C O N S I D E R A N D O S

Transcripción

1 ACUERDO C-233/2015 EMITIDO POR EL H. CONSEJO DE LA JUDICATURA EN SESIÓN CELEBRADA EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE POR EL QUE SE DETERMINA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA ACUSATORIO Y ORAL EN LA MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE SALTILLO, PARRAS DE LA FUENTE, MONCLOVA Y SABINAS. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO.- El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos de los artículos 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es el órgano competente para la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con independencia técnica de gestión para emitir sus resoluciones y expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones. SEGUNDO.- El artículo 155 de la Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. TERCERO.- Ahora bien, es oportuno recordar que debido al decreto que reformó el párrafo cuarto y adicionó los párrafos quinto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el doce de diciembre de dos mil cinco en el Diario Oficial de la Federación, se determinó que la Federación, los Estados y al Distrito Federal establecerían, en el ámbito de sus competencias, un sistema integral de justicia para adolescentes, en el que se garantizaran sus derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución para todo individuo, así como los derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les hayan sido reconocidos en los diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano. De esta manera, el primero de septiembre de dos mil seis se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza, que adoptó un modelo diferente a la tradicional concepción tutelar, denominado modelo garantista o de responsabilidad. En él se atribuyó a los jóvenes mayores de 12 y menores de 18 años de edad que realizaran conductas tipificadas como delitos, una responsabilidad en relación a sus actos, pero a la vez, les reconoció las garantías de juzgamiento de los adultos, así como otros derechos considerados especiales por su condición de adolescentes. De la misma forma, el primero de septiembre de dos mil seis fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado diversas reformas y

2 adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a fin de establecer al interior de este poder público la estructura necesaria para la creación de órganos especializados en materia de justicia para adolescentes. De esta manera, nacieron el Tribunal de Apelación Especializado en materia de Adolescentes y cuatro juzgados de primera instancia especializados en materia de adolescentes, con residencia en las municipalidades de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras, los que han venido funcionando desde la entrada en vigor de los ordenamientos que regulan su actuación. CUARTO.- Por su parte, el dieciocho de junio de dos mil ocho fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; las fracciones XXI y XXIII del articulo 73; la fracción VII del articulo 115 y la fracción XII, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se implementó un Nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, figuras legales que cuentan con diversos plazos para implementarse en nuestro país. A fin de atender tales disposiciones constitucionales federales, se han emitido en el Estado diversos ordenamientos legales y se han realizado acciones para su debido cumplimiento, como lo son, entre otras, la implementación del referido sistema penal acusatorio y oral, por parte del Consejo de la Judicatura en atención a sus atribuciones, en los Distritos Judiciales de Monclova, Saltillo y Parras de la Fuente, así como la creación de los Juzgados de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en las ciudades de Frontera y Saltillo, Coahuila de Zaragoza. QUINTO.- Aunado a lo anterior, el 19 de octubre de 2012 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Coahuila de Zaragoza, facultándose en su artículo 32 al Consejo de la Judicatura para que a través de acuerdos generales, y considerando las necesidades del servicio y el esquema de gradualidad, se determine la supresión de los actuales órganos jurisdiccionales de las materias penal y de adolescentes, creando los nuevos; asimismo, para que establezca la forma y órganos que conocerán y resolverán hasta su conclusión de los procesos de trámite del sistema del Código de Procedimientos Penales en vigor desde 1999, entre otras cuestiones. SEXTO.- En esa línea de actuación, en sesión celebrada el pasado trece de julio del año en curso, este Consejo de la Judicatura emitió el Acuerdo C-179/2015 por el que se determinó la gradualidad en que se implementará el sistema de justicia penal acusatorio en el resto de los distritos judiciales del Estado, incluida la materia de justicia para adolescentes. 2

3 En tal acuerdo se señaló, entre otros aspectos, la importancia que representa para este órgano colegiado determinar la región geográfica o distrito judicial y la gradualidad en que se continuará con la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio en todos los delitos del orden común y federales de competencia concurrente, que se cometan en el Estado, incluyendo las conductas tipificadas como delitos por las leyes penales en que incurran los adolescentes bajo la vigencia, en este último caso, de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como de los demás ordenamientos que corresponda, toda vez que este trascendental sistema de impartición de justicia penal y de adolescentes deberá estar totalmente implementado el diecinueve de junio de dos mil dieciséis, según lo prevé el artículo segundo transitorio de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, por lo que se determinó que a partir del primero de octubre de dos mil quince, en los Distritos Judiciales de Saltillo, Parras de la Fuente y Monclova se aplicará el sistema acusatorio y oral en materia de justicia para adolescentes, conforme a los ordenamientos legales aplicables. Igualmente y a efecto de materializar la calendarización referida, en el propio acuerdo, en el considerando décimo segundo, se estableció que el Consejo de la Judicatura a través de acuerdos generales determinaría los órganos jurisdiccionales que aplicarán el sistema de justicia penal acusatorio y oral, incluida la materia de justicia para adolescentes. SÉPTIMO.- Ahora bien, ante la inminencia de que la materia de justicia para adolescentes adoptaría de manera integral el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, este Consejo de la Judicatura consideró que era muy importante que los jueces de primera instancia en materia penal, tanto los adscritos al sistema acusatorio y oral como al tradicional, y los titulares de tribunales de alzada que conocen de esa materia, estuvieren capacitados y adquirieran la especialización respecto al sistema de justicia integral para adolescentes a efecto de que, en atención a las necesidades del servicio y conforme a las disposiciones legales aplicables, también fueran competentes para conocer respecto a él, por lo que mediante el Acuerdo C-151/2015 emitido en sesión del veintinueve de junio de dos mil quince se determinó que los titulares de los órganos jurisdiccionales que conocen de la materia penal en todos los distritos judiciales, así como los defensores de oficio, recibieran un diplomado en ese rubro que impartiera la Universidad Autónoma del Noreste; circunstancia que tuvo lugar durante los meses de julio y agosto de la presente anualidad. Tal acuerdo, derivó de criterios sostenidos por el máximo tribunal del país que ha venido emitiendo a partir de la vigencia de las disposiciones constitucionales y la 3

4 obligatoriedad para los órdenes federal y estatales de establecer los sistemas integrales de justicia en materia de adolescentes, destacando en particular una jurisprudencia, bajo el registro , publicada en el tomo XXVIII, del Semanario Judicial de la Federación de septiembre de 2008, intitulada "SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES". EL TÉRMINO "ESPECIALIZADOS" UTILIZADO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN SE REFIERE AL PERFIL DEL FUNCIONARIO Y A LA COMPETENCIA LEGAL EXPRESA DEL ÓRGANO PERTENECIENTE A ESE SISTEMA", en la que sostiene que nuestra Carta Magna reconoció como un derecho para los adolescentes el que fueran juzgados por funcionarios especializados, término el cual puede entenderse en relación con la organización de su trabajo (especialización orgánica), asignación de competencias y perfil del funcionario, señalando además que aunque lo idóneo sería reunir esas tres formas de concebir la especialización, es la relativa al perfil del funcionario la principal, pues el objeto de la reforma constitucional fue adecuar la justicia para adolescentes a la doctrina de la protección integral de la infancia; y los instrumentos internacionales en que ésta se recoge, ponen énfasis en la especialización de los funcionarios como una cuestión necesaria para el cumplimiento de los propósitos perseguidos e, incluso, insisten en que no es su propósito obligar a los Estados a adoptar cierta forma de organización; de manera que la acepción del término especialización que hace posible dar mayor congruencia a la reforma con los instrumentos internacionales referidos y que, por ende, permite en mayor grado la consecución de los fines perseguidos por aquélla, es la que la considera como una cualidad inherente y exigible en los funcionarios pertenecientes al sistema integral de justicia para adolescentes. OCTAVO.- Ante tal contexto y a efecto de estar en posibilidad de atender cabalmente la calendarización y compromisos adoptados en el referido Acuerdo C- 179/2015, es necesario otorgar competencia en materia de justicia para adolescentes, además de la que tienen encomendada, a los juzgados de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral de los Distritos Judiciales de Saltillo y Monclova, con residencia en las ciudades de Saltillo y Frontera, respectivamente, a partir del primero de octubre de dos mil quince, bajo la vigencia de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos aplicables. El Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Saltillo, tendrá competencia en la nueva materia que se le asigna en ese distrito judicial, así como en el de Parras de la Fuente. Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Monclova, con residencia en Frontera, Coahuila de Zaragoza, tendrá competencia en la nueva materia que se le asigna en ese distrito judicial y en el de Sabinas. 4

5 NOVENO.- En los Distritos Judiciales de Saltillo y Monclova, los procedimientos de justicia para adolescentes radicados así como los que se inicien con posterioridad y que se refieran a hechos anteriores a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia acusatorio y oral en dicha materia, continuarán conociéndose por los órganos jurisdiccionales competentes de conformidad con el Acuerdo C-234/2015 emitido en esta sesión. DÉCIMO.- El Tribunal de Apelación Especializado en materia de Adolescentes será competente para conocer de los recursos previstos en la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos aplicables, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura determine lo conducente. Precisado lo anterior, los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 57, fracciones III, VIII y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 32 de la Ley para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y segundo transitorio de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza, por unanimidad de votos emitieron el siguiente: A C U E R D O PRIMERO.- Se determina que a partir del primero de octubre de dos mil quince los juzgados de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral de los Distritos Judiciales de Saltillo y Monclova, con residencia en las ciudades de Saltillo y Frontera, respectivamente, serán competentes, para conocer además de la materia y asuntos que actualmente tienen encomendados, de la materia de justicia para adolescentes, bajo la vigencia de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos aplicables, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de este acuerdo. SEGUNDO.- El Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su competencia, resolverá cualquier duda o cuestión administrativa que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del presente acuerdo. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Acuerdo y Trámite llevar a cabo las gestiones correspondientes para la debida publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en la página electrónica del Poder Judicial del Estado, así como para que se fije en los estrados de los órganos jurisdiccionales 5

6 del Estado, y remitir las comunicaciones oficiales a las instancias competentes para su conocimiento y debido cumplimiento. Así lo acordaron y firman los miembros integrantes del Consejo de la Judicatura que estuvieron presentes en sesión de diez de septiembre de dos mil quince, por ante la Secretaria de Acuerdo y Trámite que autoriza y da fe. LIC. GREGORIO ALBERTO PEREZ MATA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO MAG. LIC. LUIS MARTÍN GRANADOS SALINAS CONSEJERO LIC. NORBERTO ONTIVEROS LEZA CONSEJERO SUPLENTE DEL PODER EJECUTIVO DIP. LIC. GEORGINA CANO TORRALVA CONSEJERO DEL PODER LEGISLATIVO LIC. ROGELIO ENRIQUE BERLANGA GONZÁLEZ CONSEJERO LIC. MA. GUADALUPE J. HERNÁNDEZ BONILLA SECRETARIA DE ACUERDO Y TRÁMITE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO 6