SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Transcripción

1 EXP N PAfFC PIARA ADRIANZEN - SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 10 días del mes de agosto de 2010, la Sala Primera del Tribunal onstitucional, integrada por los magistrados Calle Hayen, Álvarez Miranda y Urviola C ani pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Salomón Guerrero Adrianzén contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 103, su fecha 25 de agosto de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos. ANTECEDENTES El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución ONP/DC/DL de fecha 30 de enero de 2007, y que, en consecuencia, se le otorgue una pensión del régimen especial de jubilación del Decreto Ley 19990, en virtud a la totalidad de sus aportaciones. Asimismo, solicita el pago de devengados, intereses legales y costos procesales. La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no ha acreditado aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones para acceder a la pensión que solicita. El Cuarto Juzgado Civil de Piura, con fecha 30 de abril de 2009, declara improcedente la demanda, por considerar que el recurrente no ha acreditado con documentación idónea las aportaciones necesarias para acceder a la pensión que solicita. La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fundamentos. FUNDAMENTOS Procedencia de la demanda 1. En el fundamento 37 de la STC PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005 este Tribunal ha señalado que forman parte del

2 EXP N PA/TC contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para el disfrute de dicho derecho y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditado para que sea posible emitir pronunciamiento. Delimitación del petitorio 2 El demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación bajo el régimen especial del Decreto Ley 19990, en virtud a la totalidad de sus aportaciones. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 371) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde efectuar un análisis de fondo. Análisis de la controversia Previamente, cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC PA/TC, así como en su resolución aclaratoria, este Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, para acceder a una pensión de jubilación, se requiere tener 60 años de edad, en el caso de los hombres. 5. De otro lado, con relación al régimen especial de jubilación, el artículo 47 del Decreto Ley dispone que "Están comprendidos en el régimen especial de jubilación los asegurados obligatorios y los facultativos a que se refiere el inciso b) del artículo 4, en ambos casos, nacidos antes del 1 de julio de 1931 o antes del 1 de julio de 1936, según se trate de hombres o mujeres, respectivamente, que a la fecha de vigencia del presente Decreto Ley, estén inscritos en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del empleado". Asimismo, el artículo 48 del referido Decreto Ley señala que "El monto de la pensión que se otorgue a los asegurados comprendidos en el artículo anterior, que acrediten las edades señaladas en el artículo 38, será equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración de referencia por los primeros cinco años completos de aportación [...]". Debe precisarse que este régimen estuvo vigente hasta su derogación tácita por el Decreto Ley En la copia del Documento Nacional de Identidad (f. 8) consta que el actor nació el 23 de agosto de 1926; por tanto, cumplió la edad establecida para acceder a la

3 E EXP N PA/TC pensión que reclama el 23 de agosto de De la Resolución NP/GO/DL 19990, se evidencia que la emplazada le denegó la pensión de jubilación al demandante por considerar que únicamente había acreditado 3 años y 5 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (f. 3). 8 Para el reconocimiento de los años de aportaciones adicionales, el recurrente ha presentado la siguiente documentación: Certificado de trabajo expedido por Singer Sewing Machina Company, en el que se indica que laboró desde el 22 de setiembre de 1952 hasta el 15 de junio de 1957, como Cobrador, Inspector, Agente de ventas, Encargado de tienda y Corredor Cobrador (f. 6). Certificado de trabajo emitido por la empresa Mavila Hnos. S.A., en el que se señala que laboró desde febrero de 1965 hasta junio de 1968, de Representante de Ventas y Jefe de Oficina (f. 7). 9 Respecto a las aportaciones de los empleados particulares, conviene precisar que de acuerdo a la Ley 10807, de fecha 15 de abril de 1947, que creó el Seguro Social del Empleado Público y Particular, las prestaciones provisionales de este periodo de oréanización eran asignaciones pecuniarias que se percibían por única vez, por cada evento; es decir, que no eran prestaciones periódicas y permanentes. Así lo establece el artículo 2 de la Ley 10941, cuando señala que "[...] Las contribuciones (o aportaciones) del periodo de organización estarán destinados a la edificación y equipamiento de los planteles hospitalarios y al otorgamiento de las prestaciones provisionales de los riesgos de enfermedad, maternidad y muerte [...]" Transcurrida la etapa de organización, se dicta la Ley 13724, del Seguro Social del Empleado, promulgada el 18 de noviembre de En esta se señala que el Seguro Social del Empleado es una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno, destinada a cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte de los empleados, que tiene carácter obligatorio y que comprende dos ramas: a) Caja de Enfermedad maternidad y b) Caja de Pensiones. La citada Ley regula todo lo relativo a la Caja de Enfermedad Maternidad y designa a la Comisión que organizará la Caja de Pensiones. Así, recién mediante Decreto Supremo del 11 de julio de 1962, se adicionan a la Ley las disposiciones que

4 EXP. N PA/TC t-1 regulan la Caja de Pensiones del Seguro Social del Empleado, estableciéndose en el artículo 97 que se otorgará como prestaciones del Seguro las pensiones de invalidez, vejez, jubilación, sobrevivientes (viudez y orfandad) y las asignaciones de invalidez, vejez, muerte y capital de defunción, las mismas que a tenor de lo dispuesto en el Artículo IV de las Disposiciones Generales y Transitorias, se devengarían a partir del primer día del tercer mes siguiente al de su promulgación; esto es a partir del 1 de octubre de Sobre el particular, conviene recordar que desde el reconocimiento de la seguridad social como derecho humano, esta se ha ido gradualmente implementando en los Estados que han ratificado los tratados internacionales que lo consagran como tal, en la medida que las posibilidades económicas y financieras lo permitan. En nuestro país, las prestaciones pensionarias de seguridad social a favor de los grandes sectores de la población se inician en favor de los empleados del servicio civil de Estado con la Ley de Goces de 1850 antes del reconocimiento internacional de la seguridad social como derecho humano-; posteriormente, mediante la Ley 8433 del año 1936, se amplía a los trabajadores obreros; y luego, a los empleados particulares que comienzan a cotizar a la Caja de Pensiones por disposición de la Ley 13724, hasta llegar a las disposiciones vigentes que amplían las prestaciones pensionarias a otros sectores, previendo, adicionalmente, normas especiales en atención a la actividad laboral desarrollada. La síntesis del fundamento precedente pone de manifiesto que la etapa de organización y evolución de la seguridad social a favor del empleado particular es una característica de progresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). En consecuencia, en atención a la implementación progresiva de la seguridad social en su expresión de prestaciones pensionarias y a la configuración legal del derecho a la pensión, no es posible, en la realidad peruana afirmar que el demandante ha realizado aportaciones con fines pensionarios del 22 de setiembre de 1952 al 15 de junio de 1957, pues estas recién empezaron a cotizarse desde el 1 de octubre de En tal sentido, dado que ha efectuado únicamente 3 años y 10 meses de aportes después del 1 de octubre de 1962 hasta la fecha de su cese (1968), tal como consta en la resolución mencionada en el fundamento 5, supra, el demandante no reúne las aportaciones requeridas para acceder a la pensión de jubilación especial regulada en los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 19990, motivo por el cual corresponde desestimar la demanda.

5 SS. CALLE RAYEN ÁLVAREZ MIRANDA URVIOLA HAN! EXP. N PA/TC Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración del derecho del recurrente a una pensión. Publíquese y notifíquese. Lo fico: Bit Ver ZAMORA CARDENAS RELATOR