MENSAJE DE DON FREDDY MONTERO MORA

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1 1 MENSAJE DE DON FREDDY MONTERO MORA VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA EN LA CONFERENCIA CONTINENTAL DE COMISIONES NACIONALES DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DE LAS AMERICAS Buenos Días! Agradezco al Comité Internacional de la Cruz Roja su amable invitación para participar en este módulo en el marco de la Conferencia Continental de Comisiones Nacionales de Derecho Internacional de las Américas. En primer lugar quisiera saludar al señor Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Dr. Karl Mattly y a su equipo venido desde México, Ginebra y las delegaciones del Continente. De igual manera le doy la bienvenida cordial a todas y todos los representantes de las Comisiones Nacionales de las Américas que nos acompañan en este importante evento en la Ciudad de San José. Señores y Señoras: Me corresponde desarrollar la importancia de un marco jurídico, su integración en la actuación de las Fuerzas Públicas de Costa Rica y el Rol de las Comisiones Nacionales de DIH. A manera de introducción general quisiera señalar que el estudio y la profundización del Derecho Internacional Humanitario siempre es necesario e importante, pero es más importante aún en el marco de los acontecimientos regionales y globales en qué vivimos, donde lamentablemente la violencia sigue siendo parte de nuestra cotidianidad, convirtiéndose en una situación cada vez más compleja y diversa, con consecuencias humanitarias cada vez más devastadoras. Felicito al Comité Internacional de la Cruz Roja por dar seguimiento mediante este evento, a la última Conferencia Continental llevada a cabo en la Ciudad de México en el año 2010, y a todos los Estados participantes que someten a revisión periódica, los importantes temas que nos reúnen. Los hechos de violencia y otras circunstancias derivadas de la misma que afectan los intereses institucionales y democráticos, hacen que cada vez más se haga necesaria la participación de las fuerzas públicas y de seguridad para preservar el orden social. Es

2 2 sobre estas fuerzas en quienes recae no solo la salvaguarda de los intereses públicos, sino también la tutela de los derechos humanos de las y los ciudadanos. Lograr el balance entre ambos intereses no es una tarea sencilla. Como muchos de ustedes saben, desde el año 1948 el Estado Costarricense abolió el ejército como institución permanente. De previo a desarrollar el marco jurídico sobre la regulación del empleo de la fuerza por parte de las fuerzas públicas, permítanme hacer un breve contexto histórico de la Fuerza Pública de nuestro país, que ilustra el tema que se me ha pedido desarrollar. En el año de 1923, hace ya casi cien años, el Presidente de la República Julio Acosta, luego del último golpe de Estado perpetrado en el país en 1917, elimina el Ministerio de Guerra, el cual fue reemplazado por el Ministerio de Seguridad Pública y las actividades militares en el país pasaron a un segundo plano. El primero de diciembre de 1948, luego de nuestro último conflicto armado interno, el Presidente José Figueres Ferrer, mediante decreto-ley abolió el ejército como institución permanente, tal abolición fue ratificada por la Asamblea Constituyente en su artículo 12 de la Constitución de la República de Costa Rica de Al proscribirse el Ejército como institución permanente y disponiéndose que para la vigilancia y conservación del orden público, las fuerzas armadas pasan a llamarse Guardia Civil y ésta se encarga de funciones policiales y de orden y seguridad de la Nación. En el año de 1964 se creó la Academia Nacional de Policía, para la correcta formación de nuestros policías y 30 años después, el 26 de mayo de 1994 se crea la Ley General de Policía número 7410, con lo que, por primera vez, el país cuenta con un cuerpo legal que regula a todas las policías nacionales. Esta ley crea la carrera policial, con lo que se mejora la capacitación policial, las posibilidades de ascenso, las condiciones salariales y se elimina la remoción de personal con cada cambio de gobierno, con lo que se le garantiza al país la estabilidad laboral de sus fuerzas policiales. En 1995 La Guardia de Asistencia Rural, que siempre había pertenecido al Ministerio de Gobernación y Policía, fue traspasada al Ministerio de Seguridad Pública con el fin de integrar esfuerzos, visión y recursos en materia de seguridad. Posteriormente, a mediados

3 3 de ese año, los dos ministerios se vuelven a unir con el nombre de Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, que es la forma como actualmente se conoce. Finalmente el 23 de marzo del año 2001, es publicada la Ley de Policía Civilista, la cual reforma la Ley General de Policía y, entre otros avances, crea la Dirección de Apoyo Legal Policial, una unidad compuesta por abogados policías, los cuales se encargan de asesorar a los policías en sus funciones. De igual modo son cambiados los rangos de carácter militar por otros de carácter civilista. He considerado necesario desarrollar el anterior contexto histórico para ejemplificar los esfuerzos permanentes de nuestro Estado para desarrollar, mejorar y perfeccionar de forma continuada, una Fuerza Pública en un país sin ejército y en el marco de los enormes retos que enfrenta el país, la región y el continente en materia de violencia. Formación y Prevención son dos conceptos claves cuando se discute sobre el uso de la fuerza en operaciones de mantenimiento del orden. En primer lugar la formación de nuestros funcionarios y oficiales encargados de hacer cumplir la ley, por medio de capacitaciones actualizadas y pertinentes en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en las distintas academias y escuelas policiales de nuestros países que logren no solo que en las operaciones se mantengan la paz, sino que se haga de la forma adecuada e internacionalmente aceptada. En segundo lugar la prevención, aunque cada uno de nuestros países hacen esfuerzos extraordinarios en esta materia, la diversidad de escenarios con índices de violencia, llevan consigo, en ocasiones, el uso de la fuerza, para lo cual nuestros Estados deben establecer marcos jurídicos claros y seguros en la materia. La prevención exige la elaboración de marcos jurídicos que garantizarán para los agentes del Estado y sobre todo para las y los particulares, reglas comunes aplicables para todas las partes, que hagan que el uso de la fuerza sea siempre una medida excepcional y debidamente reglamentada en sus alcances. En el marco del uso de la fuerza, que como señale anteriormente, debe ser siempre excepcional, los Estados deben desarrollar procedimientos, manuales y protocolos para una correcta aplicación de la ley. Este proceso debe de ir acompañado de revisiones

4 4 permanentes por parte de las autoridades, un entrenamiento profesional permanente sobre los más elevados estándares de seguridad y respeto por la persona humana de conformidad con la normativa internacional, así como un equipamiento adecuado para las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Un marco jurídico que regule adecuadamente el empleo de la fuerza en operaciones de mantenimiento del orden es una tarea permanente y fundamental en nuestros países y es aquí donde las Comisiones Nacionales de Derecho Internacional Humanitario tienen un papel fundamental. Es en el seno de estos espacios donde debe surgir de forma natural la preparación de normas y su revisión permanente en pos de su mejoramiento continuo. En el caso costarricense, el Ministerio que represento es miembro fundador y activo de la Comisión Nacional de DIH que llega a su décimo aniversario, rescato de la Comisión Costarricense su integración no solo compuesta de entidades gubernamentales como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Justicia, Presidencia, Salud y Cultura, sino por la convergencia de actores claves en la aplicación y regulación del empleo de la fuerza como lo son La Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, en sus papeles de promulgador y aplicador de las leyes, así como sectores académicos y sociales como la Defensoría de los Habitantes de la República o la Cruz Roja Costarricense. El modelo nacional de comisión, que debe ser muy similar al de los países aquí representados, me parece altamente positivo pues permite que la visión del gobierno central se vea complementada por los valiosos aportes de la academia mediante la presencia de las universidades; retroalimentada por la Defensoría de los Habitantes, quien recoge las denuncias ciudadanas por abusos en el empleo de la fuerza y con los aportes de la Cruz Roja Costarricense quien está permanentemente convocado en el terreno en las operaciones de mantenimiento de la paz. La experiencia de los distintos actores en las Comisiones Nacionales debe servir para preparar las normas más adecuadas en la materia, pero sin dejar de lado la importante tarea de la promoción de las mismas como obligación del Estado de conformidad con los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. La promoción efectiva de las normas del Derecho Internacional Humanitario y de los marcos jurídicos de actuación de las Fuerzas Públicas garantiza no solo la adecuada formación para la aplicación de los

5 5 operadores de la Ley, sino de las contrapartes, como lo son los grupos organizados, sindicatos, manifestantes y ciudadanos en general que conociendo las normas y los marcos de actuación, coadyuvan en las operaciones del mantenimiento del orden reduciendo los eventuales efectos directos o indirectos de dichas operaciones. Espero que este módulo colabore en crear un espacio de reflexión sobre el estado actual de la regulación de uso de la fuerza en los estados participantes y promover el debate sobre la construcción de un marco modelo que nos pueda servir como guía para la adopción o adecuación de los marcos legales existentes en los países. Para esto contamos siempre con la colaboración técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja, a quien agradecemos sus auspicios. Finalmente me parece necesario subrayar dos aspectos muy importantes en relación al Comité Internacional de la Cruz Roja que coordina este esfuerzo y que es ampliamente conocido por todos ustedes debido a su larga presencia y trayectoria en el continente: En primer lugar debo resaltar el honor de dirigirme en un día como hoy 12 de setiembre, fecha en la que en 1980 se estableciera la primera delegación del CICR en El Salvador en ocasión al devastador conflicto que azotaba la región en esa época. En segundo lugar, no puede pasar desadvertido el singular hecho de que este año se conmemoran los 150 años de fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Creo sin temor a equivocarme que este evento podría enmarcarse perfectamente en las actividades que en todo el mundo se realizan para recordar y reconocer la vigencia de esta Organización que tiene tanto que decirnos desde su magistratura humanitaria, fundada sobre los más horribles crímenes contra la humanidad, pero también desde su actitud permanente de esperanza, de construcción de paz, vida, dignidad y seguridad para todos los seres humanos de la tierra. Reciba señor Delegado, en representación de esta mesa y de esta sala, las muestras de nuestro respeto y reconocimiento por estos 150 años de trabajo humanitario de la Organización que tan dignamente representa y por el apoyo incondicional a las Comisiones Nacionales de Derecho Internacional Humanitario. Muchas Gracias!