PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

2 OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR Gestión Financiera: Es la actividad relacionada directamente con el ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública, la administración, ministración, manejo, custodia y aplicación de los recursos financieros y bienes públicos, y la ejecución de obra pública que realizan el Poder Público, los Organismos, la Universidad Veracruzana, los Ayuntamientos, Entidades Paraestatales, Paramunicipales, organismos descentralizados, fideicomisos y empresas de participación estatal o municipal, así como mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica; y, en general, de los recursos públicos que éstos utilicen para la ejecución de los objetivos contenidos en los planes y programas aprobados, de conformidad con las leyes y demás disposiciones en la materia, en el periodo que corresponde a una Cuenta Pública.

3 PRINCIPIO DE LEGALIDAD Las autoridades sólo están facultades para ejecutar los actos que les autoriza la ley

4 ORDENAMIENTOS FEDERALES Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Coordinación Fiscal Ley de Planeación Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Decreto Anual del Presupuesto de Egresos de la Federación Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación Ley General de Contabilidad Gubernamental Código Fiscal de la Federación Ley del Impuesto sobre la Renta Ley del Impuesto al Valor Agregado Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley General de Desarrollo Social Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley del Seguro Social Ley Federal del Trabajo

5 ORDENAMIENTOS ESTATALES Constitución Política Ley Orgánica del Poder Legislativo Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz Ley de Fiscalización Superior Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado Guía de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de los Ayuntamientos del Estado Código de Procedimientos Administrativos Ley Orgánica del Municipio Libre Leyes de Ingresos de los Municipios. Código Hacendario Municipal Código Financiero Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles Ley de Obras Públicas Ley de Planeación Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Ley Estatal de Protección Ambiental

6 REVISIÓN DE GABINETE VISITA DOMICILIARIA O DE CAMPO I. COMPROBACIÓN PLIEGO DE OBSERVACIONES SOLVENTACIÓN FASES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INFORME DEL RESULTADO II. DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES

7 CONGRESO ORFIS CONGRESO MAYO DICIEMBRE PRESENTACIÓN CUENTAS PUBLICAS C O M P R O B A C I O N ENTREGA INFORME DEL RESULTADO

8 CONGRESO ORFIS SEFIPLAN ENERO FEBRERO A ABRIL A PARTIR DE MAYO APROBACIÓN INFORME DEL RESULTADO D E T E R M I N A C I O N EJECUCIÓN CRÉDITO FISCAL

9 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

10 REGLAS TECNICAS DE AUDITORIA PUBLICA OBJETO: REGULAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE AUDITORÍA PÚBLICA Y SUS DIVERSOS ALCANCES (ARTS. 7, 32.2, 63.1.IX, 69.1.VII); PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y CONFIABILIDAD (ART. 3 DE LA LEY).

11 INTEGRAL ALCANCES DE AUDITORIA LEGAL FINANCIERO PRESUPUESTAL TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA

12 AUDITORIA DE LEGALIDAD TIENE POR OBJETO REVISAR, COMPROBAR Y VERIFICAR QUE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO, RELATIVOS A LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS ENTES FISCALIZABLES, SE INSTRUYERON, TRAMITARON O EJECUTARON CONFORME AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 4, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, 3.1 DE LA LEY Y DEMÁS NORMAS Y FORMALIDADES APLICABLES.

13 AUDITORIA DE LEGALIDAD COMPRUEBA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE DOMINIO IMPERIO TRÁMITE

14 AUDITORIA DE LEGALIDAD SE VERIFICA LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. QUÉ SE HACE? SE EXAMINA EL CONJUNTO DE ATRIBUCIONES INDELEGABLES Y DELEGABLES, TRAMOS DE COMPETENCIA, RESPONSABILIDAD Y CONTROL, DE Y ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS. SE IDENTIFICAN CONDUCTAS CONTRARIAS A LA LEY QUE PRODUCEN DAÑO PATRIMONIAL.

15 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES

16 La Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones se encuentra prevista en los artículos 41 al 48 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado

17 Tiene por objeto determinar si una persona es responsable o no de un daño patrimonial y, en su caso, fincar las indemnizaciones y sanciones procedentes

18 A diferencia de la fase de comprobación, en que la fiscalización se lleva a cabo sobre los entes fiscalizables (dependencias, entidades, ayuntamientos), esta fase dos se incoa a las personas físicas responsables.

19 Son sujetos de responsabilidad resarcitoria los servidores o ex servidores públicos y, en su caso, los particulares, por actos u omisiones que causen un daño o perjuicio estimable en dinero al patrimonio de un ente fiscalizable.

20 Inicia formalmente cuando el Congreso del Estado emite el Decreto con el cual aprueba las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal respectivo.

21 El ORFIS citará personalmente a cada presunto responsable a una audiencia de pruebas y alegatos, que se llevará a cabo en el edificio sede del Órgano de Fiscalización Superior.

22 El oficio que contiene la citación a audiencia deberá adjuntar el listado de las observaciones constitutivas de daño patrimonial, detallando las acciones u omisiones que se estiman causantes del daño.

23 Se señalará el día y hora en que tendrá verificativo la audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y formular alegatos, por si o a través de un defensor.

24 En caso de pruebas documentales, éstas deben ofrecerse en original o copia debidamente certificada por funcionario facultado para ello, cumpliendo lo dispuesto por los artículos 66 y 68 del Código de Procedimientos Administrativos.

25 Las certificaciones deben realizarse por legajo, en el cual se plasmará el folio consecutivo de las hojas, mismas que deberán estar selladas y rubricadas por el funcionario que da fe de la autenticidad de los documentos.

26 Al final del legajo, deberá constar el texto de la certificación, en el cual se detallará el número de hojas que conforma el legajo, las facultades de quien certifica, la fecha de emisión y la firma original del funcionario que certificó.

27 Cuando la persona sujeta a esta fase sea representada por un defensor, éste debe acreditar su personería con escritura pública o carta poder firmada por dos testigos y ratificada ante Notario Público (artículo 27 del CPAE).

28 La representación de la persona sujeta a esta fase del procedimiento debe acreditarse, a más tardar, en el momento de iniciar la audiencia, exhibiendo el documento original en el que consta la representación.

29 Si la persona citada a audiencia o su representante no comparecen, precluirá su derecho a ofrecer pruebas y formular alegatos; las notificaciones subsecuentes le serán realizadas por estrados.

30 Cuando sean varios los presuntos responsables y hayan asistido a la audiencia, podrán nombrar un representante común que ofrecerá las pruebas y alegará por ellos.

31 Entre la fecha de citación y la de celebración de la audiencia, debe mediar un plazo no menor a 10 ni mayor a 15 días hábiles (artículo 42 de la LFSE).

32 Una vez celebrada la audiencia, el ORFIS analiza el material probatorio y los alegatos formulados por los presuntos responsables, a fin de determinar la existencia de responsabilidad resarcitoria.

33 La resolución correspondiente se emitirá dentro de los 30 días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia y se notificará a los interesados en términos del CPAE.

34 En caso de que la resolución determine la existencia de responsabilidad resarcitoria, se fincará el monto de la indemnización y de la sanción respectiva.

35 La indemnización deberá ser suficiente para resarcir los daños y perjuicios causados a la hacienda pública del ente fiscalizable.

36 La sanción consistirá en multa del cincuenta y cinco al setenta y cinco por ciento del monto total de los daños y perjuicios causados.

37 Si celebrada la audiencia, el ORFIS no encontrare elementos para fincar responsabilidad, emitirá resolución en ese sentido, finalizando con ello el procedimiento.

38 La resolución será notificada a los interesados en el domicilio que éstos hayan señalado en la audiencia; tratándose de quienes no asistieron a la misma, la notificación se practicará en los estrados del ORFIS

39 Las indemnizaciones y sanciones se fincan, en primer término, a quienes directamente ejecutaron los actos o incurrieron en las omisiones que las originaron.

40 Se atribuye responsabilidad solidaria a las personas que, por la índole de sus atribuciones, omitieron la revisión o autorizaron tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia.

41 En los Ayuntamientos, se atribuye responsabilidad directa a quienes detentaron el cargo de Tesorero durante el ejercicio en revisión (bien sea como titular de la Tesorería o como encargado del despacho).

42 Se finca una responsabilidad solidaria a quienes detentaron los cargos de Presidente, Síndico, Regidor integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y Contralor Interno.

43 También puede fincarse una responsabilidad solidaria al Director de Obras Públicas, exclusivamente por los actos u omisiones generados en los procesos de adjudicación, ejecución y supervisión de las obras públicas municipales.

44 En el caso de órganos paramunicipales, la responsabilidad directa se atribuye al Titular del área administrativa; la resarcitoria solidaria se otorga a los titulares del Órgano y de la Contraloría Interna.

45 Pueden ser responsables solidarios, las personas que participaron en los actos u omisiones que causaron un daño o perjuicio al erario público, con respeto a su garantía de audiencia.

46 Las indemnizaciones y sanciones se fincarán independientemente de las que sean objeto en otras leyes. La sanción se determina tomando en cuenta las condiciones económicas del infractor, la gravedad de la infracción y el nivel jerárquico del sujeto.

47 Las indemnizaciones y sanciones aplicables en esta fase, tendrán el carácter de crédito fiscal, se fijarán en cantidad líquida y se harán efectivas conforme al procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Financiero para el Estado (artículo 46 de la LFSE).

48 El importe de las indemnizaciones recuperadas, vía procedimiento administrativo de ejecución, quedará a disposición de los entes fiscalizables que sufrieron el daño o perjuicio.

49 El monto de las sanciones pecuniarias queda a disposición del ente fiscalizador estatal, a título de ingreso propio.

50 Si el ORFIS encuentra elementos para el fincamiento de otras responsabilidades, promoverá las acciones que procedan ante las autoridades competentes.

51 Tratándose de responsabilidades que entrañen presuntos hechos delictivos, el ORFIS formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, en términos de la legislación penal aplicable.

52 Contra la resolución que se dicta en esta fase, procede el Recurso de Reconsideración interpuesto ante el ORFIS, o el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

53 GRACIAS POR SU ATENCIÓN