO: REMITASE a la H. Corte Constitucional para lo de su cargo. CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. Se hace constar que el proyecto de esta providencia fue considerado y aprobado por la Sala en sesión de la fecha según consta en Acta Nro. Los Magistrados, CARLOS H. JARAMILLO DELGADO MOISÉS RODRIGUEZ PÉREZ AUSENTE CON PERMISO CARMEN AMPARO PONCE DELGADO 7