INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR EL ART. 121,

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1 INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR EL ART. 121, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Lic. Juan J. Ambrosio Valdez JEFE DE DEPTO. REGISTRAL DEL REGISTRO NACIONAL DE TESTAMENTOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Antecedentes Actualmente, para poder realizar una cesión mortis causa de los bienes de una persona fallecida, una vez que se ha planteado la denuncia es necesario verificar la existencia o no de testamento y, en caso de existir dos o más, comprobar cuál de ellos fue el último en otorgarse. Por ello, el Notario o el Juez, como parte de un procedimiento sucesorio, solicita a la autoridad local que le corresponde (Archivo General de Notarías, Registro Público de la Propiedad, Dirección del Notariado, Archivo de Instrumentos Públicos, etc.) el informe respecto a la existencia, en esa oficina, de algún aviso de otorgamiento de disposición testamentaria, rendido por algún Notario Público o Juez. Como se mencionó, toda vez que la materia sucesoria es de carácter local, dicho informe únicamente se solicita en razón del último domicilio del testador, generándose con ello falta de certeza y seguridad jurídicas, por desconocerse si dicha persona pudo haber otorgado testamento en alguna otra entidad federativa de la República Mexicana. Por ello, la Asociación Nacional del Notariado Mexicano manifestó su inquietud a las autoridades federales, nombrando una comisión a nivel nacional, para gestionar ante diversas instancias la creación de un Registro Nacional de Testamentos. Aunado a lo anterior, en las diferentes legislaciones civiles se prevén distintos tipos de testamento que genéricamente son testamentos ordina- 1

2 rios y especiales; dentro de los primeros se encuentran los públicos abiertos, públicos cerrados, simplificados o populares y los ológrafos, en los segundos se encuentran los privados, militares, marítimos, hechos en país extranjero y en algún caso el espacial. De igual forma en cada entidad federativa la legislación señala el lugar donde se dará avisos del otorgamiento de un testamento y en el caso de los ológrafos se establece que se deposite en el Registro Público de la Propiedad local. La Ley del Notariado de cada Estado determina la obligación de dar aviso cuando conocen del otorgamiento de un testamento, pero de igual forma cada una prevé los plazos y términos en que habrá de efectuarse De igual manera, en varias entidades federativas los avisos se dan en dependencias del ejecutivo local distintas al Registro Público de la Propiedad o Archivo de Notarías, por lo que resulta complicado y casi imposible obtener información en el supuesto de tener la necesidad de saber si una persona otorgó un testamento en la República Mexicana, pues para desarrollar esta labor se tendría que recurrir a cada una de las 31 entidades federativas y al Distrito Federal para solicitar una búsqueda; además de que se tendría que consultar en algunos casos en cada entidad dos o más dependencias para recabar la información. Derivado de ésta problemática, se determinó la creación de la Dirección del Registro Nacional de Testamentos, proyecto que se comenzó a desarrollarse a finales del año 2000, y que dependía de la anterior Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Para comenzar el desarrollo y ejecución del proyecto, se determinó que el instrumento jurídico idóneo sería la celebración de convenios de coordinación, que en el marco de las leyes federales y estatales adecuaran un intercambio exhaustivo y confiable de la información en materia testamentaria. Aunado a lo anterior, se tomó como fundamento la distribución de competencias prevista en el artículo 124 Constitucional, evitando afectar la soberanía interna de los integrantes de la federación. 2 Memoria del Encuentro Nacional para

3 El objetivo fundamental del Registro Nacional de Testamentos es el de coadyuvar en el otorgamiento de seguridad y certeza jurídicas en materia sucesoria, a través de la creación de una base de datos nacional que contendrá todos y cada uno de los avisos testamentarios rendidos por los Notarios Públicos de todo el país a las autoridades competentes de cada entidad federativa, es decir, a los Archivos de Notarías o Registros Públicos de la Propiedad, así como los datos relativos a los testamentos ológrafos que fueren depositados ante estas autoridades y, en general, cualquier tipo de testamento otorgado conforme a los códigos civiles de las diferentes entidades federativas del país. No omito señalar que el proyecto también reconoce a los testamentos otorgados en los consulados y embajadas de México en el extranjero, así como la lista de sucesores en materia agraria que si bien no tiene las formalidades de un testamento civil, tiene como finalidad transmitir los bienes de una persona a su fallecimiento entre la o las personas que designe. Derivado de la expedición del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación el pasado 30 de julio de 2002, fue creada la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, entre cuyas atribuciones se encuentra la relativa a la sistematización de la información de naturaleza jurídica que, en el marco de los convenios de coordinación respectivos, envíen las entidades federativas, la cual se constituye la base y vértice reglamentario de la Dirección del Registro Nacional de Testamentos. En virtud de lo anterior, dicho registro deja de pertenecer a la llamada Dirección General de Asuntos Jurídicos (ahora Unidad de Asuntos Jurídicos), para incorporarse a la estructura orgánica, funcional y operativa de la nueva unidad administrativa. Fundamento jurídico actual para el establecimiento del Registro Nacional de Testamentos con el apoyo de la Secretaría de Gobernación Conferencia M Lic. Ernesto Granados 3

4 Es importante destacar que la creación e implementación del Registro Nacional de Testamentos por parte de las autoridades federales, a través de la Secretaría de Gobernación, surge con el carácter de apoyo o coadyuvante en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales de seguridad y certeza jurídicas a los gobernados, procurándose el cabal cumplimiento de lo dispuesto actualmente en el artículo 121 Constitucional, que establece que: En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros... Así, una vez planteada la problemática que se genera por la falta de información clara y concisa en cuanto a cuál fue la última disposición testamentaria que pudo haber otorgado en cualquier lugar de la República algún ciudadano y, derivado del estudio y análisis jurídicos correspondientes, se determinó que la dependencia encargada de cumplimentar los objetivos planteados para el Registro Nacional de Testamentos es la Secretaría de Gobernación, de conformidad con las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le otorga: Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: XII. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia; XIII. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto; XIV. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal; 4 Memoria del Encuentro Nacional para

5 XXX. Contribuir en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno; XXXI. Compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos correspondiente, con objeto de proporcionar información a través de los sistemas electrónicos de datos; y Cabe destacar que lo establecido en la fracción XIII antes citada, es reproducido en la fracción VIII del artículo 5o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación como una facultad del Secretario. Ahora bien, por lo que respecta a la reglamentación específica de la Secretaría de Gobernación, el anterior Reglamento Interior de esta dependencia, expedido el día 31 de agosto de 1998, establecía en la fracción IV del artículo 13, como facultad de la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos la de: IV. Compilar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y del Distrito Federal y, particularmente, las normas legales relacionadas con las atribuciones de la Secretaría, estableciendo el banco de datos correspondiente; así como, el relativo a la información de naturaleza jurídica que las entidades federativas envíen para su sistematización, en el marco de los convenios de coordinación respectivos y en los términos de la normatividad aplicable; Cabe destacar que este último párrafo fue adicionado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de octubre de Conferencia M Lic. Ernesto Granados 5

6 Por su parte, el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio del año 2002, sigue previendo en su artículo 22 este supuesto, pero ahora como una facultad de la recién creada Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, al tenor siguiente: Artículo 22. La Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional tendrá las siguientes atribuciones: III. Sistematizar la información de naturaleza jurídica que envíen las entidades federativas en el marco de los acuerdos de coordinación respectivos y en los términos de la normatividad aplicable; En este orden de ideas, con la finalidad de atender con la debida solidez y rigor jurídicos la distribución de competencias dada entre los diferentes órdenes de gobierno, y con fundamento en los artículos 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación, se determinó que el instrumento jurídico idóneo para la consecución de los fines del Registro Nacional de Testamentos sería la celebración de convenios de coordinación con cada de una de las entidades federativas del país. De esta forma, a través de los convenios de coordinación, la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección del Registro Nacional de Testamentos ha establecido compromisos con las 32 entidades federativas. Lo anterior se ha hecho bajo la premisa fundamental de que la población cuente con la debida certeza y seguridad jurídicas, tratándose de disposiciones testamentarias, actuando la Secretaría de Gobernación en apoyo y coadyuvancia de las entidades federativas para la consecución de dicho fin, con estricto respeto a la distribución de competencias dada en el artículo 124 Constitucional y a las atribuciones que las leyes federales y de las entidades federativas encomiendan para sus autoridades. Así, se puede concluir que la base jurídica para que la Secretaría de Gobernación brinde apoyo a las entidades federativas a través de la crea- 6 Memoria del Encuentro Nacional para

7 ción e instalación del Registro Nacional de avisos de Testamentos, se encuentra, por una parte, en los artículos 121 y 124 Constitucionales; 27 fracciones XII, XIII, XIV, XXX y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. fracción VIII, y 22, fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y, por la otra, en los convenios de coordinación celebrados y debidamente publicados en el Diario Oficial de la Federación. Pero se considera que para poder homologar los criterios y establecer claramente dicha creación e instauración y dotar de observancia general al Registro Nacional de Avisos de Testamento, se tiene que partir de la necesidad de plantear una reforma al artículo 121 constitucional para quedar como sigue: Artículo 121 Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros. En materia sucesoria se llevará un registro nacional de avisos de testamento. Finalmente, lo relevante de este proyecto radica en la forma en que habrá de llevarse a cabo el intercambio de información: En un primer plano la Secretaría de Gobernación se establecerá como el encargado de coordinar y administrar la base de datos, ejecutando de común acuerdo las políticas aplicables, en lo referente al software que contendrá toda la información; el acceso vía Internet; los sistemas de seguridad para evitar intercepción de la información; la capacitación de uso de la base de datos; la búsqueda y respuesta de las solicitudes de informe; y todas aquellas gestiones que requieran la coordinación. En un segundo plano, corresponderá a las entidades federativas registrar la información en la base de datos, conforme a las políticas establecidas de conformidad, con lo cual esta base se incrementará día con día. Conferencia M Lic. Ernesto Granados 7

8 Para dar mayor sustento a lo anterior, se deben puntualizar las conclusiones que derivarían de tal propuesta: Para poder coordinar el intercambio de información entre las entidades federativas, corresponde a la administración pública federal, y en particular a la Secretaría de Gobernación coordinar el intercambio de información, mediante la administración de la base de datos nacional. Establecer como una institución jurídica de observancia general el Registro Nacional de Testamentos, mediante un fundamento Constitucional, para dar sustento legal a su creación y funcionamiento. La homologación de las disposiciones jurídicas de orden civil para lo cual se requiere previamente la modificación Constitucional, tiene la finalidad de establecer políticas aplicables de forma general y una participación de todas las entidades federativas. 8 Memoria del Encuentro Nacional para