Época: Décima Época. Registro: Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación

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Época: Décima Época Registro: 2007076 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Materia(s): (Administrativa) Tesis: PC.XVI.A. J/1 A (10a.) ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL. ES INNECESARIO CITAR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, PARA FUNDAMENTAR SU COMPETENCIA EN RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESE ORDENAMIENTO.

Del artículo segundo transitorio, fracción VII, párrafo primero, del citado ordenamiento, se advierte que los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, se tramitarán y resolverán por la unidad administrativa que, conforme al propio Reglamento, sea competente. Ahora bien, como el artículo transitorio en mención no consigna la competencia material de alguna unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, sino que sólo reconoce la existencia de asuntos pendientes de resolver a la entrada en vigor del nuevo Reglamento y en éste se contienen las normas que definen la competencia material de sus unidades administrativas, es innecesario que éstas lo citen para fundamentar su competencia en resoluciones de procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, ya que los artículos que la establecen son el 17, párrafo primero, fracciones III y XVII y 19, párrafo primero, apartado A, fracción I, del Reglamento vigente. Contradicción de tesis 2/2014. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos del Décimo Sexto Circuito. 29 de abril de 2014. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Víctor Manuel Estrada Jungo, José de Jesús Quesada Sánchez, Ramiro Rodríguez Pérez, Ariel Alberto Rojas Caballero, José Gerardo Mendoza Gutiérrez y de José Juan Bueno Vázquez, secretario autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Ramón Lozano Bernal. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 508/2013, y el diverso sustentado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 4/2010. Esta tesis se publicó el viernes 08 de agosto de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de agosto de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época Registro: 2007065 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Materia(s): (Constitucional) Tesis: 2a./J. 87/2014 (10a.) PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto establece un procedimiento complejo para determinar la tasa aplicable en cada mes para la enajenación de gasolina o diésel en territorio nacional, el cual se compone de la obtención de diversos valores económicos, como son el precio de referencia para cada uno de los distintos combustibles; el costo de manejo y el coste neto de transporte a la respectiva agencia de ventas de Petróleos Mexicanos, así como el margen comercial, entre otros conceptos. Ahora, el hecho de que la porción normativa faculte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para expedir reglas de carácter general, mediante las cuales dé a conocer los elementos para determinar los valores indicados, no viola el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no dejarse en manos de dicha dependencia el cálculo de las tasas respectivas, ya que sólo se le vincula a pormenorizar los términos en los que habrán de obtenerse del mercado los diversos factores que participan en el coste de los combustibles, atendiendo a las operaciones realizadas por cada agencia de ventas de

Petróleos Mexicanos, dado que el aludido artículo 2o.-A, fracción I, prevé las diversas operaciones aritméticas que la autoridad hacendaria debe realizar para obtener la tasa aplicable, por lo que no se le faculta a fijar ese elemento esencial de manera discrecional, sino que la propia norma habilitante señala las directrices que deben tomarse en consideración, atendiendo a la naturaleza del fenómeno a cuantificar; de ahí que es la realidad económica que se debe valorar, y no la voluntad de la dependencia, la que determina la trascendencia de esos valores económicos al porcentaje al que ascenderá la tasa respectiva. Amparo en revisión 230/2014. Carolina Campos Hernández y otros. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López. Amparo en revisión 267/2014. Humberta Sánchez Montiel. 4 de junio de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Amparo en revisión 319/2014. Lizardo Carreón Bautista. 11 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Amparo en revisión 207/2014. Adolfo Martínez Flores y otros. 11 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña. Amparo en revisión 269/2014. Fortunato Domínguez Vázquez. 18 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña. Tesis de jurisprudencia 87/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de julio de dos mil catorce.esta tesis se publicó el viernes 08 de agosto de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de agosto de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima Época Registro: 2007105 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): (Civil) Tesis: I.3o.C.142 C (10a.) SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. TIPOS PREVISTOS LEGALMENTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2180 Y 2181 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL). El artículo 2180 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Por su parte, el artículo 2181 del mismo ordenamiento establece que la simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real y relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. La interpretación gramatical de ambos preceptos permite advertir que del primero de ellos, se obtiene la norma que define lo que constituye un acto jurídico simulado, y del segundo la norma definitoria que distingue dos tipos de simulación: la absoluta y la relativa. De conformidad con ese último precepto, será absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real y, por tanto, para su demostración bastará que se acredite que el acto no ha ocurrido, pues con esto se probará el elemento esencial de la acción de simulación. En cambio, para la nulidad relativa, será necesario que se revele y prueben dos actos jurídicos: por un lado, el que sirvió para aparentar y, por otro, el que realmente hubiera acontecido. Amparo directo 601/2012. Consuelo de la Cruz Huerta. 4 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sandoval López. Secretario: Rubén Darío Fuentes Reyes. Esta tesis se publicó el viernes 08 de agosto de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época Registro: 2007090 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): (Civil) Tesis: I.3o.C.140 C (10a.) FRAUDE A LA LEY. ELEMENTOS DEFINITORIOS. De lo establecido por las normas existentes en la materia (artículos 6o., 8o. y 15 de los Códigos Civil Federal y del Distrito Federal, así como el 6 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado suscrita por el Ejecutivo Federal y aprobada por el Senado de la República), y en la doctrina de tradición romanogermánica extranjera y nacional (Alexandre Ligeropoulo, Calixto Valverde y Valverde, Juan Ruiz Manero, Manuel Atienza, José Louis Estevez, Francisco Ferrara, Enneccerus, Kipp y Wolff, Rojina Villegas, Pereznieto Castro y Arrellano García), pueden extraerse como elementos definitorios del fraude a la ley, los siguientes: 1. Una norma jurídica de cobertura, a cuyo amparo el agente contravendrá otra norma o principio; 2. Una norma, principio o valor jurídicos que rigen o delimitan a la norma de cobertura; y, 3. La existencia de ciertas circunstancias de la aplicación de la norma 1, que revelan la evasión de 2. Amparo en revisión 307/2012. Evaristo Ramírez González. 14 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sandoval López. Secretario: Rubén Darío Fuentes Reyes.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de agosto de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época Registro: 2007089 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): (Civil) Tesis: I.3o.C.139 C (10a.) FRAUDE A LA LEY. CUÁNDO SE COMETE AL AMPARO DE UNA COMPRAVENTA CELEBRADA ANTE NOTARIO PÚBLICO. La interpretación sistemática y funcional del artículo 3007, en relación con los diversos 3001, 3003, 3009, 3010, 3013, 3015, 3030, 3031 y 3064 del Código Civil para el Distrito Federal, de los que se desprenden los principios y valores que rigen el sistema del Registro Público de la Propiedad, lleva al conocimiento de que se comete fraude a la ley, si se admite que es oponible a terceros una compraventa celebrada ante notario público respecto de la que se omitió su inscripción en dicho registro y, ante el desconocimiento de la transmisión del inmueble, se realizaron otras operaciones que afectaban el derecho real ínsito a la propiedad del bien, al emplear como normas de cobertura las que establecen que una compraventa celebrada ante notario hace prueba plena de ese pacto y da fecha cierta a su celebración, para así, con fundamento en ellas, eludir el cumplimiento de obligaciones debidamente registradas y garantizadas mediante el inmueble objeto de la enajenación no registrada, por ejemplo, las relativas a la hipoteca, lo que evidentemente está prohibido por la ley.

Amparo en revisión 307/2012. Evaristo Ramírez González. 14 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sandoval López. Secretario: Rubén Darío Fuentes Reyes. Esta tesis se publicó el viernes 08 de agosto de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación