DICTAMEN 69/2013. (Sección 1ª)

Transcripción

1 DICTAMEN 69/2013 (Sección 1ª) La Laguna, a 12 de marzo de Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.J.D.M., por lesiones personales y daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario (EXP. 40/2013 ID) *. FUNDAMENTOS I 1. Se dictamina la Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al serle presentada una reclamación por daños, que se alegan causados a consecuencia del funcionamiento del servicio público viario, de titularidad municipal, cuyas funciones le corresponde en virtud del artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 2. Es preceptiva la solicitud de Dictamen, en virtud de lo dispuesto en el art D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, (LCC), remitida por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, conforme con el art de la LCC. 3. El afectado alega que el día 25 de junio de 2010, cuando circulaba con su vehículo por la calle Luján Pérez, en dirección hacia el barrio de Las Coloradas, en la intersección con la calle Ayacata, pasó sobre una tapa de alcantarilla, que se levantó en ese momento, pues no estaba fijada correctamente, golpeando contra los bajos de su vehículo, causándole diversos desperfectos por valor de 2.174,01 euros. * PONENTE: Sr. Brito González.

2 Consejo Consultivo de Canarias Asimismo, dicho golpe le produjo un latigazo cervical, que requirió para su curación de 63 días de baja impeditiva, dejándole como secuela una cervicalgia, que valora en 5 puntos, por lo que, en su totalidad, reclama una indemnización por ellas, tras aplicar los factores de corrección previstos en las tablas de valoración contenidas en las correspondientes Resoluciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de 7.879,41 euros. Por lo tanto, la reclamación total que se solicita es de ,42 euros. 4. En el análisis a efectuar, son de aplicación la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), como el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial (RPRP). También es aplicable el art. 54 LRBRL. II 1. En cuanto al procedimiento, éste se inició mediante la presentación del escrito de reclamación, efectuada el 23 de diciembre de En lo que respecta su tramitación, esta se desarrolló de manera correcta, llevándose a cabo la totalidad de los trámites exigidos por la normativa aplicable a los procedimientos administrativos. El 23 de enero de 2013, se emitió la Propuesta de Resolución definitiva, habiendo vencido el plazo resolutorio años atrás, sin justificación alguna para esta dilación, con lo que se ha infringido la normativa reguladora del procedimiento administrativo (art LRJAP-PAC y art RPRP). 2. Además, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial, presentada ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1, de Las Palmas de Gran Canaria, lo que ni obsta, ni condiciona el cumplimiento de la obligación legal de resolver el procedimiento (art LRJAP-PAC), salvo en los casos en los que hubiera recaído sentencia firme. 3. En el presente asunto concurren los requisitos constitucional y legalmente establecidos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio, regulados en el art de la Constitución y desarrollados en los artículos 139 y ss. LRJAP-PAC. DCC 69/2013 Página 2 de 5

3 Consejo Consultivo de Canarias III 1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación formulada, pues el órgano instructor entiende que no concurre relación de causalidad entre el funcionamiento del Servicio y el daño reclamado por el interesado, ya que es responsable del mismo la empresa E., titular de la tapa de registro causante del siniestro y que aceptó su responsabilidad en el presente asunto. 2. En este caso, la realidad del hecho lesivo, que no ha sido puesta en duda por la Administración, se ha demostrado suficientemente a través de la documentación obrante en el expediente, puesto que los agentes de la Policía Local, que auxiliaron de inmediato al afectado, observaron, al llegar al lugar del accidente, que la tapa referida no se hallaba colocada en su sitio, que posteriormente fue colocada por el Servicio Municipal de Bomberos, y, si bien, la Policía Local no remitió al expediente el original del parte de actuación de los agentes, no negó la realidad de la copia presentada por el interesado, aportando un parte de desperfectos (de difícil lectura por el estado de la fotocopia aportada al expediente), en el que se observan datos que concuerdan con los del parte de servicio de la fuerza policial actuante y con lo manifestado por el interesado. Asimismo, la empresa concesionaria del Servicio confirma la deficiencia de la tapa de registro causante del accidente. 3. En cuanto a los daños padecidos y reclamados, los daños materiales del vehículo resultan justificados a través de la documentación aportada, con excepción de los referidos a las ruedas del vehículo que se reclaman, sin justificación para ello, por las 4 ruedas, cuando sólo ha resultado 1 dañada, por lo que el importe de 995,16 reclamado por ese concepto deberá reducirse a la cuantía de 392,88 euros. En lo que se refiere a los daños personales, es cierto que sufrió un latigazo cervical, pero en el único informe médico aportado no consta que la misma requiriera para su tratamiento de inmovilización, sino sólo el empleo de distintos productos farmacológicos y rehabilitación, por tanto, los 63 días de baja fueron de carácter no impeditivo. A su vez, la secuela de cervicalgia resulta probada a través de dicho informe, pero la valoración en 5 puntos es del todo excesiva, pues en dicho informe médico consta que únicamente padece discretas molestias cervicales de carácter ocasional, Página 3 de 5 DCC 69/2013

4 Consejo Consultivo de Canarias sin siquiera sufrir contractura cervical o cualquier lesión ósea, por ello, le corresponde un punto de valoración por la secuela. 4. En este supuesto, tanto en lo que se refiere al funcionamiento del Servicio, como a la plena y directa responsabilidad patrimonial de la Administración, se ha de reiterar, una vez más, la constante Doctrina de este Consejo Consultivo, contenida en multitud de Dictámenes emitidos en supuestos similares a éste, referidos a Propuestas de Resolución emitidas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como por ejemplo se le señaló en el Dictamen 622/2010, de 13 de septiembre, en el que se afirma que no se han mantenido las vías públicas de su titularidad y los elementos que forman parte de las mismas en un adecuado estado de conservación, no garantizándose la seguridad de sus usuarios. En este sentido, la Administración no cumplió con su obligación in vigilando, habiendo quedado constatado que el requerimiento que se hizo a la empresa titular de la tapa de registro causante del siniestro no se hizo adecuadamente ni a su debido tiempo, pues no se realiza una inspección adecuada y periódica del estado de las vías públicas de titularidad municipal y de los elementos que las conforman. Así, todo ello es de aplicación a este caso, en el que la plena y directa responsabilidad reside en el incumplimiento de la obligación in vigilando de la Corporación Local, que detenta como titular de la vía pública en la que se produjo el siniestro, sin perjuicio de que, en supuestos como éste, pueda repetir contra la empresa titular de la tapa de registro causante del accidente. Conforme señala el TSJ de Cataluña en la Sentencia de 21 de febrero de 2006, si la Administración Local, en uso de sus competencias sobre la materia, utiliza la forma privada gestionando tanto el servicio como su mantenimiento como mejora a través de una empresa, en el presente caso de capital público, pudiendo también acudir al ámbito privado y contratarla, lo único que se produce es un derecho de repetición que tiene la Administración municipal contra la empresa que tiene la gestión o contratada y que, eventualmente, no ha cumplido debidamente con la gestión encomendada. Pero frente al ciudadano afectado, el Ayuntamiento también se presenta como directo responsable por «culpa in eligendo o in vigilando» con respecto a la actuación de la empresa -municipal o privada- a la que se cedió, por decisión plasmada en Ordenanza Municipal, la gestión del servicio público. Lo anterior no excluye que el Ayuntamiento pueda ejercitar la indicada acción de repetición contra la empresa concesionaria. DCC 69/2013 Página 4 de 5

5 Consejo Consultivo de Canarias 5. Por lo tanto, ha resultado demostrada la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del Servicio y el daño padecido por el interesado y no concurre concausa, puesto el accidente era inevitable, pues le era imposible conocer la deficiencia de la tapa de registro y así evitar su paso por ella. 6. La Propuesta de Resolución, de sentido desestimatorio, no es conforme a Derecho, debiéndose estimar parcialmente la reclamación realizada, reduciendo la cantidad reclamada pues por las razones aducidas con anterioridad, la indemnización solicitada por sus lesiones no es adecuada a la gravedad y efectividad de las mismas y, con respecto a los daños materiales, no se ha justificado que hayan resultado dañadas las cuatro ruedas por lo que debe reducirse en la forma ya indicada. En todo caso, la cuantía de esta indemnización, que se determine posteriormente, ha de actualizarse al resolver el procedimiento de acuerdo con el art LRJAP-PAC. CONCLUSIÓN Por las razones anteriormente expuestas en el Fundamento III, la Propuesta de Resolución sometida a Dictamen no se considera conforme a Derecho. Página 5 de 5 DCC 69/2013