BOLETÍN ACTUALIZACIÓN

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1 BOLETÍN ACTUALIZACIÓN 20 de octubre de 2006 ISSN I. DESCRIPCIÓN REFERENCIA INICIATIVA MINISTERIO ORIGEN : Mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones : Mensaje presidencial : De Hacienda : Cámara de Diputados; pasó al Senado para segundo trámite constitucional INGRESO : 6 de septiembre de 2005 CALIFICACIÓN ARTICULADO : Sin urgencia : 15 artículos permanentes y 5 artículos transitorios OBJETO DE LA INICIATIVA 1.- Otorgar un bono laboral de $ mensuales a los funcionarios del sector público que jubilen en una AFP, para complementar su pensión hasta la muerte del pensionado, siempre que aquélla sea inferior a $ y que esos $ no superen el 55% de la renta mensual promedio utilizada para el cálculo de la pensión inicial. 2.- Regular los procedimientos para la obtención del bono, según los distintos tipos de beneficiarios regulados en la ley, y para la administración del Fondo destinado a financiarlo. 3.- Limitar hasta el año 2024 la época en que es posible solicitar este beneficio, cumpliendo los requisitos legales. 4.- Crear, para el financiamiento del bono, un Fondo Bono Laboral, que se integrará con el 1% de la planilla de pago de los funcionarios que se encuentren en situación de optar al bono (este 1% es de cargo fiscal y no se

2 deduce del sueldo del funcionario); con los intereses que se obtengan de la inversión de los recursos del Fondo, y con aporte fiscal directo, si las cantidades anteriores no fueren suficientes. FUNDAMENTO, SEGÚN LA INICIATIVA 1.- Antecedentes. En el marco del proceso de modernización del Estado, hemos desarrollado diversas iniciativas tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y estimular la tarea funcionaria orientadas a lograr mejores prestaciones de servicios a la ciudadanía que acude cotidianamente a las instituciones públicas. Producto de esta persistente política de los Gobiernos de la Concertación, expresada en diversas iniciativas legales, hoy la función pública, tanto en el ámbito de los directivos y sus funcionarios, ha recuperado esa valoración social necesaria para que las instituciones continúen modernizándose en la búsqueda de un servicio público de excelencia a la ciudadanía. Brindar servicios de calidad a la gente, especialmente la más modesta, que acude diariamente a los diversos servicios públicos y municipales, requiere valorar y estimular a sus funcionarios. Por ello, en este período hemos modernizado y profesionalizado la carrera funcionaria, hemos promovido una mayor eficiencia y productividad de los servicios públicos a través de aumentos en la inversión en capacitación funcionaria, de estímulos al desempeño y mediante una nueva política de desarrollo laboral. En la implementación de esas políticas de desarrollo laboral, corresponde abordar el tema de mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios. En una primera etapa, se generaron diversas bonificaciones para el retiro, tanto transitorias como permanentes, beneficiando a los funcionarios en los diversos ámbitos del sector público central y descentralizado. Sin embargo, los gremios coordinados por la Central Unitaria de Trabajadores- comenzaron a plantear que un número importante de funcionarios obtenían una pensión muy inferior a sus expectativas y que tenían bajas tasas de reemplazo. El año 2001, en el marco del acuerdo sobre reajuste salarial de ese año, el Gobierno con la CUT y los gremios del sector público convinieron constituir una mesa de diálogo sobre las condiciones de retiro de los funcionarios públicos, llamada por los gremios daño previsional. Con ello se inició este largo proceso de diálogo y de construcción de acuerdos que abordaría este tema desde el ámbito de la política laboral. 2.- La opinión de la CUT. La construcción de un mecanismo de apoyo post laboral, acordada con la CUT y los gremios, se sitúa en el marco de las políticas laborales y de personal de cada sector de la administración, focalizando su beneficio en las personas más necesitadas, es decir, en aquellos funcionarios con bajas pensiones y bajas tasas de reemplazo. Una fórmula de este tipo para los funcionarios públicos del sector central y descentralizado sólo era posible desde el ámbito laboral y desde su rol de

3 empleador. Este criterio laboral fue compartido por la CUT y la mayoría de los gremios del sector público, lo que permitió consensuar este mecanismo de apoyo post laboral de por vida a los funcionarios públicos y municipales más vulnerables. 3.- El acuerdo. Mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios o en el discurso gremial llamado solución al daño previsional, requería de un acuerdo, que fue largamente trabajado entre las autoridades gubernamentales y la mesa de gremios del sector público coordinada por la CUT. Este culminó exitosamente el 25 de agosto pasado con la suscripción de un Protocolo de acuerdo sobre el mejoramiento de las condiciones de retiro de los funcionarios públicos entre el Gobierno y la CUT y la mayoría los gremios del sector público, que sustenta y origina este proyecto de ley que hoy conoce el Parlamento. De este modo, se ratifica uno de los criterios que sustentan las políticas gubernamentales de avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios, sobre la base del diálogo y el acuerdo con los gremios. Los aspectos principales de este Protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la CUT con los gremios del sector público y que describen el beneficio post laboral establecido en este proyecto de ley, son:... la CUT y los gremios del sector público hemos convenido una fórmula laboral para mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios públicos, también denominado daño previsional según los gremios, y cuyo objetivo es el de beneficiar a aquellos funcionarios - tanto de la administración central como descentralizada- que tienen bajas tasas de reemplazo al término de su vida laboral. Las partes acuerdan enviar un proyecto de ley, en el mes de septiembre de 2005, que otorgue un beneficio post laboral para los funcionarios públicos. ACTUALIZACIÓN Con fecha 19 de octubre de 2006, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto aprobado por ella en su primer trámite constitucional. La reseña original es la número 735. DIFERENCIAS 1.- En el artículo segundo, se modifica el concepto de la remuneración promedio líquida, la que ya no será el promedio de las remuneraciones percibidas en los últimos 36 meses, sino que en los últimos doce, con ciertas excepciones establecidas en el mismo artículo. También se establece una modificación menor respecto a la contabilización, para determinados efectos de esta ley, del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual

4 2.- Se amplía el plazo para presentar la solicitud para acceder al bono establecido en esta ley, de 120 días a 12 meses (artículo 3º). 3.- En el artículo cuarto se establece el modo de calcular la remuneración promedio líquida, para el caso del personal que preste servicios por jornada parcial para más de una de las instituciones señaladas en el artículo uno de este proyecto de ley. 4.- En el artículo octavo se reduce el plazo en el cual comenzará a devengarse el bono establecido para el personal asignatario de la bonificación por retiro voluntario establecido en el título II de la ley , cuando el promedio de remuneraciones imponibles de los últimos doce meses anteriores al cese de funciones sea superior a $ Esta reducción se hace a través de una modificación en la fórmula ya establecida. 5.- En el artículo 12 se hacen ciertas precisiones explicativas, y una ampliación a doce meses, del plazo establecido para la presentación de la solicitud del bono establecido en este proyecto, para el caso de ciertos trabajadores. 6.- Se introducen los artículos 13 a 15, en que se dispone el modo en que podrán acceder a este bono aquellos que obtengan su pensión de vejez por la aplicación del artículo 68 bis del D.L. 3500, de 1980, esto es, jubilación por desempeño en trabajos pesados (artículo 13); así como un sistema de reestimación de la tasa de reemplazo líquida, cuando su monto fuere superior al permitido para acceder al bono (artículo 14), y una descripción del sistema de otorgamiento del bono para aquellos trabajadores que obtengan pensión de invalidez de acuerdo a lo dispuesto por el D.L de 1980 (artículo 15). 7.- En el primer artículo transitorio se modifica el plazo de ciento veinte días, para ajustarlo al nuevo de doce meses, establecido en el artículo tercero del proyecto. 8.- Se agregan los nuevos artículos cuarto y quinto transitorios, que regulan el caso de trabajadores que se encuentran en situaciones especiales, y que pretendan optar por el bono establecido en este proyecto de ley

5 II. COMENTARIOS DE LIBERTAD Y DESARROLLO IMPLICANCIAS CONSTITUCIONALES 1.- Materia de ley. El artículo 65 (antes 62), inciso cuarto, N 4 de la Constitución Política, señala como materia de ley de iniciativa exclusiva presidencial, fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones o pensiones al personal en servicio activo o en retiro de la Administración Pública y demás organismos del Estado. El proyecto otorga un bono complementario para el personal que se acoja a retiro, por lo que su base constitucional se encuentra en el recién citado precepto. Por otra parte, debe recordarse que las normas sobre seguridad social o que incidan en ella son de quórum calificado, según el artículo 19, N 16, de la Constitución. Las atribuciones de que se dota a funcionarios directivos, en relación con el proceso para la percepción del bono por parte de los funcionarios que se acojan a jubilación, es una materia de ley señalada en el artículo 65, inciso cuarto, N 2, de la Constitución, que declara materia de ley, también de iniciativa exclusiva presidencial, a las que tengan por objeto determinar las funciones y atribuciones de los servicios públicos y organismos del Estado. El procedimiento administrativo para el otorgamiento del bono, es materia de ley según lo señalado en el artículo 63 (antes 60), N 18, de la Constitución, que otorga carácter de ley a las normas que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública. Finalmente, el financiamiento del bono y la creación, para ese efecto, de un fondo, constituye una materia relativa a la administración financiera del Estado, que es materia de ley, de iniciativa exclusiva presidencial, conforme al artículo 65, inciso tercero, de la Constitución. COMENTARIOS DE MÉRITO 2.- Origen del problema. El aumento remuneratorio de los funcionarios de la Administración del Estado, históricamente, no ha respondido a criterios de eficiencia y productividad. Además, no ha sido fácil medir esa productividad o eficiencia en varias actividades que consisten en el otorgamiento de ciertos servicios, como por ejemplo, actuaciones y certificados del registro civil. No obstante, es importante avanzar en la dirección de vincular, de alguna forma razonable, el desempeño funcionario con los incrementos remuneratorios

6 Siendo así, los funcionarios generalmente han instado por mayores incrementos salariales mediante el mecanismo de la huelga que, aunque es y ha sido ilegal en el sector público, se ha podido observar que las organizaciones de funcionarios hacen uso de la paralización de funciones con el objeto de presionar por mejores rentas. Muchas veces ha sido suficiente la amenaza de paro para obtener beneficios. El resultado de las presiones, por un lado, y las disponibilidades de la caja fiscal por otra, generalmente deprimida, generaron una práctica consistente en otorgar beneficios económicos, bajo la denominación de bonificaciones, asignaciones u otra, pero en calidad de no imponibles. Con ello se lograba el doble propósito de satisfacer las demandas salariales de los funcionarios del Estado, y de reducir, al mismo tiempo, el impacto fiscal. Ello era especialmente relevante en el antiguo sistema de pensiones que, como se recordará, permitía distraer recursos de las cajas de previsión para fines sociales, de forma tal que las pensiones, cuyo monto estaba previsto en la ley en función de años de servicio y no de ahorro personal, venía a ser totalmente de cargo del Estado. Así, el incentivo a otorgar aumentos remuneratorios no imponibles llegó a ser una costumbre. 3.- La reforma de El nuevo sistema de pensiones, sobre la base de capitalización individual, constituye un desincentivo para obtener remuneraciones no imponibles, porque ello se refleja directamente en la cuenta de capitalización del afiliado y produce el efecto cierto de una menor pensión de vejez; no así en el antiguo sistema en que era la ley la que, mediante diversos mecanismos de cálculo, determinaba el monto de la pensión, independientemente de los aportes previsionales del funcionario. Pero no se ha internalizado en muchos sectores laborales esta nueva situación y se ha persistido en obtener aumentos remuneratorios no imponibles. Anteriormente, ya dictado el decreto ley N 3.500, de 1980, se observó que muchos personales del sector público venían con un sistema remuneratorio que en parte era imponible y en parte no lo era, lo que iba a perjudicar las pensiones de todos quienes hubieran ingresado al nuevo sistema previsional. Por tal razón, en 1987 se dictó la ley N (Diario Oficial de 7 de diciembre de ese año), cuyo artículo 9 hizo imponibles las remuneraciones, asignaciones y bonificaciones que hasta entonces no lo eran, para todo el sector público, distinguiendo según fuera personal de la Escala Única de Remuneraciones o de regímenes remuneratorios separados, según escalafón, grado o calidad profesional. Al mismo tiempo, se otorgó (artículo 10 de la misma ley) una nueva bonificación de diverso monto según sistema remuneratorio y escalafón, con el objeto de compensar la disminución salarial que se iba a producir como consecuencia de hacer imponible el total de las remuneraciones

7 Con esa medida se regularizó, por así decirlo, el sistema inorgánico de remunerar mediante asignaciones no imponibles, que constituyen un perjuicio previsional en el nuevo sistema de pensiones. 4.- Otras distorsiones. Tampoco se ha asumido adecuadamente el hecho de que todas las cotizaciones, tanto en el sector público como en el privado, deban ser de cargo del trabajador, puesto que de su sueldo mensual se efectúan las correspondiente deducciones para las Administradoras de Fondos de Pensiones. Se ha criticado este sistema y se añora, por algunas personas, la época en que las cotizaciones eran pagadas en parte por el trabajador y en parte por el empleador u organismo público respectivo. En la Caja de Empleados Particulares, por ejemplo, la parte patronal y la parte del trabajador superaban, en conjunto, el 40% de la remuneración, lo que no aseguraba jubilaciones satisfactorias. Pero cualquiera fuere el porcentaje pagado por el empleador, debe aceptarse que no varía, por esa razón, el costo laboral para la empresa o para el Estado. En efecto, si el sueldo líquido mensual más las cotizaciones alcanzan a, por ejemplo, $ , para quien debe pagar esa remuneración es indiferente qué porcentaje de cotización paga el empleador y cuál se descuenta directamente del sueldo del trabajador. En último término, los $ salen del mismo bolsillo. Lo que importa es que con la menor cotización se alcance la mejor jubilación. 5.- El proyecto. La CUT, según informa el mensaje, se ha venido haciendo cargo del problema desde el año 2001, cuando se formó una comisión para estudiar con el Ejecutivo el daño previsional. Al respecto, lo que debe quedar establecido en el análisis de la iniciativa es que las bonificaciones no imponibles significan una mayor remuneración líquida al momento de su percepción. La consecuencia es una menor jubilación. La fórmula para mejorar las pensiones de los funcionarios del sector público, ideada por el gobierno en conjunto con la CUT, es en síntesis, otorgar un bono reajustable según IPC de $ para quienes cumplan los siguientes requisitos copulativos: - Encontrarse afiliados a una AFP; - ser empleado público al momento de postular al bono; - que la pensión líquida no sea superior a $ , y que esa suma no

8 sea superior al 55% del sueldo promedio del funcionario en servicio activo 1 ; - tener 65 ó 60 años de edad según sea hombre o mujer; - renunciar voluntariamente al cargo y obtener pensión por vejez en una AFP, dentro de los 12 meses siguientes a cumplir la edad respectiva. Los requisitos acotan en forma precisa el otorgamiento del beneficio, no obstante, que el número de funcionarios públicos y por su nivel remuneratorio, el universo de beneficiarios en el tiempo no será exiguo, ya que es posible impetrar este beneficio hasta diciembre del año El ahorro voluntario. En el sistema de las AFP existe la posibilidad de efectuar ahorro voluntario previsional adicional al que establece obligatoriamente la ley. Ello se entiende en la medida que ese ahorro va íntegramente a la cuenta de capitalización, con la sola deducción de una comisión por la administración del fondo. Además, cuenta con un beneficio tributario. Todo ello hace razonable el esfuerzo individual del trabajador por consumir menos ahora y obtener una mejor jubilación después. En el caso de quienes hubieren efectuado cotizaciones voluntarias, podrían por ese hecho quedar fuera del marco que señala el proyecto para obtener derecho al bono de $50.000, dado que podrían obtener una pensión superior a los $ o bien obtener una pensión inicial superior al 55% de su sueldo promedio. En ambos casos quedaría fuera del bono por haber efectuado un esfuerzo personal y resultaría perjudicado. El proyecto establece (artículo 2, N 3, letra a), inciso primero), que para el cálculo de la pensión de vejez líquida no se considerarán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario ni los depósitos voluntarios en cualquiera de los fondos de pensiones (según la última reforma al sistema previsional). Esta norma es necesaria y correcta, pues de lo contrario habría generado una discriminación en contra de quien hubiera hecho el esfuerzo de ahorrar para su jubilación. 7.- Rentas vitalicias. Todos los cálculos vienen efectuados en el proyecto de ley sobre la base de que el trabajador-funcionario se pensiona en la AFP mediante el sistema de retiro programado. Sin embargo, ello no significa que no puedan pensionarse mediante la compra de una renta vitalicia, sea de inmediato, o diferida en el tiempo. 1 En consecuencia, si el funcionario tenía una remuneración mensual de $ y su pensión de vejez supera los (más del 55%) no tiene derecho al bono

9 El proyecto ordena (artículo 2, N 3, letra a) inciso segundo), que el cálculo para determinar el derecho a bono laboral de $ deba hacerse sobre la modalidad de retiro programado sin perjuicio de la modalidad de pensión de vejez a que opte el beneficiario del bono al momento de pensionarse. Esta alternativa es también correcta, pues de lo contrario, la limitación para acceder a una renta vitalicia habría sido un cambio esencial en el sistema de pensiones, y una imposición legal desproporcionada para obtener un beneficio de parte del Estado. 8.- Financiamiento. Según el informe financiero del proyecto, el pago del beneficio se extenderá por un período de 50 años, hasta el fallecimiento del último pensionado. El año en que se concentrará el mayor gasto será alrededor de 2025, en que el costo se estima en algo más de 30 mil millones de pesos. El financiamiento provendrá del Fondo bono Laboral, que se crea en el artículo 6 del proyecto. A su vez, el Fondo se financia con un aporte del 1% mensual sobre la planilla de pago correspondiente que a los trabajadores con derecho a bono. El aporte lo efectúa el servicio, dado que no se trata de una deducción de la remuneración de esos trabajadores. Luego, ingresan al Fondo las utilidades de las inversiones que se efectúen con sus recursos, las que deberán efectuarse dentro de los límites y normas que establezca el Ministerio de Hacienda. Finalmente, en lo que no se alcance a cubrir los recursos antes indicados, el Fondo recibirá aporte fiscal directo. Es probable que esta última sea la cifra relevante para el pago del bono laboral. El costo total, por todos los años que durará el Fondo, asciende, en valor presente, a unos $313 mil millones, según el informe financiero de 6 de septiembre de 2005, del Ministerio de Hacienda. 9.- Positiva modificación de plazos. Pueden estimarse positivas las modificaciones de ciertos plazos presentados originalmente en el proyecto, por ejemplo, aquella que aumenta de 120 días, a 12 meses, el plazo para presentar la solicitud necesaria para acceder a este bono, puesto que el plazo anterior podría ser bajo, para el caso en que un funcionario público desconociera su posibilidad de optar por este beneficio

10 10.- Positiva aclaración de casos dudosos. Es también positiva la aclaración que se hace respecto de ciertos casos especiales, como el caso del personal que preste servicios por jornada parcial en algunas de las instituciones establecidas en el artículo 1º del proyecto de ley. III. CONCLUSIÓN El proyecto responde a una solución política frente a las presiones de la CUT por lograr mejores pensiones para los funcionarios del sector público, que han visto reducidas sus jubilaciones por efecto de aumentos remuneratorios no imponibles, lo que en el pasado constituyó una práctica generalizada. El mecanismo empleado parece razonable por encontrarse bien acotado y por constituir, en principio, un bono de $ adicional a las pensiones de menos de $ con una tasa de reemplazo líquida de 55%. Con todo, debe tomarse nota de que las remuneraciones no imponibles son un contrasentido en el sistema previsional vigente, y que la forma de no tener que buscar en el futuro una solución similar, es convencerse de que la jubilación es una responsabilidad de cada trabajador, y que el mejoramiento de las jubilaciones depende del esfuerzo personal durante la vida laboral activa. IV. APÉNDICE: TEXTO QUE INGRESA AL CONGRESO Artículo 1.- Establécese un bono de naturaleza laboral de $ mensuales, en adelante el bono, para el personal que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley desempeñe un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la Ley N ; el decreto N 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la ley N ; el decreto N 291, de 1993, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la ley N ; la ley N ; el párrafo 2 del título III de la ley N ; la ley N 2 Personal de los ministerios, intendencias, gobernaciones y servicios públicos tanto centralizados como descentralizados. 3 Contraloría General de la República. 4 Gobiernos regionales. 5 Personal del Consejo Nacional de Televisión. 6 Personal del Consejo Superior de Educación

11 ; el título VII de la ley N ; la ley N ; los artículos 4 letra i) y 19 de la ley N ; las leyes Nos y , y las Municipalidades, y a los trabajadores de sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados o se traspasen a dichas municipalidades en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley N , de 1980, del Ministerio del Interior. Requisito general: afiliación a una AFP. Artículo 2º.- El personal mencionado en el inciso anterior tendrá derecho al bono siempre que se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones del decreto ley N 3.500, de 1980, y cotice en dicho sistema por el ejercicio de su función pública y cumpla con los requisitos del artículo Para tener derecho al bono del artículo anterior será necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos: 1.- Tener las calidades mencionadas en el inciso primero del artículo 1 en los referidos organismos o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de la postulación para acceder al bono como con anterioridad al 1 de mayo de 1981; 2.- Tener a lo menos 20 años de servicios en las instituciones señaladas en el artículo anterior o las que sean sus antecesores legales, a la fecha de la publicación de la presente ley. 3.- Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55% 15 y acceder a una pensión de vejez líquida regida por el decreto ley N 3.500, de 1980, igual o inferior a $ Para este efecto se entenderá por: a) Pensión de vejez líquida. Es aquella pensión de vejez otorgada según el decreto ley N 3.500, de 1980, a que pueda tener derecho el personal afecto a la presente ley, descontadas las cotizaciones obligatorias de salud. Además, a dicha pensión se le sumará cualquiera otra pensión y jubilación líquida que estuviere percibiendo por alguna de las ex -cajas de previsión del antiguo régimen previsional fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, y por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Para efectos del inciso anterior de este literal, en la estimación del monto de la pensión de vejez líquida sólo se considerará la modalidad de retiro programado establecida en el decreto ley N 3.500, de 1980, calculada para la primera anualidad, a que tendría derecho el trabajador, sin perjuicio de la modalidad de pensión de vejez a que opte el beneficiario del bono al momento 7 Dirección General de Aeronáutica Civil. 8 Personal del Fondo Nacional de la Discapacidad, regido por el Código del Trabajo. 9 Personal del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). 10 Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Renovables (CONAF). 11 Servicios de Asistencia Jurídica. 12 Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta. 13 Establecimientos de salud y de educación traspasados a las municipalidades. 14 De este proyecto de ley. 15 Por ejemplo, para un sueldo promedio de $ , una tasa de reemplazo de 55% equivale a una pensión de $

12 de pensionarse. Para lo anterior, la administradora de fondos de pensiones considerará el saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual incluido el Bono de Reconocimiento a que tenga derecho el trabajador, al último día del mes en que la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones le solicitó la información a que se refiere el inciso segundo del artículo 3. No se incluirán en dicho monto las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, ni los depósitos convenidos a que se refiere el artículo 20 del decreto ley N 3.500, de b) Remuneración promedio líquida. Es el promedio de las remuneraciones mensuales percibidas durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de información señalada en el inciso primero del artículo 3, actualizadas según la variación del índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, respecto de las cuales se hubieren efectuado cotizaciones obligatorias, descontadas estas últimas. Sin embargo, en los casos que a continuación se indican, la remuneración promedio líquida se calculará considerando el promedio de las remuneraciones mensuales percibidas durante los 36 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de información indicada en el inciso anterior, respecto de las cuales se hubieren efectuado cotizaciones obligatorias, descontadas estas últimas, las que se actualizarán de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior: i) Respecto de aquellos funcionarios a contrata que en los tres últimos años anteriores a la fecha de la solicitud de información indicada en el inciso anterior hayan cambiado la calidad jurídica de su designación, pasando en un mismo servicio desde un cargo de planta a un empleo a contrata. ii) Respecto de los funcionarios a contrata que en los tres últimos años anteriores a la fecha de solicitud de información antes indicada hayan cambiado de grado. Lo anterior, no será aplicable en los casos de cambios de calidad jurídica desde la contrata a la planta, o de aumentos de grados por promoción o ascenso. iii) Respecto de los trabajadores afectos al Código del Trabajo que en los tres últimos años anteriores a la fecha de solicitud de información antes señalada hayan aumentado sus remuneraciones, y ese aumento no tenga su origen en reajustes generales de remuneraciones otorgados al sector público o en alguna otra ley. iv) Respecto de los trabajadores que durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de información antes indicada no hubieren percibido remuneraciones mensuales por encontrarse designados en comisión de servicio o con permiso sin goce de remuneraciones. c) Tasa de reemplazo líquida. La expresión porcentual del cuociente que resulte de dividir el monto mensual de la pensión de vejez líquida determinado

13 de conformidad con la letra a) precedente, por la remuneración promedio líquida calculada según la letra b) anterior. 4.- Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres, y 5.- Renunciar voluntariamente al cargo u obtener pensión por vejez de conformidad al decreto ley N 3.500, de 1980, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda. El personal que preste servicios por jornadas parciales deberá renunciar al total de horas que sirvan en las entidades mencionadas en el artículo anterior. Podrá acceder al bono el personal que cese en sus funciones por las causales señaladas en el número anterior hasta el 31 de diciembre del Artículo 3º.- El jefe superior de servicio o la jefatura máxima que corresponda, a partir del primer mes del semestre anterior a aquel en que el trabajador cumpla las edades señaladas en el numeral 4 del artículo 2, se entenderá facultado para requerir de los organismos previsionales y de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, la estimación acerca de la tasa de reemplazo líquida del trabajador de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo anterior. Para ello, el jefe superior de servicio o la jefatura máxima que corresponda, informará a dichos organismos y Superintendencia, la remuneración promedio líquida del trabajador según lo establecido en el numeral antes señalado. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, podrá solicitar los antecedentes necesarios a las administradoras de fondos de pensiones. Los organismos previsionales y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir la información señalada en el inciso primero dentro del plazo de 60 días, contado desde la recepción de solicitud de información. Sin embargo, si al vencimiento de dicho plazo no estuviere informado, el bono de reconocimiento del trabajador, la Superintendencia prorrogará ese plazo por 30 días. El jefe superior de servicio o la jefatura máxima que corresponda, sumará las tasas de reemplazos líquidas informadas por las entidades señaladas en el inciso anterior y el resultado lo comunicará por escrito al trabajador. El trabajador, a partir de la notificación de la comunicación dispuesta en el inciso anterior y hasta los 12 meses siguientes al cumplimiento de las edades señaladas en el numeral 4 del artículo anterior, deberá presentar la solicitud para acceder al bono ante el jefe superior de servicio o la jefatura máxima de la entidad en la cual preste sus servicios. En caso que el trabajador no haya sido notificado de la comunicación señalada en el inciso anterior y haya cumplido las edades indicadas en el numeral 4 del artículo 2, deberá presentar ante el jefe superior de servicio o la jefatura

14 máxima de la entidad a la cual pertenece la solicitud para acceder al bono dentro de los 12 meses siguientes al cumplimiento de las edades antes mencionadas. Con todo, si el trabajador no presenta la solicitud para acceder al bono dentro de los plazos señalados en los incisos quinto o sexto, se entenderá que renuncia a dicho beneficio. El jefe superior de servicio o la jefatura máxima de la entidad a la que pertenece el trabajador, ordenará certificar a quien corresponda el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior. Para ello, podrá requerir información de cualquier otro organismo público para efectos de lo previsto en dicho artículo. El jefe superior de servicio o la jefatura máxima que corresponda, en ningún caso podrá conocer de la probable cuantía de la jubilación, pensión de vejez o el monto de los recursos registrados en la cuenta de capitalización individual del personal. El acto administrativo que conceda el bono al funcionario deberá establecer que el pago se efectuará en la oportunidad que corresponda según el artículo 8. Dicho acto administrativo no está sujeto al trámite de toma de razón y deberá enviarse en original para su registro y control posterior a la Contraloría General de la República. En el caso de las corporaciones municipales creadas en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley N , de 1980, del Ministerio del Interior, remitirán a la municipalidad respectiva, todos los antecedentes del trabajador que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 2. El municipio, con el mérito de dichos antecedentes, dictará el acto administrativo correspondiente, y cuando proceda los remitirá al Servicio de Tesorerías de conformidad al artículo 8. Artículo 4º.- El personal que preste servicios por jornada parcial en alguna de las instituciones señaladas en el artículo 1, deberá presentar la solicitud a que se refiere el artículo anterior, al jefe superior de servicio o al jefatura máxima de aquella entidad en la que tiene el mayor número de horas contratadas, en cualquier calidad jurídica. A igual número de horas contratadas, presentará la solicitud en aquella entidad en que tenga más años de servicios. Si tiene la misma cantidad de años de servicios, podrá presentar la solicitud en cualquiera de ellas. Además, deberá adjuntar una declaración jurada simple del número de horas que tengan contratadas, en cualquier calidad jurídica, en alguno de los servicios mencionados en el artículo 1. Para el personal al que se le aplica el presente artículo y que tenga más de un empleador de aquellos mencionados en el artículo 1, se entenderá por remuneración promedio líquida, la suma de las remuneraciones promedio calculadas de acuerdo a la letra b) del numeral 3 del artículo 2 que haya percibido en alguna de las calidades y organismos señalados en el artículo 1, determinada por cada uno de los empleadores que hayan solicitado la información indicada en el inciso primero del artículo

15 Para lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones sumará las remuneraciones promedios líquidas informadas por los referidos empleadores y calculará la tasa de reemplazo líquida. En este caso, la Superintendencia informará dicha tasa con la individualización de los empleadores que remitieron informe sobre remuneraciones promedio líquidas y que fueron consideradas en la estimación de esa tasa, lo que deberá ser comunicado al trabajador por el empleador. El jefe superior de servicio o la jefatura máxima que corresponda remitirá copia del acto administrativo señalado en el inciso décimo del artículo anterior, a los demás empleadores que hubiere indicado el trabajador en su declaración jurada. Artículo 5º.- Artículo 6.- Financiamiento. El bono no será imponible ni constituirá indemnización ni renta para ningún efecto legal. El derecho a impetrar o percibir el bono se extingue con el fallecimiento del beneficiario. El bono se pagará con los recursos provenientes del Fondo Bono Laboral, que se formará del siguiente modo: a) Con el aporte mensual de cada servicio u organismo señalado en el artículo 1, el que ascenderá a un monto equivalente al 1% de las remuneraciones mensuales imponibles de sus trabajadores que, a la fecha del aporte, cumplan con los requisitos copulativos siguientes: tengan los años de servicios señalados en el numeral 2 del artículo 2, que reúnan las calidades mencionadas en el artículo 1 con anterioridad al 1 de mayo de 1981, que estén afectos al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N 3.500, de 1980 y que cumplan las edades señaladas en el numeral 4 del artículo 2, a más tardar al 31 de diciembre de 2024, inclusive. Este aporte sólo se realizará hasta las remuneraciones que se devenguen en el mes de diciembre del año b) Con el producto de la rentabilidad que genere la inversión de los recursos del Fondo. c) Con aporte fiscal, cuando los recursos señalados en las letras a) y b) de este artículo sean insuficientes para el pago de los bonos. Este aporte será de un monto equivalente a la diferencia entre el monto total que se debe pagar por concepto de bonos y los aportes indicados en las letras antes mencionadas. Artículo 7.- El Servicio de Tesorerías recaudará y administrará los recursos del Fondo Bono Laboral. Para tal efecto, llevará una cuenta especial de dicho Fondo. En ella deberán ser enterados los aportes señalados en la letra a) del artículo anterior, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquél en que se hayan devengado las remuneraciones o subsidios, término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo o festivo

16 Por cada día de atraso en el pago del aporte señalado en la letra a) del artículo 6, se devengará un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6 de la ley N Esta sanción será de responsabilidad del servicio u organismo respectivo, el que deberá solventar los recargos con su presupuesto ordinario sin que proceda suplemento alguno por esta causal. El Servicio de Tesorerías cobrará y recaudará dichos intereses y los enterará en el Fondo Bono Laboral. Con cargo a dicha cuenta especial, el Tesorero General del Servicio de Tesorerías sólo podrá girar en los siguientes casos: a) Para dar cumplimiento a los actos administrativos de los jefes superiores de servicio respectivos que ordenen el pago del bono al personal que tenga derecho a él, y b) Para hacer inversiones con los recursos del fondo. Los recursos del Fondo de Bono Laboral serán invertidos en los valores e instrumentos financieros según las normas y límites de inversión que establezca el Ministerio de Hacienda, a través de decreto supremo suscrito bajo la fórmula Por Orden del Presidente de la República. Artículo 8º.- El Servicio de Tesorerías pagará el bono a los beneficiarios. Para ello, el jefe superior de servicio o jefatura máxima respectiva remitirá a dicho servicio copia del acto administrativo que concede el bono, adjuntando los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 2 y 4 del artículo 2, y la respuesta de los organismos previsionales y de la Superintendencia Administradora de Fondos de Pensiones sobre la tasa de reemplazo líquida. Además, deberá informar la fecha en que comenzará a pagarse el bono al beneficiario. El Servicio de Tesorerías podrá celebrar convenios con las administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros u otras entidades, para efectuar el pago del bono a través de ellas. El bono se pagará una vez que el personal mencionado en el artículo 1 haya cesado en funciones por retiro voluntario o por pensión de vejez de conformidad al decreto ley N 3.500, de 1980, según las normas siguientes: 1) El bono se devengará y pagará a contar del mes subsiguiente del cese de funciones del personal. 16 Interés corriente o interés promedio mensual determinado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

17 2) Para el personal que es beneficiario de la bonificación por retiro voluntario establecida en el Título II de la ley N , el bono de la presente ley se devengará y pagará en las fechas siguientes: a) Para el personal cuyo promedio de remuneraciones imponibles de los 12 últimos meses anteriores al retiro sea igual o inferior a $ , el bono se devengará y pagará en la misma oportunidad señalada en el numeral anterior. b) Para el personal cuyo promedio de remuneraciones imponibles de los 12 últimos meses anteriores al cese de funciones, sea superior a $ , el bono comenzará a devengarse y pagarse en el mes siguiente del que se obtenga de multiplicar 5/7 por el resultado de dividir por $ la resta entre el monto de la bonificación por retiro voluntario establecida en el Título II de la ley , menos $ si es mujer y $ si es hombre 18. Con todo, si el resultado de la división anterior fuera superior a 84, el beneficio se devengará y pagará a partir del mes 85 contado desde el mes siguiente del cese de funciones del personal. Si el resultado de la resta antedicha implicare un número inferior a $ se aplicará lo dispuesto en la letra a) de este numeral. Artículo 9.- Sanción por postempleo. Artículo 10.- Reajuste según IPC. Artículo 11.- Sanción penal. Artículo 12.- El personal que cese en sus cargos y perciba el bono, y que con posterioridad se reincorpore a alguna de las instituciones u organismos señalados en el artículo 1, sea en calidad de titular, a contrata u honorario, deberá devolver la totalidad del beneficio percibido, expresado en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables. En ningún caso se podrá volver a percibir el bono. Todas las cantidades en dinero señaladas en esta ley se reajustarán en el mes de enero de cada año, según la variación que experimente el índice de precios al consumidor en los 12 meses anteriores, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Las personas que perciban maliciosamente el bono que otorga esta ley, deberán devolver la totalidad del beneficio percibido, expresado en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderles según la legislación vigente. Los trabajadores señalados en el artículo 1 que obtengan pensión de invalidez que establece el decreto ley N 3.500, de 1980, podrán acceder al bono una vez que cumplan las edades señaladas en el numeral 4 del artículo 2 y acrediten el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en dicho artículo, con excepción del determinado en el numeral 5. En este caso, el personal deberá cumplir con el requisito que se establece en el numeral 1 de dicho artículo, tanto a la fecha en que obtuvo la pensión de invalidez como con anterioridad al 1 de mayo de Esta bonificación es, en principio, de un mes por cada dos años de servicios en el sector público, siempre que renuncien voluntariamente a su empleo (ARTÍCULO SÉPTIMO de la ley N (Diario Oficial de 23 de junio de 2003) 18 La fórmula sería la siguiente: Nº mes = 5 (BRV - FMH) FMH es el factor dependiente del sexo del trabajador

18 Dicho personal presentará su solicitud ante el jefe superior de servicio o jefatura máxima de la institución u organismo mencionado en el artículo 1 en el cual hubiere cesado en funciones, a partir del cumplimiento de las edades señaladas en el inciso anterior y hasta los 12 meses siguientes al cumplimiento de dichas edades. Con todo, si dicho personal no presenta la solicitud para acceder al bono dentro del plazo indicado, se entenderá que renuncia a dicho beneficio. A partir de la fecha de presentación de la solicitud del inciso anterior, la referida jefatura se entenderá facultada para requerir la información señalada en el inciso primero del artículo 3. En este caso, el pensionado de invalidez señalado en el inciso primero deberá tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55% y acceder a una pensión de invalidez líquida regida por el decreto ley N 3.500, de 1980, igual o inferior a $ Para lo dispuesto en el inciso anterior, la tasa de reemplazo líquida será la expresión porcentual del cuociente que resulte de dividir el monto mensual de la pensión de invalidez líquida, por la remuneración promedio líquida. Para estos efectos se entenderá por: a) Pensión de invalidez líquida: aquella que perciba el trabajador señalado en el inciso primero de conformidad al decreto ley N 3.500, de 1980, al momento de presentar la solicitud indicada en el inciso segundo. Además, a dicha pensión se le sumará cualquiera otra pensión y jubilación líquida que estuviere percibiendo por alguna de las ex -cajas de previsión del antiguo régimen previsional fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, y por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. b) Remuneración promedio líquida: corresponderá a la última remuneración mensual que percibió el trabajador antes de obtener la pensión de invalidez mencionada en el inciso primero, reajustada de acuerdo a los reajustes generales de remuneraciones otorgados a los trabajadores del sector público, por el período comprendido entre la obtención de la pensión de invalidez y el cumplimiento de las edades indicadas en el numeral 4 del artículo 2. Para los referidos trabajadores, el bono se devengará y pagará a contar del mes subsiguiente a la total tramitación del acto administrativo que concede el bono. Este personal podrá acceder al bono siempre que presente su solicitud para acceder al bono hasta el 31 de diciembre del Artículo 13.- El personal señalado en el artículo 1 que obtenga pensión de vejez del decreto ley N 3.500, de 1980, por la aplicación del artículo 68 bis 19 de dicho 19 Es el caso de las labores calificadas como pesadas y que cumplan con ciertos requisitos, los cuales pueden obtener una rebaja de la edad legal para pensionarse por vejez

19 decreto ley, podrá acceder al bono una vez que cumpla las edades señaladas en el numeral 4 del artículo 2 y acredite el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en dicho artículo, con excepción del determinado en el numeral 5. En este caso, el personal deberá cumplir con el requisito que se establece en el numeral 1 del artículo 2, tanto a la fecha en que cesó en funciones por haber obtenido la pensión antes señalada, como con anterioridad al 1 de mayo de Para los efectos de aplicar el numeral 3 del artículo 2, se entenderá por: a) Pensión de vejez líquida, aquella pensión de vejez del decreto ley N 3.500, de 1980, que perciban al momento de presentar la solicitud indicada en el inciso siguiente, descontadas las cotizaciones obligatorias de salud. Además, a dicha pensión se le sumará cualquiera otra pensión y jubilación líquida que estuviere percibiendo por alguna de las ex-cajas de previsión del antiguo régimen previsional fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, y por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. b) Remuneración promedio líquida, corresponderá a la última remuneración mensual que percibió el trabajador antes de obtener la pensión de vejez señalada en el inciso primero, reajustada de acuerdo a los reajustes generales de remuneraciones otorgados a los trabajadores del sector público, por el período comprendido entre la obtención de la pensión de vejez antes mencionada y el cumplimiento de las edades indicadas en el numeral 4 del artículo 2. Dicho personal presentará su solicitud ante el jefe superior de servicio o jefatura máxima de la institución u organismo mencionado en el artículo 1 en el cual hubiere cesado en funciones, a partir del cumplimiento de las edades señaladas en el numeral 4 del artículo 2 y hasta los 12 meses siguientes al cumplimiento de esas edades. Con todo, si dicho personal no presenta la solicitud para acceder al bono dentro de este plazo, se entenderá que renuncia al bono. A partir de la fecha de presentación de la solicitud del inciso anterior, la referida jefatura se entenderá facultada para requerir la información señalada en el inciso primero del artículo 3. Para el personal señalado en este artículo, el bono se devengará y pagará en las oportunidades señaladas en el artículo 8, según corresponda. Para efectos del presente artículo, en el caso del numeral 1) y letra a) del numeral 2) del inciso tercero del artículo 8, el bono se devengará y pagará a contar del mes subsiguiente de la fecha de la total tramitación del acto administrativo que lo concede. El personal a que se refiere el presente artículo podrá acceder al bono siempre que presente su solicitud hasta el 31 de diciembre del año Artículo 14.- En caso que la tasa de reemplazo líquida estimada de conformidad al numeral 3 del artículo 2, fuere superior a la exigida para acceder al bono, el

20 trabajador afecto al artículo 1 podrá solicitar que se le estime nuevamente dicha tasa cuando haya cesado en funciones en alguna de las entidades señaladas en el artículo 1. Para ello deberá cumplir con los requisitos siguientes: 1.- Haber cesado en funciones dentro de los 12 meses siguientes al cumplimiento de las edades señaladas en el numeral 4 del artículo 2, por alguna de las causales indicadas en el numeral 5 de dicho artículo. 2.- Haber obtenido pensión de vejez bajo la modalidad de renta vitalicia inmediata o renta vitalicia inmediata con retiro programado, otorgada de conformidad al decreto ley N 3.500, de Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2. En este caso, el personal deberá cumplir con el requisito que se establece en el numeral 1 de dicho artículo, tanto a la fecha del cese de funciones como con anterioridad al 1 de mayo de Por otra parte, para los efectos de aplicar el numeral 3 del artículo 2, se entenderá por: a) Pensión de vejez líquida: es aquella pensión de vejez obtenida bajo la modalidad de renta vitalicia inmediata o renta vitalicia inmediata con retiro programado, de acuerdo al decreto ley N 3.500, de 1980, devengada para el primer mes de pensionado del trabajador, descontadas las cotizaciones obligatorias de salud. En caso que el trabajador haya optado por retirar excedentes de libre disposición, la pensión de vejez líquida para efectos de este artículo será estimada considerando: i) el saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual al momento de obtener la pensión, incluido tanto el monto retirado antes señalado como el bono de reconocimiento a que tenga derecho, y ii) la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias correspondientes a las pensiones de vejez contratadas en el mes en que el trabajador suscribió el contrato de seguro de renta vitalicia. Si el monto estimado de esta pensión fuere menor a aquella señalada en el inciso anterior del presente literal, se considerará la de mayor valor. Además, a la pensión estimada de acuerdo a este literal se le sumará cualquier otra pensión o jubilación líquida que estuviere percibiendo por alguna de las ex - cajas de previsión del antiguo régimen previsional fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, y por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones solicitará a las administradoras de fondos de pensiones el monto de la pensión señalada en el inciso primero de esta letra, como asimismo, los antecedentes necesarios para estimar el monto de la pensión de acuerdo al inciso segundo de la misma. b) Remuneración promedio líquida: es el promedio de las remuneraciones mensuales percibidas durante los 12 meses inmediatamente anteriores al cese de funciones del trabajador, actualizadas según la variación del índice de