Declaración sobre los derechos humanos en Honduras La Voz de los de Abajo es una organización solidaria con el pueblo de Honduras basada en los Estados Unidos y dedicada a los derechos humanos. Del 22 de mayo al 2 de junio, 2015 nuestra delegación acompañó a organizaciones hondureñas de derechos humanos, víctimas de abusos de derechos humanos, organizaciones campesinas y sus comunidades, periodistas y miembros y miembras de movimientos sociales en Honduras con la meta de observar la situación de derechos humanos en el país. Nuestra delegación fue compuesta de 5 ciudadanos estadounidenses de las ciudades de Chicago, San Francisco, Denver y San Louis. La situación que observamos, y los testimonios que escuchamos de las víctimas y de los defensores y las defensoras muestran una situación de inseguridad y vulnerabilidad, en particular para los defensores y las defensoras de derechos humanos, ambientalistas, periodistas y sus familias además de las comunidades campesinas e indígenas. Descubrimos que, al contrario que las afirmaciones que hace el gobierno hondureño y el de los EE.UU, la situación está grave y se está deteriorando. Compartimos la preocupación expresada por toda la gente que entrevistamos, sobre un creciente dictadura marcada por una concentración de poder presidencial que extiende al poder judicial, el Tribunal Supremo Electoral, además de un poder institucional amplio a través de los ministerios. Este control está respaldado por cada vez más militarización del gobierno y de los espacios públicos. Esta situación existe dentro de un marco de impunidad y corrupción y la falta de institucionalidad como resultado, lo cual contribuye a la violencia generalizada. Desaparecidos del pasado y del presente Nuestra visita a Honduras coincidió con una invitación del Comité de Familiares de los Detenidos Desaparecidos (COFADEH) a la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido del 25 al 29 de mayo. Nos dio mucho pesar aprender que casi todos los casos de desapariciones forzadas de los años 1980 quedan en la impunidad después de tantos años. Sin embargo, nos perturbó y nos alarmó aún más el hecho de que las desapariciones forzadas siguen pasando, y que siguen en la impunidad. El personal del COFADEH revisó varios casos con la delegación. El caso siguiente es el más recién: Donatilo Jimenez Euceda fue desaparecido de su lugar de trabajo, durante su jornada de trabajo regular en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la ciudad de La Ceiba el 8 de abril, 2015.
Donatilo fue miembro desde hace mucho del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) y el ex-presidente de su sindicato local en La Ceiba. Antes de su desaparición le dijo a su familia sobre los conflictos numerosos con la administración universitaria con respeto a las condiciones laborales, tales como la seguridad de los trabajadores en el centro universitario rural donde él trabajaba, la presencia del crimen organizado en propiedad universitaria y las acusaciones de conspiración entre guardias de seguridad de la universidad y los elementos criminales. Donatilo también estaba activo en el sindicato y estaba participando en una planilla de trabajadores quienes se habían lanzado a puestos de liderazgo regional en la SITRAUNAH. Su planilla tuvo que retirarse de las elecciones después de su desaparición. Logramos hablar por mucho tiempo con la hermana de Donatilo, Jaqueline Jimenez (quién también trabaja en la Universidad Nacional en el CURLA) y con otros miembros del SITRAUNAH de Tegucigalpa y la región norteña de La Ceiba. Hablaron de los muchos conflictos con la administración universitaria tanto al nivel regional como al nivel nacional. La familia no sabe exactamente lo que le pasó a Donatilo el día que desapareció. Al principio los oficiales universitarios locales habían afirmado que él había salido del trabajo en su carro, lo cual fue encontrado abandonado; luego oficiales universitarios y policíacos dijeron que fue matado y que tenían un sospechado encarcelado, pero sin detalles y sin haber descubierto un cuerpo. La hermana de Donatilo nos explicó que después de la desaparición de Donatilo, la administración universitaria no hizo ninguna declaración ni se mostró preocupada ni investigó lo que había sucedido ni tampoco hizo llamado alguno de investigar su desaparición. Cuando el COFADEH acompañó a la familia al sitio de su desaparición al principio fueron negado acceso para buscarle y luego les dijeron que podían entrar pero solo después de advertirles que sería peligroso, lo cual llevó el equipo a la decisión de no hacer una búsqueda completa en los terrenos extensos del centro universitario. Las autoridades universitarias hasta los más altos niveles no solamente han sido poco cooperativos sino han puesto una demanda para calumnia y daños en contra de la hermana de Donatilo y su esposa por sus declaraciones públicas sobre las preocupaciones de Donatilo antes de su desaparición. Elizabeth Ramos Urrea (de 28 años) y su hermana Xenia Rosibel Ramos Urrea (de 14 años) fueron desaparecidas en agosto del 2009, solo un mes después del golpe de estado de junio del 2009 durante un tiempo de militarización generalizada y levantamiento en todo el país. Xenia estaba embarazada después de ser violada por un estudiante seminario local y candidato al sacerdocio. Las
dos fueron desaparecidas después de ir a ver el seminario, un hecho confirmado por otros testigos. Cuando ellas no regresaron a casa fue claro que algo había sucedido, la madre reportó los hechos a la policía local y a los oficiales de la iglesia hasta las alturas del Obispo. Dieciocho días después de su desaparición se encontraron cuerpos, parcialmente quemados, con zapatos que pertenecían a una de ellas. No tan solo rehusaron investigar sino también los oficiales eclesiásticos le ordenaron el sacerdote acusado en el 2011 y lo dieron una promoción. En enero del 2015 la familia descubrió que la investigación del caso estaba estancada y pidieron ayuda del COFADEH. COFADEH ha empezado el proceso de colectar toda la documentación e información. También nos enteramos de los casos del asesinato de por lo menos cuatro estudiantes quienes estuvieron involucrados en las manifestaciones estudiantiles en el marzo del 2015 (Elvin Antonio López, Darwin Josué Martínez, Diana Yareli Montoyam, y Soad Nicole Ham Bustillo). Soad Nicole Ham Bustos (de 14 años) había recibido bastante cobertura en los medios de comunicación cuando denunció al Ministro de Educación, Marlon Escoto y al Presidente Hernández con palabras muy fuertes durante una de las manifestaciones. Un día después fue desaparecida después de asistir sus clases (el 24 de marzo) y el 26 de marzo su cuerpo fue encontrado tirado en una calle cerca de su escuela, amarrado en plástico y con señales de golpes y estrangulación. El 26 de mayo, mientras aún estuvimos en Tegucigalpa, un testigo protegido en el caso, Alejandra Desiré Ordoñez (de 18 años) cayó en una emboscada mientras salió de un taxi y fue asesinada con una bala hacia la cabeza. El COFADEH explicó que su organización está viendo un crecimiento de la impunidad hacia las violaciones de derechos humanos; no solo existe para los crímenes cometidos por la policía, los militares y los escuadrones de la muerte directamente vinculados al estado sino también para las instituciones con afinidad política al gobierno. Bertha Oliva enfatizó que el COFADEH insiste que no solamente los autores materiales de los crímenes sino también los autores intelectuales de los mismos tienen que ser identificados, arrestados, y sujetos a la justicia para que la impunidad sea realmente enfrentada. Los Ataques en contra de los Defensores de Derechos Humanos y de las Víctimas de las Violaciones Consideramos que el uso de las leyes de difamación por parte de instituciones de poder como la Universidad Nacional Autónoma, y de políticos prominentes, en contra de los defensores de derechos humanos, de las víctimas y contra periodistas, es un intento para desacreditarlos y de impedir su trabajo y su derecho de denunciar violaciones.
El viernes 27 de mayo asistimos a un evento realizado por la organización C-libre, dedicada a la protección de periodistas y de la libertad de expresión, en la cual presentaron su reporte sobre los ataques contra periodistas durante el ano 2014 y en donde también entregaron reconocimientos a la defensora de derechos humanos Gladys Lanza y al periodista Gilberto Gálvez. Gladys Lanza es miembro de la organización de derechos humanos Visitación Padilla que se enfoca en derechos de la mujer. Ella podría ser encarcelada por las autoridades en cualquier momento debido a los cargos de difamación que ha presentado un prominente funcionario de una ONG después de que su organización tomó el caso de una empleada de la ONG por acoso sexual. Cuando menos otros dos periodistas tienen cargos similares impugnados por figuras políticas muy influyentes. La activista pro pueblos indígenas y ambientalista Bertha Cáceres, coordinadora de la organización COPINH, también fue amenazada con cargos de difamación por el secretario del Congreso Nacional de Honduras después de que ella denunciara el asesinato de Moises Durón Sanchez, un miembro de COPINH en Somolagua, Santa Barbara, ocurrido el 20 de mayo del 2015. Entendemos que estos ataques usando el ámbito legal se llevan a cabo al tiempo en que los funcionarios oficiales de gobierno, incluyendo al presidente del país, utilizan los medios y las amenazas de acciones legales para desacreditar a los defensores de derechos humanos y a las víctimas de los abusos. Violencia y Vulnerabilidad en las Comunidades Rurales Indígenas También nos preocupan la extrema vulnerabilidad de las comunidades rurales y la recurrente violencia como resultado de los conflictos sobre las tierras aun no resueltos y de la falta de institucionalidad. Nos dice la CNTC que una nueva ley agraria que produciría una resolución a los conflictos se presentó al congreso hace mas de un año en abril del 2014, pero que ésta permanece atorada en un comité del congreso. Durante la visita de nuestra delegación, fuimos testigos de la situación de apremio en las áreas rurales al visitar varias comunidades rurales afiliadas a la CNTC en los departamentos de La Paz y Yoro. En La Paz entrevistamos a miembros de dos comunidades que habían sido desalojadas por la fuerza recientemente sin ninguna orden judicial en lo absoluto. En la comunidad llamada Juan Almendares escuchamos historias de cómo hombres armados y enmascarados llegaron a la comunidad e incendiaron estructuras y destruyeron sus cosechas ademas de otras pertenencias.
Dos mujeres miembros de la comunidad, cuyos nombres no daremos para proteger su seguridad, describieron haber recibido amenazas de muerte de parte de un poderoso terrateniente local y de la policía el 23 y el 25 de mayo. En Yoro, miembros del comité regional de la CNTC nos dieron reportes de que durante la semana del 25 de mayo dos de sus miembros fueron seguidos y sus hogares vigilados por hombres desconocidos que viajaban en carros de apariencia particular. En entrevistas con miembros de la comunidad, con representantes regionales y nacionales de la CNTC también identificamos el problema de la criminalización de comunidades y activistas agrarios. La CNTC tiene mas de 2000 miembros atravesando por procesos legales relacionados con asuntos agrarios. El 1ro de junio también entrevistamos a uno de sus miembros: Jose Isabel Chabelo Morales Lopez, un campesino en prisión. El Sr. Morales está preso desde hace mas de 6 años debido a un conflicto agrario a pesar de no existir ninguna evidencia de su participación el los actos de violencia que ocurrieron. Se han documentado numerosas violaciones de los procedimientos en las leyes de Honduras tanto como problemas con los testimonios de los testigos lo cual resultó en que el juicio del 2013 en su contra fue anulado. Otro juicio se realizó entonces en el 2014. En este último los jueces fallaron en su contra a pesar de señalarse perjurios de los testigos y otras irregularidades. En mayo de este año ese fallo fue una vez mas anulado y se ha ordenado otro juicio mas. El Sr. Morales expresó su preocupación dado que ha recibido muchas amenazas y su preocupación de que nunca será posible para él recibir un juicio imparcial en Honduras. Discutimos su caso con miembros de COFADEH, con la Red de Defensoras de Derechos Humanos, la organización jesuita ERIC-SJ y la CNTC todos los cuales demandan la excarcelación y exculpación de todos los cargos en contra de Jose Isabel Morales. Conclusiones La situación que observamos contradice en mucho las declaraciones hechas por el gobierno de Honduras y el de los EEUU sobre supuestas mejorías en las condiciones políticas y económicas y de que se han reforzado las instituciones del estado. Ademas de las graves violaciones de derechos humanos, la situación de impunidad y corrupción y de abuso del poder se expresa vivamente cuando salió a la luz la extrema corrupción citada en las acusaciones de que el partido político en el poder ha saqueado al sistema público de salud con millones de dólares. Esto está profundizando el descontento público y la falta de confianza en las instituciones del país. El alcance de este descontento puede verse en el creciente número de hondureños que toma parte ahora en las protestas anti-corrupción que, al momento de escribir este reporte, se suceden a diario en prácticamente
todas las ciudades del país. Dados los amplios ataques contra los defensores de derechos humanos y periodistas y dada la extrema militarización de los espacios públicos en el país, estamos profundamente ansiosos de que la comunidad internacional incluyendo los EEUU, obligue al gobierno de Honduras a cumplir con el estado de derecho. Vicki Cervantes 18 de Junio 2015 por la Delegación de La Voz de los de Abajo a Honduras Mayo 22- Junio 2, 2015