COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Transcripción

1 PARLAMENTO EUROPEO Comisión de Peticiones COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS Asunto: Petición 1223/2012, presentada por Frank Cavanagh, de nacionalidad irlandesa, sobre la normativa de construcción irlandesa, que no protege a los consumidores ni al medio ambiente 1. Resumen de la petición El peticionario denuncia que la normativa de construcción irlandesa, elaborada por el Departamento de Medio Ambiente, Comunidad y Gobierno Local, no protege los derechos de los consumidores ni el medio ambiente. Advierte que, en lo que respecta a las fosas sépticas y a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, la normativa hace recaer toda la responsabilidad en los propietarios de las viviendas, eximiendo a las autoridades de cualquier responsabilidad. El peticionario señala la infracción del Reglamento (UE) nº 305/2011 relativo a los productos de construcción y también de la legislación europea en materia de medio ambiente. 2. Admisibilidad Admitida a trámite el 16 de enero de Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento). 3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2014 El Reglamento (UE) nº 305/2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción es directamente aplicable en Irlanda. En este Reglamento se establecen condiciones para la comercialización de productos de construcción, incluidas, entre otras cosas, la obligación de que los fabricantes evalúen y declaren las prestaciones de sus productos con arreglo a unas normas armonizadas. En este caso, los fabricantes asumen la responsabilidad de la conformidad del producto de construcción con la CM\ doc PE v01-00 Unida en la diversidad

2 prestación declarada y están obligados a proporcionar instrucciones e información en materia de seguridad (incluso, si procede, sobre los riesgos en caso de que los productos no se hayan diseñado, instalado o utilizado adecuadamente) en una lengua que los usuarios puedan entender fácilmente. Este sistema implica que los sistemas de tratamiento de aguas residuales cubiertos por la norma armonizada europea hen se evaluarán de conformidad con esta norma, en particular en lo que se refiere a su diseño, eficacia del tratamiento, durabilidad, ensayo, instalación, instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, y otras características esenciales. No obstante, conviene destacar que esta norma armoniza los métodos de ensayo de la prestación de los productos y los sistema de evaluación y verificación de la constancia de la prestación, aunque sin especificar la eficiencia del tratamiento que se ha de conseguir para cada una de las características esenciales en cuestión. La elección de los valores o niveles máximos de prestación exigidos para los usos previstos de los productos se deja en manos de los reguladores nacionales de cada Estado miembro. Con este fin, Irlanda ha fijado niveles máximos a nivel nacional para la prestación que ha de alcanzar el producto para su uso en este país. Estos niveles son publicados por la Autoridad Nacional de Normalización de Irlanda. Irlanda va a hacer obligatoria la norma hen en su sistema nacional y está autorizada a regular aspectos cubiertos por esta norma solo mediante la fijación de requisitos para el uso de productos de este tipo que se encuentren bajo su soberanía, en la medida en que ello se haga en el respeto de la norma, por ejemplo utilizando métodos y criterios de evaluación previstos en ella. La reglamentación irlandesa en materia de construcción (Parte H/Documento de orientación técnica «Drainage and Waste Water disposal» se revisó en 2012 para reflejar esta norma. Irlanda también es responsable del control del mercado de los productos de construcción disponibles en el país tal y como se describe en el capítulo VII del Reglamento relativo a los productos de construcción. Por lo que se refiere a la normativa en materia de construcción y, en particular, al ejemplo de Priory Hall en Donaghmede, Dublín, la Comisión está informada de que la situación existente en este lugar ha dado lugar a la incoación de acciones legales contra el ayuntamiento de Dublín. El 14 de octubre de 2011, el Tribunal Supremo ordenó el desalojo de los locales. Las autoridades locales tienen competencias estatutarias, que ejercen, en caso de la seguridad contra incendios, el control inmobiliario y la ordenación urbanística. Cuando se produce una violación grave de estos requisitos legales, como es el caso de Priory Hall, pueden ejercerse estas competencias estatutarias, lo que de hecho se hace. La aplicabilidad de este sistema jurídico está reconocida en la normativa de construcción irlandesa, en el código de conducta EPA y otra información publicada por el Gobierno irlandés, aunque el Reglamento relativo a los productos de construcción no se menciona en dicho código. Además del Reglamento relativo a los productos de construcción, los Estados miembros y los propietarios de viviendas están vinculados por otra legislación de la UE, en particular la Directiva 2008/98/CE 1 sobre residuos en lo que se refiere a la eliminación de las aguas residuales procedentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales del país 2. Sin embargo, 1 DO L 312 de , p De conformidad con el artículo 2, apartado 2, letra a), la gestión de las aguas residuales en las zonas urbanas está cubierta por la Directiva 1991/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. PE v /5 CM\ doc

3 en la información facilitada por el peticionario no se menciona ninguna disposición general o específica de la legislación de la UE en materia de medio ambiente que, en su opinión, haya sido incumplida por Irlanda. Las cuestiones abordadas por el peticionario hacen referencia a sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales. Por consiguiente, la Comisión opina que la petición podría estar relacionada con las medidas aplicadas por Irlanda en respuesta al procedimiento por incumplimiento en contra de este país en lo que se refiere a la gestión y el control de los sistemas individuales de tratamiento de las aguas residuales en incumplimiento de la legislación de la UE en materia de residuos. El procedimiento por incumplimiento dio lugar a un fallo del Tribunal de Justicia en el asunto C-188/08 Comisión contra Irlanda en el que se condenaba a Irlanda por no transponer los requisitos de la Directiva 75/442/CEE 1 relativa a la eliminación de las aguas residuales domésticas mediante fosas sépticas y otros sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales. El Tribunal llegó a la conclusión de que Irlanda no regulaba con la suficiente precisión el tratamiento y la eliminación de las aguas residuales domésticas mediante sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales con el fin de garantizar que ello se hiciera sin poner en peligro la salud humana ni perjudicar al medio ambiente. El Tribunal también declaró que Irlanda no disponía de un marco adecuado que permitiera un sistema de inspecciones destinado a garantizar una verificación sistemática y eficaz del respeto de los niveles de protección exigidos por la Directiva 75/442/CEE en su versión modificada. En respuesta a este asunto, Irlanda estableció un régimen reglamentario y de inspecciones adecuado, con arreglo a los requisitos de la Directiva 75/442/CEE. El 2 de febrero de 2012, Irlanda adoptó la Ley sobre los servicios relacionados con el agua (modificación) en la que se precisan las obligaciones de los propietarios de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales y se exige el registro de sus sistemas, se establece un sistema de inspección y se prevé la adopción de un plan de inspección nacional. Este plan 2 se adoptó el 12 de febrero de 2013, y prevé un mecanismo y una estrategia de inspección basados en el riesgo. Los Reglamentos sobre los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 2012 (SI nº 223), adoptados el 25 de junio de 2012, prevén normas de funcionamiento y mantenimiento para los sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales, como por ejemplo la limpieza periódica de los lodos. También se modifican los documentos de orientación EPA y están disponibles como ayuda a las partes interesadas. Sobre la base de estas medidas, la Comisión dio por concluido el procedimiento por incumplimiento en mayo de El peticionario alega que el documento de orientación EPA contiene muchas lagunas, lo que va a suponer un perjuicio para la salud humana y el medio ambiente. A este respecto, la Comisión observa que el código de conducta EPA 2009: Tratamiento de aguas residuales y sistemas de eliminación en casas individuales (por ejemplo < 10)) representa una guía de mejores prácticas destinada a ayudar a las autoridades, los promotores, los fabricantes de sistemas, los diseñadores de sistemas, los instaladores y los operadores a tratar diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales, En el documento de orientación se establece explícitamente que, con arreglo a lo expuesto en el código, no se exime a un individual de la obligación de respetar la legislación pertinente y de evitar la contaminación procedente de su 1 DO L 194 de , p. 39. Directiva derogada por la Directiva 2008/98/CE CM\ doc 3/5 PE v01-00

4 lugar. Además, los requisitos previstos en el código se han de completar, como se exige, con asesoramiento técnico especializado basado en el conocimiento de la canalización de aguas residuales y, en particular, las condiciones locales, ya que en Irlanda el suelo varía en gran medida en distancias muy cortas y cerca de hogares utilizan sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales para recoger, tratar y descargar las aguas residuales domésticas. Por lo que se refiere a la reclamación del peticionario de que el marco jurídico de Irlanda aplica el principio de quien contamina paga de forma muy limitada y centrado en los propietarios de viviendas, la Comisión considera que lo dispuesto en la Ley sobre los servicios relacionados con el agua (modificación) de 2012 se corresponde plenamente con lo dispuesto en la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. El artículo 14 de la Directiva establece que el productor de los residuos es el responsable del coste de la gestión de los mismos. El productor de los residuos en el caso de los sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales es el propio hogar. Asimismo, los gastos derivados de la eliminación de las aguas residuales domésticas a través de un sistema de tratamiento de aguas colectivo recaen en las autoridades locales que se financian con las tasas aplicadas al consumo de agua impuestas por las autoridades locales. Por lo que se refiere a la función de otras partes, la Comisión toma nota de que, con arreglo a la Ley sobre los servicios relacionados con el agua (modificación) de 2012 la eficacia de los sistemas individuales de tratamiento de aguas la evalúa un inspector cualificado. La Comisión no puede prejuzgar las diferentes razones por las que se puede considerar que un sistema individual de tratamiento de aguas no cumple la normativa. No obstante, el Gobierno irlandés ha creado un sistema de ayuda financiera para los hogares cuyos sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas necesitan una reparación o una mejora tras la inspección llevada a cabo de conformidad con la Ley sobre los servicios relacionados con el agua (modificación) de Por lo que se refiere a la reclamación del peticionario de que los consumidores no están informados de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente de tener un sistema individual de tratamiento de aguas, la Comisión observa que las personas son informadas de los requisitos necesarios de conformidad con la legislación de la UE en materia de residuos para la recogida, el tratamiento y la gestión de residuos domésticos a través de la legislación nacional. La Comisión observa además que los reglamentos sobre el tratamiento de aguas residuales domésticas (Registro) de 2012 (SI nº 220), de 25 de junio de 2012, exige el registro de todos los sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, de conformidad con la Ley sobre los servicios relacionados con el agua (modificación) de 2012, la venta de instalaciones conectadas a un sistema individual de tratamiento de aguas residuales debe ir acompañada de un certificado de registro válido. Está disponible orientación detallada para los propietarios de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales sobre cuestiones relacionadas con la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de estos sistemas, así como sobre la manera de mejorarlos. 1 La obligación de registrar los sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales y las obligaciones derivadas del SI nº 223/2012 fueron objeto de una importante campaña de sensibilización y gozaron de una importante cobertura mediática a nivel nacional. 2 Además, en el Plan nacional de inspección aprobado PE v /5 CM\ doc

5 recientemente se explica claramente y en detalle los riesgos para la salud y el agua de las aguas residuales domésticas. Conclusión El Reglamento (UE) nº 305/2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, que es directamente aplicable en Irlanda, aborda algunas de las cuestiones suscitadas por el peticionario en lo que se refiere a los requisitos de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y a la responsabilidad del fabricante en cuanto a la declaración de la prestación del producto y el suministro de otro tipo de informaciones al usuario final. Irlanda tiene que controlar la correcta aplicación del Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción en su territorio, incluido el control del mercado de los sistemas de tratamiento de aguas residuales comercializados en el mercado irlandés. Sobre la base de las informaciones facilitadas por el peticionario, la Comisión no puede determinar ninguna violación de la legislación de la UE en materia de medio ambiente. Por lo que se refiere al marco reglamentario para los sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales, la Comisión está satisfecha de que las medidas legislativas y administrativas aplicadas por Irlanda en 2012 y 2013 establezcan un sistema por el que puede comprobarse el cumplimento del nivel de protección del medio ambiente y la salud humana exigido en la Directiva 2008/98/CE en el caso de los sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales. CM\ doc 5/5 PE v01-00