República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

Transcripción

1 SENTENCIA TC/0103/13 República Dominicana EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Referencia: Expediente No. TC , relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la sociedad comercial La Primera Oriental, S. A., contra: a) Resolución No , del dos (2) de noviembre de dos mil seis (2006), dictada por la Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia que canceló el Contrato de Fianza No , del veinticinco (25) de enero de dos mil dos (2002), de la empresa La Primera Oriental, S. A.; y b) el cobro de lo indebido. En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de junio del año dos mil trece (2013). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Wilson S. Gómez Ramírez y Página 1 de 14

2 Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueces, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en el artículo 185, numeral 1, de la Constitución, y 9 y 36 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la norma impugnada 1.1. El presente caso trata de la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la sociedad comercial La Primera Oriental, S. A. contra: a) la Resolución No. 7330:2006, del dos (2) de noviembre de dos mil seis (2006), dictada por la Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia que canceló el Contrato de Fianza No , del veinticinco (25) de enero de dos mil dos (2002), de la empresa La Primera Oriental, S. A., y b) el cobro de lo indebido, que reza del modo siguiente: PRIMERO: Pronuncia el defecto en contra del prevenido DOMINGO POLANCO ROBLES, por no haber comparecido a la audiencia de fondo de fecha 26 de septiembre del año 2006, no obstante haber sido legalmente citado, en virtud de lo que establece el artículo 185 del Código de Procedimiento Criminal. SEGUNDO: Declara regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por DOMINGO POLANCO ROBLES y JOSÉ LUIS DÍAZ, y la compañía SEGUROS PEPÍN, S. A., a través de su abogado apoderado Dr. Fernando Gutiérrez G., en contra de la Sentencia No , dictada en fecha 13 del mes de abril del año 2003, por la Sala II del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Página 2 de 14

3 Distrito Nacional, por haber sido interpuesto conforme a la ley y en tiempo hábil. TERCERO: En cuanto al fondo del mismo, este Tribunal después de haber ponderado, tiene a bien CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia dictada por el tribunal A quo, por las razones antes expuestas, las cuales forman parte integral de la presente decisión. CUARTO: Declara vencida la fianza otorgada a favor del imputado. DOMINGO POLANCO ROBLES, mediante contratos Nos , y 24312, todos de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dos (2002), por las compañías aseguradoras La Primera Oriental, 5. A., Seguros Pepín, 5. A. y La Imperial de Seguros, S. A., respectivamente, cuyo monto global asciende a la suma de DOS MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS (RD$2, 000,000.00); en consecuencia, ordena la distracción de la misma del modo siguiente: A) Sesenta por ciento (60%) para la parte civil constituida. B) Veinte por ciento (20%) para el Ministerio Público. C) Veinte por ciento (20%) para el Estado. QUINTO: Condena a los señores DOMINGO POLANCO ROBLES y JOSÉ LUIS DÍAZ, y la compañía SEGUROS PEPÍN, S. A., al pago de las costas civiles procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los abogados de la parte civil, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 2. Pretensiones de las empresas accionantes 2.1. La sociedad comercial La Primera Oriental, S. A., representada por el Presidente de su Consejo de Administración, señor Apolinar Rodríguez Página 3 de 14

4 Almonte, mediante instancia de fecha dieciséis (16) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), apodera al Tribunal Constitucional de una acción directa de inconstitucionalidad contra: la Resolución No. 7330:2006, del 2 de noviembre de 2006, dictada por la Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia que canceló el Contrato de Fianza No de la empresa La Primera Oriental, S. A., y por el denominado cobro de lo indebido que pretende ejecutar el Dr. José Chía Troncoso Los planteamientos de la presente acción directa de inconstitucionalidad son, en síntesis, que la accionante entiende que la norma acusada la obliga a pagar lo no debido por la ejecución de un contrato de fianza que no existía al momento de dictar la resolución impugnada, a la luz de la Ley núm , sobre Seguros y Fianzas, el Código Civil, el propio contrato y la Constitución de la República. 3. Breve descripción del caso 3.1. La accionante expone que el veinticinco (25) de enero de dos mil dos (2002) suscribió con el Estado dominicano un contrato de fianza mediante el cual el señor Domingo Polanco Robles, imputado por estar acusado de violación a la ley penal, obtuvo su libertad provisional bajo fianza; pero al ser requerida su comparecencia a juicio para procesarlo éste no lo hizo, por lo que le fue requerida a la compañía aseguradora su presentación al tribunal Ante la no presentación a juicio, mediante Resolución núm , del dos (2) de noviembre de dos mil seis (2006), dictada por la Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el Tribunal canceló el contrato de fianza núm , de fecha veinticinco (25) de enero de dos mil dos (2002), y ordenó su distracción concediéndole el Página 4 de 14

5 sesenta por ciento (60%) para la parte civil constituida, la cual no es parte de dicho contrato y no le corresponde absolutamente nada y el estado dominicano no había reclamado en justicia dicha cancelación La entidad impetrante fundamenta su solicitud de inconstitucionalidad contra la dicha resolución bajo el alegato de que el contrato de fianza no existía al momento de ser declarado vencido, ya que solo tenía duración de un año, por lo cual, su responsabilidad contractual estaba extinguida y al cancelar dicho contrato cinco (05) años y seis (06) meses después de suscrito (contrato de fianza No. 3892,[sic] firmado con el Estado Dominicano) el cual estaba ventajosamente vencido y no podía ser ejecutado ni mucho menos aún por el mismo Estado Dominicano. Ya que la responsabilidad contractual sólo está vigente dos (02) años, todo en razón de lo establecido en el artículo 2273 del Código Civil de la República Dominicana.(sic) 3.4. Por esos motivos, y por aplicación de los artículos 39, 40.15, 68, 69.7, 74.1, 74.2, 74.3 y 74.4 de la Constitución de la República, solicita declarar la inconstitucionalidad de la Resolución núm , del dos (2) de noviembre de dos mil seis (2006), dictada por la Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 4. Infracciones constituciones alegadas 4.1. El accionante argumenta que con la Resolución núm , del dos (2) de noviembre de dos mil seis (2006), dictada por la Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, se transgreden los artículos 39, 40.15, 68, 69.7, 74.1, 74.2, 74.3 y 74.4 de la Carta Magna de dos mil diez (2010), los cuales reproducidos a la letra, expresan lo siguiente: Página 5 de 14

6 Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia: 1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. 2) Ninguna entidad de la Republica puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias. 3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión. 4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. 5) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. Página 6 de 14

7 Artículo 40. Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal por lo tanto: [ ] 15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica. Artículo 68. Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley. Artículo 69. Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: [ ] 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. Artículo 74. Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías Página 7 de 14

8 fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes: 1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. 2) Solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. 3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. 4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procuraran armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. 5. Hechos y argumentos jurídicos del accionante La accionante pretende que se pronuncie la inconstitucionalidad de la Resolución núm , de fecha dos (2) de noviembre de dos mil seis (2006), dictada por la Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia que canceló el Contrato de Fianza núm de la empresa La Primera Oriental, S. A., y el supuesto cobro de lo indebido que intenta ejecutar el Dr. José Chía Troncoso. Para razonar dicha pretensión, alega lo siguiente: a) Que el contrato de fianza no existía al momento de ser declarado vencido, ya que solo tenía duración de un año, por lo cual, su responsabilidad Página 8 de 14

9 contractual estaba extinguida. Además, al ser cancelado por el Tribunal al mismo tiempo lo aniquiló y dejó sin efecto lo contenido en el mismo, por lo que al juez ordenar la cancelación, extinguió lo contractualmente pactado [sic] y al ordenar la ejecución del contrato de fianza y distribuir sus valores a terceros que no figuran en el contrato se cometió una franca violación a la Constitución de la República. b) Que según lo establecido en el artículo 2273 del Código Civil dominicano, la responsabilidad contractual solo tiene vigencia por 2 años y al cancelar dicho contrato, 5 años y 6 meses después de suscrito, estaba ventajosamente vencido y no podía ser ejecutado ni siquiera por el mismo Estado dominicano. Tampoco es posible que su fundamento jurídico sea la Ley núm , que le daba oportunidad al juez para cancelar los contratos de fianza y distribuir sus valores en beneficio de la parte civil, ya que la misma estaba derogada desde el dos (2) de julio de dos mil cuatro (2004), cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal. c) Que esta situación de desigualdad es una franca violación a la Constitución de la República, que prohíbe toda situación que tienda a quebrantar el orden, la paz, la seguridad, la igualdad, la justicia, la libertad y otros derechos que tenemos todos los dominicanos ante la ley. d) Que los hechos abusivos e ilegales cometidos por el DOCTOR JOSÉ CHÍA TRONCOSO contra LA PRIMERA ORIENTAL, S.A., caracterizan, de igual modo, vulgares violaciones a los principios constitucionales que consagran lo libertad de trabajo, la libertad de empresa y el derecho de propiedad, comercio e industria, protegidos por los artículos 50 y 51 de la Ley Sustantiva del Estado, pues a consecuencia de dicho hecho, el exponente corre el riesgo de enfrentarse a un colapso económico irreversible. Es previsible que sus propiedades serán carnibalizadas [sic]. Página 9 de 14

10 e) Que según se advierte, las nociones de abuso e ilegalidad en perjuicio de la impetrante, son evidencia abrumadora de tal suerte, que probados los sobrados méritos de admisibilidad que militan en favor del propio recurso (sic). 6. Pruebas documentales Para fundamentar su calidad e interés legítimo para incoar la acción en declaratoria de inconstitucionalidad, la accionante aportó como prueba documental: UNICO: Copia certificada de la resolución marcada con el núm , de fecha dos (2) de noviembre del año dos mil seis (2006), dictada por la Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 7. Intervenciones oficiales 7.1. Opinión del Procurador General de la República Mediante Oficio núm , recibido en Secretaría en fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil doce (2012), el Procurador General de la República, representado ante el Tribunal Constitucional por el licenciado Ricardo José Tavera Cepeda, procurador general adjunto de la República, indica que la Constitución no atribuye competencia al Tribunal Constitucional para conocer de una acción directa de inconstitucionalidad contra una decisión jurisdiccional emanada de un tribunal de la República. Por tales motivos, la Procuraduría General de la República es de opinión que procede declarar inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra la sentencia, [sic] contra resolución No de fecha 02 de noviembre del 2006 dictada por la Décima [sic] Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional (sic). Página 10 de 14

11 8. Celebración de audiencia pública 8.1. Este tribunal, en atención a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley núm Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), que prescribe la celebración de una audiencia pública para conocer de las acciones directas en inconstitucionalidad, procedió a celebrar la misma el dieciséis (16) de noviembre de dos mil doce (2012), compareciendo las partes en conflicto, así como el representante del procurador general de la República, quedando el expediente en estado de fallo. 9. Competencia II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 9.1. Este tribunal se encuentra formalmente apoderado de la acción directa de inconstitucionalidad contra la sentencia marcada con el No , dictada por la Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional (cuarto juez liquidador), y es es competente para conocer de la presente acción en declaratoria de inconstitucionalidad, en virtud de lo establecido en el artículo de la Constitución, y los artículos 9 y 36 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que establecen que los particulares tienen calidad para accionar en inconstitucionalidad cuando posean un interés legítimo y jurídicamente protegido y demuestren ser titulares de un derecho o interés consagrado por la Constitución de la República, las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, cuya violación sea susceptible de causarles un perjuicio La propia Constitución dispone en su artículo 185.1, que el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia de las Página 11 de 14

12 acciones directas en inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancias del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. 10. Legitimación activa o calidad del accionante En la especie, la accionante es una institución moral creada de conformidad con las leyes de República Dominicana, a la cual le fue declarada vencido un contrato de fianza otorgado a favor de un imputado y se le obliga a pagar una suma de dinero mediante una sentencia dictada por la Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por lo que, al resultar alcanzada por sus efectos, se encuentra justificado su interés para interponer la acción directa en inconstitucionalidad. 11. De la inadmisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad La acción directa de inconstitucionalidad, como la que nos ocupa, está prevista contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma sustantiva. El control constitucional de las decisiones judiciales es ejercido por el Tribunal Constitucional mediante el recurso de revisión constitucional previsto por el artículo 53 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011) En efecto, tanto la Constitución como el texto de la ley no contemplan la posibilidad de accionar por vía directa contra decisiones jurisdiccionales, pues el artículo 277 de la Constitución y 53 y siguientes de la Ley núm , prescriben la revisión constitucional por ante el Tribunal Constitucional como un mecanismo extraordinario, cuyo objeto principal es unificar la Página 12 de 14

13 interpretación de las normas y principios constitucionales, en su calidad de máximo y último intérprete de la Constitución De manera que el acto atacado en la especie no se encuentra contemplado dentro de las disposiciones del referido texto, toda vez que dicha acción se interpuso en contra de una sentencia emanada de un tribunal del orden judicial, la cual se encuentra sujeta a las acciones y recursos establecidos por la ley, por lo que la presente acción resulta inadmisible. Dicha decisión, además, se corresponde con los precedentes constitucionales establecidos por este mismo tribunal en varias sentencias, entre las cuales mencionamos las números TC/0052/12, TC/0055/12, TC/0074/12, TC/0086/12, TC/0103/12 y TC/0104/12, todas del año de dos mil doce (2012), en cada una de las cuales se ha establecido la inadmisibilidad de la acción directa en contra de decisiones jurisdiccionales u otra actuación distinta a las contenidas en el artículo de la Constitución de la República y 36 de la Ley núm Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran incorporadas las firmas de Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Víctor Gómez Bergés, Juez, e Idelfonso Reyes, Juez, en razón de que no estuvieron presentes en la deliberación ni votación de la misma por causas previstas en la Ley. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: DECLARAR inadmisible la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la sociedad comercial La Primera Oriental, S. A. contra la Resolución No , del dos (2) de noviembre de dos mil seis (2006), dictada por la Undécima Sala de la Cámara Penal del Página 13 de 14

14 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por tratarse de un acto que no es susceptible de ser impugnado por vía de la acción directa de inconstitucionalidad. SEGUNDO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, la sociedad comercial La Primera Oriental, S. A.; así como también a la Procuraduría General de la República. CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente, Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Julio José Rojas Báez, Secretario. La presente decisión es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal Constitucional, que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 14 de 14