DICTAMEN 315/2017. (Sección 2ª)

Transcripción

1 DICTAMEN 315/2017 (Sección 2ª) La Laguna, a 20 de septiembre de Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta Accidental del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (...), (...) y (...), por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento de los servicios sociales municipales (EXP. 297/2017 ID) *. FUNDAMENTOS I 1. Se dictamina sobre la Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, tras la presentación de una reclamación de indemnización por daños que se alegan causados por el funcionamiento de los servicios sociales municipales, de titularidad municipal, cuyas funciones le corresponden en virtud del art e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 2. Es preceptiva la solicitud de dictamen, según lo dispuesto en el art D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), habiendo sido remitida por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, de acuerdo con el art LCCC. 3. En lo que se refiere a los antecedentes de hecho, es preciso tener en cuenta que el Dictamen 314/2012, de 18 de junio, tuvo por objeto una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los interesados en el presente procedimiento ante el Cabildo Insular de Tenerife por los daños acaecidos a * Ponente: Sr. Bosch Benítez.

2 Consejo Consultivo de Canarias consecuencias de la obras del tranvía de Tenerife, que le ocasionaron perjuicios de diversa índole al hacer inhabitable su domicilio. El Cabildo Insular de Tenerife dictó Resolución desestimatoria el 24 de septiembre de 2014, interponiendo los afectados el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, que en igual sentido que este Consejo Consultivo estimó parcialmente la reclamación de los interesados y les reconoció el derecho a una indemnización de ,26 euros mediante la Sentencia de 16 de septiembre de 2014, contra la que, a su vez, se interpuso recurso de apelación que fue desestimado por la Sentencia de 13 de octubre de 2015 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Canarias. 4. En el presente asunto, los afectados reclaman por los daños económicos, físicos y morales que les ha supuesto el impago de diversas prestaciones económicas correspondientes a la ayuda de emergencia social, que fueron destinadas al pago del alquiler de una vivienda durante los periodos en que la suya era inhabitable por los daños ocasionados por las referidas obras, puesto que se le abonó el alquiler por el Ayuntamiento a través de varios cheques sin fondo entre los años 2010 y 2011 y el cese total de la ayuda que a tal fin prestaba (...), que finalizó definitivamente tras el abono del alquiler de diciembre de 2011, sin que posteriormente el Ayuntamiento abonara ningún otro alquiler. Esta circunstancia dio lugar a que en 2014 decidiera volver a su domicilio, pese a que era inhabitable y cuyas obras de reparación se iniciaron en enero de 2016, tras cobrar la indemnización debida por el Cabildo Insular, durante tal periodo sufrieron diversos daños físicos y morales por vivir en tales condiciones inadecuadas. Por ello, reclaman una indemnización de euros para cada uno de los tres afectados. 5. En el análisis a efectuar de la Propuesta de Resolución formulada son de aplicación tanto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). También es aplicable, específicamente, el art. 54 LRBRL. II 1. En lo que se refiere a la tramitación del procedimiento se inició con el escrito de reclamación, que se presentó el día 2 de enero de DCC 315/2017 Página 2 de 5

3 Consejo Consultivo de Canarias 2. El presente procedimiento cuenta con los informes de la Sección de Servicios Sociales del Servicio de Hacienda Y Patrimonio del Ayuntamiento y con el informe de (...). Además, se les ha otorgado el trámite de vista y audiencia, habiendo presentado escrito de alegaciones. El día 11 de agosto de 2017, se emitió la Propuesta de Resolución definitiva, vencido el plazo resolutorio. Esta demora, sin embargo, no obsta para resolver expresamente, existiendo deber legal al respecto, sin perjuicio de los efectos administrativos que debiera conllevar y los legales o económicos que pudiera comportar (arts y 6, 34.3 y 91.3 LPACAP). III 1. La Propuesta de Resolución inadmite la reclamación efectuada por los interesados, pues se considera por parte de la Administración que su derecho está prescrito. A esta conclusión se llega porque, con base en el informe de (...), los interesados sólo solicitaron en cuatro ocasiones ayudas de emergencia social, prestaciones económicas no periódicas, las cuales se les concedieron y se pagaron, estando destinadas al abono de alquileres, desde abril de 2010 a diciembre de 2011 inclusive, lo que implica que cualquier reclamación relativa a las mismas se considere prescrita en el momento de formular los interesados su reclamación. 2. En este caso, es preciso tener en cuenta que los interesados no han demostrado que tuvieran derecho a una prestación económica periódica con la finalidad de ser abonados los alquileres debidos durante el periodo de tiempo en que su vivienda fue inhabitable, ya que no obra en el expediente la solicitud de los mismos a tal fin, ni tampoco resolución administrativa dictada por el Ayuntamiento reconociéndoles tal tipo de prestación económica de carácter periódico. En el informe del Servicio y en el de (...) constan las ayudas sociales económicas otorgadas para casos concretos por el Ayuntamiento, entre las que se hallan las cuatro ayudas económicas de emergencia social reconocidas y otorgadas por (...), siendo la última de ellas para el alquiler de diciembre de El art LPACAP establece: «Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se Página 3 de 5 DCC 315/2017

4 Consejo Consultivo de Canarias manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas». A la vista de lo expuesto, resulta evidente que el derecho a reclamar por el presunto impago de las cuatro prestaciones de emergencia social ya referidas está prescrito, puesto que, de haberse producido, hubiera sido entre abril de 2010 y diciembre 2011, fecha de la última prestación solicitada y otorgada. 4. Por lo que se refiere a la falta de reconocimiento de tal situación con posterioridad a diciembre de 2011, tal y como antes se señaló, no le constan a la Administración más solicitudes a tal fin por parte de los interesados, ni estos han demostrado haberlas realizado, que se les inadmitieran o se les denegara indebidamente, lo que supone tanto que no se ha acreditado la realidad del hecho lesivo, como que no se pueda calcular un plazo de prescripción en relación con tal inadmisión o denegación, en principio, inexistente. Todo ello, sin olvidar lo que se afirma en el Informe de (...) acerca del carácter no periódico de la prestación por emergencia social, siendo incorrecto hablar de cese de la misma. Este Consejo Consultivo ha manifestado reiteradamente que es al interesado a quien le corresponde demostrar la veracidad de sus alegaciones en virtud de la normativa general sobre la carga de la prueba (art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), señalándose al respecto que quien afirma la existencia de unos hechos en los que se basa su posición jurídica en un asunto controvertido debe probar de forma fehaciente su existencia. No basta, por tanto, con alegar la existencia y características de un hecho; es necesario acreditarlo, es decir, que corresponde al demandante la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda, y corresponde al demandado la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica pretendida por el demandante (por todos, DDCC 137 y 281/2017). Esta doctrina resulta ser aplicable al presente supuesto. DCC 315/2017 Página 4 de 5

5 Consejo Consultivo de Canarias CONCLUSIÓN La Propuesta de Resolución analizada, que inadmite la reclamación por prescripción del derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial, es conforme a Derecho con arreglo a lo argumentado en el Fundamento III. Página 5 de 5 DCC 315/2017