HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L HOMME OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

Transcripción

1 HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L HOMME OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND Mandato del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes REFERENCIA: AL MEX 23/2014: Excelencia, 27 de noviembre de 2014 Tengo el honor de dirigirme a Usted en mi calidad de Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de conformidad con la resolución 25/13 del Consejo de Derechos Humanos. En este contexto, quisiera señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que he recibido en relación con alegados actos de tortura cometidos por personal de la Secretaría para la Defensa Nacional (SEDENA) sobre los Sres. Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal, Rodrigo Ramírez Martínez y Ramiro López Vásquez. El 13 de enero de 2010, el entonces Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados enviaron una carta de alegación al Gobierno de Su Excelencia en relación con los Sres. Ramiro López Vázquez, Ramiro Ramírez Martínez, y Rodrigo Ramírez Martínez (MEX 2/2010). Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta a dicha carta de alegación. El 2 de febrero de 2012, el entonces Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes enviaron una carta de alegación al Gobierno de Su Excelencia en relación con los Sres. Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez y Ramiro López Vázquez (MEX 5/2012). El Relator Especial agradece la respuesta del Gobierno de su Excelencia con fecha 9 de noviembre de De acuerdo a la información recibida:

2 El día 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal y Rodrigo Ramírez Martínez, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en un conjunto habitacional en Baja California, sin mediar una orden de detención o presentación. Por su parte, Ramiro López Vásquez fue igualmente detenido en la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, mientras se encontraba en las horas de descanso de su jornada laboral cuando el convoy militar se detuvo y lo acusó de ser halcón del crimen organizado. Se alega que, ese mismo día, los cuatro detenidos fueron trasladados a dos casas particulares, a bordo de vehículos no oficiales. En el trayecto, así como durante su permanencia en dichas casas, habrían sido sometidos a actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. A lo largo de su estadía en las dos casas particulares fueron objeto de golpes, descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo y asfixia (submarino húmedo). Además, se alega que fueron víctimas de tortura psicológica, ya que amenazaban con matarlos, poniéndoles una pistola en la cabeza, si no se declaraban culpables de un secuestro. Posteriormente fueron trasladados a la II Zona Militar en el Cuartel Morelos, en donde se alega que fueron obligados a firmar declaraciones ante el Ministerio Público mediante torturas y con los ojos vendados. Se informa que, a pesar de haberlos visto severamente golpeados, el agente del Ministerio Público determinó que debían seguir bajo custodia militar. En este sentido, los detenidos habrían permanecido detenidos en dicho Cuartel del 16 al 20 de junio, días durante los cuales persistieron los malos tratos y durante los cuales sus familias desconocían su paradero, ya que ni en la Procuraduría General de la República ni en el cuartel militar les proporcionaban información al respecto, hasta que se decretó el arraigo. Según la información recibida, los cuatro permanecieron en situación de arraigo hasta el 31 de julio de 2009 en donde fueron trasladados a un Centro de Readaptación Social en donde se encuentran bajo proceso. Se informa que el auto de formal prisión tomó como prueba determinante para la privación de la libertad, las declaraciones de las víctimas obtenidas bajo tortura, a pesar de que las mismas víctimas y su defensa argumentaron en repetidas ocasiones que las pruebas deberían de ser excluidas. Se informa que los cuatro civiles siguen actualmente recluidos y sus secuelas permanentes de la tortura no han sido atendidas hasta ahora. En el caso particular del Sr. Orlando Santaolaya, se constató que aún mantiene dislocada la mandíbula que se alega fue producto de los golpes sin que haya recibido la atención médica necesaria. Por su parte, se informa que Rodrigo Ramírez tiene un hematoma en el cuello que ha requerido intervenciones quirúrgicas, Ramiro Ramírez tiene una lesión en la columna vertebral y Ramiro López perdió el oído de una oreja a causa de los golpes recibidos en la cabeza. Asimismo, se alega que las condiciones de reclusión siguen siendo degradantes, toda vez que se les prohíben las visitas y la correspondencia, y son castigados sistemáticamente. 2

3 Se informa que, a pesar de que les fueran realizado exámenes médicos forenses bajo las normas del Protocolo de Estambul por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los resultados de los mismos no han sido informados a las presuntas víctimas ni presentados en sus expedientes judiciales. Se expresa grave preocupación por la integridad física y psicológica de los Sres. Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal, Rodrigo Ramírez Martínez y Ramiro López Vásquez. Preocupan especialmente las alegaciones recibidas indicando detenciones, tortura y malos tratos por parte de agentes del orden. En relación con las alegaciones arriba mencionadas, sírvase encontrar adjunto el Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos el cual resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes. Es mi responsabilidad, de acuerdo con el mandato que me ha sido otorgado por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a mi atención. En este sentido, estaría muy agradecido/a de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes: 1. Sírvase proporcionar cualquier información o cometario adicional en relación con las alegaciones arriba mencionadas. 2. Fue presentada alguna queja? 3. Por favor, proporcione información detallada sobre las investigaciones iniciadas en relación con las torturas y malos tratos alegados y sobre el estado de las mismas. 4. Por favor, proporcione información detallada sobre las diligencias judiciales y administrativas practicadas. Han sido adoptadas sanciones de carácter penal o disciplinario contra los presuntos culpables? 5. Por favor indique si existen procesos en curso para garantizar la debida atención médica de las víctimas 6. Por favor, indique si la víctima o sus familiares obtuvieron algún tipo de compensación a modo de indemnización. Agradecería recibir una respuesta del Gobierno de Su Excelencia a estas preguntas antes de 60 días. A la espera de su respuesta, quisiera instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiera asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan. 3

4 Garantizo que la respuesta del Gobierno de Su Excelencia será incluida en el informe que presentaré al Consejo de Derechos Humanos para que le examine. Acepte, Excelencia, la expresión de mi más distinguida consideración. Juan E. Méndez Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 4

5 Anexo Referencias al derecho internacional de los derechos humanos En relación con las alegaciones y, sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos, me gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales aplicables a los asuntos expuestos con anterioridad. Me permito hacer un llamamiento al Gobierno de su Excelencia para buscar una clarificación de los mismos para asegurar que el derecho a la integridad física y mental de la persona mencionada arriba sean protegidos de conformidad, entre otros, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención contra la Tortura. En este contexto, me gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia al párrafo 1 de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos 16/23, la cual Condena todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que están y seguirán estando prohibidos en todo momento y en todo lugar y que, por lo tanto, no pueden justificarse nunca, y exhorta a todos los gobiernos a que respeten plenamente la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Quisiera también llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre el párafo 7 (c) de la Resolución 8/8 del Consejo de Derechos Humanos según la cual el Consejo "Recuerda a todos los Estados que una detención prolongada en régimen de incomunicación puede facilitar la comisión de actos de tortura y constituir en sí misma una forma de trato cruel, inhumano o degradante, e insta a todos los Estados a respetar las salvaguardas relativas a la libertad, la seguridad y la dignidad de la persona." Quisiera recordar al Gobierno de su Excelencia el artículo 12 de la Convención sobre la Tortura, el cual señala que todo Estado Parte velará por que las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura; así como el artículo 7 de la misma, el cual estipula que el Estado Parte deberá someter a los supuestos perpetradores de tortura a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. También quisiera recordar al Gobierno de su Excelencia el párrafo 6b de la Resolución 8/8 del Consejo de Derechos Humanos, el cual exhorta a los Estados a que todas las denuncias de torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes deben ser examinadas sin dilación y de manera imparcial por las autoridades nacionales competentes y que quienes instigan, ordenan, toleran o perpetran actos de tortura, incluidos los funcionarios encargados del lugar de detención donde se determine que se ha cometido el acto prohibido, deben ser declarados responsables de sus actos y severamente castigados, y toma nota a este respecto de los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Principios de Estambul), que constituyen un instrumento útil en la lucha contra la tortura. 5

6 Quiero recordar al Gobierno de su Excelencia el artículo 15 de la Convención contra la Tortura, el cual señala que Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración. También quiero recordar al Gobierno de su Excelencia el párrafo 6 (c) de la Resolución 8/8 del Consejo de Derechos Humanos, el cual insta a los Estados a que Se aseguren de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura, pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha obtenido dicha declaración. Además de ser una garantía esencial para un juicio justo, este principio es también un aspecto esencial del derecho inderogable a la integridad física y mental dispuesto en, inter alia, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En relación con las alegaciones, quiero recordar al Gobierno de su Excelencia que el párrafo 7 (b) de la Resolución 8/8 del Consejo de Derechos Humanos señala que La intimidación y la coacción, que se describen en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, incluidas las amenazas graves y creíbles a la integridad física de la víctima o de un tercero, así como las amenazas de muerte, pueden equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes o a tortura. Quisiera también recordar al Gobierno de su Excelencia el artículo 14 de la Convención sobre la Tortura, el cual prevé que las víctimas de la tortura tendrán el derecho a una reparación et indemnización adecuada. En este sentido, también quisiera recordar al Gobierno de su Excelencia el párrafo 6 (e) de la Resolución 8/8 del Consejo de Derechos Humanos, el cual insta a los Estados a que Velen por que las víctimas de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes obtengan reparación y reciban una indemnización justa y adecuada, así como servicios sociales y médicos apropiados de rehabilitación, y, a este respecto, alienta la creación de centros de rehabilitación para las víctimas de la tortura. 6