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Transcripción:

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO PALACIO LEGISLATIVO P r e s e n t e s. Los suscritos Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario Sánchez Zataráin y Robespierre Lizárraga Otero, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXI Legislatura; en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 45, fracción I de la Constitución Política; 18, fracción I, 134,135 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos jurídicos del Estado de Sinaloa, presentamos y sometemos a esta Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente: Iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, con el único objeto de establecer la igualdad de género en la elección de los cargos de representación popular, así como en los nombramientos para integrar la Administracion Pública Centralizada y Descentralizada o Paraestatal del Gobierno del Estado y de los Municipios de Sinaloa. Al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS México heredó del derecho precolonial y colonial un trato de inferioridad jurídica hacia la mujer. Éste se mantuvo durante todo el Siglo XIX, hasta 1917, en que fue expedida la Ley de Relaciones Familiares, que sólo rigió para el ámbito del Derecho Civil, quedando inalterable esa discriminación legal en el campo de la política hasta antes del 17 de octubre de 1953, en que - por fin!- le fue otorgado en esta fecha, por primera vez, el derecho al sufragio a las mujeres, siendo Presidente de la República Don Adolfo Ruiz Cortines. Pero antes, en 1937, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, envió una iniciativa de reformas al artículo 34 de la Constitución, con el mismo propósito de otorgarle ese derecho a la mujer, sólo que ésta no corrió la misma suerte que la enviada por Ruiz Cortines, ya que dicha iniciativa no concluyó el trámite legislativo requerido para una reforma constitucional, debido a que quedó detenido en la etapa de cómputo de aprobación de las legislaturas de los estados, sin que jamás concluyera dicho proceso legislativo, bajo el argumento de que el voto femenino podría verse influenciado por los curas. De ese tamaño eran los prejuicios políticos de la época.

En el plano mundial, encontramos múltiples documentos e instrumentos internacionales que versan sobre la igualdad de género. Su formulación y firma no fue obra de la casualidad ni un acto de generación espontánea, sino implicaron esforzados sacrificios y arduos caminos de lucha que enfrentó la mujer por conquistar esa igualdad en los ámbitos jurídico-políticos. El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, así como el derecho implícito a la no discriminación por motivos de género, se reconocieron en la Carta de San Francisco de 1945, los cuales fueron reiterados tres años después (1948) en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Casi dos décadas después (1966), surge el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en cuyo artículo 3 establece que los Estados miembros del mismo se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de esos derechos. La Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, dispone en su artículo 3 la obligación de los Estados Partes, a adoptar en todas las esferas y, en particular en el área legislativa, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades, en igualdad de condiciones con el hombre. En el escenario nacional, en 1974 se reforma el artículo 4 constitucional que consagra la igualdad jurídica de la mujer y el varón, atribuyéndole la protección de la organización y desarrollo de la familia. Aunque así lo ordenó la Ley Fundamental, en el texto original del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)) de 1990, estableció una cuota de género del 30%, hasta llegar al 40% a partir del año 2002 a la fecha, sin hacer una precisión de los cargos de diputados o senadores de mayoría relativa o de representación proporcional, como tampoco lo hacen hasta ahora las leyes locales en esa materia. En la práctica, esos porcentajes son todavía más inequitativos, ya que de un total de 500 diputados federales actualmente 316 son hombres y 184 son mujeres, representando los primeros el 63.2%, mientras que las mujeres el 36.8%, de donde se advierte una diferencia marcada a favor de los varones. Ante esto, el día 15 de octubre de 2013, por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación presentó una iniciativa de reforma al COFIPE, en el que se propuso igualar al 50% para

hombres y mujeres el reparto de los puestos de elección para diputados y senadores, tanto propietarios como suplentes. Como ciudadanos y como integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense estamos totalmente de acuerdo con esta medida legislativa. Aunque esto ya lo adelantamos en los hechos dentro de dicho instituto político, ya que en los comicios locales del año pasado fuimos muy respetuosos con la igualdad de género al registrar a nuestras candidatas y candidatos bajo esa perspectiva. El resultado de esa política, es que el Partido Sinaloense obtuvo 3 diputados por vía plurinominal y 2 de mayoría relativa en candidatura común. De estos, 3 son mujeres y 2 son varones. Congruentes con ello, estamos proponiendo que haya una igualdad para que los partidos y coaliciones postulen el 50% de candidatas y candidatos a todos los puestos de elección popular. Ya es tiempo que se les haga justicia en los hechos a las mujeres sinaloenses para que compitan en las mismas condiciones numéricas y materiales en materia política. Ya es tiempo de que no sólo se les utilice en las tareas de operación política en las colonias y comunidades. Es tiempo de que se les iguale y respete de verdad. No sólo que se les reconozca en homenajes y discursos vanos, o que únicamente se les incluya como candidatas suplentes a los puestos de elección popular y en los cargos dentro de la administración pública de muy bajo nivel. El Partido Sinaloense observa a muchísimas mujeres con una gran capacidad, con bastante determinación, entrega y responsabilidad al trabajo fecundo, honesto y productivo, como para que arribe a mejores lugares o niveles en todos los ámbitos y dimensiones, ya sea en el sector público, privado o social. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a esa Soberanía Popular, el siguiente proyecto de: DECRETO NÚMERO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ COMO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA Y LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, CON EL ÚNICO OBJETO DE ESTABLECER LA IGUALDAD DE GENERO EN LA ELECCIÓN DE LOS CARGOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR, ASÍ COMO EN LOS NOMBRAMIENTOS PARA INTEGRAR LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE SINALOA. Artículo Primero.-Se reforma el párrafo primero del artículo 3 Bis A., el párrafo segundo del artículo 6 ; los párrafo cuarto, sexto y octavo del artículo 8, y el párrafo primero del artículo 9º; y se derogan los párrafos segundo y tercero del artículo 3º, el párrafo tercero del artículo 6º, el párrafo quinto del artículo 8º, todos de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: ARTÍCULO 3. Bis A. Los partidos políticos o coaliciones deberán postular el cincuenta por ciento de las candidaturas a diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa de un mismo género. ARTÍCULO 6. La elección de regidores por el sistema de mayoría relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integrará al Síndico Procurador, y que encabezará la candidatura a presidente municipal. Las planillas deberán integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidatos a regidores de un género y cincuenta por ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto en igualdad numérica, es decir 50% y 50% tanto para mujeres como para varones. ARTÍCULO 8. En ningún caso deberá registrarse una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas por segmentos de cinco formulas, en cada uno de los

cuales habrá al menos dos fórmulas de género distinto, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto en igualdad numérica, es decir 50% y 50% tanto para mujeres como para varones. Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 4 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: Artículo 4 Bis. En las Secretarías y las Entidades que integran la Administración Pública Estatal o centralizada, así como las que conforman la Administración Pública Descentralizada o Paraestatal, la titularidad de estas y de las subsecretarías, direcciones generales, coordinaciones generales, direcciones, subdirecciones, coordinaciones y jefaturas de departamento, deberá nombrarse en conjunto el 50% de mujeres y el 50% de varones. Lo mismo deberá hacerse en cuanto a la integración de las juntas de gobierno o equivalentes de los organismos descentralizados o paraestatales. Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 16 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: Artículo 16. El Presidente Municipal, en su calidad de alcalde de la comuna, será el órgano ejecutivo del Ayuntamiento. Los nombramientos que emita él o quien esté facultado para ello, respecto de la titularidad de las secretarias, direcciones generales, coordinaciones generales, direcciones, subdirecciones, coordinaciones y jefaturas de departamento que conforman la administración pública municipal centralizada y descentralizada o paraestatal, incluidos los órganos desconcentrados deberán recaer de manera conjunta en el 50% a favor de mujeres y el otro 50% en varones. Lo mismo deberá hacerse en cuanto a la integración de las juntas de gobierno o equivalentes de los organismos paraestatales. T R Á N S I T O R I O Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se le opongan al presente Decreto, y operarán a partir del proceso electoral local que se llevará a cabo en el año 2016 por los que toca a los cargos de representación popular. En lo que corresponde al nombramiento o designación de los cargos en la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Gobierno del Estado y de los Municipios de Sinaloa, se hará a partir del 1 de enero del año 2017. A T E N T A M E N T E Culiacán Rosales, Sinaloa, marzo 6 de 2014. Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda Diputada Rosario Sánchez Zataráin Diputado Robespierre Lizárraga Otero