IX LEGISLATURA. 31 de mayo de 2010 PROYECTO DE LEY. 621/ Sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.

Transcripción

1 IX LEGISLATURA Serie II: PROYECTOS DE LEY 31 de mayo de 2010 Núm. 49 (b) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 56 Núm. exp. 121/ ) PROYECTO DE LEY 621/ Sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. S PRESIDENCIA DEL SENADO 621/ En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. Palacio del Senado, 28 de mayo de P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado. (GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 11 enmiendas al Proyecto de Ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. Palacio del Senado, 27 de mayo de El Portavoz, Joseba Zubia Atxaerandio. NÚM Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Artículo 1. Objeto. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado como sigue: «1. La presente ley tiene por objeto complementar la organización de los servicios de información geográfica y fijar las normas generales en el ámbito de las competencias estatales para el establecimiento de infraestructuras de información geográfica en España orientadas a facilitar la aplicación de políticas basadas en la información geográfica por las Administraciones Públicas y el acceso y utilización de este tipo de información, especialmente las políticas de medio ambiente y políticas o actuaciones que puedan incidir en él.» Conforme a la STC 76/1984, la cartografía es una materia de carácter instrumental, vinculada a otros ámbitos materiales que tanto pueden pertenecer a la competencia estatal como a la competencia del resto de las Administraciones Públicas, incluidas las autonómicas.

2 Son numerosos los títulos competenciales de carácter exclusivo de las diversas Administraciones Públicas. Por lo que hace referencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco cabe señalar los títulos competenciales recogidos en el artículo y 11 del Estatuto de Gernika. Por otra parte, uno de los objetivos del Proyecto de Ley es la necesidad de transponer al derecho interno la Directiva 2007/2/CE, el Tribunal Constitucional ha declarado, en reiterada jurisprudencia, que la translación al derecho interno de la normativa comunitaria sigue los criterios constitucionales y estatutarios de repartición de competencias (SSTC 102/1995 y 67/1996, entre otros) ya que no existe un título competencial específico a favor del Estado para la ejecución del Derecho comunitario. Por otra parte, uno de los objetivos del Proyecto de Ley es la necesidad de transponer al derecho interno la Directiva 2007/2/CE, el Tribunal Constitucional ha declarado, en reiterada jurisprudencia, que la translación al derecho interno de la normativa comunitaria sigue los criterios constitucionales y estatutarios de repartición de competencias (SSTC 102/1995 y 67/1996, entre otros) ya que no existe un título competencial específico a favor del Estado para la ejecución del Derecho comunitario. NÚM. 3 NÚM. 2 Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Artículo 1. Objeto. El apartado 3 del artículo 1 queda redactado como sigue: «3. La Infraestructura de Información Geográfica de España se basará en las infraestructuras y servicios interoperables de información geográfica de las Administraciones y organismos del sector público de España, debiendo asegurar el acceso a los nodos de las infraestructuras de información geográfica establecidas por las Administraciones autonómicas, así como la interoperación entre todos ellos a los efectos de la Directiva 2007/2/CE y en la medida que se trate de actividades cartográficas que afecten competencias estatales. Podrá incorporar infraestructuras y servicios interoperables de información geográfica de otras instituciones, entidades o particulares que así lo soliciten.» Conforme a la STC 76/1984, la cartografía es una materia de carácter instrumental, vinculada a otros ámbitos materiales que tanto pueden pertenecer a la competencia estatal como a la competencia del resto de las Administraciones Públicas, incluidas las autonómicas. Son numerosos los títulos competenciales de carácter exclusivo de las diversas Administraciones Públicas. Por lo que hace referencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco cabe señalar los títulos competenciales recogidos en el artículo y 11 del Estatuto de Gernika. 22 Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo De supresión. Artículo 4. Funciones en relación con la Infraestructura de Información Geográfica de España. Se suprime el apartado 2 del artículo 4. En coherencia con el informe del Consejo de Estado en el que recomienda reducirse este artículo a la mínima expresión, atendiendo a una regulación excesiva de esta materia y que se puede diferir a un reglamento. Además, este artículo desarrolla lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1545/2007. NÚM. 4 Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Artículo 4. Funciones en relación con la Infraestructura de Información Geográfica de España. Se suprime el apartado 3 del artículo 4. En coherencia con el informe del Consejo de Estado en el que recomienda reducirse este artículo a la mínima

3 expresión, atendiendo a una regulación excesiva de esta materia y que se puede diferir a un reglamento. Además, este artículo desarrolla lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1545/2007. NÚM. 5 Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15. De supresión. Artículo 15. Geoportal de la Infraestructura de Información Geográfica de la Administración General del Estado. Se suprime el artículo 15. En coherencia con el informe del Consejo de Estado atendiendo a una regulación excesiva de esta materia que se puede diferir a un reglamento. NÚM. 6 Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 16. De supresión. Artículo 16. Funciones de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional en relación con la Infraestructura de Información Geográfica de la Administración General del Estado. Se suprime el artículo 16. NÚM. 7 Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta. Se propone el siguiente texto: Disposición Adicional Cuarta. Plan de Medios en la Administración General del Estado. En el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley, el Ministerio de Fomento elevará al Consejo de Ministros un Plan de implantación de los medios necesarios para el ámbito de la Administración General del Estado. Dicho Plan incorporará las estimaciones de los recursos económicos, técnicos y humanos que se consideren precisos para la adecuada aplicación de lo dispuesto en la presente Ley que contenga las previsiones económicas del coste, así como de los plazos de implantación y los sistemas de evaluación periódicos. Prever la realización de un Plan de Medios en la Administración General del Estado (AGE), en coherencia con la Ley 11/2007, que permita establecer un calendario de implantación de la Ley, el análisis correcto de los costes y unos sistemas de evaluación de los servicios electrónicos prestados. Esta enmienda también recoge la opinión del Consejo de Estado sobre la insuficiencia de los fundamentos de la memoria económica, en la que se concluye que no conlleva incremento alguno de gasto para las Administraciones implicadas. Al respecto, el Consejo de Estado refleja en su informe que «de acuerdo con las exigencias europeas, el anteproyecto requiere, entre otras medidas, la introducción de cambios en todos los datos geográficos y servicios de información geográfica disponibles con el fin de permitir su interoperabilidad, lo que previsiblemente hará necesaria la realización de inversiones». NÚM. 8 En coherencia con el informe del Consejo de Estado atendiendo a una regulación excesiva de esta materia que se puede diferir a un reglamento. 23 Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.

4 Se propone el siguiente texto: Disposición adicional quinta. Adecuación de la Ley 7/1986, de 24 de enero, de ordenación de la cartografía. El Gobierno aprobará, en el plazo máximo de un año, un anteproyecto de Ley que modernice el marco legal actual sobre la ordenación de la cartografía en el Estado. En coherencia con las enmiendas de supresión anteriores y con el informe del Consejo de Estado. El actual Proyecto de Ley pretende realizar un complemento al régimen aplicable a la producción cartográfica incorporando a la normativa interna, además de la Directiva 2007/2/CE, diversas previsiones contenidas en el Real Decreto 1545/2007, básicamente en el Título IV y, sobre todo, en el Título V del texto. NÚM. 9 Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva. De adición. Se propone la incorporación de una nueva Disposición Adicional con el siguiente texto: Nueva Disposición adicional. Cumplimiento del principio de lealtad institucional. «Para dar cumplimiento al principio de lealtad institucional previsto en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera procederá a evaluar las obligaciones de gasto que, para las Comunidades Autónomas, pudieran derivarse de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley Orgánica.» memoria económica, en la que se concluye que no conlleva incremento alguno de gasto para las Administraciones implicadas. Al respecto, el Consejo de Estado refleja en su informe que «de acuerdo con las exigencias europeas, el anteproyecto requiere, entre otras medidas, la introducción de cambios en todos los datos geográficos y servicios de información geográfica disponibles con el fin de permitir su interoperabilidad, lo que previsiblemente hará necesaria la realización de inversiones». NÚM. 10 Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Se modifica la letra a) del apartado 2 de la Disposición Final Segunda, que queda redactada como sigue: Disposición final segunda. Título competencial. «a) Los artículos 6 y 7 del capítulo II, el capítulo IV y la disposición adicional segunda.» Conforme a la STC 76/1984, la cartografía es una materia de carácter instrumental, vinculada a otros ámbitos materiales que tanto pueden pertenecer a la competencia estatal como a la competencia del resto de las Administraciones Públicas, incluidas las autonómicas. Son numerosos los títulos competenciales de carácter exclusivo de las diversas Administraciones Públicas. Por lo que hace referencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco cabe señalar los títulos competenciales recogidos en el artículo y 11 del Estatuto de Gernika. Por otra parte, uno de los objetivos del Proyecto de Ley es la necesidad de transponer al derecho interno la Directiva 2007/2/CE, el Tribunal Constitucional ha declarado, en reiterada jurisprudencia, que la translación al derecho interno de la normativa comunitaria sigue los criterios constitucionales y estatutarios de repartición de competencias (SSTC 102/1995 y 67/1996, entre otros) ya que no existe un título competencial específico a favor del Estado para la ejecución del Derecho comunitario. Adecuar la financiación para el conjunto de las Administraciones Públicas que deberán desarrollar las previsiones de este Proyecto de Ley, en aplicación del principio de lealtad institucional y la necesaria compensación económica que se prevé en la LOFCA. Esta enmienda también recoge la opinión del Consejo de Estado sobre la insuficiencia de los fundamentos de la 24 NÚM. 11

5 Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. 1. Se modifica el apartado 1 de la Disposición Final Segunda al que se le da la siguiente redacción: El apartado 1 de la Disposición Final Segunda queda redactado como sigue: Disposición final segunda. Título competencial. 1. La presente Ley tiene carácter de legislación básica en lo que respecta a la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2007/2/CE en sus aspectos aplicables a las políticas de medio ambiente, conforme al artículo a de la Constitución española. La STC 76/1984 no vincula el concepto de «trabajos cartográficos de base» con la competencia estatal básica del artículo CE, sino con otras competencias estatales que utilicen la cartografía como actividad instrumental. El artículo CE permite al Estado la regulación de una organización administrativa que ejerza funciones cartográficas, pero esto no le permite regular la cartografía misma como tal. Sería como si utilizara este mismo título competencial para regular, no la organización administrativa en materia de agricultura o pesca, sino la propia agricultura o la pesca (en este caso la cartografía) a partir del artículo CE. Es decir, en la medida que las competencias estatales del artículo CE (régimen jurídico de las Administraciones Públicas) no requieren hacer uso de la actividad cartográfica, el Estado no puede regular esta actividad a partir de este título competencial. El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 1 enmienda al Proyecto de Ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. Palacio del Senado, 27 de mayo de El Portavoz, Ramón Aleu i Jornet. NÚM. 12 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP) El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda La presente ley tiene el carácter de legislación básica en lo que respecta a la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2007/2/CE en sus aspectos aplicables a las políticas de medio ambiente, conforme al artículo de la Constitución Española. Lo referente a la DF 2.a atribuye carácter básico al amparo de lo establecido en el artículo CE, que habilita al Estado para aprobar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. En este sentido debe tenerse presente que la competencia estatal es de naturaleza básica, y que, el EAC de 2006 y la jurisprudencia constitucional han señalado unos requisitos formales y materiales que han de respetar. Desde un punto de vista formal, las bases deben de establecerse mediante ley, y desde un punto de vista material, no pueden regular la materia con un grado de detalle que vacíen de contenido las competencias de despliegue legislativo de las CCAA, que debe permitir a éstas poder adoptar políticas propias. En este sentido el artículo 111 del EAC incorpora la regla general establecida por la jurisprudencia constitucional, precisando que, en las competencias compartidas, corresponde a la Generalitat de Catalunya la potestad legislativa, la reglamentaria y la ejecutiva en el marco de las fases que, como a principios o mínimo común normativo, fije el Estado en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de conformidad con la Constitución y el Estatut. Asimismo el artículo 111 del EAC, subraya que la Generalitat ha de poder adoptar políticas propias en las materias de competencia compartida y que el Parlament de Catalunya ha de desarrollar las bases por ley, con lo que se reafirma la necesidad de que las bases se establezcan por ley y se garantice el ámbito de decisión de la Generalitat. Sobre esta cuestión, es necesario precisar que existe una única sentencia del TC, la STC 76/1984, que señaló que la actividad cartográfica no es una actividad competencia exclusiva del Estado y que la Generalitat puede crear un organismo para realizar tareas técnicas de desarrollo de la información cartográfica en el ámbito de competencias de la Generalitat. No obstante, la sentencia entiende que estas tareas de carácter instrumental, en la medida que podían incidir, de forma eventual, en competencias estatales que podrían requerir directamente el uso de la cartografía como son la defensa o las relaciones internacionales, debía realizarse de conformidad con las normas estatales que garanticen la «unicidad técnica y la coordinación». En consecuencia, es a partir de estas competencias estatales que el Estado puede establecer medidas de «coordinación» de carácter técnico, pero no en virtud del artículo CE como se deduce del proyecto de ley. En ningún momento por tanto la STC 76/1984 vincula el concepto de «trabajos cartográficos de base» con la competencia estatal básica del artículo CE sino

6 con otras competencias estatales que utilizan la cartografía como actividad instrumental. Por otro lado, si se analiza el artículo CE desde un punto de vista material, no hay duda que al amparo de este artículo el Estado puede regular una organización administrativa que ejerza funciones cartográficas, pero ello no le permite regular la cartografía misma como tal. Así como subrayó la STC 76/1984, la cartográfica es una materia de carácter instrumental, vinculada a otros ámbitos materiales que tanto pueden ser competencia estatal o autonómica. Desde el punto de vista de la Generalitat, es necesario precisar que, con anterioridad al EAC de 2006, el Parlament de Catalunya ya reguló la cartografía en el ámbito de sus competencias mediante la Ley 11/1892, de 8 de octubre, de creación del instituto Cartográfico de Catalunya, que ya fue objeto de recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, a pesar de reconocer que el Estado dispone de un título competencial básico en materia de medio ambiente que le permita aplicar la Directiva Europea, la transposición que se realice debe respetar la existencia de un ámbito competencial autonómico y no puede regular la totalidad de la materia, ya que, en el caso de la Generalitat de Catalunya, ésta dispone de las potestades legislativa y reglamentaria y de la función ejecutiva en materia de medio ambiente, lo que habilita para realizar la transposición y aplicación de la Directiva en el ámbito de sus competencias. El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 1 enmienda al Proyecto de Ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. Palacio del Senado, 27 de mayo de La Portavoz, María del Carmen Silva Rego. NÚM. 13 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva. 1. Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 75.5, el porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado. No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía, justificándolo adecuadamente en los pliegos, especialmente en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio. Esta exención no será posible en el caso de contratos de obras y de concesión de obras públicas. 2. En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas que, además de la garantía a que se refiere el apartado anterior, se preste una complementaria de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por ciento del precio del contrato. 3. Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación. 4. En la concesión de obras públicas el importe de la garantía definitiva se calculará aplicando el 5 por ciento sobre el valor estimado del contrato, cuantificado con arreglo a lo establecido en el artículo El órgano de contratación, atendidas las características y la duración del contrato, podrá prever en los pliegos, justificándolo adecuadamente, la posibilidad de reducir el importe de la garantía definitiva, una vez ejecutada la obra y durante el periodo previsto para su explotación. Sin perjuicio de otros criterios que puedan establecerse en los pliegos, esta reducción será progresiva e inversamente proporcional al tiempo que reste de vigencia del contrato, sin que pueda suponer una minoración del importe de la garantía por debajo del 2 por ciento del valor estimado del contrato. Mejora técnica. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 10 enmiendas al Proyecto de Ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. Disposición Adicional (Nueva). Modificación del artículo 83 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (nuevo apartado 4). Artículo 83. Exigencia de garantía. 26 Palacio del Senado, 27 de mayo de El Portavoz, Jordi Vilajoana i Rovira. NÚM. 14

7 siguiente enmienda al Artículo Artículo 1. Objeto. 3. La Infraestructura de Información Geográfica de España se basará en las infraestructuras y servicios interoperables de información geográfica de las Administraciones y organismos del sector público de España, debiendo asegurar el acceso a los nodos de las infraestructuras de información geográfica establecidas por las Administraciones autonómicas, así como la interoperación entre todos ellos a los efectos de la Directiva 2007/2/CE y en la medida que se trate de actividades cartográficas que afecten competencias estatales. Podrá incorporar infraestructuras y servicios interoperables de información geográfica de otras instituciones, entidades o particulares que así lo soliciten. En coherencia con el informe realizado por el l Institut d Estudis Autonòmics sobre los aspectos competenciales del Proyecto de Ley. Conforme a la STC 76/1984, la cartografía es una materia de carácter carácter instrumental, vinculada a otros ámbitos materiales que tanto pueden pertenecer a la competencia estatal como a la competencia de la Generalitat de Catalunya. Desde la perspectiva de la Generalitat, son numerosos los títulos competenciales de carácter exclusivo que utilizan la cartografía como un instrumento para el desarrollo de sus políticas públicas: ordenación del territorio y urbanismo; aguas de cuencas intracomunitarias; obras públicas que no sean de interés general; infraestructuras de transporte y de comunicaciones. Aún así, de forma expresa, la Ley que organiza el sistema de información cartográfica de Catalunya hace referencia a la colaboración con la Administración del Estado y a sus competencias respectivas. Desde la perspectiva de la Generalitat, el nuevo Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalitat la competencia compartida en materia de medio ambiente y competencia para el establecimiento de normas adicionales de protección. Por tanto, también en este caso debe tenerse en cuenta si las bases estatales, además de los límites formales y funcionales que prevé el artículo 111 EAC, respetan los límites materiales del artículo EAC y dejan el suficiente margen nromativo para que la Generalitat pueda desplegar sus potestades y funciones en las submaterias que le correspondan. Por otra parte, uno de los objetivos del Proyecto de Ley es la necesidad de transponer al derecho interno la Directiva 2007/2/CE, el Tribunal Constitucional ha declarado, en reiterada jurisprudencia, que la translación al derecho interno de la normativa comunitaria sigue los criterios constitucionales y estatutarios de repartición de competencias (SSTC 102/1995 y 67/1996, entre otros) ya que no existe un título competencial específico a favor del Estado para la ejecución del Derecho comunitario. Recogiendo esta jurisprudencia (SSTC 13/1998, 147/1998 y 33/2005, entre otras) el Estatuto de Autonomía de 2006 habilita de forma expresa a la Generalitat para desarrollar y aplicar el derecho comunitario en las materias de su competencia. En concreto, el artículo 113 EAC establece que: «Corresponde a la Generalitat el desarrollo, aplicación y ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de sus competencias, en los términos que establece el título V». NÚM. 15 siguiente enmienda al Artículo h. Penúltimo párrafo. Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación. Asimismo, integra la Información Geográfica de Referencia la parcela catastral, así como los bienes inmuebles inscritos en el Catastro con sus correspondientes referencias catastrales, todo ello conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, o en la correspondiente normativa foral o de la Generalitat de Catalunya. En coherencia con el artículo 221 del Estatuto de Autonomía de Catalunya. NÚM. 16 siguiente enmienda al Artículo 15. De supresión. 27

8 En coherencia con el informe del Consejo de Estado atendiendo a una regulación excesiva de esta materia que se puede diferir al reglamento. NÚM. 17 siguiente enmienda al Artículo 16. De supresión. En coherencia con el informe del Consejo de Estado atendiendo a una regulación excesiva de esta materia que se puede diferir al reglamento. NÚM. 18 siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera. Disposición adicional tercera. Cartografía catastral. 1. La cartografía catastral (igual) y sus normas de desarrollo, o por la correspondiente normativa foral o de la Generalitat de Catalunya, así como, supletoriamente, (resto igual). 2. (Igual) 3. En ausencia de la cartografía (igual) o las correspondientes autoridades forales o de la Generalitat de Catalunya podrán producirla, y solicitar su inscripción al Registro Central de Cartografía. NÚM. 19 siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva. De adición. Disposición adicional. Cumplimiento del principio de lealtad institucional. «Para dar cumplimiento al principio de lealtad institucional previsto en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera procederá a evaluar las obligaciones de gasto que, para las Comunidades Autónomas, pudieran derivarse de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley Orgánica.» Adecuar la financiación para el conjunto de las Administraciones Públicas que deberán desarrollar las previsiones de este Proyecto de Ley, en aplicación del principio de lealtad institucional y la necesaria compensación económica que se prevé en la LOFCA. Esta enmienda también recoge la opinión del Consejo de Estado sobre la insuficiencia de los fundamentos de la memoria económica, en la que se concluye que no conlleva incremento alguno de gasto para las Administraciones implicadas. Al respecto, el Consejo de Estado refleja en su informe que «de acuerdo con las exigencias europeas, el anteproyecto requiere, entre otras medidas, la introducción de cambios en todos los datos geográficos y servicios de información geográfica disponibles con el fin de permitir su interoperabilidad, lo que previsiblemente hará necesaria la realización de inversiones». NÚM. 20 siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva. En coherencia con el artículo 221 del Estatuto de Autonomía de Catalunya. De adición. 28

9 Disposición adicional. Relación Bilateral entre el Estado y Generalitat Catalunya «La Generalitat de Catalunya obtendrá los recursos económicos de la Administración General del Estado que sean necesarios para compensar el gasto de las Administraciones Públicas catalanas en el que hayan incurrido para hacer efectivos los procedimientos y actuaciones dispuestas en esta Ley, mediante los mecanismos de relación Bilateral Generalitat de Catalunya-Estado previstos en el Estatuto de Catalunya.» Adaptar el Proyecto de Ley a las previsiones del Estatuto de Catalunya, en especial a las previsiones contenidas en el artículo 3, «Las relaciones de la Generalitat con el estado se fundamentan en el principio de lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Estado, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y por el de multilateralidad», así como el artículo 183, de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. Esta enmienda también recoge la opinión del Consejo de Estado sobre la insuficiencia de los fundamentos de la memoria económica, en la que se concluye que no conlleva incremento alguno de gasto para las Administraciones implicadas. Al respecto, el Consejo de Estado refleja en su informe que «de acuerdo con las exigencias europeas, el anteproyecto requiere, entre otras medidas, la introducción de cambios en todos los datos geográficos y servicios de información geográfica disponibles con el fin de permitir su interoperabilidad, lo que previsiblemente hará necesaria la realización de inversiones». NÚM. 21 La STC 76/1984 vincula el concepto de «trabajos cartográficos de base» con la competencia estatal básica del artículo CE, sino con otras competencias estatales que utilicen la cartografía como actividad instrumental. El artículo CE permite al Estado la regulación de una organización administrativa que ejerza funciones cartográficas, pero esto no le permite regular la cartografía misma como tal. Seria como si utilizara este mismo título competencial para regular, no la organización administrativa en materia de agricultura o pesca, sino la propia agricultura o la pesca (en este caso la cartografía) a partir del artículo CE. Es decir, en la medida que las competencias estatales de del artículo CE (régimen jurídico de las Administraciones Públicas) no requieren hacer uso de la actividad cartográfica, el Estado no puede regular esta actividad a partir de este título competencial. NÚM. 22 siguiente enmienda a la Disposición final segunda. 2. a. Disposición final segunda. Título competencial. «a) Los artículos 6 y 7 del Capítulo II, el capítulo IV y la disposición adicional segunda.» siguiente enmienda a la Disposición final segunda. 1. Disposición final segunda. Título competencial. 1. La presente Ley tiene carácter de legislación básica en lo que respecta a la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2007/2/CE en sus aspectos aplicables a las políticas de medio ambiente, conforme al artículo ª de la Constitución española. 29 En coherencia con el informe realizado por el l Institut d Estudis Autonòmics sobre los aspectos competenciales del Proyecto de Ley. Conforme a la STC 76/1984, la cartografía es una materia de carácter instrumental, vinculada a otros ámbitos materiales que tanto pueden pertenecer a la competencia estatal como a la competencia de la Generalitat de Catalunya. Desde la perspectiva de la Generalitat, son numerosos los títulos competenciales de carácter exclusivo que utilizan la cartografía como un instrumento para el desarrollo de sus políticas públicas: ordenación del territorio y urbanismo; aguas de cuencas intracomunitarias; obras públicas que no sean de interés general; infraestructuras de transporte y de comunicaciones. Aún así, de forma expresa, la Ley que organiza el sistema de información cartográfica de

10 Catalunya hace referencia a la colaboración con la Administración del Estado y a sus competencias respectivas. Desde la perspectiva de la Generalitat, el nuevo Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalitat la competencia compartida en materia de medio ambiente y competencia para el establecimiento de normas adicionales de protección. Por tanto, también en este caso debe tenerse en cuenta si las bases estatales, además de los límites formales y funcionales que prevé el artículo 111 EAC, respetan los límites materiales del artículo EAC y dejan el suficiente margen normativo para que la Generalitat pueda desplegar sus potestades y funciones en las submaterias que le correspondan. Por otra parte, uno de los objetivos del Proyecto de Ley es la necesidad de transponer al derecho interno la Directiva 2007/2/CE, el Tribunal Constitucional ha declarado, en reiterada jurisprudencia, que la translación al derecho interno de la normativa comunitaria sigue los criterios constitucionales y estatutarios de repartición de competencias (SSTC 102/1995 y 67/1996, entre otros) ya que no existe un título competencial específico a favor del Estado para la ejecución del Derecho comunitario. Recogiendo esta jurisprudencia (SSTC 13/1998, 147/1998 y 33/2005, entre otras) el Estatuto de Autonomía de 2006 habilita de forma expresa a la Generalitat para desarrollar y aplicar el derecho comunitario en las materias de su competencia. En concreto, el artículo 113 EAC establece que: «Corresponde a la Generalitat el desarrollo, aplicación y ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de sus competencias, en los términos que establece el título V». NÚM. 23 siguiente enmienda al Anexo I. 3. Anexo I. Información Geográfica de Referencia. «3. La parcela catastral, definida como porción de suelo que constituye el objeto geográfico básico de la cartografía catastral y que delimita la geometría del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso, así como los demás bienes inmuebles inscritos en el Catastro con sus correspondientes referencias catastrales, todo ello conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, o en la correspondiente normativa foral o de la Generalitat de Catalunya.» En coherencia con el artículo 221 del Estatuto de Autonomía de Catalunya. 30

11 ÍNDICE Número Artículo Enmendante de Enmienda Artículo 1 GP de Senadores 1 GP de Senadores 2 GP Catalán 14 Artículo 3 GP Catalán 15 Artículo 4 GP de Senadores 3 GP de Senadores 4 Artículo 15 GP de Senadores 5 GP Catalán 16 Artículo 16 GP de Senadores 6 GP Catalán 17 Disposición adicional tercera GP Catalán 18 Disposición adicional cuarta GP de Senadores 7 Disposición adicional quinta GP de Senadores 8 Disposición adicional nueva GP de Senadores 9 GP Socialista (GPS) 13 GP Catalán 19 GP Catalán 20 Disposición final segunda GP de Senadores 10 GP de Senadores 11 GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 12 GP Catalán 21 GP Catalán 22 Anexo I GP Catalán 23 31

12 Edita: SENADO. Plaza de la Marina Española, s/n Madrid. Teléf.: / Fax Imprime: ALCAÑIZ-FRESNO S - SAN CRISTÓBAL UTE C/ Cromo, n.º 14 a 20. Polígono Industrial San Cristóbal Teléf.: Valladolid af@alcanizfresnos.com. Depósito legal: M