TEMA 8: LA CRISIS DE LA MONARQUÍA ( ) GOBIERNOS CONSTITUCIONALES. Evolución política

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1 TEMA 8: LA CRISIS DE LA MONARQUÍA ( ) GOBIERNOS CONSTITUCIONALES Evolución política Al comenzar el siglo XX, el régimen político español consiste en una monarquía liberal, formalmente democrática, pero que se caracteriza sobre todo por un carácter profundamente oligárquico. Permanece vigente la constitución de 1876 y el sistema de turno de partidos, apoyado en el caciquismo, que había establecido Cánovas. Sin embargo, la reacción regeneracionista, iniciada a raíz del desastre colonial, alcanzó también la vida política y bajo el reinado de Alfonso XIII, se suceden los intentos de los dos partidos que monopolizan el poder, el conservador y el liberal, para moralizar el sistema sin minar las bases fundamentales del mismo. Entre 1902 y 1907 se suceden una serie de gobiernos inestables, primero conservadores y desde 1905, liberales, que pretenden dotar de una mayor autenticidad y legitimidad al régimen de la Restauración. La precariedad de estos gobiernos impidió que los programas reformistas llegaran a cuajar y tan sólo se logró, bajo la presidencia del conservador Raimundo Fernández Villaverde, mejorar levemente la situación de la Hacienda Pública. Entre 1907 y 1909 se desarrolla el gobierno conservador de Antonio Maura, quien inicia una política económica intervencionista, expresada en la Ley de Protección de la Industria Nacional y en la Ley de fomento de Industrias y Comunicaciones Marítimas; ambas repercutieron muy positivamente en el desarrollo de la industria siderúrgica vasca. Maura estableció igualmente un Instituto Social de Previsión y leyes de descanso dominical que trataban de atenuar la dureza de las condiciones de vida de los trabajadores. Con todo, la reforma más importante afrontada por Maura es la de la Ley Electoral, que intenta, aunque sin éxito, poner coto a la manipulación electoral, estableciendo la obligatoriedad del voto masculino y la intervención del Tribunal Supremo para velar por la validez de las actas electorales, entre otras medidas. El gobierno de Maura llegó a su fin en 1909 como consecuencia de los acontecimientos conocidos como "Semana Trágica de Barcelona". En el verano de ese año, los enfrentamientos con marroquíes cerca de Melilla llevaron a Maura a tomar la decisión de enviar refuerzos militares y estos los sacó de los reservistas catalanes. Esta decisión provocó las protestas de la ciudadanía, y dio origen a graves incidentes cuando las tropas eran embarcadas en el puerto de Barcelona; fue el

2 inicio de una semana de disturbios que causaron unos cien muertos. La represión gubernamental fue durísima: los anarquistas fueron acusados de estar detrás de la revuelta y el pedagogo Francisco Ferrer Guardia fue ejecutado tras un juicio político que causó gran indignación. Resultado de todo ello fue la dimisión de Maura en octubre de 1909, con la que concluía el intento de regenerar el sistema de la Restauración por parte del partido conservador, tocaba ahora el turno a los liberales. Tras el corto paréntesis de Segismundo Moret, en febrero de 1910 accede a la presidencia del Gobierno el liberal José Canalejas. Bajo su mandato se promulgaron varias leyes favorables a las clases más humildes, como la Ley de Reclutamiento, que imponía el servicio militar obligatorio, suprimiendo la redención en metálico; o el impuesto progresivo sobre las rentas urbanas, que sustituía al de consumos, gravando así las rentas más altas. Canalejas también intentó llevar a cabo la separación de la Iglesia y el Estado y en esa tentativa se enmarca la Ley del Candado de 1910, que prohibía el establecimiento en España de nuevas órdenes religiosas sin previa autorización del Gobierno. Finalmente, logró que el Congreso aprobara una Ley de Mancomunidades, que satisfacía, al menos parcialmente, las aspiraciones de los catalanes; no obstante, antes de que la ley pasara el filtro del Senado, Canalejas fue asesinado. Con la muerte de José Canalejas terminaban las tentativas de regenerar el régimen desde el poder constitucional y, muertos los grandes líderes de los partidos dinásticos (Cánovas, Sagasta y el propio Canalejas) se inició un proceso de fragmentación de los mismos en camarillas, que acentuaron en los años siguientes la crisis del sistema político. De 1913 a 1915 la presidencia del gobierno vuelve a recaer en un conservador, Eduardo Dato, cuya medida más destacada fue la aprobación definitiva y aplicación de la Ley de Mancomunidades, que proporcionaban una mínima autonomía regional a Cataluña. En 1915, Dato es reemplazado en la presidencia por el liberal conde de Romanones, cuyo ministro de Hacienda, Santiago Alba, trató de realizar una amplia reforma económica, que iba desde un mejor reparto de las cargas fiscales, hasta un amplio programa de obras públicas, para lo que trató, sin éxito, de imponer una contribución sobre los beneficios extraordinarios que los industriales y comerciantes estaban logrando como consecuencia de la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial. En 1917, Romanones cede la presidencia a García Prieto. García Prieto tuvo que enfrentarse a la grave crisis política que estalló en 1917 con la confluencia de tres movimientos: la protesta social y obrera por un lado, por otro, la de los militares y finalmente, la llevada a cabo por los parlamentarios. En estos años, el movimiento sindical español se desarrolla con rapidez y fuerza, con dos sindicatos predominantes: la UGT, marxista y la CNT, anarquista. A partir de 1916 ambos sindicatos

3 deciden canalizar conjuntamente las diversas protestas, que se concretaban en huelgas aisladas, para llevar a cabo un movimiento unitario. No obstante, cuando en el verano de 1917 se convoca a la huelga general, sólo UGT la respalda. Paralelamente a la protesta sindical, se produce la crisis en el ejército. Éste estaba profundamente dividido entre un ejército peninsular, burocratizado y con escasas posibilidades de ascenso y un ejército colonial donde los oficiales tenían grandes oportunidades de hacer carrera, gracias a la concesión de ascensos por méritos de guerra. En el primer trimestre de 1916, los militares peninsulares se organizan en Juntas Militares de Defensa, que reclaman la suspensión de los ascensos por méritos de guerra y protestan por su precaria situación económica. Los diversos intentos del gobierno para disolver las juntas fracasaron ante el gran apoyo que estas tenían entre la oficialidad peninsular. Finalmente, una nueva crisis, esta de carácter político, vino a sumarse a las anteriores. El problema con los militares había llevado de nuevo a la presidencia del Gobierno a Eduardo Dato, quien trata de ponerle remedio mediante una política autoritaria que, entre otras medidas, llevó a la suspensión de las garantías constitucionales. Su negativa a abrir las Cortes provocó que el político catalanista Francesc Cambó convocara en julio de 1917 una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, la cual pidió de inmediato la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de Cortes Constituyentes. Finalmente, Eduardo Dato logró superar la crisis (aunque no zanjó las causas que la habían provocado). La diversidad de objetivos de los sectores en conflicto, el conformismo y sobre todo el miedo que los militares y la oligarquía sentían ante una posible la revolución, la radicalización de la protesta obrera y la debilidad de la protesta política, confluyeron para poner fin momentáneo a la crisis, si bien de ella salió tocado el propio sistema de la Restauración, que demostró su incapacidad para regenerarse en un sentido democrático. A finales de 1917 García Morato forma un gobierno que trata de incorporar a dos de los sectores que habían protagonizado el conflicto: entran en él representantes del catalanismo y de las Juntas de Defensa; inmediatamente convocó elecciones, cuyos resultados demostraron la fragmentación del panorama político o, dicho en otras palabras, el grado de debilidad al que habían llegado los dos grandes partidos dinásticos. A partir de 1918 se suceden gobiernos de concentración y otros que fracasan rápidamente, hasta que, en 1919, el poder vuelve a recaer en los conservadores. Primero Maura, después Sánchez de Toca, más tarde, un nuevo gobierno de concentración y finalmente Eduardo Dato, tratan de salvar un régimen que cada vez parecía más

4 incapaz de sostenerse. En 1921 el asesinato de Dato y el desastre de Annual, al que luego nos referiremos, ponen al descubierto la profundidad de la crisis. La crisis de Marruecos provocó la formación de otro gobierno de concentración, presidido por Maura, cuya división acerca de la política colonial provocó su caída. Se forma entonces un nuevo gobierno, igualmente de concentración, pero presidido ahora por el liberal García Prieto. Incapaz igualmente de introducir cambios significativos en el régimen, cae en septiembre de 1923, cuando el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera dará paso al último intento, este por vía de la dictadura militar, para regenerar la vida política del país y salvar la monarquía de Alfonso XIII. La aventura colonial Tras la pérdida de los restos de su imperio colonial en 1898, España sólo mantenía una reducida presencia en el norte de África, una zona de importancia estratégica especialmente interesante para Gran Bretaña y Francia. En 1906, las ambiciones coloniales de Alemania dan origen a la Conferencia de Algeciras que, tras asegurar los intereses franceses y británicos, establece un protectorado conjunto de España y Francia sobre la zona. Este acuerdo concedía a los españoles el control de la orilla sur del Estrecho de Gibraltar. A partir de ese momento, España deberá hacer efectivo el control de la zona, un territorio mucho menor que el otorgado a Francia y especialmente conflictivo, por la presencia de tribus muy belicosas en la zona del Rif. La aventura colonial en Marruecos era percibida en España de forma muy diferente por los distintos sectores de la sociedad. La burguesía, sobre todo la industrial, veía en el control de Marruecos la posibilidad de realizar inversiones en infraestructuras, así como una fuente importante de recursos, gracias a las materias primas localizadas en el territorio. El ejército encontraba en Marruecos un sucedáneo para revivir las glorias militares que habían quedado en entredicho tras la guerra hispano- norteamericana; Marruecos era además un destino donde los oficiales jóvenes podían hacer una rápida carrera merced a los ascensos por méritos de guerra. Para las clases trabajadoras en cambio, la guerra marroquí era extraordinariamente impopular: no sólo no obtenían ningún beneficio del control del norte de África, sino que eran sus hijos quienes tenían que ir a combatir, ya que el sistema de rescate en metálico permitía a los hijos de las clases altas no ir a la guerra a cambio del pago de una elevada cantidad de dinero. Ya en 1909, como hemos visto, el recurso de Maura a reservistas catalanes para reforzar las posiciones españolas en Marruecos había provocado la crisis de la Semana Trágica y la caída de su

5 gobierno. pero es en 1921 cuando se producirá la crisis más profunda derivada de la guerra colonial. En 1921, el general Silvestre, encargado de la comandancia de Melilla, quiere conseguir una victoria definitiva sobre los rifeños, dirigidos por el líder nacionalista Abd el Krim. Un encadenamiento de decisiones erróneas tomadas por el mando español, provocó la reacción de los rifeños, que atacan el puesto de Annual causando más de diez mil bajas a las tropas españolas. El desastre de Annual aumentó la impopularidad de la guerra y las críticas al gobierno, al rey y al ejército. La crisis política desatada por la derrota y sobre todo, la exigencia de responsabilidades por la misma, fueron factores importantes en el pronunciamiento militar de Primo de Rivera en Desarrollo económico: el impacto de la Primera Guerra Mundial En el momento en que Alfonso XIII comienza su reinado, España es un país social y económicamente atrasado. La mayor parte de la población es analfabeta y se ocupa en el sector primario: la agricultura y la ganadería dan empleo a aproximadamente el 70% de los españoles. Pero, además, este sector primario se encuentra sumido en el retraso y el estancamiento. Las técnicas y sistemas aplicados en la producción son los tradicionales, lo que explica que el rendimiento por hectárea fuese cinco o seis veces menor en España que en Alemania o Gran Bretaña. Además, la estructura de la propiedad de la tierra, con un predominio del latifundismo en el sur y del minifundismo en el norte, obstaculizaba el desarrollo del sector. La escasa industria española sólo ocupaba a un 16% de la mano de obra y estaba concentrada fundamentalmente en Cataluña, con otros focos importantes, como la siderurgia vasca y Madrid. Con todo ello, la industria catalana era muy poco competitiva: tanto las patentes como la materia prima tenían que ser importadas, encareciendo los productos y exigiendo así políticas proteccionistas para mantenerse frente a la competencia de otros países. Desde los comienzos del siglo, una serie de factores van a favorecer el desarrollo económico español; de ellos cabe destacar, en primer lugar, la repatriación de capitales que tiene lugar a finales del XIX, como consecuencia de la pérdida de las colonias. Esta repatriación de capitales permitió la creación de alguno de los más importantes bancos españoles (el Hispano Americano, el de Vizcaya) que a su vez permitirán aportar los recursos financieros necesarios para la industria. A este factor se añadió la política proteccionista que siguieron los gobiernos de Alfonso XIII, con lo

6 que se logró una cierta prosperidad económica que tuvo su momento culminante como consecuencia de un factor externo: la Primera Guerra Mundial. En la agricultura se introdujeron mejoras técnicas como la generalización del arado de vertedera y la introducción de la primera maquinaria agrícola, abonos y regadíos así como nuevos cultivos (tomate, plátano, limón, algodón y otros) que permitieron que el sector obtuviese unos rendimientos muy por encima de los tradicionales. En el sector industrial destaca el gran desarrollo de la industria siderúrgica vasca, que a su vez estimula la minería del hierro y del carbón. Aparecen también las primeras industrias eléctricas y químicas, mientras que el textil catalán sufre una bajada como consecuencia de la pérdida de las materias primas coloniales. Pero uno de los factores que más influyó en el desarrollo del capitalismo español fue el estallido de la Primera Guerra Mundial, en la que España permaneció como país neutral. Esta condición de neutralidad permitió a la industria y el comercio español producir y exportar a los contendientes los productos que sus industrias, volcadas en el esfuerzo de guerra, no podían ya generar. Unos pocos datos reflejan el impacto de la guerra en la economía española: antes de la misma la balanza comercial era deficitaria en unos 200 millones de pesetas, mientras que con conflicto se llega a tener un saldo positivo de hasta 500 millones. La minería del hierro vasca llegó a multiplicar por catorce su producción. Otra consecuencia importante de la guerra fue que los beneficios obtenidos permitieron una renacionalización de la economía española, ya que buena parte de las empresas mineras y ferroviarias, antes en manos de capital extranjero, fueron adquiridas por capitalistas españoles. Pese a estos datos, los beneficios obtenidos por el capitalismo español como consecuencia de la guerra no fueron aprovechados para renovar las industrias ni para mejorar las infraestructuras del país (este era el proyecto que vio rechazado el ministro de Hacienda, Santiago Alba). Además, su impacto en las economías más modestas fue demoledor, ya que la demanda exterior produjo un encarecimiento de los productos en el interior que repercutió muy negativamente en las clases bajas y favoreció el aumento de las tensiones sociales.

7 Sociedad y Movimiento Obrero La debilidad del capitalismo español a comienzos del siglo XX se refleja en la intensa emigración (en 1914 llegan a Argelia unos españoles y muchos más emigraban cada año hacia América) y en la relativa debilidad del movimiento obrero. Los anarquistas tienen su principal núcleo en Barcelona, aunque se encuentran divididos entre los que defienden la acción violenta y quienes la rechazan. Desde 1910 predomina el sector contrario a los atentados y en ese mismo año, se organiza en Barcelona el principal sindicato anarco- sindicalista de España: la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). El rápido crecimiento del sindicato anarquista le convertirá en los años siguientes en el principal rival del sindicato marxista, la Unión General de Trabajadores (UGT). En 1919, la CNT contaba ya con unos afiliados en todo el país y en su organización figuraban importantes dirigentes, como Ángel Pestaña y Salvador Seguí. La fuerza del anarquismo se puso de manifiesto con la grave crisis que sacudió Andalucía entre 1918 y 1920, al estallar una revuelta campesina de inclinación anarquista en lo que se dio en denominar el "trienio bolchevique". La represión gubernamental contra el movimiento provocó la reacción violenta de éste, que derivó en una espiral de violencia entre patronos y anarco- sindicalistas, lo que a la postre sirvió para justificar el endurecimiento de las leyes contra el movimiento obrero y provocó una fuerte crisis en la propia CNT. El PSOE, primer partido marxista y obrero en España, había sido fundado en Madrid, en 1879, por Pablo Iglesias, quien en 1888 organiza el sindicato socialista Unión General de Trabajadores. Esta tendrá sus principales focos de crecimiento en Madrid, País Vasco y Asturias. A partir de 1908 los socialistas empiezan a colaborar con los republicanos, lo que favoreció notablemente su crecimiento y les permitió contar en 1910 con el primer diputado obrero en las Cortes españolas: Pablo Iglesias, si bien hay que señalar como muestra de la debilidad del movimiento obrero español, que para esas fechas los partidos obreros europeos ya contaban con 42 diputados en Italia, 75 en Francia y 110 en Alemania. El socialismo español también creció en los años siguientes, aunque a un ritmo muy inferior que los anarquistas. El PSOE mantenía un programa más reformista que revolucionario, sobre todo a partir de la muerte de Pablo Iglesias y su sustitución por Julián Bestéiro. Ya a partir del triunfo de la revolución soviética, a finales de 1917, se habían manifestado las disensiones dentro del PSOE entre los partidarios de la vía revolucionaria y los defensores del parlamentarismo; los primeros defendían el ingreso del PSOE en la Internacional Comunista (Komintern) recién fundada en Moscú por Lenin. Después de tres congresos para resolver la cuestión, se impuso la línea reformista, lo que provocó la salida del

8 partido de quienes defendían las tesis leninistas; estos finalmente fundaron el Partido Comunista de España en LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA El directorio militar El 12 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera se pronuncia en Barcelona en favor de un gobierno de autoridad que permita superar la crisis política y moral que arrastraba el país. La opinión pública acogió el pronunciamiento favorablemente, el gobierno liberal, actuó con pasividad y optó por no ofrecer resistencia, el rey Alfonso XIII asumió los hechos consumados y aceptó la dimisión del Gobierno. Empezaba así la dictadura del general Primo de Rivera como la última tentativa regeneracionista tras los fracasos que habían cosechado los políticos liberales y conservadores. El nuevo gobierno en línea con el pensamiento regeneracionista, entendía que buena parte de los males que aquejaban al país tenían su origen en el caciquismo y, consecuente con ello, disolvió todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales, sustituyéndolos por los mayores contribuyentes y las personas más votadas en elecciones anteriores. Para regenerar la vida política, Primo de Rivera decidió formar un nuevo partido, libre de la herencia de los que habían gobernado hasta entonces. Se forma así en 1924 la Unión Patriótica, aunque esta nunca llegará a convertirse en partido único al modo fascista. Las tareas de gobierno fueron encomendadas a un Directorio militar que desarrolló su labor entre septiembre de 1923 y diciembre de en estos dos años, el éxito más importante de la dictadura fue sin duda la solución del problema marroquí. Antes de su acceso al poder, Primo de Rivera se había manifestado claramente en favor de la retirada española de Marruecos; una vez en el gobierno, tratará de llegar a un acuerdo con Abd el Krim, ofreciéndole incluso la autonomía y unas fuerzas militares propias. El fracaso de las negociaciones decidieron al general a una retirada parcial, la cual envalentonó a Abd el Krim hasta hacerle cometer el error de atacar las posiciones francesas en Marruecos. El ataque de los rifeños a los franceses inició la colaboración entre España y Francia contra el enemigo común. Fruto de esta colaboración fue el desembarco de Alhucemas, el

9 8 de septiembre de 1925, principio del fin de la revuelta del líder rifeño, que en mayo de 1926, se entregó a los franceses. La victoria en Marruecos supuso el momento culminante de la popularidad de Primo de Rivera, quien decide que ha llegado el momento de una normalización institucional y constituye para ello un Directorio civil. El directorio civil El Directorio civil nacía, según Primo de Rivera, con voluntad de provisionalidad. Gobernaría durante un corto período de tiempo, para concluir la obra regeneracionista que había afrontado, antes de retornar a la normalidad constitucional. Sin embargo, a los seis meses de constituido el nuevo directorio, Primo de Rivera anuncia la convocatoria de una Asamblea Consultiva que debería encaminar al país hacia una nueva legalidad, con la redacción de una nueva constitución. Se trataba pues de institucionalizar la dictadura, lo que va a provocar el distanciamiento del dictador no sólo de la vieja clase política sino también del propio rey. Bajo el gobierno del Directorio civil se dio un extraordinario impulso a las obras públicas, con la creación por todo el territorio nacional de confederaciones hidrográficas que debían gestionar el aprovechamiento de las cuencas fluviales. También se mejoró la red viaria, por medio de la creación en 1926 de un Circuito Nacional de Firmes Especiales. El programa de obras públicas que llevó a cabo la dictadura estimuló otros sectores de la industria, al crecer notablemente la demanda de cemento, hierro y acero. La política económica de Primo de Rivera ha sido considerada como positiva, si bien hay que señalar que se benefició del período de bonanza económica que disfrutaron en esos años la mayoría de los países desarrollados y que se conoce como "los felices años veinte". Las más beneficiados en cualquier caso fueron las clases propietarias y particularmente la burguesía financiera, que tiene en estos años su edad de oro. Por lo que respecta a sus relaciones con el mundo obrero, la dictadura adoptó una política social que seguía la tradición doctrinal católica, creando un sistema corporativo y paternalista que organizaba obligatoriamente a sindicatos y asociaciones patronales en una estructura jerárquica que iba de los comités paritarios a las comisiones mixtas provinciales y finalmente a los consejos de corporación de cada oficio. Mediante esta organización, la clase obrera obtuvo algunos beneficios

10 relativos a la estabilidad en el empleo y una mayor cobertura social, si bien los salarios siguieron siendo bajos e incluso tendieron a descender. En este contexto, las relaciones de la dictadura con el PSOE fueron incluso de colaboración en un primer período, si bien a partir de 1927 el sector de los socialistas que rechazan tal colaboración se impone definitivamente. Los anarquistas permanecieron siempre en la oposición al régimen de Primo de Rivera, entrando en una situación de semiclandestinidad desde el mismo momento del pronunciamiento. El fin de la dictadura y la crisis de la monarquía El fracaso de la Asamblea Consultiva convocada en septiembre de 1927 fue el comienzo del fracaso de la Dictadura. Ni esta era representativa ni, a pesar de ser todos sus miembros nombrados por el Gobierno, consiguieron hacer una constitución aceptable para el dictador. El mismo tiempo, la oposición, hasta entonces débil y dividida, comenzaba a crecer y a fortalecerse. Por un lado, la vieja clase política, hasta entonces a la expectativa, pasa decididamente a la oposición al percatarse de que no está en la intención de Primo de Rivera volver a la constitución de Los militares, por su parte, se encontraban divididos; Primo de Rivera mantuvo el ascenso por méritos de guerra enajenándose el apoyo de los peninsulares, un conflicto a cuenta de esta cuestión con el arma de artillería terminó con la disolución de la misma por parte del dictador. La oposición republicana, por fin, comenzaba a superar su fragmentación, con la firma en 1926 de la Alianza Republicana, si bien su debilidad aún le impedía actuar con un mínimo de eficacia. Los intelectuales españoles, cada vez con más vehemencia, se manifestaban contra el régimen; Miguel de Unamuno, Blasco Ibáñez, Valle Inclán y otros, adoptaron posiciones republicanas que en muchos casos les valieron fuertes sanciones. La erosión de la popularidad de Primo de Rivera se acentuó con la crisis económica, que provocó un aumento del número e intensidad de las huelgas. Finalmente, el 28 de enero de 1930, el general presenta su dimisión al rey, quien la acepta y nombra para sustituirle a otro general: Dámaso Berenguer. El nombramiento de Berenguer debía iniciar un proceso de transición para la vuelta a la normalidad constitucional. Sin embargo, la incapacidad del nuevo jefe del Gobierno y su intención de restablecer un régimen ya anacrónico como era el de la Restauración, desataron nuevamente las críticas, tanto al gobierno, como, cada vez con más fuerza, contra el propio rey. Mientras tanto, y en paralelo con el desprestigio de la monarquía, se produjo un rápido crecimiento de la oposición republicana, que en agosto de 1930 firma el Pacto de San Sebastián. Este pacto, que agrupaba a los republicanos con los socialistas y con otras opciones políticas

11 excluidas del sistema, constituyó de inmediato un gobierno provisional republicano presidido por Niceto Alcalá Zamora. A finales de 1930, Berenguer dimite, tras fracasar en la convocatoria de elecciones generales y el rey nombra para sustituirle al almirante Aznar, quien sí logra convocar elecciones municipales, como reclamaban los partidos monárquicos. Estas se celebran el 12 de abril de 1931 y tienen como resultado una amplia victoria de las candidaturas republicanas, que se alzan con el triunfo en las principales capitales, donde eran necesarios más votos para obtener concejales. El 14 de abril de 1931, se proclama la IIª República Española.