ORDEN DEL DÍA Nº 1842

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1 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 1 SESIONES EXTRAORDINARIAS 2012 ORDEN DEL DÍA Nº 1842 COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS Impreso el día 14 de febrero de 2013 Término del artículo 113: 26 de febrero de 2013 SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación, respecto del examen realizado en el ámbito (ANSES) sobre sentencias judiciales liquidadas por reajustes de haberes previsionales por el período comprendido entre septiembre de 2009 y febrero de (164-S ) Buenos Aires, 14 de noviembre de Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente Proyecto de resolución El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación RESUELVEN: 1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación, respecto del examen realizado en el ámbito (ANSES) sobre sentencias judiciales liquidadas por reajustes de haberes previsionales por el período comprendido entre septiembre de 2009 y febrero de Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos. Saludo a usted muy atentamente. Beatriz L. Rojkés de Alperovich. Juan Estrada. FUNDAMENTOS La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un examen en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a fin de verificar en función a pruebas selectivas, la liquidación de sentencias judiciales por el reajuste de haberes previsionales y el pago de las diferencias retroactivas por el período comprendido entre septiembre de 2009 y febrero de Las tareas de campo objeto del examen han sido desarrolladas entre el 2/8/2010 y el 30/4/2011. Del análisis efectuado a los expedientes judiciales, el órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones: I. Observaciones generales a) En lo que se refiere a los expedientes administrativos: i) En los reclamos por reajustes de haberes contenidos en los expedientes administrativos se advierte que la ANSES procede a su rechazo sin que conste, en esta instancia, un análisis sobre el derecho invocado por los titulares, incidiendo de este modo en la litigiosidad del sistema. ii) No surge con claridad la fecha en que ingresan las actuaciones administrativas al Sector Recepción Judicial de la ANSES para su liquidación, esto impide conocer la fecha cierta que determina el comienzo del plazo legal para que la ANSES proceda a su efectivo pago. (artículo 22, ley ). La ANSES entiende que el plazo de 120 días debe contarse desde el ingreso a la Gerencia de Monitoreo de la Actividad Jurídica y no al ingreso efectivo de las actuaciones administrativas al organismo. iii) Existe una demora promedio de 345 días hábiles en el dictado del acto administrativo que deniega el reclamo interpuesto por el beneficiario y que habilita

2 2 O.D. Nº CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN la instancia judicial. Del promedio obtenido en su extremo máximo hay una demora de días hábiles y en su extremo mínimo, una demora de cero días. iv) Se detectaron 10 casos en que falta el glosado de alguna de las notificaciones de las sentencias recaídas en autos. v) Falta la copia de la notificación de la liquidación al titular y al juzgado interviniente (99 % de los casos). vi) De los expedientes auditados el 100 % presenta foliatura informal (numeración y/o sello de foliatura incompleto o faltante): 27 expedientes (28,72 %) tiene numeración correcta pero carece de sello o éste es incompleto. 50 expedientes (53,19 %) presentan numeración no consecutiva, repetida, fojas sin numerar o enmendadas. 9 expedientes (9,57 %) además de presentar numeración no consecutiva, repetida, fojas sin numerar o enmendadas poseen fojas faltantes, y. 8 expedientes (8,51 %) presentan sólo fojas faltantes. b) En lo que hace a la liquidación de sentencias: i) A los efectos del cálculo de la tasa pasiva la AN- SES toma como tasa de cierre la de aproximadamente 2 meses anteriores al efectivo pago. Encontrándose un caso con un máximo de 5 meses (número de orden: 3). No se visualizaron los respectivos ajustes a la fecha de pago. ii) Se observó un cambio de criterio en la aplicación del precedente Badaro. De las liquidaciones auditadas se pudo advertir que el organismo procedió a aplicar el índice de salarios de nivel general en forma mensual aproximadamente hasta fines de septiembre del año Esto es confirmado por la circular 34/09 de fecha 22/9/09 que advierte que el fallo Badaro dispone un ajuste anual. De allí en más el organismo comenzó a aplicar las variaciones anuales de dicho índice. Dicho cambio se traduce en una desigualdad entre los beneficiarios, ya que la aplicación mensual de dicho índice arroja como resultado un monto mayor que el que resulta de su aplicación anual e implica una aplicación errónea del precedente, toda vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) al expedirse en el mentado fallo, luego de declarar en el caso la inconstitucionalidad del artículo 7, inciso 2, de la ley , dispuso que la prestación del actor se ajuste, a partir del 1 de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Teniendo en cuenta que el fallo es de fecha 26/11/07, la ANSES aplicó incorrectamente el índice hasta el 22/9/09. iii) En ningún caso consta en el expediente de liquidación de sentencias judiciales el detalle del cálculo de la amortización de bonos integrante de la liquidación que se pone al pago según constancias del Registro Único de Beneficiarios (RUB). iv) En los casos en que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retuvo sumas de dinero en concepto de impuesto a las ganancias, no se obtuvo evidencia de la notificación al actor a fin de que efectúe la opción a la que se refiere la norma interna del organismo individualizada como Prev respecto de la imputación al período fiscal o a lo devengado. Tampoco se pone en conocimiento del titular las posibles deducciones de que puede valerse. v) No existe un criterio uniforme respecto al haber a considerar para la aplicación del precedente Badaro Puro, es decir, cuando la sentencia no se expidió respecto del período anterior a marzo de Del relevamiento efectuado por la AGN se pudieron advertir distintos criterios respecto de la determinación del haber sobre el cual se aplicará el índice de Badaro, esto es: en algunos casos el haber considerado no surge del RUB, en otros se tomó el haber informado por el RUB en distintas fechas, en otros se tomó el haber sin movilidad y en otros con la misma. De acuerdo a la fecha del haber a consignar se modificará sustancialmente el haber actualizado y sus respectivas retroactividades. Cabe señalar que la normativa enumera que los haberes deberán ajustarse por el período enero de 2002 a diciembre de 2006 por el índice de salarios de nivel general. II. Observaciones particulares a) En lo que se refiere a los expedientes administrativos: ante la falta de respuestas al reclamo iniciado por el titular solicitando reajuste de haberes, se da inicio a un amparo por mora de la administración en sede judicial que incide en el incremento de la litigiosidad del organismo y la posterior condena en costas. b) En lo que hace a la liquidación de sentencias: i) En las liquidaciones cuyo mensual de corte es septiembre, la ANSES no aplicó el incremento de la ley sin impactar el mismo en la liquidación en el haber percibido y el cálculo del haber de sentencia. Esto genera diferencias no liquidadas a los beneficiarios cuyos ajustes no fueron detectados en la consulta efectuada para cada caso al historiado de pago (HI00). ii) Se verificó la falta de cumplimiento del plazo dispuesto por el artículo 22 de la ley , para que el organismo liquide y ponga al pago la sentencia. iii) El organismo incumplió el plazo legal previsto para hacer efectiva la sentencia, lo que provocó el inicio del proceso de ejecución y como consecuencia la condena en costas del organismo previsional. iv) En algunos casos el organismo previsional desconoció intimaciones judiciales que ordenaban poner al pago las sentencias judiciales en un determinado plazo. v) La ANSES incumple con lo dispuesto en la norma interna individualizada como Prev , punto V, apartado 2, en cuanto a la determinación de la fecha inicial del reajuste, como consecuencia se abona menos retroactivo en perjuicio para el titular.

3 vi) Liquida erróneamente y abona sentencias judiciales, que motivan la posterior impugnación por la parte actora. vii) Omite o aplica incorrectamente alguno de los parámetros de liquidación dispuestos por sentencia firme. viii) Puso al pago liquidaciones erróneas que se encuentran anuladas conforme surge de las propias actuaciones. ix) De los cálculos realizados conforme los parámetros de las sentencias surgen diferencias significativas, en más y en menos. x) Existen diferencias entre los montos consignados por el organismo como percibidos y aquellos que surgen de la consulta efectuada al HI00. xi) Existen diferencias en la determinación del haber a la fecha inicial de pago del reajuste. xii) Existe una liquidación aprobada en el proceso de ejecución de sentencia, que es desconocida por el organismo. xiii) Existe un error en la carga de alguno de los importes que conforman la liquidación. xiv) Existen diferencias en el cálculo del impuesto a las ganancias: Como consecuencia de que el organismo omite tomar el importe percibido en concepto de haber anual complementario (HAC) para el ejercicio en cuestión. Asimismo, del análisis efectuado por la AGN se advirtieron distintos criterios toda vez que en algunos casos sí se consideró el HAC para determinar el impuesto. Como consecuencia de una incorrecta interpretación de la normativa. xv) Existen diferencias provocadas por el criterio utilizado por la ANSES en la determinación del 15 % de confiscatoriedad, en aquellos casos en que conforme los parámetros de la sentencia si supera dicho porcentaje, no se debe aplicar el tope del artículo 55 de la ley , pero sí la escala de deducción del artículo 9 de la ley El órgano de control aclara que la discrepancia radica en la forma de determinar el porcentaje de confiscatoriedad, ya que el organismo auditado efectúa la comparación sobre el tope y la AGN sobre el haber de sentencia. En los casos que integran la observación, las sentencias indican claramente que el porcentaje de la merma debe ser comparado sobre el haber de sentencia. xvi) De la consulta efectuada al HI00 no surge el efectivo pago de alguno de los conceptos que surgen de la liquidación obrante en el expediente. xvii) La ANSES abona las diferencias correspondientes a todo el mensual, cuando correspondía prorratearla en virtud de la fecha del reclamo consignada por el organismo en su liquidación. xviii) En los casos en que se produce la muerte del causante, la ANSES liquida erróneamente dos veces las diferencias correspondientes al mensual en que se CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN O.D. Nº produjo el fallecimiento (uno como jubilación y otro como pensión). xix) Erróneamente el organismo omite en la liquidación las diferencias correspondientes al mensual devengado entre la fecha de corte de la liquidación y el mensual en que se pone el pago. III. Aspectos referidos al control interno a) La normativa que dispuso la modificación en la estructura jerárquica de la Gerencia de Monitoreo de la Actividad Judicial, no incluyó la calidad y cantidad de controles a realizar, no indicó qué área externa a la gerencia será la responsable de dicho control ni los niveles de error esperados y los procedimientos de evaluación de estos últimos. No obstante ello, por nota GRSJ 131/11 se comunicó a la AGN que se realizan controles externos por muestreo a cargo de la Coordinación de Deudas Previsionales, dependiente de la Gerencia de Control, pero no se informó sobre la periodicidad, cantidad y calidad de controles que efectuó dicha coordinación, ni se adjuntaron informes sobre los resultados obtenidos de los controles en cuestión. b) La Prev con vigencia a partir de 6/11/2006, dispone que cada expediente debe contener 4 anexos de supervisión operativa. Dos de iniciación (anexos I y II) y dos posteriores a su liquidación (anexos III y IV). De los controles realizados sobre los expedientes de liquidación surge que de los 94 expedientes auditados sobre los que se aplicaba la normativa analizada, el 53,19 % no posee al menos uno de los anexos indicados por la norma interna. Estableciendo que el total de anexos requeridos es de 370, ya que en tres expedientes los anexos I y II se determinaron como no aplicables, se observa un faltante de 74 anexos que representan un 20 %, no poseen sello del funcionario interviniente, 101 casos representando un 27,30 %, 12 casos no poseen firma, representando un 3,24 % y se encuentran incompletos un total de 68 casos que implica un 18,38 %. c) En un total de 94 casos analizados, se verificaron 46 casos cuyas observaciones generan diferencias en el cálculo del haber de sentencia que generaron defectos o excesos en los pagos. El nivel de error detectado por la AGN asciende al 48,94 %. Se entiende que el nivel de error detectado es significativo respecto de los estándares fijados para otras áreas (5 %). IV. Aspectos referidos a la gestión Medición del cumplimiento de las metas propuestas: Por nota GRSJ 131/11 se informa que la producción real se mide por unidad de producción (expediente liquidado). Para el año 2010 se refleja un solo indicador de medición para la evolución de la productividad: Producción de expedientes de liquidaciones de sentencias judiciales a diciembre de 2010: Este

4 4 O.D. Nº CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN indicador de medición utilizado para el año 2010 no permite corroborar, para la AGN, el cumplimiento de lo ordenado por el artículo 22 de la ley (120 días para el pago de la sentencia). El tiempo promedio de resolución excede el término de 120 días hábiles conforme lo ordenado por el artículo 22 de la ley La AGN llevó a cabo un relevamiento sobre la gestión en función de los datos obrantes en los Planes Operativos Anuales de 2009, 2010 y 2011 y la información resultante del Libro Estadístico del Organismo. De dicho relevamiento surgen las siguientes consideraciones: Los indicadores operativos para medir la gestión de la Gerencia de Liquidaciones de Sentencias Judiciales son los siguientes: Para el Plan Operativo Anual (POA) 2009: Stock de expedientes: cantidad. Antigüedad de expedientes: días hábiles. Para el POA 2010: Reducción de stock de liquidación de sentencias judiciales: cantidad. Tiempo promedio de resolución de expedientes de liquidaciones de sentencias judiciales: días hábiles. El ente auditado evalúa en forma trimestral el cumplimiento de las metas operativas propuestas en el POA: Los resultados de dichas evaluaciones indican el grado de cumplimiento con relación a las metas propuestas: Período Julio a sep./09 Oct. a dic./09 Enero a marzo/10 Stock de expedientes 87,42 % 96,61 % Antigüedad de expedientes 100 % 100 % Reducción de stock de liquidación de sentencias 33,24 Tiempo promedio de resolución de expedientes 100 % Para diciembre de 2009 la meta propuesta para evaluar la gestión de la Gerencia de Liquidaciones de Sentencias en cuanto a la antigüedad de expedientes era de 385 días hábiles y el resultado de la medición fue de 330 días hábiles, por lo cual se cumplió en un 100 %. No obstante ello, la AGN señala que el tiempo promedio de resolución excede el término de 120 días hábiles conforme lo ordenado por el artículo 22 de la ley Posteriormente para el año 2010 y 2011, el organismo incluye en los Planes Operativos Anuales un proyecto con seguimiento de metas denominado Disminución de stock procesamiento expedientes, el que merece, para el órgano de control, los siguientes comentarios: a) POA 2010: El tiempo promedio de resolución de expedientes comienza para enero con 125 días hábiles y continúa en disminución hasta llegar al mes de diciembre con 80 días hábiles. El ente auditado, de acuerdo con las metas propuestas a partir de marzo de 2010 (120 días hábiles), cumpliría con el tiempo ordenado por el artículo 22 de la ley No obstante ello, de los datos obrantes en el Libro Estadístico, la AGN observa que para enero 2010 la antigüedad de los expedientes alcanzó a 329 días hábiles, para febrero/10 fue de 298 días hábiles (estos meses recayeron en la muestra analizada por la AGN) y para diciembre/10 la antigüedad promedio de los expedientes llegó a 258 días hábiles. La AGN concluye que no se cumplimentó con los objetivos del proyecto incluido en el POA del año 2010 ni con la normativa en vigencia. b) POA 2011 Para el año en curso se reformulan los plazos en el proyecto de disminución de stock, tiempo promedio y antigüedad del stock, toda vez que las metas para enero de 2011 son de 180 días hábiles y va en disminución hasta alcanzar en diciembre de 2011 a 145 días hábiles. La AGN señala que el organismo, de cumplir con los objetivos proyectados en el Plan Anual Operativo 2011, no cumpliría con el término de 120 días hábiles establecidos en el artículo 22 de la ley para la liquidación de sentencias. Asimismo, deja constancia de que de acuerdo con el Tablero de Mando Estratégico de enero de 2011, la antigüedad de los expedientes de liquidación de sentencias es de 266 días hábiles. El órgano de control indica que si se tiene en cuenta que de los datos obrantes en el Libro Estadístico de diciembre de 2010 la antigüedad de los expedientes de liquidación de sentencias de mayores de 80 años asciende a 560 días hábiles y en enero de 2011 a 578 días hábiles y respecto de los expedientes de ejecuciones, (donde el organismo debe abonar costas) tienen una antigüedad de 269 días hábiles en diciembre de 2010 y en enero de 2011 de 285 días, la situación señalada

5 verifica una mayor distorsión respecto de los plazos estipulados. Asimismo, destaca que no se evidencia una planificación integral que contemple las estadísticas de años anteriores de modo tal que el organismo pueda evaluar la evolución en el cumplimiento de los objetivos y que cada año la ANSES modifica las metas propuestas sin que se haya podido obtener evidencia de los criterios sustentados que determinaron la modificación de las mismas. La AGN señala que el presente informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, el que ha formulado consideraciones que han sido tenidas en cuenta para la elaboración del informe definitivo. En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo auditado. Roberto F. Ríos. Gerardo R. Morales. José M. Á. Mayans. Enrique A. Vaquié. Manuel Garrido. Julio R. Solanas. Elena M. Corregido. Pablo G. González. Nanci M. A. Parrilli. Honorable Congreso: ANTECEDENTES 1 Dictamen de comisión Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-131/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica la resolución 57/12, referida a la Administración Nacional de la Seguridad Social - Prestaciones pasivas. Sentencias judiciales liquidadas por reajustes CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN O.D. Nº de haberes previsionales por el período comprendido: septiembre de 2009 a febrero 2010; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente Proyecto de resolución El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación RESUELVEN: 1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación respecto del examen realizado en el ámbito (ANSES) sobre sentencias judiciales liquidadas por reajustes de haberes previsionales por el período comprendido entre septiembre de 2009 a febrero de ) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos. * De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden del día. Sala de la comisión, 13 de septiembre de Roberto F. Ríos. Gerardo R. Morales. José M. Á. Mayans. Enrique A. Vaquié. Manuel Garrido. Julio R. Solanas. Elena M. Corregido. Pablo G. González. Nanci M. A. Parrilli. Ver expediente 164-S * Los fundamentos corresponden a los publicados con la comunicación del Honorable Senado.