ANUARIO DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA EL INMIGRANTE FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN. SUSANA CUADRÓN Abogada SUMARIO.-

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1 ANUARIO DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA EL INMIGRANTE FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN SUSANA CUADRÓN Abogada SUMARIO.- I. Introducción II. Permanencia del extranjero en España III. Reagrupación familiar IV. Renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo La llegada de extranjeros, no sólo de ciudadanos comunitarios sino también y, mayoritariamente de nacionales de terceros países a España, conlleva necesariamente la creación de una infraestructura determinada por parte de la Administración del Estado que responda y ofrezca una cobertura a las necesidades legales que se plantean con la permanencia de dichos extranjeros en nuestro país; sin embargo la Administración, actualmente, es incapaz de dar una respuesta adecuada a dichas necesidades, encontrándose, por tanto, los extranjeros con grandes obstáculos, a veces, insalvables no sólo cuando pretenden legalizar su situación en España sino incluso, una vez, habiendo encontrándose en situación de regularidad, cuando quieren hacer valer los Derechos que no sólo legal sino también constitucionalmente les amparan. La LO 4/ 2000 sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por LO 8 / 2000 y por LO 11 y LO 14, ambas del 2003 junto con el Reglamento de ejecución aprobado por RD 2393 / 04 de 30 de diciembre, constituyen, básica y principalmente, la legislación aplicable a los extranjeros y a dichos textos legales son a los que me voy a referir, sin perjuicio de la existencia de otras leyes especiales y de los Tratados internacionales en los que España sea parte. La Ley Orgánica de extranjería en su Título primero recoge el conjunto de derechos de los que son titulares los extranjeros. No es este el lugar para hacer un estudio detallado de los mismos, sin embargo resulta conveniente mencionarlos y ello, con la finalidad de poner de relieve cómo la actuación de la Administración, en muchas ocasiones, no es respetuosa con dichos derechos. Así, el articulo 3 de la LO establece que los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la CE en los términos establecidos en los tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles. Consecuentemente con ello, los extranjeros gozan de los derechos y libertades de los artículos 14 a 29 de la CE, Entre estos derechos algunos de ellos son derechos de configuración constitucional plena, esto es, derechos de los que son titulares los UNED. Anuario de la Escuela de Práctica Jurídica. Nº ISSN

2 SUSANA CUADRÓN inmigrantes y los ejercerán en igualdad de condiciones que los nacionales ( como el derecho a la vida, a la libertad, a la defensa entre otros ) y, otros, de reconocimiento limitado esto es, derechos que se encuentran vinculados a la residencia legal de los extranjeros, como es el derecho a la libertad de circulación por el territorio nacional. Trataré de analizar varias situaciones a las que se enfrenta el extranjero y que considero especialmente gravosas: entrada a territorio nacional, obtención de autorización de trabajo, renovación de autorizaciones y reagrupación familiar La realidad muestra que, en la mayoría de los casos, la intención última del inmigrante que llega a Europa o, concretamente a nuestro país, es la de permanecer, con la finalidad de encontrar un trabajo y obtener mejores condiciones de calidad de vida que las existentes en su país de origen para él y para su familia; objetivo respetable y al que tienen derecho todos los ciudadanos del mundo con independencia de su nacionalidad; sin embargo, los países desarrollados, entre ellos no sólo el nuestro sino también el resto de los países integrantes de la Unión Europea, establecen una serie de medidas legales para regular lo que viene a denominarse flujos migratorios y controlar la inmigración irregular, que no es otra cosa que el establecimiento de una serie de trabas legales para evitar una afluencia masiva de inmigrantes. Regulación de flujos migratorios que como analizare mos más adelante, no ha resuelto el problema de la llegada y entrada continúas de extranjeros inmigrantes a Europa, en muchas ocasiones, en condiciones degradantes e inhumanas. Tanto en la LO de extranjería como en el RD 2393/04 se establecen los requisitos de entrada en España y, así, en primer lugar ha de realizarse a través de los puestos habilitados para ello y con la documentación pertinente, esto es, pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, vigente y que se considere válido a tal fin. En algunas ocasiones el extranjero necesitará un visado expedido por el Consulado español en su país de origen o de residencia y, en otra ocasiones no será obligatorio y, ello dependerá de tratados suscritos entre España y otros países en orden a la supresión de exigencia de visado ( por ejemplo, no se exigirá visado a los nacionales de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Rumanía, Bulgaria, siendo obligatorio, sin embargo, para los nacionales de Perú, Ecuador, Colombia, Marruecos, Argel, Egipto, Rusia, Ucrania.) Normalmente el problema surge con aquellos nacionales de países a quienes no se les exige visado de entrada toda vez que a aquéllos a quienes se les exige, previamente a su expedición, han de acreditar no sólo los motivos del viaje sino también la existencia de medios económicos suficientes, esto es, han acreditado, con anterioridad a su entrada en España, la concurrencia de los requisitos exigidos; por tanto, los extranjeros que llegan a nuestras fronteras con un visado, normalmente, no son requeridos de nuevo para que acrediten los requisitos legales de entrada. Centrándonos en aquéllos extranjeros que no necesitan visado, el RD de ejecución de la LO de extranjería en su artículo 7, establece que 1. Los extranjeros deberán, si así se les requiere, especificar el motivo de su solicitud de entrada en España. Los funcionarios responsables del control de entrada en función, entre otras circunstancias, del objeto del viaje y de su duración podrán exigirles la presentación de documentos que justifiquen o establezcan la verosimilitud del motivo de entrada invocado. 2. A estos efectos podrá exigirse, entre otros de los siguientes documentos : a) Para los viajes de carácter profesional: 1º Invitación de una empresa o autoridad ( ) para participar e reuniones de carácter comercial, industrial o vinculadas al servicio

3 EL INMIGRANTE FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN 2º Documentos de los que se desprenda que existen relaciones comerciales o vinculadas al servicio 3º Tarjetas de acceso a ferias y congresos b) Para los viajes de carácter turístico o privado : 1º Documento justificativo del establecimiento de hospedaje o carta de invitación de un particular. ( ) En ningún caso, la carta de invitación suplirá la acreditación por el extranjero de los demás requisitos exigidos para la entrada. 2º Confirmación de la reserva de un viaje organizado, 3º Billete de vuelta o de circuito turístico c) Para los viajes por otros motivos: 1º Invitaciones, reservas o programas 2º Certificados de participación en eventos relacionados con el viaje 3. Los extranjeros que soliciten la entrada, para justificar la verosimilitud del motivo invocado, podrán presentar cualquier documento o medio de prueba que, a su juicio, justifique la verosimilitud de los motivos de entrada manifestados El artículo 8 del mismo texto legal recoge la obligación por parte del extranjero de acreditar, en el momento de la entrada, que dispone de medios económicos o medios de vida suficientes para su sostenimiento y el de las personas a su cargo que viajen con él, durante el periodo de permanencia en España o que está en condiciones de obtener legalmente dichos medios, así como para cubrir el traslado a otro país o el retorno al país de procedencia. Mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales y se determinará la cuantía de los medios de vida exigibles a estos efectos, así como el modo de acreditar su posesión. Actualmente no se ha dictado dicha Orden Ministerial, estando por tanto, en vigor, en relación a los medios económicos, la Orden de 22 de febrero de 1989, en la que se establece la obligación para los extranjeros de disponer de la cantidad de cinco mil pesetas diarias, con un mínimo de pts, con independencia del tiempo de estancia. Cómo se lleva cabo la entrada? Resulta palmario el hecho de que los miembros de la Policía Nacional no pueden controlar a todos y cada uno de los extranjeros que pretenden entrar en España y, consecuentemente con ello, el control y posible rechazo de entrada se hace de forma un tanto aleatoria en el sentido de que a priori los funcionarios del puesto fronterizo rechazan a aquellos que, según su juicio, no responden al perfil de un turista y consideran que su intención es entrar en territorio nacional y permanecer más del tiempo establecido para una estancia turística ( tres meses ). Una vez que por parte del funcionario correspondiente se le impide la entrada, le traslada a una pequeña dependencia policial donde se procede a hacerle una entrevista ( previa a la presencia del letrado ), con la finalidad de que por parte del extranjero se acrediten los requisitos exigidos ( disponibilidad de alojamiento, billete de ida y vuelta, medios econð 3micos, lugares que va a visitar ); si las explicaciones vertidas por el extranjero no le resultan convincentes al funcionario de policía, se traslada al extranjero a otras dependencias donde ya se le explican los motivos en base a los cuales se pretende denegar su entrada a España ( rechazo) y la consiguiente devolución al lugar de procedencia así como el derecho a asistencia letrada y, en su caso, de intérprete. La denegación de entrada se realizará mediante resolución motivada y notificada, con indicación de los recursos que pueden interponerse contra ella, el plazo y la autoridad

4 SUSANA CUADRÓN ante la que deban formalizarse. Hasta aquí comprobamos que nuestra legislación establece un sistema garantista de los derechos de los inmigrantes incluso con carácter previo a su entrada en España sin embargo el derecho a la defensa y a la asistencia letrada ( artículo 24 de la CE ) de la forma en que se encuentra regulado, queda vacío de contenido, lo que significa que, en definitiva, es como si no se hubiera previsto y, ello por lo siguiente : Cuando llega el letrado a dependencias fronterizas para estar presente en la entrevista ( que se supone que es la primera y, sin embargo no es así toda vez que previamente por los funcionarios ya se ha procedido a entrevistarle y verificar los motivos alegados ) ya se ha decidido denegarle la entrada lo que supone que la actuación del letrado queda reducida tan sólo a explicarle cuáles son los motivos de dicha denegación y estar presente en la declaración. A continuación, se ha de elevar el expediente, cuyo contenido viene establecido por la declaración realizada por el extranjero, los documentos presentados, el informe y la propuesta, al Jefe de servicio con la finalidad de que adopte la resolución definitiva sobre la entrada o rechazo; sin embargo, dicha resolución ya ha sido adoptada con carácter previo sin que por parte del superior se analice el caso concreto. Hemos referido que la resolución en la que se acuerde el rechazo en frontera y consiguiente retorno al país de procedencia ha de ser una resolución motivada, sin embargo, dichas resoluciones responden, normalmente, a un modelo tipo en el que se recoge como motivo de los documentos y actuaciones obrantes en el expediente que nos ocupa, se evidencia que el pasajero pretendía acceder a nuestro país sin presentar los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista, incumpliendo la normativa vigente, circunstancia que conlleva la denegación de entrada en España, así como el consiguiente retorno al lugar de procedencia, no reuniendo los requisitos establecidos en los artículo 25 de la LO 4 / 2000, modificada por LO 8 / 2000, norma que establece, entre otros, el de presentar, en su caso, los documentos que justifiquen el objeto y la pretensión, En el mismo sentido, el artículo 5.1 c) del Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada, no obstante ello, la interposición de dicho recurso no supone que la denegación de entrada y retorno quede en suspenso, consecuentemente a efectos prácticos, el derecho a la defensa carece de total eficacia. Y, ya por último referir que el retorno al país de procedencia se hará en el plazo más breve posible y, para el caso de que el retorno fuera a retrasarse más de setenta y dos horas, la autoridad gubernativa habrá de dirigirse al Juez de instrucción para que determine el lugar donde hayan de estar internados hasta que llegue el momento del retorno. En los supuestos en los que la entrada a territorio nacional se lleve a cabo a través de lugares no habilitados esto es, se pretenda entrar ilegalmente o se lleve a cabo contraviniendo una prohibición de entrada, se procederá de forma inmediata a su devolución, sin necesidad de inicio de expediente administrativo alguno, sin embargo, se prevé que cuando se vaya a adoptar una orden de devolución, el extranjero tendrá derecho a la asistencia jurídica gratuita y, en su caso, a un intérprete. Para el caso de que dicha devolución no pueda hacerse efectiva en el plazo de 72 horas, se solicitará de la autoridad judicial su internamiento. II. PERMANENCIA DEL EXTRANJERO EN ESPAÑA

5 EL INMIGRANTE FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN Una vez que el extranjero ha entrado en España se encuentra habilitado para permanecer de forma legal durante un periodo de tres meses, transcurrido dicho plazo su situación es la de ilegalidad, encontrándose imposibilitado para la solicitud y posterior obtención de autorización de residencia y / o trabajo y, ello a pesar de encontrarse en posesión de una oferta de trabajo. Ello es así habida cuenta que la Disposición Adicional cuarta de la LO establece como causa, no ya de denegación sino de inadmisión a trámite de la solicitud de autorización de residencia y/ o trabajo, la circunstancia de que el extranjero se encuentre en situación irregular; situación ésta en la que se encuentran, actualmente, un gran número de ellos. Efectivamente, por parte del Gobierno, lo que se pretende es que la entrada de extranjeros a nuestro país se realice de forma regular, esto es, que efectivamente su entrada tenga como objeto el turismo y, una vez realizado el viaje turístico regresen a su país o bien que estén en posesión de los permisos pertinentes para su residencia o trabajo legal y, de esta forma puedan permanecer en situación de estancia legal. Sin embargo, no resulta factible en la mayoría de las ocasiones y no sólo por la regulación legal, que a mi modo de ver dificulta el procedimiento, sino también y principalmente por la actuación de la Administración y la carencia de infraestructura adecuada para dar respuesta no sólo a la demanda de mano de obra extranjera por parte de los empresarios españoles sino también a todas y cada una de las situaciones en las que se encuentran los inmigrantes en España y que requieren de una cobe rtura legal ( estudiantes, residentes no laborales, menores, etc ) Cuál es el procedimiento a seguir por un empresario para poder contratar a un extranjero? Nos vamos a centrar en el procedimiento que regula la concesión de la autorización laboral en base a una solicitud realizada por una empresa o empleador con respecto a un trabajador determinado, obviando las autorizaciones laborales para trabajos de temporada y en supuestos excepcionales. Pues bien, en primer lugar, es necesario que el extranjero se encuentre fuera del territorio nacional porque en otro caso se procedería a inadmitir a trámite la solicitud, que dicha solicitud sea presentada por persona legitimada para ello ( empleador o, en caso de Sociedades, el administrador o persona apoderada especialmente para ello y que acredite tener relación laboral con la empresa ), la empresa además tiene que acreditar que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y, finalmente que la oferta realizada no contiene condiciones inferiores a las establecidas por la legislación laboral. Si la empresa cumple con todos estos requisitos y obligaciones no significa necesariamente que la autorización solicitada vaya a ser concedida sino que además el desarrollo de la actividad para la que se pretende contratar al extranjero se trate de una actividad en la que no existan demandantes de empleo españ oles o residentes legales, esto es, tal y como se establece legalmente, que la situación nacional de empleo no desaconseje la concesión de la autorización a favor de un extranjero. Actualmente y, de forma trimestral, el Servicio Público de Empleo elabora un catálogo de actividades de difícil cobertura que implica que si la oferta presentada a favor del extranjero se encuentra dentro de este catálogo y, se cumplen, por supuesto, el resto de requisitos aludidos, se supone que la autorización se concederá aunque no siempre ocurre así toda vez que la Administración tiene la potestad de requerir al empleador o a la empresa que justifique la necesidad de contratar al extranjero. Si la oferta para trabajar se refiere a alguna actividad que no esté considerada como de difícil cobertura, previamente a la presentación de la solicitud, se ha de gestionar dicha oferta ante los Servicios Regionales de

6 SUSANA CUADRÓN empleo y el resultado de dicha gestión sea negativo ( certificado que exprese la insuficiencia de demandantes de empleo adecuados y disponibles ). Hasta ahora aparentemente, parece que no existen mayores dificultades para la tramitación y obtención de la autorización laboral a favor de un extranjero sin embargo, la precaria infraestructura de la Administración viene a complicar el procedimiento. En primer lugar el interesado no puede dirigirse directamente al organismo competente para la tramitación del expediente administrativo sino que, con carácter previo y, en lo que se refiere a Madrid, se ha de solicitar cita. A fecha actual desde el momento de la solicitud hasta la el día de la presentación transcurre una media de cuatro meses. En el mismo momento de presentación de la documentación, por parte del funcionario se procede a notificar al interesado la comunicación de inicio de procedimiento, mediante la que se informa que el expediente iniciado ha de resolverse en el plazo de tres meses en caso contrario, la solicitud se entiende desestimada ( silencio negativo ). En absoluto se cumple dicho plazo, actualmente la Administración tarda aproximadamente seis meses en resolver y ello, no supone que necesariamente la respuesta haya de ser negativa.( Disposición Adicional Primera de la LO 4 / 2000, plazo máximo para la resolución de expedientes ) Si se concede la autorización solicitada se le envía una carta al empleador o representante legal de la empresa citándole para que en el plazo de cinco días se persone en las dependencias del Area de Trabajo y así notificarle personalmente la resolución. En el caso de que se haya denegado la autorización directamente se le notifica al interesado por correo la resolución que pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer recurso potestativo de reposición ( en un plazo de un mes ) o bien, directamente contencioso en un plazo de dos meses. Si se opta por el recurso de reposición, la Administración se demora más de un año en resolverlo con el consiguiente perjuicio no sólo para el interesado sino también para el ciudadano extranjero. Esta situación de tardanza en la resolución de expedientes genera no sólo la estancia de extranjeros irregulares sino también la contratación ilegal de los mismos. La tramitación de estos expedientes se regula, en lo que no esté establecido en la ley específica, a través de la Ley 30 / 92, sin embargo los derechos que le asisten al ciudadano en relación a los expedientes administrativos ( audiencia.) no se respetan en estos procedimientos toda vez que al interesado le resulta prácticamente acceder a su expediente y obtener información acerca del mismo ante la desorganización existente en el Area de Trabajo de la Delegación de Madrid, sirva como ejemplo las grandes colas que se forman a la entrada de esta dependencia para obtener información no del expediente que se está tramitando que no informan al respecto- sino de la documentación que necesitan por ejemplo para renovar su autorización laboral, hacer un cambio de actividad, etc REAGRUPACION FAMILIAR Desde mi punto de vista la regulación de la reagrupación familiar ( derecho fundamental al que tiene derecho el inmigrante que se encuentre en España en determinadas condiciones ) resulta compleja y farragosa para el extranjero. La Disposición Adicional Undécima del RD 2393 / 04, establece que las solicitudes de visados y autorizaciones de residencia por motivos de reagrupación familiar tendrán tratamiento preferente, para lo cuál podrá exceptuarse el orden de incoación de expedientes previsto en el artículo 74.2 de la Ley 30 / 1992 de 26 de noviembre sin

7 EL INMIGRANTE FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN embargo lo recogido con carácter preceptivo en esta disposición viene incumpliéndose de forma sistemática por parte de la Administración. Familiares reagrupables : Cónyuge, hijos de reagrupante y de su cónyuge, incluidos los adoptados, menores de 18 años o que estén incapacitados; menores de 18 años o incapacitados cuando el residente extranjero sea su representante legal; ascendientes y los de su cónyuge, cuando estén a su cargo y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia ( dependencia económica, enfermedad. Circunstancias que quedan bajo criterio de la Administración ) Se entenderá que los familiares están a cargo del reagrupante cuando acredite que, al menos durante el último año de su residencia en España, ha transferido fondos o soportado gastos de su familiar en una proporción que permita inferir una dependencia económica efectiva. Mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta de los Ministros de Asuntos exteriores y de Cooperación, de Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, se determinará la cuantía o el porcentaje de ingresos considerados suficientes a estos efectos, así como el modo de acreditarlos Dicha orden no ha sido adoptada lo que conlleva cierta inseguridad jurídica y actuaciones arbitrarias por parte de la Administración toda vez que se deja a su propia decisión, sin control alguno, considerar si un familiar depende o no del reagrupante. Los requisitos que ha de cumplir el extranjero que quiera reagrupar a su familia son los siguientes: a) El extranjero ha de estar en posesión de una autorización de residencia y trabajo ya renovada ( aunque el trámite se pueda iniciar antes de que se haya producido la efectiva renovación ) b) Ha de acreditar la existencia de medios económicos suficientes para atender sus propias necesidades así como la de los familiares que pretende reagrupar, incluyendo asistencia sanitaria, en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social. c) Disponibilidad de vivienda adecuada, según el RD este requisito deberá justificarse mediante informe expedido por la Corporación Local del lugar de residencia del reagrupante. En el plazo máximo de 15 días desde la solicitud, la Corporación deberá emitir un informe y notificarlo al interesado y, simultáneamente y por medios telemáticos cuando fuera posible, a la autoridad competente para resolver la autorización de reagrupación. Es prácticamente imposible que la Corporación local emita dicho informe en el plazo referido así que al extranjero no le queda otra opción que esperar, lo que viene tardando alrededor de tres o cuatro meses, o bien, acudir al Notario para que se persone en la vivienda y expida un acta notarial mixta de presencia y manifestaciones para lo que previamente el extranjero habrá de justificar y acreditar que previamente ha solicitado dicho informe en la Junta Municipal y ésta no lo ha emitido en el plazo indicado. Todo ello no hace sino más que obstaculizar el ejercicio del derecho de reagrupación al que tiene todo trabajador extranjero legal en primer lugar, por la pérdida de tiempo que supone gestionar la obtención del certificado de la vivienda en la Junta municipal y para el caso de que no se emitiera, volver a gestionar el mismo trámite ante un Notario que, evidentemente supone además un costo económico que, en muchas ocasiones, no puede permitirse. Una vez que el extranjero ha obtenido toda la documentación necesaria para presentar la solicitud de autorización de residencia temporal a favor del miembro o

8 SUSANA CUADRÓN miembros de su familia que desee reagrupar, se dirige de forma personal ( no se puede autorizar a otra persona para que lleve a cabo este trámite ) a las dependencias de la Administración correspondientes donde, una vez revisada la documentación y verificados la concurrencia de los requisitos exigidos, se le da entrada a su solicitud y se le entrega un resguardo o copia que justifica que se encuentra en trámite dicha solicitud. En el supuesto de que efectivamente se cumpla con los requisitos establecidos, el órgano competente resolverá la concesión de la autorización de residencia temporal y se suspenderá la eficacia de la misma hasta la expedición del visado y la efectiva entrada del extranjero en España. Supuestamente la tramitación de este tipo de procedimientos tiene carácter preferente sin embargo, la Administración tarda aproximadamente en resolverlos nueve meses. Una vez que se ha concedido la autorización y se le ha comunicado al interesado, el familiar que vaya a ser reagrupado tiene un plazo de dos meses para solicitar el visado ante el Consulado español de su país de origen o de residencia. El hecho de haberse resuelto e informado positivamente la autorización de residencia temporal por reagrupación familiar no significa que necesariamente al familiar que se pretende reagrupar se le ha de conceder el visado sino que el Consulado tiene potestad para denegar dicho visado, no encontrándose por tanto, vinculado por dicha concesión. La Administración puede denegar el visado si llegara al convencimiento de que existen indicios suficientes para dudar de la identidad de las personas, de la validez de los documentos o de la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado. La denegación habrá de ser motivada y contra dicha denegación que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo y potestativo de reposición. IV. RENOVACIONES DE AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA Y TRABAJO Las principales dificultades las encuentra el extranjero en cuanto a la obtención de cita para presentar la solicitud de renovación que está tardando aproximadamente cuatro meses, lo que significa que si el extranjero pide la cita dentro del plazo legal, esto es, sesenta días naturales antes de su caducidad, es posible que le señalen día para su presentación una vez que haya transcurrido el plazo de tres meses después de que haya caducado. En todo caso, para evitar dicha situación, se pueden dirigir a cualquier Registro de la Administración y presentar la solicitud de renovación dentro del plazo legal. Y en cuanto a las causas de denegación de la renovación hay que hacer referencia a dos de ellas que son las que que más problemas está causando: a) existencia de antecedente penales b) informe gubernativo previo desfavorable En el caso de antecedentes penales, la Ley establece que se valorará, en función de las circunstancias de cada supuesto, la posibilidad de renovar la autorización de residencia y trabajo a los extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de un delito y hayan cumplido la condena, los que han sido indultados o que se encuentren en la situación de remisión condicional de la pena. A pesar de ello, la Administración procede a denegar sin dar opción a que pueda acreditar si se encuentra en alguna de estas situaciones, y, asi en el supuesto referido, si la Administración comprueba que un extranjero que pretende la renovación de su autorización laboral, tiene antecedentes penales, no le

9 EL INMIGRANTE FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN requiere para que presente la documentación o haga las alegaciones pertinente a efectos de probar que ha sido indultado, ha cumplido la pena o se encuentra en situación de remisión condicional, sino que normalmente, procede, de forma automática a denegar la renovación de la autorización; consecuentemente la única posibilidad que ya le queda al extranjero es la de interponer el recurso pertinente, con todos los perjuicios que ello conlleva : retraso en la resolución tiempo de resolución, situación de ilegalidad, imposibilidad de trabajar. En cuanto al motivo de la existencia de un informe gubernativo previo desfavorable, señalar que se trata de una expresión ambigua en la que cabe cualquier causa, como pudiera ser : que el extranjero esté incurso en un procedimiento penal, ( sin que se haya dictado sentencia ), estar en la lista de inadmitidos del Sistema Informático Schengen, tener una prohibición de entrada en cualquiera de los países del Convenio de Schengen. En el primer caso, evidentemente, el principio de presunción de inocencia no se respeta, procediéndose de forma inmediata a denegar sin requerir al extranjero para que acredite cuál es la situación en la que se encuentra. Igualmente la obligatoriedad de motivar las resoluciones a las que viene obligada la Administración se vulnera de forma sistemática en estos supuestos toda vez que, en la mayoría de las ocasiones, no se expresa cuál es el contenido del informe gubernativo.