AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Transcripción

1 DI 1111 EXP N PA/TC ALEJANDRO EDUARDO DAMASO Lima, 30 de enero de 2018 VISTA AUTO DEL La solicitud de aclaración de fecha 7 de diciembre de 2017, presentada por don Alejandro Eduardo Damaso Meléndez respecto de la sentencia de fecha 12 de julio de 2017, en el proceso de amparo seguido contra el Gobierno Regional de Lima; y, ATENDIENDO A QUE 1. El primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que el Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. El presente caso, el demandante, en su escrito de aclaración, señala lo siguiente: no ha precisado porque consideró que el señor [...] se encuentra dentro la carrera administrativa, y que por ende no procede su reposición; siendo que, el cargo del demandante no existe en el CAP ni en el MOF [...]. Asimismo, debe mencionarse que las funciones desempeñadas por el demandante no forman parte de la carrera administrativa; esto debido, a que el precedente Huatuco sólo se aplica a las personas que están efectuando carrera administrativa. 3. Al respecto, se advierte que el actor pretende en puridad el reexamen de fondo y la modificación del fallo emitido por este Tribunal, lo cual es incompatible con la finalidad del pedido de aclaración, más aun cuando dicho pronunciamiento se encuentra conforme a la jurisprudencia emitida por este Tribunal. Ello en atención a que el accionante realizó labores como jefe del área de pesca artesanal, extracción y procesamiento pesquero en el Gobierno Regional de Lima. 4. En tal sentido, este Tribunal considera que no se pretende la aclaración de algún concepto o subsanación de un error u omisión en que se hubiere incurrido en la sentencia materia de aclaración, sino impugnar la decisión que contiene, lo cual no resulta atendible dentro de un pedido de aclaración como el que se había planteado, por lo que corresponde desestimar el pedido de aclaración.

2 SS. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA MIRANDA CANALES SARDÓN DE TABOADA LEDESMA NARVÁEZ III IIIIII I Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, sin la intervención del exmagistrado Urviola Hani por haber cesado en el cargo, Asimismo se agregan el fundamento de voto de los magistrados Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, RESUELVE Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. Publíquese y notifíquese. avio Reátegui Apaza

3 ALEJANDRO EDUARDO DAMASO FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA Si bien en la sentencia que es objeto del presente pedido de aclaración sustenté, mediante un fundamento de voto, la improcedencia de la demanda en virtud del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional la Constitución no establece un régimen de estabilidad absoluta que incluya el derecho a la reposición en el puesto de trabajo, coincido con lo resuelto en el presente auto porque el recurrente pretende una nueva evaluación de lo entonces decidido, solicitud que no se condice con lo dispuesto en el artículo 121 del referido código. S. SARDÓN DE TABOADA ',/7,7-7 / vio Reátegui Apaza

4 II11111 I IIII EXP. N PA/TC FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ En la presente solicitud de aclaración, el recurrente considera que, en aplicación de la STC Expediente PA/TC (caso Cruz Liamos) que interpreta la STC Expediente PA/TC (precedente Huatuco), procedía su reposición laboral, en vista que no se encontraba dentro de una carrera administrativa del Estado. Sin embargo, es necesario explicar al recurrente que el caso Cruz Llamos no es vinculante porque no es ni precedente ni doctrina jurisprudencial y que el precedente Huatuco no se aplica a los trabajadores de la carrera administrativa, sino a todos los trabajadores del sector público que pertenecen al régimen laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo 728. La exigencia del concurso público de méritos del precedente Huatuco está dirigido a los trabajadores públicos del Decreto Legislativo 728, porque en dicho régimen no es un requisito legal el aprobar un proceso de selección, en vista que primigeniamente fue concebido como un régimen para regular los contratos laborales del sector privado y empresarial; pero que, en la medida que luego se autorizó legalmente su aplicación a la Administración Pública (poderes del Estado, ministerios, organismos reguladores, municipalidades provinciales, locales, etc.), surgió el problema de si era o no aplicable el concurso público respecto del personal del Estado. De ahí que el precedente Huatuco, mediante un criterio unificado, haya establecido el requisito del concurso público de méritos para los trabajadores que no pertenecían a la carrera administrativa, sean profesionales, técnicos, obreros, etc. (como lo son los trabajadores públicos del régimen laboral del Decreto Legislativo 728). Por esta razón, los fundamentos del caso Cruz Llamos vienen confundiendo a los justiciables cuando afirman que el precedente Huatuco buscaba preservar el concurso público en los regímenes de la "carrera administrativa", lo cual no es, de ningún modo, cierto. Es más, la exigencia del concurso público para los servidores de carrera, al cual hace referencia Cruz Liamos, nunca representó una incertidumbre interpretativa para la jurisprudencia constitucional, dado que ellos siempre han ingresado por concurso público y, por eso, hubiese resultado ocioso una problematización sobre el tema. El mismo régimen general de las carreras administrativas, el Decreto Legislativo 276, establece expresamente en su artículo 12 que es un requisito para el acceso a la carrera la aprobación de un "concurso de admisión". Lo mismo sucede con las carreras especiales, como las del personal policial y militar, de los jueces, de los fiscales, de los médicos, de los docentes universitarios, de los profesores, de los diplomáticos, etc., que estipulan el acceso por concurso público como una condición imperativa. De dónde entonces el caso Cruz Liamos coligió que el precedente tuvo como finalidad real resguardar el concurso público de los servidores que pertenecen a una "carrera

5 TRÍBUNAL CONSTITUCIONAL administrativa"? Si el mismo precedente precisa con claridad en sus fundamentos 3 a 6, que establecía una regla vinculante respecto de las diversas interpretaciones de los "artículos 4 y 77 del T.U.O. del Decreto Legislativo 728" y del artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, en relación a la exigibilidad del concurso público. Es decir, claramente se refería al régimen laboral privado en el Estado. Por eso, cuando el caso Cruz Llamos refiere que "interpreta" el precedente Huatuco y, luego, establece que la regla del concurso público de méritos está circunscrita a las plazas de los trabajadores de la carrera administrativa, lo que incorpora es una supuesta "precisión" totalmente ajena al objeto del precedente Huatuco, inoficiosa e innecesaria, toda vez que, como se ha referido, ellos ya ingresan por concurso público, porque así lo estipula desde su origen la misma regulación legal de su régimen, lo que no sucede con el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 aplicado al sector público, que es lo que se busca hacer frente con el precedente Huatuco desde la Constitución. En ese sentido, el caso Cruz Liamos no debe ser aplicado, dado que no es vinculante, pues no es precedente ni doctrina jurisprudencial y, además, pretende deformar los criterios establecidos en el precedente Huatuco, al señalar que solamente se aplica a los servidores de la carrera administrativa cuando expresamente se consigna que está dirigido a los trabajadores que no pertenecen a él y, sobre todo, a aquellos que se rigen bajo el régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728. En consecuencia, en vista que el recurrente no ingresó a laborar al Estado mediante un concurso público de méritos a una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada, debe concluirse que la sentencia de autos no tiene ningún extremo que aclarar. Por tales consideraciones, estimo que corresponde declarar IMPROCEDENTE el presente pedido de aclaración. LEDESMA NARVÁEZ Fla Reátegui Apaza