UNITED NATIONS OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS NATIONS UNIES HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME

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1 NATIONS UNIES HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME PROCEDURES SPECIALES DU CONSEIL DES DROITS DE L HOMME UNITED NATIONS OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS SPECIAL PROCEDURES OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL Mandatos del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. REFERENCE: AL Health (2002-7) G/SO 214 (53-24) CUB 3/2013 Excelencia, 7 de junio de 2013 Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de conformidad con las resoluciones 15/22 y 16/23 del Consejo de Derechos Humanos. En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la situación de Alberto Lairo Castro, quién, según la información recibida, sufrió mal tratamiento y actos de la tortura por parte de oficiales de la policía en Cuba, y por consecuencia, hoy es paralizado. Según las informaciones recibidas: El 26 de agosto de 2007, Alberto Lairo Castro fue arrestado en el estadio deportivo Calixto Garcia, en la oriental provincia Holguín, en Cuba, por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Holguín. Sr. Lairo fue conducido a la Unidad Municipal de la PNR. En la estación policial, los oficiales decidieron llevarlo los calabozos. Supuestamente, cuando Sr. Lairo protestó esta decisión, el Subteniente Frank Ochoa Angulo (chapilla ) lo tomó desde atrás de forma sorpresiva y le aplicó la técnica Doble Nelson, una técnica de Artes Marciales y lucha no autorizada en el reglamento de defensa personal de la PNR. Según las informaciones recibidas, el Capitán Héctor Luis Pérez Osorio lo agarró por los pies y ambos lo trasladaron a los calabozos y lo tiraron en la celda. Cuando Sr. Lairo fue lanzado al calabozo, Capitán Perez Osorio supuestamente le dijo negro de mierda. A los minutos, según cuenta la víctima, no se sentía las piernas, y gritó por ayuda médica. Supuestamente, después de casi una hora, otros oficiales policías escucharon los gritos, y lo llevaron al Hospital Vladimir Ilich Lenin, en la

2 provincia Holguín. El policía Rafael González (chapilla 27686) fue el chofer de la patrulla que condujo Sr. Lairo al hospital el día de los hechos. En el hospital Sr. Lairo fue operado de urgencia y recibió un diagnóstico de paraplejia flácida arreflexia con desparecía braquial, trastornos troficodistales en las cuatro extremidades e hipotrofia muscular, trastornos esfintereanos anal y vesical. Desde ese día, según las informaciones recibidas, su estado de salud ha empeorado cada día más, presentando bacteria en la médula espinal, escara sacro coxígea con signos de sepsis, con fístula de cadera derecha, osteomielitis con necrosis de la cabeza del fémur e infección crónica en los riñones. Supuestamente, durante el momento de la detención de Sr. Lairo, no estuvo presente ningún abogado, amigo o familiar. Además, según cuenta la víctima, Sr. Lairo no estaba armado, no los atacó a los oficiales, y no representaba ningún peligro. Según las informaciones recibidas, los perjudicados no han recibido ningún tipo de compensación por las acciones de la policía. Carmen Luisa Castro, madre de Alberto Lairo Castro, sufrió daños a su pecunio personal por las limitaciones de su hijo en concepto de compra de medicinas, transportación y traslado a los diferentes hospitales, alimentación para poderle proporcionar una dieta apropiada, desde el momento de los hechos hasta la fecha. En esta situación, es imposible para ella trabajar. Según cuenta la víctima, Carmen Luisa Castro denunció el hecho ante las autoridades cubanas. El caso fue puesto en manos de la jurisdicción militar. La Fiscalía Militar de Holguín reconoció la calificación de un delito de Lesiones y cuestionó que era desproporcional, irracional e innecesaria la aplicación de la técnica Doble Nelson. A pesar de este, la sanción solicitada por La Fiscalía supuestamente fue la de dos años de privación de libertad. Además, la sanción imputada sería remitida condicionalmente, lo que significa que aún y cuando se impusiera la sanción, por las condiciones personales de sus autores y circunstancias del hecho al parecer del Fiscal, no tendrían que extinguir la condena en prisión. Tampoco impuso medida cautelar antes de juicio a los acusados policías. Según las informaciones recibidas, los perjudicados, Alberto Lairo y su madre, no tuvieron la oportunidad de intervenir en ninguna fase del proceso investigativo y no pudieron asistir al juicio, porque Sr. Lairo estaba en La Habana. Sr. Lairo no fue interrogado por los jueces. Supuestamente, el Tribunal no suspendió el juicio para poder tomar declaración a los perjudicados, pero solo tomó la declaración de los acusados. Carmen Luisa Castro interpuso recurso de casación, pero la sentencia 30 de 2008 desestimó el escrito de impugnación y confirmó la sentencia 38 de 2008, dictada en la causa 27 de 2008 del Tribunal Militar Región Holguín. Sra. Lairo, como 2

3 último recurso, envió una carta al Consejo de Estado el 24 de noviembre de El Consejo de Estado respondió el 10 de enero de 2009 pero confirmando el actuar de los jueces militares. Sr. Lairo y su madre ya no tiene posibilidad de revisar nuevamente la causa. Sin que ello implique, en modo alguno, una conclusión sobre los hechos, nos permitimos hacer un llamamiento al Gobierno de su Excelencia para buscar una clarificación de los mismos para asegurar que el derecho a la integridad física y mental del Sr. Alberto Lairo sean protegidos de conformidad, entre otros, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención contra la Tortura. En este contexto, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia al párrafo 1 de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos 16/23, la cual Condena todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que están y seguirán estando prohibidos en todo momento y en todo lugar y que, por lo tanto, no pueden justificarse nunca, y exhorta a todos los gobiernos a que respeten plenamente la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Quisiéramos recordar al Gobierno de su Excelencia el artículo 14 de la Convención sobre la Tortura, el cual prevé que las víctimas de la tortura tendrán el derecho a una reparación et indemnización adecuada. En este sentido, también quisiéramos recordar al Gobierno de su Excelencia el párrafo 7 (e) de la Resolución 16/23 del Consejo de Derechos Humanos, aprobada en Abril 2011, el cual insta a los Estados a que Velen por que las víctimas de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes obtengan reparación y reciban una indemnización justa y adecuada, así como servicios sociales y médicos apropiados de rehabilitación, y, a este respecto, alienta la creación de centros de rehabilitación para las víctimas de la tortura. Quisiéramos recordar al Gobierno de su Excelencia el artículo 12 de la Convención sobre la Tortura, el cual señala que todo Estado Parte velará por que las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura; así como el artículo 7 de la misma, el cual estipula que el Estado Parte deberá someter a los supuestos perpetradores de tortura a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. También quisiéramos recordar al Gobierno de su Excelencia el párrafo 7 (b) de la Resolución 16/23 del Consejo de Derechos Humanos, el cual exhorta a los Estados a que todas las denuncias de torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes deben ser examinadas sin dilación y de manera imparcial por las autoridades nacionales competentes y que quienes instigan, ordenan, toleran o perpetran actos de tortura, incluidos los funcionarios encargados del lugar de detención donde se determine que se ha cometido el acto prohibido, deben ser declarados responsables de sus actos y severamente castigados, y toma nota a este respecto de los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 3

4 inhumanos o degradantes (Principios de Estambul), que constituyen un instrumento útil en la lucha contra la tortura. Quisiéramos recordar al Gobierno de su Excelencia el artículo 13 de la Convención sobre la Tortura, el cual señala que todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado. En este contexto, quisiéramos también recordar al Gobierno de su Excelencia el párrafo 7 (b) de la Resolución 16/23 del Consejo de Derechos Humanos, el cual insta a los Estados a que adopten medidas constantes, decididas y eficaces para que toda denuncia de torturas o de otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes sea examinada rápida e imparcialmente por la autoridad nacional competente, para que las personas que fomente, ordenen, toleren o cometan actos de tortura sean declaradas responsables y sancionadas severamente, incluidos los funcionarios a cargo del lugar de detención en que haya tenido lugar el acto prohibido [ ], y que velen por que las víctimas de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes obtengan reparación y reciban una indemnización justa y adecuada, así como servicios sociales y médicos apropiados de rehabilitación, y, a este respecto, alienta la creación de centros de rehabilitación para las víctimas de la tortura. En este contexto, quisiéramos señalar a la atención del Gobierno de Su Excelencia que la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, indican que la obligación de proteger incluye, entre otras, el deber del Estado de adoptar medidas para proteger a todos los grupos vulnerables o marginados de la sociedad (Par. 35). Además, agradeceríamos recibir información por parte del Gobierno de su Excelencia sobre las medidas tomadas por las autoridades competentes para garantizar el derecho a la salud de las personas mencionadas. Este derecho está incluido, entre otros, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas que reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Este incluye una obligación por parte de todos los Estados Partes de garantizar que los establecimientos, bienes y servicios de salud sean accesibles a todos, en particular a los grupos vulnerables o marginados de la población, sin discriminación alguna. En particular, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en particular absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; abstenerse de imponer prácticas discriminatorias como política de Estado, así como abstenerse de prohibir o impedir los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. (Par. 34) Las violaciones de las obligaciones de respetar son 4

5 las acciones, políticas o leyes de los Estados que contravienen las normas establecidas en el artículo 12 del Pacto y que son susceptibles de producir lesiones corporales, una morbosidad innecesaria y una mortalidad evitable. Como ejemplos de ello cabe mencionar la suspensión de la legislación o la promulgación de leyes o adopción de políticas que afectan desfavorablemente al disfrute de cualquiera de los componentes del derecho a la salud (Par. 50). Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que me han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar los hechos traídos a nuestra atención. En nuestro deber de informar sobre esos casos al Consejo de Derechos Humanos, estaríamos muy agradecidos si pudiéramos obtener su cooperación y sus observaciones sobre 1os siguientes asuntos: 1. Son exactos los hechos a los que se refieren las alegaciones? 2. Fue presentada alguna queja? 3. Por favor, proporcione información detallada sobre las investigaciones iniciadas en relación con el caso, incluyendo los resultados de los exámenes médicos llevados a cabo. Si éstas no tuvieron lugar o no fueron concluidas, le rogamos que explique el porqué. 4. Por favor, indique si la víctima o sus familiares obtuvieron algún tipo de compensación a modo de indemnización. Garantizamos que la respuesta del Gobierno de su Excelencia a cada una de estas preguntas será incluida en el informe que presentaremos a la Comisión de Derechos Humanos para que le examine. Agradeceríamos recibir una respuesta del Gobierno de Su Excelencia a estas preguntas antes de 60 días. Garantizamos que la respuesta del Gobierno de Su Excelencia a cada una de estas preguntas será incluida en el informe que presentaremos al Consejo de Derechos Humanos para que le examine. A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la persona mencionada e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan. Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración. Anand Grover 5

6 Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental Juan E. Méndez Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 6