INSTRUCCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS SOCIALES EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES PREÁMBULO El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales manifiesta, a través de esta Instrucción, su interés por incorporar objetivos sociales en la adjudicación y ejecución de sus contratos públicos, lo que resulta por completo conforme a la normativa de contratos públicos: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 21, permite que las administraciones aprueben instrucciones o circulares, de forma que los órganos administrativos puedan establecer criterios de aplicación de normas, como en este caso la Ley de Contratos del Sector Público. Además, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) es un organismo autónomo creado por y dependiente del Consejo de Mallorca, que se rige por sus Estatutos, aprobados por el Pleno del Consejo de Mallorca día 1 de octubre de 2007. El artículo 2.1 de los Estatutos dispone que el IMAS tiene por objeto el ejercicio, de forma directa y descentralizada, de las competencias atribuidas por cualquier título al Consejo de Mallorca en materia de servicios sociales y menores. El artículo 2.2 de estos Estatutos atribuye al IMAS, entre otras, las funciones de atención a las necesidades sociales de la población de Mallorca, en especial de los colectivos más desfavorecidos y el despliegue de una oferta general y específica de programas, servicios y recursos orientada a la cobertura de las necesidades sociales. El presidente del IMAS, de conformidad el artículo 7.2, tiene la plena competencia para aprobar y aplicar esta Instrucción. Asimismo, el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares establece que son competencias propias de los consejos insulares los servicios sociales y asistencia social; el despliegue comunitario y la integración; la política de protección y atención a personas dependientes, y las políticas de atención a las personas y colectivos en situación de pobreza o de necesidad social. Y el artículo 23 de la Ley autonómica 8/2000, de Consejos Insulares, prevé que los consejos ejercen las competencias que les atribuyan las leyes del Estado y de la comunidad autónoma, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la legislación básica del Estado, por lo que resulta plenamente coherente utilizar una política pública de considerable importancia presupuestaria como es la contratación pública para facilitar el bienestar social y promover la cohesión social. El objetivo de la Instrucción consiste en materializarse con plena seguridad jurídica las posibilidades de incorporar diferentes temáticas sociales en las distintas fases del procedimiento de licitación de contratos públicos. En el proceso de elaboración han participado -además de los servicios técnicos y jurídicos del IMAS- diferentes agentes sociales con aportaciones que han sido tenidas en cuenta. El resultado se materializa 1
mediante clausulados concretos que deben incorporarse de forma preceptiva a los contratos públicos que encajen en los supuestos establecidos. Es preciso considerar la imposibilidad de aplicar unas mismas cláusulas a todos los contratos con independencia de su objeto, cuantía o procedimiento de adjudicación, por lo que se establecen unos supuestos generales dentro de los cuales se aplicarán las cláusulas y en otros casos será necesario personalizar el objeto contractual. Igualmente, las cuantías o ponderaciones podrán ser moduladas según el caso concreto y será posible excepcionar la aplicación del clausulado social cuando esté debidamente motivado. De acuerdo con el expuesto, se dicta esta Instrucción que contiene seis capítulos. El primero trata los contratos reservados que limitan la participación en el proceso de adjudicación a programas de empleo protegido; el capítulo segundo se refiere a la solvencia técnica y profesional de carácter social; el tercero regula la inclusión de cláusulas sociales como criterio de valoración o adjudicación; el cuarto se refiere a las preferencias en la adjudicación; el capítulo quinto regula la inclusión de condiciones especiales de ejecución del contrato; y por último el capítulo sexto se reserva en los órganos competentes en esta materia. CAPÍTULO PRIMERO. CONTRATOS RESERVADOS Artículo 1. General Conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y el artículo 19 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, se reservará la participación en la adjudicación de los contratos que a este efecto se califiquen como reservados, para ser adjudicado entre entidades en el marco de programas de empleo protegido. Artículo 2. Aplicación de la figura de contrato reservado 1. Se podrán calificar como contratos reservados aquéllos que sean susceptibles de generar empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral y cuyos sectores de actividad coincidan con los desarrollados por entidades de empleo protegido capaces de ejecutar la prestación contractual con las debidas garantías. 2. El órgano promotor de la contratación determinará para cada caso concreto la calificación como contrato reservado de aquél o aquéllos que estime convenientes y coherentes con las mencionadas características. Artículo 3. Entidades beneficiarias de los contratos reservados. 1. Se reservará la participación en la adjudicación de contratos públicos reservados a centros especiales de empleo, empresas de inserción sociolaboral, centros ocupacionales y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas de empleo protegido y tengan por objeto la integración sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. 2
2. Las empresas a las que podrán aplicarse los contratos reservados deberán cumplir los requisitos establecidos en la legislación aplicable y su actividad u objeto social deberán estar relacionados directamente con el objeto del contrato. 3. Las empresas de inserción deberán estar legalmente constituidas y clasificadas conforme la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción y conforme al Decreto 60/2003, de 13 de junio, por lo que se regula la cualificación de las iniciativas empresariales de inserción y se crea el Registro de Iniciativas Empresariales de Inserción de las Islas Baleares. 4. Los centros especiales de empleo deberán estar legalmente constituidos y registrados conforme al Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los centros especiales de empleo. 5. Los centros ocupacionales deberán estar legalmente constituidos y registrados conforme al Real Decreto 2274/85, de 4 de diciembre, por el que se regulan los centros ocupacionales para minusválidos. 6. Las entidades sin ánimo de lucro que tengan por objeto la integración sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social, deberán estar legalmente constituidas y acreditar la figura de empleo protegido que específicamente utilizan. Artículo 4. Procedimiento de reserva. 1. La calificación como contrato reservado deberá mencionarse en el título del contrato y en el anuncio de licitación. 2. Una vez calificado el contrato como reservado se podrá restringir la participación a una sola tipología de entidades o establecer la admisión de todas ellas, dado que el órgano de contratación tiene la potestad de optar por la finalidad que pretenda fomentar. 3. Cualquier entidad de la tipología elegida -o de todas ellas si no es idéntica- podrá participar en la licitación del contrato reservado en condiciones de igualdad y libre concurrencia, siempre que cumpla los requisitos establecidos de solvencia y clasificación. 4. La reserva para empresas de inserción y entidades en el marco de programas de empleo protegido se aplicará exclusivamente a través del contrato menor y del procedimiento negociado sin publicidad, con los límites de cuantía que estén vigentes en cada momento. 5. La reserva a centros especiales de empleo o programas de empleo protegido cuando al menos el 70 por ciento de las personas trabajadoras sean personas con discapacidad, podrá aplicarse sin límite de cuantía y para cualquier sistema o procedimiento de adjudicación, inclusive la subasta. CAPÍTULO SEGUNDO. SOLVENCIA TÉCNICA CON REQUISITOS SOCIALES Artículo 5. General 3
La Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, en los artículos 63 a 68, regula la solvencia técnica, un requisito sine qua non para participar en la licitación, por el que las empresas deben acreditar fehacientemente que cuentan con experiencia, personal y medios técnicos para ejecutar debidamente el contrato. Este análisis previo de aptitud supone una garantía para las administraciones públicas y determina la admisión o no de la empresa concurrente a la licitación, con el objetivo de que sólo puedan resultar adjudicatarias aquéllas debidamente capacitadas por prestar el contrato. Artículo 6. Solvencia técnica en materia social Si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en materia social, se exigirán como requisitos de solvencia técnica la debida experiencia, conocimientos y medios técnicos y humanos en la referida temática social. La exigencia de capacidad técnica social se hará en condiciones de transparencia, se justificará en el expediente y se indicarán en el pliego de condiciones los criterios objetivos que se utilizarán para la admisión, así como el nivel de capacidades específicas requeridas. Las capacidades requeridas serán proporcionadas y coherentes respecto al objeto, el contenido y las características del contrato, y en ningún caso supondrán un requisito injustificado que vulnere o limite los principios básicos de igualdad, no discriminación y libre concurrencia de los licitadores, o genere obstáculos a la apertura de los contratos públicos a la competencia. Para garantizar el estricto respeto al principio de libre concurrencia y cuando las características sociales gocen de sustantividad propia que las haga susceptibles de ejecución separada, la solvencia técnica de carácter social se podrá acreditar mediante el compromiso de firmar convenios o subcontratar con entidades que acrediten esta solvencia. Artículo 7. Acreditación de la solvencia en contratos cuyo objeto incorpore la inserción sociolaboral. Si se hubiera establecido como condición especial de ejecución la exigencia de contratar, en la plantilla que ejecutará el contrato, un número o un porcentaje significativo de personas en riesgo de exclusión social, se exigirá solvencia técnica y profesional específica en la materia conforme a lo dispuesto en este artículo. La acreditación podrá hacerse por uno o varios de los medios siguientes: a) Clasificación o registro como empresa de inserción -o equivalente- o mediante la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos para esta tipología de empresas, todo ello conforme al Decreto 60/2003, de 13 de junio (BOIB nº. 88, de 24 de junio) por el que se crea el Registro de Iniciativas Empresariales de Inserción de las Islas Baleares y en consonancia con la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción. b) Mediante certificaciones firmadas por los organismos públicos competentes en materia de inserción sociolaboral que acrediten la trayectoria y experiencia del licitador. 4
c) Mediante la relación del personal integrado o no a la empresa que participará en la prestación del contrato referida específicamente a incorporación sociolaboral, con indicación de su titulación, experiencia profesional y trabajos similares desempeñados. d) Mediante el compromiso de firmar convenios o subcontratar la parte del contrato relativa a la inserción sociolaboral con entidades registradas o acreditadas y experimentadas en la materia. e) Por cualquier otro medio de prueba equivalente que la empresa considere oportuno aportar. CAPÍTULO TERCERO. CRITERIOS SOCIALES DE ADJUDICACIÓN Artículo 8. General 1. Conforme al artículo 134 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, se podrán incorporar al Pliego criterios de adjudicación de carácter social, vinculados al objeto del contrato, y cuyas personas usuarias o beneficiarios pertenezcan a categorías de población especialmente desfavorecida. 2. En aquellos contratos que no precisen elaborar y aprobar pliegos de cláusulas administrativas, se podrán incluir los criterios establecidos en el presente capítulo en los documentos contractuales y de preparación del contrato. Artículo 9. Ámbito de aplicación de los criterios sociales de adjudicación 1. Se incorporarán criterios sociales de adjudicación en los contratos administrativos de obras, servicios, gestión de servicios públicos y suministros. 2. Para la incorporación de criterios sociales de valoración de las propuestas será imprescindible que el objeto y el título del contrato hagan referencia expresa a los criterios sociales que caracterizan su contenido y naturaleza. Artículo 10. Ponderación de los criterios sociales en el baremo Los criterios de adjudicación de carácter social regulados en este capítulo tendrán una ponderación entre el 10 y el 25 por ciento sobre el total del baremo de adjudicación. Artículo 11. Clausulados aplicables a los criterios de adjudicación de carácter social En los contratos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 9 de esta Instrucción se incorporarán uno o diversos de los siguientes criterios sociales: A) Creación de empleo para personas discapacitadas y/o vulnerables del mercado laboral: Hasta 25 puntos. Se puntuará hasta 25 puntos el licitador que se comprometa a emplear para la ejecución del contrato a un mayor número de personas discapacitadas y/o con 5
dificultades de acceso al mercado laboral, siempre que supere el porcentaje mínimo establecido como condición de ejecución. El resto de licitadores obtendrán una puntuación decreciente y proporcional, conforme a la siguiente fórmula: P = (NPD / MD) X 25 Resultante: P (Puntuación obtenida) = NPD (número de personas vulnerables del mercado laboral que se compromete a contratar el licitador) / MO (mejor oferta sobre contratación de personas con dificultades de acceso al mercado laboral). B) Subcontratación con entidades sociales, solidarias o sin ánimo de lucro: hasta 20 puntos. Se puntuará hasta 20 puntos el licitador que se comprometa a subcontratar un porcentaje del presupuesto de adjudicación del contrato a través de empresas de inserción, centros especiales de empleo, o entidades sociales o solidarias sin ánimo de lucro, mediante el correspondiente contrato civil o mercantil. Este criterio de adjudicación podrá ser alternativo o complementario con el resto de criterios sociales descritos en el presente artículo. La puntuación se obtendrá en proporción al importe y porcentaje sobre el presupuesto de contratación que se comprometa a subcontratar al licitador con las entidades descritas, estableciendo, en todo caso, un máximo de 20 puntos y de acuerdo con la siguiente fórmula: P = (PCS/PL) X100. Resultante: P (Puntuación obtenida) = PCS (presupuesto que se compromete a subcontratar el licitador) / PL (presupuesto de licitación contenido en la propuesta económica). C) Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Hasta 20 puntos. Se puntuará hasta un máximo de 20 puntos la integración de medidas específicas para la igualdad entre mujeres y hombres en la oferta presentada, y se desglosará la puntuación en uno o diversos de los siguientes apartados: 1. Se valorará hasta 10 puntos el licitador que se comprometa a contratar para la ejecución del contrato a un mayor número de mujeres siempre que sea superior al establecido como condición de ejecución y siempre que el porcentaje sobre el total de la plantilla sea al menos cinco puntos superior al porcentaje medio recogido por género y rama de actividad en la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística para el sector correspondiente. El resto obtendrá una puntuación decreciente y proporcional, conforme a la siguiente fórmula: P = (ND / MOD) X 10. Resultante: P (Puntuación obtenida) = ND (número de mujeres que se compromete a contratar el licitador para la ejecución del contrato) / MOD (mejor oferta de los licitadores sobre el número de mujeres que se compromete a contratar). 2. Se valorará hasta 5 puntos el licitador que se comprometa a contratar para la ejecución del contrato a un mayor número de mujeres en lugares de responsabilidad. Esta cláusula se aplicará especialmente en aquellos sectores de actividad 6
notoriamente feminizados. El resto de licitadores obtendrán una puntuación proporcional conforme a la siguiente fórmula: P = (NDR/MOR) X 5. Resultante: P (Puntuación obtenida) = NDR (número de mujeres en lugares de responsabilidad que se compromete a contratar el licitador para la ejecución del contrato) / MOM (mejor oferta de los licitadores sobre el número de mujeres en lugares de responsabilidad que se compromete a contratar). 3. Se valorará hasta 5 puntos la incorporación en la propuesta de un plan de igualdad específico que el licitador se compromete a aplicar en la ejecución del contrato y que detalle sus políticas de igualdad en cuanto al acceso al empleo, clasificación profesional, calidad y estabilidad laboral, durada y ordenación de la jornada laboral y otros. 4. Se valorarán hasta 10 puntos las medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar que el licitador se compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato y que mejoren los mínimos establecidos a la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. El licitador deberá presentar una propuesta técnica en la que indicará el calendario y el sistema de evaluación sobre medidas concretas como: cheque servicio o acceso a recursos que faciliten la atención de menores o personas dependientes; mejoras sobre la reducción de jornada; excedencias; permisos de paternidad o maternidad; flexibilización, adaptación o reasignación de servicios y horarios; u otras. D) Calidad en el empleo: Hasta 15 puntos. Se puntuará hasta 15 puntos la integración de la calidad en el empleo de la propuesta, desglosándose la puntuación en uno o ambos de los apartados siguientes: 1. Se valorarán hasta 10 puntos las propuestas concretas y detalladas que el licitador se compromete a aplicar al personal que ejecutará el contrato sobre condiciones laborales y salariales que mejoren lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores o en el convenio colectivo del sector de aplicación legal. 2. Se valorará hasta 5 puntos el compromiso del licitador por integrar la plantilla con personas con contratos indefinidos en un porcentaje superior al establecido como obligación en las condiciones de ejecución. Se otorgará la máxima puntuación a la empresa con un mayor compromiso de contratación indefinida y se puntuará al resto de licitadores de forma decreciente y proporcional conforme a la siguiente fórmula: P = (CCI/MOI) X 5. Resultante; P (Puntuación obtenida) = CCI (compromiso sobre el número de contratos indefinidos para la ejecución del contrato) / MOI (mejor oferta de los licitadores sobre el compromiso de contratas indefinidos a emplear en la ejecución del contrato). E) Calidad social de la propuesta: Hasta 25 puntos 1. Dimensión comunitaria del proyecto: 7
Aplicación de metodologías y mecanismos de diálogo y participación de los agentes implicados (órgano contratante, profesionales, usuarios y voluntarios) en el diseño, mejora, ejecución y evaluación del contrato. Coordinación y complementariedad con entidades públicas o privadas -en especial del Tercer Sector- en la ejecución del contrato. Participación en redes de trabajo o agrupaciones de entidades sobre la materia objeto de contrato durante el periodo de ejecución. Participación de voluntariado: número de personas voluntarias que se adscribirán a la ejecución del contrato, descripción de tareas y volúmenes de dedicación para la atención a los usuarios y usuarias y beneficiarios y beneficiarias de la prestación contractual. Adaptación del contenido del contrato al territorio y la identidad local y sociocultural. 2. Transferencia de conocimiento del proyecto. Resultados formales de transferencia: publicaciones, conferencias, estudios, comunicaciones que el adjudicatario se compromete a realizar durante la ejecución del contrato o al término del mismo, en relación al desarrollo, la prestación y sus conclusiones. Información y sensibilización social sobre la materia objeto del contrato. Volumen y descripción de actividades de divulgación (conferencias, sesiones, participación en foros) para la información y sensibilización sobre la materia objeto del proyecto que la entidad se compromete a realizar. 3. Retorno social del contrato. Descripción y volumen de actuaciones que el adjudicatario se compromete a desarrollar con fondos propios en el marco de la ejecución del proyecto. Compromiso de falta de ánimo de lucro en cuanto al importe de adjudicación del contrato y compromiso de destinar el importe económico superavitario de la ejecución a financiar proyectos de interés social y solidario. Indicar cuantía o porcentaje. 4. Adaptación del contenido del contrato a las necesidades de los grupos receptores: Accesibilidad del servicio para personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. Adaptación del contenido del proyecto a grupos determinados (inmigrantes, personas mayores, infancia, minorías étnicas, jóvenes, etc.). Participación de los usuarias y usuarias en el diseño, mejora y evaluación de la ejecución del contrato. F) Proyecto de inserción sociolaboral: Hasta 25 puntos Cuando la inserción sociolaboral constituya el objeto principal del contrato, se puntuará hasta un máximo de 25 puntos el proyecto de inserción sociolaboral presentado por el licitador, siempre que se comprometa a contratar personas vulnerables del mercado laboral en porcentaje superior al establecido como condición de ejecución. El licitador deberá presentar una propuesta concreta y se desglosará la puntuación conforme a los apartados siguientes: 8
Número y porcentaje de personas en situación o riesgo de exclusión social que el licitador se compromete a contratar para la ejecución del contrato, dentro de los perfiles señalados en la Ley 44/2007, de empresas de inserción. Diseño y metodología de los itinerarios personalizados de inserción. Personal técnico especializado en el acompañamiento hacia la inserción. Indicadores de evaluación y seguimiento de los procesos de inserción sociolaboral, Plan de formación laboral y prelaboral en habilidades sociales. Propuesta de coordinación en el territorio con otros dispositivos públicos o privados. Mecanismos previstos para la incorporación de las personas con contratos de inserción en el mercado laboral ordinario. Artículo 12. Selección y ponderación de los criterios. La selección concreta de los criterios de adjudicación de carácter social señalados en el artículo anterior se hará de la siguiente manera: 1. El objeto del contrato podrá señalar si se refiere a una de las temáticas sociales referidas (inserción laboral, igualdad de oportunidades, calidad en el empleo o subcontratación con entidades no lucrativas), y en este caso se tomará exclusivamente este criterio y la puntuación indicada. 2. Si el objeto contractual se refiere a diversas temáticas sociales, se repartirá la puntuación proporcionalmente entre ellas o conforme al reparto que considere el órgano de contratación. Artículo 13. Adaptación de los criterios La puntuación y ponderación de los criterios de adjudicación de carácter social deberá adaptarse a las características de cada contrato, pudiéndose suprimir cuestiones no adecuadas, modificar las puntuaciones y ponderaciones señaladas, o añadir diferentes temáticas no incorporadas en la instrucción. Artículo 14. Excepciones y justificaciones de la no inclusión Excepcionalmente, el órgano de contratación podrá considerar que las características del contrato no son adecuadas para incorporar criterios sociales de adjudicación o que proceden porcentajes o puntuaciones inferiores a las señaladas. En estos casos se justificarán las razones de la inconveniencia en un informe motivado que se incorporará al expediente. Artículo 15. Criterios sociales como mejora. 1. Conforme al artículo 131 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las mejoras que ofrezcan los licitadores cuando hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio. 2. Cuando el objeto contractual no haga referencia a exigencias sociales, los criterios sociales se incluirán -en todos los contratos públicos con independencia de su importe y plazo de ejecución- como mejoras con una ponderación máxima del 10% sobre el 9
total del baremo. En estos casos, se otorgarán hasta un 2% por cada uno de los criterios establecidos en el artículo 11.A, 11. B, 11.C, 11.D y 11.E de esta Instrucción. En todo caso, será necesario que el pliego de cláusulas administrativas particulares prevea expresamente la posibilidad de incorporar mejoras en las propuestas de los licitadores, que se indique en el anuncio de licitación y que se precise sobre qué características sociales concretas y en qué condiciones queda autorizada su presentación. CAPÍTULO CUARTO. PREFERENCIAS SOCIALES EN LA ADJUDICACIÓN Artículo 16. General La disposición adicional sexta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, establece que los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones -siempre que éstas igualen en sus términos la más ventajosa en cuanto a criterios de adjudicación- que presentan las siguientes empresas: Las que en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan en plantilla un número de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por ciento. Aquéllas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social. En el caso de prestaciones de carácter social o asistencial para las proposiciones presentadas por entidades sin afán de lucro, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato. En el caso de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo, para las proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas como organizaciones de comercio justo. Artículo 17. Aplicación de las preferencias en las adjudicaciones 1. En todos los contratos se incorporará una cláusula que establezca la preferencia en la adjudicación de contratos para las entidades descritas en el apartado anterior. 2. De modo especial, el órgano de contratación solicitará la presentación de ofertas o propuestas, cuando se trate de un contrato menor o un procedimiento negociado, a las entidades que coincidan con las características de las señaladas en la disposición adicional sexta y cuyo objeto social coincida con el objeto contractual. CAPÍTULO QUINTO. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE TIPO SOCIAL Artículo 18. General 10
La Directiva Comunitaria 2004/19/CE, en el artículo 26, y también la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, en el artículo 102, han establecido de manera inequívoca que se podrán incorporar al contrato condiciones especiales de ejecución de tipo social. Estas condiciones se configuran como obligaciones para el adjudicatario en la fase de ejecución del contrato. Artículo 19. Ámbito de aplicación de las condiciones sociales de ejecución 1. Las condiciones especiales de ejecución de tipo social reguladas en este capítulo se incorporarán a todos los contratos que requieran la contratación laboral de personal. 2. Las condiciones especiales de ejecución de carácter social serán adecuadas a la naturaleza de la prestación contractual y deberán figurar en el anuncio de licitación y en el pliego. 3. En los contratos que no requieran la elaboración y aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los criterios establecidos en el capítulo presente se incluirán en los documentos contractuales y de preparación del contrato que, en su caso se realicen. Artículo 20. Clausulados sociales aplicables a las condiciones especiales de ejecución En los contratos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 19 de esta Instrucción se incorporarán las siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter social: A) Discapacidad 1. Las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores o trabajadoras en el total de la plantilla, deberán acreditar que está compuesta, al menos, por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%. 2. Cuando la ejecución del contrato requiera la contratación de al menos 15 personas, la empresa adjudicataria deberá acreditar que al menos una de las personas que ejecutarán el contrato tiene una discapacidad igual o superior al 33%. 3. Si existiera un deber de subrogar al personal u otras circunstancias en el momento de iniciarse la ejecución del contrato que impidieran cumplir el porcentaje señalado, la empresa deberá contratar personas con discapacidad en las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que se produzcan o precisen hasta alcanzar este porcentaje. 4. Complementariamente o subsidiariamente, el adjudicatario podrá acreditar el cumplimiento a través de las medidas alternativas de la Ley 13/1982, de 13 de abril, de integración social de minusválidos, las previstas en el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, y en el Orden Ministerial de 24 de julio de 2000. B) Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral. 11
1. La empresa adjudicataria deberá emplear en la plantilla que ejecute el contrato al menos un 10% de personas con dificultades de acceso al mercado laboral. 2. Si existiera el deber de subrogar el personal u otras circunstancias en el momento de iniciarse la ejecución del contrato que impidieran cumplir el porcentaje señalado, la empresa deberá contratar este perfil de personas en todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que precise o se produzcan hasta alcanzar este porcentaje. 3. Complementariamente o subsidiariamente, el adjudicatario podrá acreditar el cumplimiento a través del compromiso de subcontratación con una empresa de inserción por idéntico porcentaje del presupuesto de adjudicación del contrato. C) Estabilidad laboral. La empresa adjudicataria se compromete a ejecutar el contrato con un porcentaje de plantilla indefinida que se fijará entre el 40 y el 80 por ciento según el objeto contractual y el sector de actividad. D) Igualdad entre mujeres y hombres. 1. El adjudicatario deberá establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato conforme en lo que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 2. Las empresas con más de 250 trabajadores y trabajadoras deberán acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto a la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 3. En aquellos sectores de actividad con subrepresentación de mujeres, el adjudicatario deberá contratar para la ejecución del contrato un porcentaje superior en cinco puntos al porcentaje medio recogido por género y rama de actividad en la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional d'estadística para el sector correspondiente. El pliego deberá especificar para la fecha indicada el porcentaje medio de mujeres en este sector de actividad conforme a la estadística de la EPA. E) Seguridad y salud laboral. La empresa adjudicataria y, en su caso, la subcontratista, se comprometen a integrar la prevención en toda la cadena de mando y a cumplir las obligaciones de la Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre), y también a presentar en el plazo máximo de 3 meses desde la formalización del contrato el Plan de Riesgos Laborales, a designar a un representante en materia de salud laboral y acreditar que el personal ha recibido la formación necesaria sobre prevención de riesgos laborales. F) Inserción sociolaboral 12
Esta cláusula sólo se podrá incluir para contratos específicos dirigidos en empresas de inserción o con fuerte contenido laboral. 1. En los contratos cuyo objeto contractual sea expresamente la inserción sociolaboral y en cuyo contenido se indique expresamente que el adjudicatario deberá ejecutar un proyecto de inserción sociolaboral, se establecerá en el clausulado la obligación de emplear entre la plantilla que ejecutará el contrato un porcentaje de entre el 30 y el 50 por ciento de personas en situación o riesgo de exclusión social. 2. Se establece en el Anexo II de esta Instrucción la metodología y obligaciones detalladas de esta condición, y este Anexo II debe formar parte del Pliego con pleno carácter contractual, y con el carácter de condición especial de ejecución y condición contractual de carácter esencial. Artículo 21. Compatibilidad entre condiciones de ejecución y criterios de adjudicación Las condiciones especiales de ejecución de carácter social podrán ser compatibles con los criterios de adjudicación de carácter social. Para ello, deberá existir una coherencia entre ambos, de manera que la condición de ejecución exija un porcentaje mínimo que cualquier adjudicatario deba cumplir, mientras que el criterio de adjudicación puntúe a los licitadores que voluntariamente mejoren este porcentaje. Artículo 22. Adaptación de los criterios a las características del contrato La redacción de las condiciones especiales de ejecución de tipo social y las obligaciones concretas se establecen como criterios de carácter general, sin perjuicio de que puedan adaptarse a las características de cada contrato o incrementar los porcentajes señalados, eliminar algunas exigencias o añadir temáticas no incorporadas a la Instrucción como comercio justo o el cumplimiento de las Convenciones de la OIT. Artículo 23. Excepciones y justificación de la no inclusión Excepcionalmente, el órgano de contratación podrá considerar que las características del contrato no son las adecuadas para incorporar condiciones especiales de ejecución o que procede un porcentaje inferior de exigencia al establecido. En estos casos, se justificarán las razones de la inconveniencia en un informe motivado que se incorporará al expediente. Artículo 24. Compromiso de adhesión Los licitadores deben presentar el documento de adhesión y compromiso con las condiciones especiales de ejecución de carácter social que se establece en el anexo I. Artículo 25. Efectos del incumplimiento de las condiciones sociales de ejecución Las condiciones especiales de ejecución de carácter social se considerarán obligaciones contractuales de carácter esencial, y el órgano de contratación podrá optar, en caso de incumplimiento por: 13
1. Resolver el contrato por incumplimiento culpable según el artículo 206. g) de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, lo que conlleva inhabilitación para licitar durante el plazo de dos años en cualquier procedimiento público de licitación conforme al artículo 49.2.e.) de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. 2. Continuar la ejecución del contrato con la imposición de una penalidad equivalente al 10 por ciento del presupuesto de adjudicación, conforme al artículo 196.1 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. CAPÍTULO SEXTO. COMPETENCIAS. Artículo 26. Facultades y competencias Corresponde en el órgano promotor de la contratación determinar: a) La aplicación en un contrato determinado de la figura de contrato reservado. b) La ponderación global de los criterios de adjudicación sobre el total del baremo de adjudicación que establece el artículo 10 de esta Instrucción. c) La selección de la temática o temáticas sociales entre los distintos criterios de adjudicación establecidos en el clausulado del artículo 11 de esta Instrucción, lo que incluye el análisis de pertinencia de la redacción con el objeto y las características contractuales. d) La puntuación concreta de cada criterio o criterios de adjudicación establecidos en el artículo 11 de esta Instrucción o, en su caso, de las mejoras sociales señalados en el artículo 15. e) La redacción de los informes de excepción a la aplicación de los criterios sociales y/o de las condiciones especiales de ejecución de carácter social según determinan los artículos 14 y 23 de la Instrucción. f) La modificación, adaptación, adición, aminoración o eliminación de los criterios sociales y/o de las condiciones especiales de ejecución de carácter social establecidos en esta Instrucción para adaptarlos a las características de cada contrato. g) El seguimiento y verificación de las condiciones especiales de ejecución de carácter social y de los compromisos adquiridos por el adjudicatario en cuanto a los criterios de adjudicación de tipo social. En este sentido, el IMAS informará al Consejo Asesor de Servicios Sociales en el que participan sindicatos, entidades del tercer sector y representantes de partidos políticos, de la puesta en práctica de esta instrucción, de las licitaciones con criterios sociales que se hayan tramitado y de los resultados obtenidos. Disposición final única. Entrada en vigor La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente de la aprobación por la Presidencia del IMAS. 14
ANEXO Y. DECLARACIÓN DE ADHESIÓN A LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL... con DNI..., como... (administrador/a; gerente; representante legal) de la empresa... y con poder suficiente para obligarme en este acto. DECLARO: Que conozco y acepto íntegramente los contenidos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas que deben regir la contratación de... que incorporan condiciones especiales de ejecución de tipo social I MANIFIESTO bajo mi responsabilidad que: 1. La empresa se compromete a integrar en la plantilla que ejecutará el contrato un mínimo de un..... % de personas con discapacidad igual o superior al 33%, o bien a cumplir alternativamente las medidas previstas en el Real Decreto 27/2000 de 14 de enero y el Orden Ministerial de 24 de julio de 2000, mediante la medida de... 2. La empresa se compromete a reservar un...% de los puestos de trabajo necesarios para la ejecución del contrato para que sean ocupados por personas con dificultades de acceso a la empleo, o bien a subcontratar con una empresa de inserción el...% del presupuesto de licitación. 3. La empresa compromete a integrar en la plantilla que ejecutará el contrato a un mínimo de un...% de plantilla indefinida. 4. La empresa se compromete a diseñar y a aplicar medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Y se compromete a integrar en la plantilla que ejecutará el contrato un...% de mujeres, considerando que la representación media femenina según el INE para el sector correspondiente es del...%. 5. La empresa se compromete a respetar los principios y obligaciones establecidas a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y también a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la plantilla que ejecutará el contrato. 6. Considerando que la empresa tiene una plantilla superior a 250 trabajadores y trabajadoras, se compromete a acreditar el diseño y aplicación efectiva en el marco de ejecución del contrato del Plan de Igualdad previsto a la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 7. La empresa adjudicataria y, en su caso, las posibles empresas subcontratadas, se comprometen al estricto cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y Ley 54/2003, de 12 de diciembre), y también a presentar en el plazo máximo de 3 meses desde la formalización del contrato el Plan de Riesgos Laborales, a designar un representante en materia de salud laboral y acreditar que el personal ha recibido formación necesaria sobre prevención de riesgos laborales. Y en prueba de conformidad firmo esta declaración....,... de... de 20...... Firma y sello de la empresa 15
ANEXO II. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN RELATIVAS A LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL En los contratos cuyo objeto contractual sea expresamente la inserción sociolaboral y en cuyo contenido se indique expresamente que el adjudicatario deberá ejecutar un proyecto de inserción sociolaboral, se aplicará el protocolo siguiente, comprensivo de las condiciones especiales de ejecución específicas para el despliegue de un proyecto de inserción sociolaboral. 1. El adjudicatario deberá emplear entre la plantilla que ejecutará el contrato un porcentaje fijado del...% entre los perfiles descritos en el pliego. 2. El porcentaje mencionado se considerará sobre la plantilla media de la empresa dedicada a la ejecución del contrato y tomando como referencia el número de jornadas laborales anuales que figure en la propuesta técnica del licitador, de forma que el número de contrataciones sea proporcional al número de horas prestadas y no recaiga, este porcentaje, sobre el personal con jornadas reducidas o encargado de bajas y sustituciones. 3. Una vez adjudicado el contrato, se realizará una primera reunión, de la cual se levantará acta, entre el personal designado para hacer seguimiento y el representante que designe la empresa adjudicataria en la que se tratarán, entre otros, las siguientes cuestiones: Explicación detallada a la empresa del contenido y obligaciones derivadas de la condición de ejecución relativa a la inserción sociolaboral o a la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social. Definición específica de los perfiles profesionales a contratar que requiera la empresa para la ejecución del contrato Acuerdo y concreción del número de puestos de trabajo que serán cubiertos a través de la reserva expresada en la presente cláusula y también las fechas aproximadas de incorporación de las personas a contratar. El número y las fechas de contratación podrán variar, de acuerdo con el IMAS, a lo largo de la prestación del servicio para adaptarse a las necesidades de la empresa, como puedan ser la disposición en su propia plantilla de las personas necesarias, las bajas, sustituciones y nuevas incorporaciones que se vayan necesitando. Condiciones laborales (horario, salario, vacaciones, etc.), que en todo caso tendrán que respetar el convenio de empresa o del sector. El sistema establecido para el seguimiento de la inserción sociolaboral o la incorporación laboral. Designación de la persona de referencia de la empresa contratista para todas las cuestiones relacionadas con las obligaciones de carácter social. 4. En todo caso, deberá cumplirse el porcentaje establecido, tomando como cálculo todo el tiempo de prestación del servicio y el número total de jornadas de trabajo prestadas por los trabajadores y trabajadoras. 5. Una vez resuelta la licitación y formalizado el contrato administrativo, la empresa adjudicataria, de acuerdo con lo que se haya acordado en cuanto a fechas y número de trabajadores, seleccionará y contratará a los trabajadores y las trabajadoras de 16
entre las personas candidatas (2 o 3 por puesto de trabajo) preseleccionados por los dispositivos de inserción y empleo. 6. En el plazo de un mes desde que se realicen las contrataciones del personal establecidas en la presente condición de ejecución y el acuerdo posterior, la empresa adjudicataria comunicará los datos relativos a los trabajadores seleccionados y presentará al efecto copia del alta a la Seguridad Social y del contrato de trabajo, y trasladará esta información al programa de acompañamiento laboral. 7. Con carácter semestral y mientras dure la prestación del contrato, la empresa adjudicataria tendrá que presentar los TC1 y TC2 y el libro de matrícula de la empresa al responsable del contrato para comprobar el cumplimiento efectivo de la obligación de tener en la plantilla que ejecute el contrato el porcentaje fijado de personas procedentes de los programas de incorporación y acompañamiento laboral municipales. 8. La empresa mantiene por completo sus atribuciones en la relación laboral y, por lo tanto, la facultad de emprender las acciones disciplinarias pertinentes, aunque deberá comunicarlo a la entidad adjudicataria, al efecto exclusivo de cumplir la reserva de puestos de trabajo. En este caso (y en el de las bajas laborales de larga duración) se hará una nueva selección para cubrir nuevamente el puesto objeto de reserva conforme al sistema antes señalado. 9. Gestión de incidencias. Si la empresa detecta problemas laborales, disciplinarios o de competencias profesionales con algún trabajador o trabajadora podrá optar por comunicarlo al programa de acompañamiento laboral para que pueda intervenir, todo ello sin menoscabo de las atribuciones de la empresa en el ámbito de la relación laboral. 10. Subrogación de las obligaciones. En el supuesto de que la empresa adjudicataria subcontrate la ejecución de parte del contrato, la obligación que se deriva de la reserva de puestos de trabajo será asumida igualmente e íntegramente para las o las empresas subcontratadas. 11. La empresa contratista podrá cumplir la cláusula social de manera alternativa mediante la subcontratación con una empresa de inserción la ejecución de la parte proporcional del contrato que supondría cumplir por ella misma la reserva de los puestos de trabajo. 12. Una vez concretadas las personas a contratar, se acordará con ellas el proceso de seguimiento personalizado en esta etapa de su itinerario de inserción individual. El seguimiento del itinerario se hará de manera que no perturbe el horario de trabajo ni suponga un factor diferenciador o estigmatizando a la persona contratada. 13. El IMAS ejercerá sus facultades de control y evaluación de la ejecución del contrato y del cumplimiento de la cláusula, y podrá recabar de la empresa adjudicataria la documentación señalada u otra que crea pertinente, y también podrá mantener reuniones de seguimiento o informes periódicos de evaluación. 17