VENEZUELA: COMPROMISOS DE DERECHOS HUMANOS DEBILITADOS

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1 VENEZUELA: COMPROMISOS DE DERECHOS HUMANOS DEBILITADOS AMNISTÍA INTERNACIONAL ENTREGA AL EPU DE LA ONU, NOVIEMBRE DE 2016

2 ÍNDICE 1. RESUMEN Seguimiento de las revisiones previas 3 Defensores de derechos humanos 3 Situación de personas privadas de su libertad 3 Derechos de la mujer 4 Recomendaciones rechazadas 4 El marco nacional de derechos humanos 4 Prevención de la tortura y otros malos tratos 5 Plan nacional de derechos humanos 5 Monitoreo internacional de derechos humanos 5 Promoción y protección de los derechos humanos en el campo 5 Defensores de derechos humanos 5 Impunidad para las violaciones de derechos humanos 5 Uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad 5 Independencia del Poder Judicial 6 Derechos económicos, sociales y culturales 6 2. RECOMENDACIONES 7-8

3 3 RESUMEN Esta entrega fue preparada para el Examen Periódico Universal de la República Bolivariana de Venezuela en noviembre de En él, Amnistía Internacional evalúa la implementación de recomendaciones hechas en el EPU anterior y la situación de derechos humanos en el campo, y hace recomendaciones al gobierno de Venezuela sobre cómo abordar algunos de los mayores retos en materia de derechos humanos a los que se ha enfrentado. Los defensores de derechos humanos siguen siendo objeto de intimidación y acoso, incluso por las autoridades de alto nivel. Las personas privadas de su libertad son retenidas en malas condiciones. Las mujeres y niñas víctimas de violencia basada en género experimentan dificultades para acceder a la justicia. La tortura y otros malos tratos en detenciones previas a los juicios persisten, así como también el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad durante protestas, y aquellos sospechosos de responsabilidad criminal no son llevados ante la justicia. Amnistía Internacional lamenta el retiro de Venezuela del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la continua interferencia por parte del gobierno en el sistema de justicia. Seguimiento de las revisiones previas De las 148 recomendaciones realizadas por otros Estados Miembros durante su primer EPU en 2011, Venezuela aceptó 97 recomendaciones, alegando que algunas de estas ya habían sido implementadas o estaban en proceso de serlo. Sin embargo, poco progreso se ha hecho con respecto a la ejecución de estas recomendaciones. Mientras Venezuela ratificó la Convención de los derechos de las personas con discapacidades en septiembre de 2013, el progreso en la mayoría de las recomendaciones aceptadas ha sido decepcionante, incluida la situación de defensores de derechos humanos, las personas privadas de su libertad y acciones para erradicar la violencia contra la mujer. Defensores de los derechos humanos A pesar de aceptar tres recomendaciones para proteger los derechos de los defensores de derechos humanos, las autoridades tienen que tomar acción para garantizar que los defensores de derechos humanos puedan realizar su trabajo sin miedo a las represalias. Los defensores de derechos humanos continúan siendo el objetivo de la intimidación y el acoso que emplean las autoridades de más alto nivel. Situación de personas privadas de su libertad Pese a que se implementaron algunas medidas positivas, tal como establecer un ministerio específico para encargarse de las prisiones en 2011, la situación de personas privadas de su libertad se mantiene crítica. Una preocupación particular es el gran número de personas detenidas de manera prolongada antes del juicio, generando sobrepoblación y empobreciendo la sanidad de las prisiones; la falta de acceso a la comida, el agua potable y la atención médica; los altos niveles de violencia entre compañeros que, en algunos casos, resulta en muertes, y reportes de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades cuando han intervenido para recuperar el control de centros de detención. Así mismo, el incremento del número de personas retenidas en detención policial es una inquietud creciente. Algunos de ellos han sido privados de su libertad por meses o años, en instalaciones que no fueron diseñadas para alojar gente por más de un par de días.

4 4 Derechos de la mujer Existe más protección legal para las mujeres y niñas víctimas de la violencia basada en género, sin embargo, estas continúan enfrentando mayores obstáculos para acceder al amparo y la justicia. La implementación de la Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 2007 ha sido lenta y los recursos asignados han sido insuficientes para asegurar que las víctimas de la violencia basada en género tengan acceso a la justicia y otras medidas efectivas de protección, tal como establecer refugios para mujeres en todos los estados. El acceso a los anticonceptivos, incluyendo anticonceptivos de emergencia, es limitado y generalmente disponible solo para aquellos que puedan darse el lujo de pagarlo. El aborto continúa siendo criminalizado en todos los casos excepto cuando la vida de la mujer o la niña se encuentra en situación de riesgo. La mortalidad materna ha incrementado y es mayor al promedio regional. Recomendaciones rechazadas Venezuela rechazó 51 recomendaciones realizadas por los Estados Miembros, incluyendo recomendaciones para garantizar la independencia del Poder Judicial, para terminar la impunidad, así como recomendaciones para facilitar el monitoreo internacional de derechos humanos y para proteger los derechos de libertad de expresión y asamblea. En un desarrollo positivo, el Plan Nacional de Derechos Humanos fue aprobado en marzo de 2016, a pesar de haber rechazado dicha recomendación en la revisión anterior. El marco nacional de derechos humanos Prevención de la tortura y otros malos tratos El 22 de julio de 2013, la ley especial para prevenir y castigar otros tratos crueles, inhumanos o degradantes entró en vigor creando un marco institucional para prevenir, reportar y castigar crímenes. No obstante, su definición de tortura no concuerda con la que está contenida en la Convención contra la Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, y la ley no codifica en la complicidad del crimen de tortura los actos de funcionarios públicos que instigan o consienten los actos de tortura por otros. La tortura y otros malos tratos siguen siendo una preocupación en Venezuela. Por ejemplo, en marzo de 2015 Emilio Baduel Cafarelli y Alexander Tirado Lara, fueron sentenciados a ochos años de prisión bajo los cargos de incitación, intimidación, uso de explosivos y conspiración para cometer un crimen durante las protestas de 2014, pero no se basaron en evidencias que sustancien los cargos. Ambos alegan que fueron maltratados mientras estuvieron en la detención previa al juicio y hasta la fecha nadie ha sido llevado ante la justicia por los malos tratos que sufrieron. Venezuela no ha ratificado aún el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y las solicitudes de visita del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura no han sido aceptadas. Plan nacional de derechos humanos Siguiendo los graves abusos en materia de derechos humanos que tomaron lugar en las manifestaciones pro- y antigubernamentales de 2014, las autoridades se comprometieron a desarrollar un plan nacional de derechos humanos. En marzo de 2016, el Plan Nacional de Derechos Humanos fue aprobado. El plan incluye propuestas para reformar el sistema judicial, el sistema de prisiones y las fuerzas de seguridad y fortalecer la Defensoría Pública, así como hacer de la educación en derechos humanos una prioridad. No obstante, el Plan no incluye indicadores para monitorear el progreso con respecto a su implementación y ningún presupuesto le ha sido asignado. Monitoreo internacional de derechos humanos La decisión de Venezuela en 2012 de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y retirar su conocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue en pie. Este es un agravio a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, y presenta una barrera adicional a su acceso a la verdad, justicia y reparación. Por ejemplo, la justicia todavía tiene que ser lograda por las muertes de diez miembros de la familia Barrios en el estado Aragua en 1998 bajo circunstancias que sugirieron el involucramiento de la policía.

5 5 Los asesinatos tomaron lugar a pesar de las medidas de protección proporcionadas a la familia en 2004 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La visita a Venezuela solicitada por el Consejo de Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de la ONU, incluyendo los Relatores Especiales de la ONU sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos y sobre la Libertad de Expresión, todavía tienen que ser aceptadas. Promoción y protección de derechos humanos en el campo Defensores de derechos humanos Los defensores de derechos humanos siguen siendo acosados e intimidados. Preocupa las declaraciones públicas realizadas por las autoridades de alto nivel contra los defensores, especialmente luego de haber denunciado violaciones, ya sea en el aspecto local o ante organismos internacionales y regionales de derechos humanos. Una semanas después de que Marino Alvarado Betancourt, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) fue acusado públicamente por el presidente Nicolás Maduro de ser parte de una organización de derecha, un informante de la policía y de recibir fondos de EEUU, él y su hijo de nueve años fueron atacados y robados en su casa por tres hombres armados, en medio de serias preocupaciones de que el ataque estaba ligado con las acusaciones contra él por parte de las autoridades. Impunidad para las violaciones de derechos humanos La impunidad por las violaciones de derechos humanos se ha expandido en Venezuela. De acuerdo a las cifras de la fiscal general, en la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos, aquellos que fueron sospechosos de responsabilidad criminal no fueron llevados ante la justicia. Las estadísticas oficiales que cubrieron el período muestran que solo el 3% de las quejas formales de violaciones de derechos humanos resultan en que a los sospechosos se les impuso cargos y fueron llevados ante un juez. Sin embargo, desde 2012, la Fiscalía General no ha proporcionado estadísticas actualizadas, por lo que no se sabe si se ha realizado algún progreso en la lucha contra la impunidad en los años recientes. De acuerdo a las organizaciones de derechos humanos locales, de los nuevos casos de violaciones de derechos humanos presentadas en 2012 a la Fiscalía General, 97% fueron no admitidos o archivados, mientras los cargos fueron llevados en el 3% remanente de los casos. El progreso sigue siendo lánguido al llevar ante la justicia a aquellos sospechosos de responsabilidad criminal por el asesinato de 43 personas, incluyendo personal de las fuerzas de seguridad, y los malos tratos de cientos de manifestantes durante las protestas de La mayoría de las víctimas y sus familiares todavía esperan la verdad, justicia y reparación. Uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas, continúa siendo reportado, incluyendo las muertes de protestantes por armas de fuego. Por ejemplo, el 24 de febrero de 2015, Kluiverth Roa Núñez, de 14 años de edad, fue asesinado durante una manifestación en las cercanías de la Universidad Católica de Táchira en San Cristóbal, estado Táchira, en medio de reportes de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. En enero de 2015, el Ministro de Defensa emitió la resolución permitiendo a todas las secciones de las fuerzas armadas desplegarse en operaciones de orden público. La misma también autoriza el uso de armas de fuego durante la supervisión de protestas públicas, pero sin claramente establecer que el uso excesivo de la fuerza durante estas operaciones no será tolerada. En respuesta a los grandes índices de criminalidad en Venezuela, la Operación Liberación y Protección del Pueblo fue implementada en julio de De acuerdo al Ministerio de Justicia, un mes después de que las operaciones comenzaran, 52 civiles fallecieron en confrontaciones armadas con las fuerzas de seguridad. El alto número de muertes civiles, en contraste con la ausencia de heridos o muertos policiales, sugiere que las fuerzas de seguridad pudieron haber utilizado el uso excesivo de la fuerza o realizado ejecuciones extrajudiciales.

6 6 Independencia del Poder Judicial El sistema de justicia es regularmente objeto de interferencia por el gobierno, especialmente en los casos de personas que han criticado abiertamente al gobierno o cuando este cree que los individuos han actuado de manera contraria a sus intereses. Este es el caso de los presos de conciencia Leopoldo López, el líder del partido de oposición Voluntad Popular y Rosmit Mantilla, un miembro de Voluntad Popular y activista por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o intersexuales (LGBTI): Leopoldo López fue condenado a más de 13 años de prisión en septiembre de 2015 por conspiración para cometer un delito, incitación, incendios y daños a la propiedad pública durante las protestas de Sin embargo, la Fiscalía no presentó ninguna evidencia creíble para respaldar los cargos. Del mismo modo, las llamadas por parte de las autoridades, incluido el propio presidente de la República, para encarcelar a Leopoldo López, socavaron gravemente su derecho a un juicio justo. Rosmit Mantilla ha estado en prisión preventiva desde mayo de 2014 bajo los cargos de incitación, incendio premeditado y conspiración para cometer un crimen durante las protestas de 2014, pero no hay evidencia creíble contra él. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de los jueces son designados de forma temporal, dejándolos expuestos a la presión política. Derechos Económicos, Sociales y Culturales La actual crisis económica en Venezuela, el alto índice de inflación y la falta de insumos básicos ha tenido un impacto en la capacidad de la gente de disfrutar sus derechos económicos, sociales y culturales. En junio de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por la escasez de vivienda, comida requerimientos mínimos, así como medicinas y equipos quirúrgicos y especialistas, e hicieron un llamado para implementar medidas como parte de las observaciones conclusivas.

7 7 RECOMENDACIONES Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno de Venezuela para: Defensores de derechos humanos Reconocer explícita y públicamente la legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos, incluido hacer declaraciones públicas reconociendo su contribución a la promoción y protección de derechos humanos y el estado de derecho. Detener los ataques y las campañas de desprestigio que se realizan contra los defensores de derechos humanos por parte de los funcionarios de alto nivel. Impunidad para las violaciones de derechos humanos Realizar investigaciones independientes, exhaustivas e inmediatas en todos los casos de violación a los derechos humanos, llevar a los sospechosos de responsabilidad criminal ante la justicia y asegurar que aquellos sentenciados reciban un castigo acorde a la seriedad de su crimen. Asegurar que aquellos que sufrieron violaciones de derechos humanos y que consideran que no recibieron justicia en las cortes nacionales, tengan acceso, sin riesgo a represalias, al sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como a los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Independencia del Poder Judicial Garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, en concordancia con las leyes y estándares internacionales de derechos humanos. Fortalecer y dar los recursos necesarios a la Fiscalía y al Poder Judicial para permitirles realizar su trabajo eficientemente y sin interferencia de otras ramas del gobierno. Terminar con el mal uso del sistema judicial que acosa a aquellos que son críticos con las políticas gubernamentales y dejar de imponer cargos políticamente motivados contra ellos. Liberar inmediata e incondicionalmente a los prisioneros de consciencia Leopoldo López y Rosmit Mantilla. Condiciones de prisión Garantizar que las prisiones y centros de detención cumplan con las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU. Asegurar que el bienestar, la seguridad e integridad física de las personas privadas de libertad sean protegidas y monitoreadas por el personal penitenciario, entre otras cosas asignando suficientes recursos humanos y otros a las prisiones para garantizar que se cumplen estas funciones. Aplicar las medidas provisionales dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos Interamericano para proteger los derechos a la vida y la seguridad de los internos en varias cárceles del país. Violencia contra la mujer Garantizar que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es eficazmente aplicada y que los recursos necesarios son concedidos, incluyendo la instauración de refugios para mujeres en todos los estados. Emitir con prontitud el marco regulatorio de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

8 8 Tortura y otros malos tratos Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; Garantizar que la definición de la tortura y otros malos tratos en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes esté de acuerdo con la definición del artículo 1 de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Hacer un delito punible los actos de los funcionarios públicos que instigan o consienten los actos de tortura por parte de los demás y difundir ampliamente el contenido de la Ley Especial y el Plan Nacional para la Prevención de la Tortura, incluyendo a la sociedad civil, funcionarios del Ministerio Público, agentes del orden y funcionarios encargados de la custodia de las personas privadas de libertad. Asegurar que el Plan Nacional para la Prevención de la Tortura incluya un calendario para su plena aplicación e indicadores para monitorear y evaluar su impacto, y asignar recursos suficientes para su pronta aplicación. Reconocer rápidamente la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y considerar comunicaciones de o en nombre de las víctimas o de otros Estados partes en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El Plan Nacional de Derechos Humanos Desarrollar y hacer públicos indicadores claros para supervisar los avances en la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos y asignar los recursos necesarios. Garantizar que la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos involucra la participación de una amplia gama de partes interesadas, incluidos los representantes de la sociedad civil. Monitoreo internacional Extender una invitación permanente a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y en particular acordar las visitas de los relatores especiales de la ONU sobre la tortura, sobre la situación de los defensores de derechos humanos en la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Revertir la decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y volver a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el cumplimiento de sus resoluciones. Policía y fuerzas de seguridad Garantizar que las fuerzas policiales y de seguridad cumplen íntegramente y en todo momento con las normas internacionales, como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Agentes de Policía, cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones, incluso cuando vigilen las protestas. Abstenerse de desplegar las fuerzas armadas en operaciones de orden público y, en los casos excepcionales en que esto ocurra, asegurar que las fuerzas armadas actúan exclusivamente en apoyo y bajo el control de las autoridades civiles y están sujetas a la misma formación, mecanismos de rendición de cuentas y sanciones como otras secciones de las fuerzas de seguridad. Llevar a cabo investigaciones independientes, exhaustivas e inmediatas acerca de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y los desalojos forzosos en el contexto de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo y hacer público el resultado de tales investigaciones. Derechos Económicos, Sociales y Culturales Garantizar la plena aplicación de las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en particular, en relación con la escasez de vivienda, alimentos y artículos de primera necesidad, así como medicamentos y equipos médicos y quirúrgicos.