DIARIO VEINTE MINUTOS

http://www.20minutos.es/noticia/1910517/0/ DIARIO VEINTE MINUTOS IU reclama que Asturias se "blinde" ante la nueva ley de costas y dice que el Gobierno facilita el 'fracking' El senador de IU, Jesús Iglesias, ha acusado este miércoles al gobierno del PP de poner en marcha una política de "supeditación del medio ambiente a intereses económicos", con medidas que debilitarán las normas de protección de espacios naturales. Ha reclamado a Asturias que se "blinde" ante la nueva ley de costas y ha dicho que el Ejecutivo central pretende facilitar el 'fracking'. EUROPA PRESS. 04.09.2013 El senador de IU, Jesús Iglesias, ha acusado este miércoles al gobierno del PP de poner en marcha una política de "supeditación del medio ambiente a intereses económicos", con medidas que debilitarán las normas de protección de espacios naturales. Ha reclamado a Asturias que se "blinde" ante la nueva ley de costas y ha dicho que el Ejecutivo central pretende facilitar el 'fracking'. Ampliar foto "La acción del Gobierno en materia medioambiental ha sido una constante sumisión del medio natural a los intereses económicos. Siempre que ha habido posibilidad de sacar beneficio a costa del medio ambiente, el Gobierno del Partido Popular ha estado dispuesto a cambiar la normativa, suavizándola, haciéndola más laxa, para que ese beneficio económico fuera posible", ha manifestado en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, según ha informado IU a través de una nota de prensa. De hecho, según Iglesias, el conflicto con Gibraltar es una "argucia" que, bajo la supuesta defensa de un área protegida, esconde un interés por "desviar la atención sobre los auténticos problemas del país". Mientras tanto, las modificaciones legislativas emprendidas por el PP pondrán "en riesgo" la protección de importantes espacios. Como ejemplo, el senador aludió a la La nueva ley de costas que, añadió, "abre la posibilidad de acabar de hormigonar la costa, el litoral europeo más deteriorado. Y no lo digo yo, lo dijo en su momento la Unión Europea. Molestan esos bloques de hormigón -en referencia al conflicto gribraltareño-, se facilita que se construya prácticamente a pie de playa". El parlamentario recordó que esta reforma impulsada por el ministro Miguel Arias Cañete, que también participó, en su día, en la ley del suelo del

gobierno de José María Aznar y que permitió hinchar la burbuja inmobiliaria y que fue la base legal que consintió la urbanización "desmesurada" del litoral mediterraneo. Jesús Iglesias alertó de los peligros de estos cambios legislativos que, de no remediarlo, podrían acabar con la "isla" asturiana, que, en materia de litoral ha resistido mejor la "presión del ladrillo" que otras zonas del Estado. Ante esta situación, el senador de IU mostró la necesidad de que el Principado establezca un "blindaje" especial para la costa, dado que el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA) podría resultar insuficiente ante los cambios que se prevén. "Me parece bien esa idea de establecer un blindaje legal para la costa, sobre todo porque, ya antes de esta modificación de la ley de costas por el PP, cuando se confiaba en la capacidad del POLA para defender la costa se demostró que no era bastante". GAS La última vuelta de tuerca que supondrá un nuevo ataque al medio ambiente llega ahora, aseguró Jesús Iglesias, con las modificaciones legislativas que el PP está promoviendo para permitir la explotación de gas del subsuelo, mediante el 'fracking o fractura hidráulica. Este técnica, rechazada por la Junta General del Principado y por otras Comunidades Autónomas está ahora "más cerca de su implantación", a pesar de los riesgos constatados de impacto ambiental de este tipo de explotaciones. "Incluso en EEUU, que es donde esta técnica alcanzó un nivel de desarrollo más alto, hay estados que se lo están replanteando por los riesgos que suponen: en primer lugar contaminación aguas subterráneas, contaminación de los suelos próximos por metales pesados y emisiones a la atmósfera de gas metano, el que más afecta cambio climático", ha dicho. Frente a ello, considera que el PP está promoviendo modificaciones legislativas que permitan el desarrollo de estas explotaciones en España. "El consejo de Ministros del viernes pasado acordó algo que, a primera vista, pudiera parecer que supone un avance, todo lo contrario: se va a exigir a quienes planteen la utilización de la técnica de franking un estudio de impacto ambiental. Esa es la cobertura legal. Realizado el estudio de impacto medioambiental se concederán las licencias oportunas", ha explicado el senador. El truco, abundó, está en que, en estos momentos, está una nueva reforma que normativa cuyo fin es hacer de este tipo de estudios previos menos rigurosos y fiables: "La trampa es doble. Al franking se le pide estudio de impacto ambiental para legalizar su utilización y, a la vez, se convierten los estudios de impacto ambiental en un coladero mayor del que ya era". http://www.20minutos.es/noticia/1908628/0/

DIARIO VEINTE MINUTOS El Gobierno de Canarias recurre la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de costas. 02.09.2013 El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de costas. Tal y como había ordenado el Gobierno, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han interpuesto el recurso ante el Tribunal Constitucional, "contra una Ley que invade competencias de otras administraciones e impulsa la desigualdad de trato de unos ciudadanos frente a otros". En su recurso, el Ejecutivo impugna determinados artículos y disposiciones de la Ley 2/2013 por considerar que incurre en vicio de inconstitucionalidad por vulnerar el sistema de distribución competencial, lesionando las que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, se invoca la vulneración de la autonomía local y de los principios de igualdad, de seguridad jurídica, de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales. Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma entienden que también existe una vulneración de la normativa comunitaria, con la infracción del artículo 24 de la Comunidad Europea y la contravención al artículo 132.2 de la CE, en lo que atañe a la definición del dominio público marítimo terrestre. En cuanto a la invasión de competencias autonómicas, el recurso del Gobierno canario se basa en que la Ley atribuye a la Administración del Estado el régimen de ocupación y uso de las playas, cuando ya el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 149/1991 dictada en relación con la Ley de Costas de 1988 que ahora se modifica, sostuvo que el modo de llevar a

cabo la ocupación y uso de las playas es competencia de las comunidades autónomas. Zonas de servicio portuarias Por otro lado, la Ley regula los usos en las zonas de servicio portuarias de los bienes de dominio público marítimo terrestre adscritos a las comunidades autónomas, lo que "contradice" igualmente las competencias autonómicas en materia de puertos y la doctrina del Constitucional. Este último señaló en la sentencia citada que la Administración del Estado no está autorizada para inmiscuirse en la gestión o explotación de los servicios portuarios de las autonomías, reservando a las comunidades autónomas la actividad de planificación de los usos del suelo. En materia de medio ambiente, la vulneración se produce cuando la Ley reserva al Estado la función de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, "desconociendo la necesaria coordinación que debe existir entre las distintas administraciones públicas que ostentan competencias concurrentes sobre un mismo espacio físico". Además, se desconocen las competencias autonómicas cuando somete a la aprobación estatal los planes que hayan de elaborar las comunidades autónomas en relación con los bienes del dominio público marítimo terrestre que tengan adscritos. A esto se añade, en materia de urbanismo y ordenación del territorio, la intromisión en las competencias autonómicas que se producen cuando, como régimen adicional, se atribuye el legislador estatal la determinación de las características que debe contar un suelo para su consideración como urbano, a los efectos de reducir la servidumbre de protección de 100 a 20 metros de determinados núcleos o áreas de población. Asimismo, se somete a un informe estatal a los núcleos ya clasificados cuando ya el instrumento de planeamiento mereció en su tramitación el informe favorable de Costas, lo que supone vulneración del principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, amén de cuestionar el legítimo ejercicio de sus competencias por la administración urbanística. Normativa europea En cuanto a la normativa europea, el Ejecutivo canario insiste en que la Ley "lesiona" el artículo 132.2 de la CE, que define el dominio público marítimo terrestre, al excluir del dominio natural los terrenos que sean inundados "artificial y controladamente" como consecuencia de obras e instalaciones realizadas al efecto y una parte significativa de las dunas, que ya solo serán de dominio público en la parte que sean necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. Con esta reducción del dominio público marítimo terrestre se encontraría el artículo 132.2 de la CE, que incluye la zona marítimo terrestre y las playas, sin excepción, dentro del dominio público marítimo

terrestre, ofreciendo el legislador estatal una "arbitraria y artificiosa" definición de estos bienes. Siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, se "violentan" además otros principios que consagra el texto fundamental, como el deber de los poderes públicos de preservar el medio ambiente del artículo 45. Paralelamente, se posibilita la privatización de la costa, lo que lleva aparejado el riesgo de contaminación y deterioro de las playas y de la zona marítimo terrestre, al quedar gran parte de lo que hasta ahora era dominio público marítimo terrestre fuera del régimen especial de protección que la CE impone dispensar a estos bienes. El Gobierno autonómico también interpreta que no solo se violentan competencias autonómicas, sino también la autonomía local de los artículos 137 y 140 CE al permitir, de forma genérica, que el delegado del Gobierno pueda suspender de forma automática actos y acuerdos de las entidades locales que estime puedan afectar a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección. Superioridad jerárquica En su opinión, se atribuye al Estado una posición de superioridad jerárquica respecto de las entidades locales, "contraria a su autonomía local, cuando la potestad de revisión de la legalidad de los actos y acuerdos de las administraciones públicas corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales". Por último, el recurso presentado desde Canarias refleja un trato "discriminatorio, arbitrario y desigual" a los ciudadanos en la Ley, cuando excluye del dominio público marítimo terrestre determinados núcleos costeros del litoral peninsular, sin razón justificada (doce núcleos incluidos en su Anexo) y cuando practica un especial deslinde en la isla de Formentera, "en contra de la definición del dominio público que se contempla en la propia Ley". Además, esta exclusión 'ad hoc' "vulnera" los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Se trata de un "beneficio" que se concede sin motivación alguna a determinados núcleos de población de la costa peninsular cuando las aparentes razones que lo justifican concurren también en determinados núcleos de las costas canarias. Dentro de las arbitrariedades recogidas en la norma se vulneran las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva y a la ejecución de sentencias en sus propios términos, cuando regula un régimen especial en relación con instalaciones de depuradoras ubicadas en zona de dominio público marítimo terrestre que cuentan con sentencia judicial firme, que las obliga a cambiar de localización.

15&xts=467263 Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1908628/0/#xtor=ad- http://www.eldiario.es/politica/ce-estudia-denuncias-presentadasespanola_0_171133013.html EL DIARIO La CE estudia denuncias presentadas contra la nueva ley de costas española EFE - Bruselas La Comisión Europea (CE) está analizando las denuncias presentadas contra la nueva ley de costas española, aprobada el pasado 9 de mayo, según ha informado la responsable de Justicia del Ejecutivo comunitario, Viviane Reding. La comisaria confirma que Bruselas "ha recibido quejas" de la posible incompatibilidad entre la nueva normativa española de costas y la legislación medioambiental europea" e indica que el Ejecutivo comunitario "está estudiando en este momento las alegaciones presentadas por los demandantes". Reding responde así a una pregunta escrita realizada por la eurodiputada británica Martina Anderson, del grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. La parlamentaria preguntaba a la Comisión sobre la nueva normativa española, y pedía aclaraciones en relación a las personas que se sienten perjudicadas por la anterior ley, de 1988. En su respuesta, Reding recuerda que la CE sólo puede intervenir en asuntos que afecten a la aplicación del derecho europeo. "Dado que, en el caso mencionado, no se ha identificado una conexión suficiente con el derecho europeo, corresponde a los Estados miembros, incluidas las autoridades judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respetan y protegen de manera efectiva, conforme a la legislación nacional y las obligaciones internacionales", añade la comisaria.

En particular, precisa la comisaria, los tribunales nacionales deben resolver "la cuestión de si la forma de compensación ofrecida por las autoridades españolas respeta la ley constitucional española y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de derechos humanos". Una vez agotadas las vías legales nacionales, correspondería dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia ante la cual "la CE entiende que ya se han presentado acciones" contra la ley, añade Reding. La comisaria indica asimismo que "la Comisión ha estado en contacto con las autoridades españolas en varias ocasiones después de recibir gran número de quejas tanto de ciudadanos españoles como europeos que tienen propiedades en las áreas afectadas" por la aplicación de la normativa. La CE "ha valorado los pasos dados por España para mejorar la seguridad legal de los propietarios de inmuebles afectados por la ley de costas, garantizando a la vez la protección ambiental", añade la comisaria. http://www.elalmeria.es/article/almeria/1595960/psoe/asegura/su/recurso/la/ley /costas/pp/busca/proteger/futuro/economico/almeria.html EL ALMERIA El PSOE asegura que su recurso a la Ley de Costas del PP busca proteger el futuro económico y social de Almería Consuelo Rumí advierte de que no se puede esperar la llegada de un turismo de calidad con una costa enladrillada y robada a los ciudadanos REDACCIÓN ACTUALIZADO 04.09.2013-13:08 La diputada nacional del PSOE de Almería y coordinadora federal de la Organización Sectorial de Medio Ambiente del PSOE, Consuelo Rumí, ha mantenido una reunión con el comité coordinador de la misma Organización Sectorial en la provincia para analizar la interposición por parte de los socialistas de un recurso ante el Tribunal Constitucional de la nueva Ley de Costas, aprobada por el PP, que privatiza el litoral y

solamente busca beneficiar intereses económicos privados con nuestras playas. La representante socialista en el Congreso de los Diputados ha asegurado que los almerienses tenemos mucho por lo que luchar en este nuevo frente abierto por el PP ya que no se entiende un desarrollo económico y social sostenible ni la llegada de un turismo de calidad a nuestra provincia sin una costa cuidada y protegida del nuevo ladrillazo que pretende el PP. Además, ha afirmado que esta actuación responde a que los socialistas no queremos que se reduzcan nuestras zonas protegidas ni que nuestras playas se privaticen, se cierren y haya que pagar para disfrutar de ellas, una opción posible con el nuevo marco del Gobierno. Durante el encuentro, Rumí ha asegurado que la impugnación de la Ley no es sólo del PSOE sino también del conjunto de la ciudadanía de este país ya que para la elaboración del recurso hemos contado con el apoyo y la opinión de las organizaciones ambientales y sociales, además de con la comunidad científica. Hemos hecho lo que el Gobierno debiera de haber hecho: Escuchar a los expertos y a los ciudadanos para abordar un asunto tan delicado como es el de defender el patrimonio público que supone el litoral español, ha añadido la diputada nacional. Fruto de ese trabajo conjunto, el recurso indica la vulneración en el nuevo texto de varios artículos de la Constitución en los que se declara bien público el litoral y el dominio público marítimo-terrestre, además de fundamentarse en una sentencia del propio Tribunal Constitucional de 1991 que el Gobierno ha desoído en la elaboración de la nueva Ley. Además, la diputada socialista ha señalado que la comunidad andaluza, con una parte de la costa española muy importante y referente en su uso desde el punto de vista turístico, económico y social también ha recurrido ante el mismo Tribunal la norma impuesta por el PP ya que encima de todo, invade competencias autonómicas y ha podido constatar que terrenos anteriormente protegidos son ahora susceptibles de urbanización o de usos perjudiciales para el medio ambiente. Por último, Rumí ha explicado que por culpa del Gobierno del PP en España se lleva el camino contrario al de otros países de nuestro entorno y mientras ellos apuestan por defender su litoral, aquí se nos impone una ocupación sin límite para convertirlo en un espacio de negocio. Eso ha llevado a que la Comisión Europea se esté planteando seriamente pedir explicaciones al Gobierno de España y haya advertido ya de que no dudará en tomar las medidas necesarias para garantizar que se cumpla la normativa europea que el PP se ha saltado a la torera.

http://www.eldiario.es/politica/ce-estudia-denuncias-presentadasespanola_0_171133013.html EL DIARIO.ES La CE estudia denuncias presentadas contra la nueva ley de costas española EFE - Bruselas 02/09/2013-12:11h La Comisión Europea (CE) está analizando las denuncias presentadas contra la nueva ley de costas española, aprobada el pasado 9 de mayo, según ha informado la responsable de Justicia del Ejecutivo comunitario, Viviane Reding. La comisaria confirma que Bruselas "ha recibido quejas" de la posible incompatibilidad entre la nueva normativa española de costas y la legislación medioambiental europea" e indica que el Ejecutivo comunitario "está estudiando en este momento las alegaciones presentadas por los demandantes". Reding responde así a una pregunta escrita realizada por la eurodiputada británica Martina Anderson, del grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. La parlamentaria preguntaba a la Comisión sobre la nueva normativa española, y pedía aclaraciones en relación a las personas que se sienten perjudicadas por la anterior ley, de 1988. En su respuesta, Reding recuerda que la CE sólo puede intervenir en asuntos que afecten a la aplicación del derecho europeo. "Dado que, en el caso mencionado, no se ha identificado una conexión suficiente con el derecho europeo, corresponde a los Estados miembros, incluidas las autoridades judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respetan y protegen de manera efectiva, conforme a la legislación nacional y las obligaciones internacionales", añade la comisaria. En particular, precisa la comisaria, los tribunales nacionales deben resolver "la cuestión de si la forma de compensación ofrecida por las autoridades españolas

respeta la ley constitucional española y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de derechos humanos". Una vez agotadas las vías legales nacionales, correspondería dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia ante la cual "la CE entiende que ya se han presentado acciones" contra la ley, añade Reding. La comisaria indica asimismo que "la Comisión ha estado en contacto con las autoridades españolas en varias ocasiones después de recibir gran número de quejas tanto de ciudadanos españoles como europeos que tienen propiedades en las áreas afectadas" por la aplicación de la normativa. La CE "ha valorado los pasos dados por España para mejorar la seguridad legal de los propietarios de inmuebles afectados por la ley de costas, garantizando a la vez la protección ambiental", añade la comisaria. http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/257151_garcia-recursoinconstitucionalidad-costas-encontramos-contra-costa-castellonense.html EL PERIODIC García: En el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Costas encontramos el no por el no contra la costa castellonense 04/09/2013 elperiodic.com El diputado provincial de Medio Ambiente, Mario García, lamenta que no se hicieran aportaciones cuando se debía Deberán dar explicaciones a todos los valencianos y en especial a los castellonenses, afirma El diputado de Medio Ambiente, Mario García, ha hecho declaraciones hoy sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Costas presentado en el Congreso de los Diputados. Esta acción supone el no por el no contra la costa castellonenses. Sabemos que esta nueva legislación no cubre todos los conflictos que dejó la de 1988 pero si gran parte de ellos. La nueva Ley supone la primera vez que el Gobierno plantea soluciones a parte de los problemas generados. Mientras que desde la oposición no se ha

conseguido colaboración ni aportaciones durante todo el proceso, ahora deciden la confrontación como estrategia política sin pensar en los municipios costeros que son los grandes repercutidos por esta Ley, ha destacado. El diputado provincial ha subrayado que deberán dar explicaciones a todos los valencianos y en especial a los castellonenses. Ya que esta nueva norma no supone una disminución de la protección del Medio Ambiente litoral ya que sigue manteniendo la protección de la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Pero a la vez respeta la propiedad, además ha matizado que, aun queda gran trabajo con la redacción del reglamento. http://gomeraverde.es/not/38398/canarias_lleva_la_ley_de_costas_al_constitucio nal_/ GOMERA VERDE Martes, 3 de septiembre de 2013 Canarias lleva la ley de Costas al Constitucional El Gobierno de Canarias recurrido la nueva la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional porque considera que invade sus competencias en materias como el urbanismo, los puertos o el medio ambiente e infringe la propia Carta Magna al excluir del dominio público a salinas y dunas. El consejero de Obras Públicas y Política Territorial, Domingo Berriel (CC), ha puesto este lunes en conocimiento de sus compañeros de Consejo de Gobierno el contenido del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas 2/2013 que han interpuesto los servicios jurídicos de la comunidad autónoma.

El Gobierno de Canarias sostiene que la reforma de la ley impulsada por el PP vulnera competencias autonómicas, infringe la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en materia de playas y puertos e introduce una "desigualdad de trato" entre ciudadanos. Además, entiende que vulnera la autonomía local y de los principios de igualdad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales. El Gobierno de Canarias denuncia que se invaden sus competencias sobe ordenación del uso de las playas y regulación de las zonas de servicios portuarios, aspectos sobre los que el propio Constitucional ya se ha pronunciado en sentencias anteriores. En materia de Medio Ambiente, el Ejecutivo de Paulino Rivero pone en cuestión que se reserve al Estado la función de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, "desconociendo la necesaria coordinación que debe existir entre las distintas administraciones públicas que ostentan competencias concurrentes sobre un mismo espacio físico". "Del mismo modo, se desconocen las competencias autonómicas cuando somete a la aprobación estatal los planes que hayan de elaborar las comunidades autónomas en relación con los bienes del dominio público marítimo terrestre que tengan adscritos", añade. En cuanto al urbanismo, Canarias considera una intromisión en sus competencias que se atribuya al Estado determinar las características con las que debe contar un suelo para considerarlo urbano, a los efectos de reducir la servidumbre de protección de 100 a 20 metros de ciertos núcleos o áreas de población. La comunidad autónoma defiende, asimismo, que la nueva ley vulnera la definición que la Constitución hace del dominio público marítimo terrestre (artículo 132.2) al excluir de él las zonas inundadas artificialmente (salinas y

cultivos marinos) y "una parte significativa de las dunas, que ya sólo serán de dominio público en la parte que sean necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa" El Gobierno canario recalca que la Constitución dispone que son dominio público la zona marítimo terrestre y las playas, "sin excepción", y que las salvedades que ahora se introducen "violentan el deber de los poderes públicos de preservar el medio ambiente" (artículo 45)" y hacen posible "la privatización de la costa". Asimismo, considera que no se respeta la autonomía local consagrada por la Constitución, "al permitir, de forma genérica, que el delegado del Gobierno pueda suspender de forma automática cualesquiera actos y acuerdos de las entidades locales que estime puedan afectar a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección". "Se atribuye al Estado una posición de superioridad jerárquica respecto de las entidades locales, contraria a su autonomía local, cuando la potestad de revisión de la legalidad de los actos y acuerdos de las Administraciones públicas corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales", advierte. Finalmente, denuncia que la nueva Ley de Costas contiene un "trato discriminatorio, arbitrario y desigual a los ciudadanos", porque "excluye del dominio público marítimo terrestre determinados núcleos costeros del litoral peninsular, sin razón justificada" (los doce núcleos incluidos en su anexo) y aplica un deslinde en Formentera contrario a "la definición del dominio público que se contempla en la propia ley". "Esta exclusión 'ad hoc' vulnera los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Se trata de un beneficio que se concede sin motivación alguna a determinados núcleos de población de la costa peninsular cuando las aparentes razones que lo justifican concurren también en determinados núcleos de las costas canarias", asegura. En la misma línea, denuncia que se infringe la tutela judicial efectiva, al regular un régimen especial para depuradoras de aguas residuales ubicadas en zona de

dominio público marítimo terrestre "que cuentan con sentencia judicial firme que las obliga a cambiar de localización". http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/justicia-y-derechos/la-ceestudia-denuncias-presentadas-contra-la-nueva-ley-de-costasespanola_mhee7ac0fwkjthe7kdps83/ DIARIO LA INFORMACIÓN JUSTICIA Y DERECHOS La CE estudia denuncias presentadas contra la nueva ley de costas española lunes, 02/09/13-12:43 Bruselas, 2 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) está analizando las denuncias presentadas contra la nueva ley de costas española, aprobada el pasado 9 de mayo, según ha informado la responsable de Justicia del Ejecutivo comunitario, Viviane Reding. La CE estudia denuncias presentadas contra la nueva ley de costas española Temas Bruselas, 2 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) está analizando las denuncias presentadas contra la nueva ley de costas española, aprobada el pasado 9 de mayo, según ha informado la responsable de Justicia del Ejecutivo comunitario, Viviane Reding. La comisaria confirma que Bruselas "ha recibido quejas" de la posible incompatibilidad entre la nueva normativa española de costas y la legislación medioambiental europea" e indica que el Ejecutivo comunitario "está estudiando en este momento las alegaciones presentadas por los demandantes". Reding responde así a una pregunta escrita realizada por la eurodiputada británica Martina Anderson, del grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

La parlamentaria preguntaba a la Comisión sobre la nueva normativa española, y pedía aclaraciones en relación a las personas que se sienten perjudicadas por la anterior ley, de 1988. En su respuesta, Reding recuerda que la CE sólo puede intervenir en asuntos que afecten a la aplicación del derecho europeo. "Dado que, en el caso mencionado, no se ha identificado una conexión suficiente con el derecho europeo, corresponde a los Estados miembros, incluidas las autoridades judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respetan y protegen de manera efectiva, conforme a la legislación nacional y las obligaciones internacionales", añade la comisaria. En particular, precisa la comisaria, los tribunales nacionales deben resolver "la cuestión de si la forma de compensación ofrecida por las autoridades españolas respeta la ley constitucional española y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de derechos humanos". Una vez agotadas las vías legales nacionales, correspondería dirigirse altribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia ante la cual "la CE entiende que ya se han presentado acciones" contra la ley, añade Reding. La comisaria indica asimismo que "la Comisión ha estado en contacto con las autoridades españolas en varias ocasiones después de recibir gran número de quejas tanto de ciudadanos españoles como europeos que tienen propiedades en las áreas afectadas" por la aplicación de la normativa. La CE "ha valorado los pasos dados por España para mejorar la seguridad legal de los propietarios de inmuebles afectados por la ley de costas, garantizando a la vez la protección ambiental", añade la comisaria. http://www.inmodiario.com/144/17563/recurre-costas-ante-constitucional.html# INMODIARIO Canarias recurre la Ley de Costas ante el Constitucional 03-09-2013 (13:21:35) El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2013, de 29

de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de costas. Tal y como había ordenado el Gobierno, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma han interpuesto el citado recurso ante el Tribunal Constitucional, contra una Ley que invade competencias de otras administraciones e impulsa la desigualdad de trato de unos ciudadanos frente a otros. En su recurso, el Gobierno de Canarias impugna determinados artículos y disposiciones de la Ley 2/2013 por considerar que incurre en vicio de inconstitucionalidad por vulnerar el sistema de distribución competencial, lesionando las que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, se invoca la vulneración de la autonomía local y de los principios de igualdad, de seguridad jurídica, de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales. En cuanto a la invasión de competencias autonómicas, el recurso del Gobierno canario se basa en que la Ley atribuye a la Administración del Estado el régimen de ocupación y uso de las playas, cuando ya el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 149/1991 dictada en relación con la Ley de Costas de 1988 que ahora se modifica, sostuvo que el modo de llevar a cabo la ocupación y uso de las playas es competencia de las CCAA. Por otro lado, la Ley regula los usos en las zonas de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo terrestre adscritos a las CCAA, lo cual contradice igualmente las competencias autonómicas en materia de puertos y la doctrina del Constitucional, que señaló en la sentencia citada que la Administración del Estado no está autorizada para inmiscuirse en la gestión o explotación de los servicios portuarios de las Autonomías, reservando a las Comunidades Autónomas la actividad de planificación de los usos del suelo. En materia de Medio Ambiente, la vulneración se produce cuando la Ley reserva al Estado la función de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, desconociendo la necesaria

coordinación que debe existir entre las distintas Administraciones públicas que ostentan competencias concurrentes sobre un mismo espacio físico. Del mismo modo, se desconocen las competencias autonómicas cuando somete a la aprobación estatal los planes que hayan de elaborar las CCAA en relación con los bienes del dominio público marítimo terrestre que tengan adscritos. A esto se añade, en materia de urbanismo y ordenación del territorio, la intromisión en las competencias autonómicas que se produce cuando, como régimen adicional, se atribuye el legislador estatal la determinación de las características que debe contar un suelo para su consideración como urbano, a los efectos de reducir la servidumbre de protección de 100 a 20 metros de determinados núcleos o áreas de población. Además, se somete a un informe estatal a los núcleos ya clasificados por el planeamiento cuando ya el instrumento de planeamiento mereció en su tramitación el informe favorable de Costas, lo que supone vulneración del principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, amén de cuestionar el legítimo ejercicio de sus competencias por la Administración urbanística. La Ley, asimismo, lesiona el artículo 132.2 de la Constitución Española que define el dominio público marítimo terrestre, al excluir del dominio natural los terrenos que sean inundados artificial y controladamente consecuencia de obras e instalaciones realizadas al efecto ( cultivos marinos, salinas) y una parte significativa de las dunas, que ya sólo serán de dominio público en la parte que sean necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa, utilizando conceptos jurídicos indeterminados, con vulneración del principio de seguridad jurídica, cuya precisión queda en manos del poder ejecutivo, por lo que el Gobierno de Canarias entiende que se violenta la reserva legal que impone la Constitución. Con esta reducción del dominio público marítimo terrestre se contraría el artículo 132.2 de la Constitución, que incluye la zona marítimo-terrestre y las playas, sin excepción, dentro del dominio público marítimo terrestre, ofreciendo el legislador estatal una arbitraria y artificiosa definición de estos bienes. Con esta reducción, y siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, se violentan además otros principios que consagra el texto fundamental, como el deber de los poderes públicos de preservar el medio ambiente del artículo 45. Se posibilita la privatización de la costa, lo que lleva aparejado el riesgo de contaminación y deterioro de las playas y de la zona marítimo-terrestre, al

quedar gran parte de lo que hasta ahora era dominio público marítimo terrestre fuera del régimen especial de protección que la Constitución impone dispensar a estos bienes. El Gobierno autonómico interpreta además que no sólo se violentan competencias autonómicas, sino también la autonomía local de los artículos 137 y 140 al permitir, de forma genérica, que el Delegado del Gobierno pueda suspender de forma automática cualesquiera actos y acuerdos de las entidades locales que estime puedan afectar a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección. Se atribuye al Estado una posición de superioridad jerárquica respecto de las entidades locales, contraria a su autonomía local, cuando la potestad de revisión de la legalidad de los actos y acuerdos de las Administraciones públicas corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales. Por último, el recurso presentado desde Canarias refleja un trato discriminatorio, arbitrario y desigual a los ciudadanos en le Ley, cuando excluye del dominio público marítimo terrestre determinados núcleos costeros del litoral peninsular, sin razón justificada (12 núcleos incluidos en su Anexo) y cuando practica un especial deslinde en la isla de Formentera, en contra de la definición del dominio público que se contempla en la propia Ley. Además, esta exclusión ad hoc vulnera los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Se trata de un "beneficio" que se concede sin motivación alguna a determinados núcleos de población de la costa peninsular cuando las aparentes razones que lo justifican concurren también en determinados núcleos de las costas canarias. Y, dentro de las arbitrariedades recogidas en la norma, se vulneran las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva y a la ejecución de sentencias en sus propios términos, cuando regula un régimen especial en relación con instalaciones de depuradoras ubicadas en zona de dominio público marítimo terrestre que cuentan con sentencia judicial firme, que las obliga a cambiar de localización. http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/08/31/pp-insta-herediaposicionarse-recurso/613735.html

LA OPINIÓN DE MÁLAGA El PP insta a Heredia a posicionarse ante el recurso a la Ley de Costas Le pide que diga a los vecinos de El Palo y Pedregalejo "por qué su partido propone nuevamente la demolición de sus casas" Ep 31.08.2013 22:13 La senadora por el PP de Málaga Patricia Navarro ha instado a la dirección del PSOE malagueño, concretamente a su secretario general, Miguel Ángel Heredia, a que adopte ya "una posición clara" respecto a la decisión de su formación a nivel nacional de recurrir la Ley de Costas. Navarro se ha pronunciado así tras la interposición este pasado viernes por parte del PSOE de un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de esta norma, cuando, sin embargo, ha indicado en un comunicado, "tiene unos efectos tan positivos para Málaga como es salvar las 517 casas de Pedregalejo y El Palo, situadas en suelo de dominio público marítimo-terrestre". "El PSOE de Málaga y Heredia son cómplices con su silencio de crear nuevamente desconcierto e inseguridad entre los vecinos y los empresarios de chiringuitos de esta zona", ha advertido la 'popular', quien ha retado a los socialistas a que "expliquen a todas estas personas por qué dan la callada por respuesta tras conseguir los vecinos una reivindicación histórica" y a que "digan por qué su partido pretende que estos ciudadanos pierdan sus casas", ya que "proponen nuevamente que sean demolidas". Protección del litoral De hecho, tal y como ha matizado también, la modificación impulsada por el Gobierno central "protege por primera vez la actividad de los empresarios de playas, sin que ello afecte a la protección del litoral", algo que, para Navarro, supone "todo un paso al frente". Así, ha apuntado al equilibrio existente entre la defensa de los intereses medioambientales y la seguridad jurídica que se genera en las actividades económicas relacionadas con la costa. En esta línea, la senadora malagueña ha concretado que la normativa, a la vez que otorga seguridad jurídica a estos establecimientos en cuanto a plazos y

condiciones de la concesión y exigencias sobre el funcionamiento, "también es severa en el cuidado de las playas", en tanto que "establece criterios que compatibilizan la protección costera con el servicio público". Así, ha destacado que con esta nueva norma "se pone fin a la ineficacia y desconcierto que generaba la ley de 1988", al tiempo que "nos acercamos más a la realidad de nuestra costa y se demuestra eficacia en lo relativo a la protección del litoral". Ante esto, Navarro ha lamentado que "al PSOE no le parezca bien que haya más seguridad y más eficacia en cuanto a protección del litoral", ya que "a nivel nacional dicen que se vulnera esta protección, mientras que a la dirección malagueña parece no importarle". Por ello, ha reiterado su petición al PSOE de que "aclare cuál es su postura" y "no se muestre contrario a los intereses de Málaga y de los malagueños, tal y como está haciendo hasta el momento". "Tiene que dar la cara y demostrar si es verdad que le interesa el desarrollo de la provincia", ha sentenciado. Frente al PP y al Gobierno de Mariano Rajoy que "sí miran y defienden los intereses de nuestra provincia y los malagueños", ha asegurado Navarro, "el PSOE mira hacia otro lado y olvida a todos esos vecinos que llevaban muchos años viviendo con la incertidumbre de tener que abandonar sus hogares". http://noticias.terra.es/ciencia/canarias-lleva-al-tc-la-ley-de-costas-por-vulnerarsus-competencias,b1f256db926d0410vgncld2000000ec6eb0arcrd.html TERRA 02 de septiembre de 2013 15:22 Canarias lleva al TC la Ley de Costas por vulnerar sus competencias El Gobierno de Canarias ha recurrido la nueva la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional porque considera que invade sus competencias en materias como el urbanismo, los puertos o el medio ambiente e infringe la propia Carta Magna al excluir del dominio público a salinas y dunas.

El consejero de Obras Públicas y Política Territorial, Domingo Berriel (CC), ha puesto hoy en conocimiento de sus compañeros de Consejo de Gobierno el contenido del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas 2/2013 que han interpuesto los servicios jurídicos de la comunidad autónoma. El Gobierno de Canarias sostiene que la reforma de la ley impulsada por el PP vulnera competencias autonómicas, infringe la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en materia de playas y puertos e introduce una "desigualdad de trato" entre ciudadanos. Además, entiende que vulnera la autonomía local y de los principios de igualdad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales. El Gobierno regional denuncia que se invaden sus competencias sobe ordenación del uso de las playas y regulación de las zonas de servicios portuarios, aspectos sobre los que el propio Constitucional ya se ha pronunciado en sentencias anteriores. "Del mismo modo, se desconocen las competencias autonómicas cuando somete a la aprobación estatal los planes que hayan de elaborar las comunidades autónomas en relación con los bienes del dominio público marítimo terrestre que tengan adscritos", añade. En cuanto al urbanismo, Canarias considera una intromisión en sus competencias que se atribuya al Estado determinar las características con las que debe contar un suelo para considerarlo urbano, a los efectos de reducir la servidumbre de protección de 100 a 20 metros de ciertos núcleos o áreas de población. La comunidad autónoma defiende, asimismo, que la nueva ley vulnera la definición que la Constitución hace del dominio público marítimo terrestre (artículo 132.2) al excluir de él las zonas inundadas artificialmente (salinas y cultivos marinos) y "una parte significativa de las dunas, que ya sólo serán de dominio público en la parte que sean necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa".

El Gobierno canario recalca que la Constitución dispone que son dominio público la zona marítimo terrestre y las playas, "sin excepción", y que las salvedades que ahora se introducen "violentan el deber de los poderes públicos de preservar el medio ambiente" (artículo 45)" y hacen posible "la privatización de la costa". Asimismo, considera que no se respeta la autonomía local consagrada por la Constitución, "al permitir, de forma genérica, que el delegado del Gobierno pueda suspender de forma automática cualesquiera actos y acuerdos de las entidades locales que estime puedan afectar a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección". Finalmente, denuncia que la nueva Ley de Costas contiene un "trato discriminatorio, arbitrario y desigual a los ciudadanos", porque "excluye del dominio público marítimo terrestre determinados núcleos costeros del litoral peninsular, sin razón justificada" (los doce núcleos incluidos en su anexo) y aplica un deslinde en Formentera contrario a "la definición del dominio público que se contempla en la propia ley". "Esta exclusión 'ad hoc' vulnera los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Se trata de un beneficio que se concede sin motivación alguna a determinados núcleos de población de la costa peninsular cuando las aparentes razones que lo justifican concurren también en determinados núcleos de las costas canarias", asegura. http://www.urbanoticias.com/hemeroteca/18683/la_ley_de_costas_desprotege_e l_dominio_maritimo_terrestre URBANOTICIAS La Ley de Costas desprotege el dominio marítimo-terrestre

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha defendido la constitucionalidad de la reforma de la Ley de Costas ante las críticas a la ligera del PSOE, que presentó el viernes un recurso en el Tribunal Constitucional al considerar que desprotege el dominio marítimo-terrestre. ley de costas En un encuentro con la prensa, Ramos ha recordado que se trata de una reforma de una legislación que ya fue enjuiciada en su día por el Tribunal Constitucional y el Gobierno se ha movido en esos parámetros. Además, ha resaltado que un informe del Defensor del Pueblo incluye recomendaciones en el texto pero no lo pone en duda. La Ley de Costas viene a resolver un desorden sin suponer menoscabo de la costa ni reducir su protección, ha señalado. En este sentido, ante los argumentos del PSOE, el Secretario de Estado ha resaltado que resulta imposible que la ley privatice espacios, puesto que las costas son de dominio público. Dar concesiones o prolongarlas es lo contrario, ha destacado. Asimismo, ha explicado que la nueva normativa no rebaja la protección de estos espacios e incluso la refuerza, aludiendo a la 'cláusula anti-algarrobico'. En esta misma línea, ha defendido también la exclusión de núcleos de población del dominio público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares. Se trata de núcleos que ya existían y que el anterior Gobierno socialista los dejó en un limbo sin regular. Había que dar una respuesta a los que habitan esas viviendas en una inseguridad jurídica, ha concluido.