RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS: A TRES AÑOS DE EXPEDICIÓN DE LA LEY 1448

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1 RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS: A TRES AÑOS DE EXPEDICIÓN DE LA LEY 1448 Financiación Este boletín hace parte de la serie Y SI LA TIERRA HABLARA? Los ecos de la restitución cuya edición es trimestral y se publica en el marco del proyecto: Brindar protección y apoyo a las víctimas y reclamantes de tierra en el cumplimiento de los derechos que les otorga la Ley 1448 financiado por para Colombia. Equipo Tierras y Derecho al Territorio del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/Programa por la Paz Diseño y diagramación Jennipher Corredor PRESENTACIÓN El 10 de junio de 2011 se aprobó en el Congreso de la República la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, un avance en el reconocimiento y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia. A tres años de su expedición se presenta el siguiente informe de seguimiento sobre seguridad de las víctimas, líderes, defensores y reclamantes de tierras desde el 2011 hasta el primer semestre de 2014 (en adelante 2014-I). Para la elaboración de este informe se tuvieron en cuenta los hechos de violencia relacionados con restitución de tierras registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP/Programa por la Paz. Estos datos fueron contrastados con las siguientes fuentes 1) Informes anuales I del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia Siaddhh del Programa Somos Defensores; 2) Cifras publicadas por el portal web Verdad Abierta sobre restitución de tierras; y 3) Denuncias públicas realizadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Movice. El informe muestra un panorama general de los hechos de violencia relacionados con restitución de tierras, haciendo énfasis en los tipos de violencia y las violaciones a los Derechos Humanos en contra de personas vinculadas a procesos de restitución de tierras, los presuntos responsables, y las zonas donde se han presentado, todo esto en el contexto regional que se ha priorizado para la restitución que trata la Ley 1448 de El objetivo de este documento es evidenciar a través del análisis de los datos recopilados la falta de garantías en materia de seguridad de las víctimas líderes y reclamantes de tierras y defensoras y defensores de Derechos Humanos que acompañan estos procesos, y llamar la atención sobre la necesidad de ampliar los mecanismos de protección y las estrategias de seguridad que actualmente se vienen implementando por parte de los entes estatales responsables de esta labor.

2 Las cifras de violencia y violaciones a derechos humanos relacionados con restitución de tierras I Amenazas (colectivas e individuales), homicidios, atentados y hostigamientos son los hechos de violencia más recurrentes registrados para este periodo, siendo los líderes y lideresas reclamantes, los defensores y defensoras de Derechos Humanos que acompañan estos procesos y las organizaciones de víctimas que adelantan solicitudes de restitución, las personas más afectadas. Tabla 1. Hechos de violencia y violaciones a derechos humanos I Tipo de hecho Amenazas Colectivas Amenazas Individuales Homicidios Atentados, hostigamientos y otros hechos de violencia Total hechos Total víctimas Año Hechos Víctimas Hechos Víctimas Hechos Víctimas Hechos Víctimas I Total general Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política d; denuncias públicas del Movice; y Siadhh del Programa Somos Defensores. Se registraron 110 hechos de violencia y violaciones a derechos humanos relacionados con restitución de tierras en los que 338 personas fueron víctimas. tá financiado por 2

3 Amenazas Se registraron 61 amenazas a líderes y lideresas reclamantes, víctimas y familiares, y defensores y defensoras de Derechos Humanos acompañantes de organizaciones de víctimas. De estas, 33 fueron de tipo colectivo y 28 individuales. 2011: ocho amenazas colectivas y cinco individuales en las que 29 personas fueron intimidadas. 17 de ellos son defensores y defensoras de DDHH acompañantes de organizaciones de víctimas o pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil; 11 son víctimas del conflicto armado, en su mayoría familiares o amigos de líderes reclamantes asesinados, que fueron revictimizados y un líder reclamante al que se le causaron lesiones personales. En siete de las amenazas colectivas y dos de las individuales se presume como responsables a grupos paramilitares; en uno de estos casos colectivos se denunció, además, que existió complicidad del Estado colombiano. En el caso colectivo restante el Estado colombiano es señalado como único responsable. Para los tres casos individuales restantes no se cuenta con información sobre los presuntos victimarios. Los hechos ocurrieron en Sucre (5), Antioquia (3), Tolima (1), Bolívar (1), Nariño (1), Magdalena (1) y Bogotá (1). 2012: 22 casos de amenazas, 11 colectivas y 11 individuales en las que 54 personas fueron víctimas de este tipo de agresión, entre estas se cuentan 18 defensores y defensoras de DDHH acompañantes de organizaciones de víctimas o pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil y 13 víctimas y familiares reclamantes de tierras que recibieron panfletos. Por su parte, durante este año el número de líderes de tierras amenazados aumentó de manera considerable pasando de un líder amenazado en 2011 a 23 en En siete de los casos colectivos y cinco de los individuales se presume como responsables a grupos paramilitares; para los casos restantes no se cuenta con información sobre los presuntos responsables. Los hechos se registraron en Sucre (8), Antioquia (2), Atlántico (2), Bolívar (2), Nariño (2), Bogotá (2), Cesar (2) y Córdoba (2). 2013: En 13 hechos colectivos y nueve individuales, 167 personas fueron amenazadas la cifra más alta registrada para el periodo revisado, la mayoría de ellas en hechos colectivos. Entre las víctimas de estos hechos se cuentan siete defensores y defensoras de DDHH acompañantes de organizaciones de víctimas o pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, ocho periodistas, y un presidente de Junta de Acción Comunal. Durante este año las comunidades de víctimas reclamantes, muchas de ellas pertenecientes a organizaciones, presentaron la mayor cantidad de víctimas de amenazas: 114 personas. Por su parte, las amenazas a líderes siguieron aumentando alcanzando un total de 34 líderes amenazados. En diez de los casos colectivos y tres de los individuales se presume como responsables a grupos paramilitares; para los casos restantes no se cuenta con información. Los hechos se registraron en Bolívar (5), Sucre (4), Cesar (4), Antioquia (3), Nariño (1), Magdalena (1), Córdoba (1), Chocó (1), Santander (1) y Norte de Santander (1) I: De las cuatro amenazas registradas durante el primer semestre de 2014, tres son individuales y una colectiva. En estos hechos fueron amenazadas cinco personas dentro de las que se encuentran tres líderes reclamantes de tierras y un defensor y una defensora de Derechos Humanos acompañantes de procesos de restitución. En las tres amenazas individuales se presume como responsables a grupos paramilitares mientras que no se cuenta información sobre los posibles victimarios de la amenaza colectiva. Los hechos se registraron Sucre (1), Chocó (1), Antioquia (1) y Atlántico (1). tá financiado por 3

4 Homicidios Los líderes reclamantes, sus familias y las víctimas que adelantan procesos de restitución sigue siendo la población que mayor número de homicidios registra por año. Para el año 2012 los homicidios se redujeron, pero para 2013 volvieron a aumentar. Por otro lado, durante este periodo se registró el homicidio de un Defensor Público vinculado a procesos de reclamación de tierras. 2011: Durante este año diez líderes reclamantes y seis víctimas y familiares de líderes de tierras fueron asesinados. Algunas de las víctimas asesinadas habían retornado a sus predios en Girón (Santander) tiempo después del despojo, para cultivar las tierras que habían abandonado por la violencia. El caso más grave fue un homicidio múltiple ocurrido en el municipio del Líbano (Tolima), en donde fueron asesinados un líder reclamante, su hermano y un amigo. Para este año, además, se registró el homicidio de un Defensor Público que representaba víctimas reclamantes de tierras en Itagüí (Antioquia) en el marco de la Ley de Justicia y Paz. En seis de los casos se presume como responsables a grupos paramilitares y en dos de estos se denunció la participación del Estado Colombiano; para los casos restantes no se cuenta con información de los victimarios. Los hechos se registraron en Antioquia (4), Córdoba (3), Tolima (3), Sucre (2), Norte de Santander (1) y Santander (1). 2012: Este año el número de víctimas de homicidios disminuyó registrándose cinco víctimas, de las cuales dos eran líderes reclamantes y tres familiares de los mismos. El hecho más grave fue un homicidio múltiple en el que murieron un líder y su hijo. Los presuntos responsables de este hecho son grupos paramilitares; para los tres casos restantes no se cuenta con información. Los hechos se registraron en Córdoba (2), Antioquia (1 homicidio múltiple) y Caquetá (1). 2013: Para este año el número de víctimas letales aumentó registrándose 11 personas asesinadas, dentro de las cuales cinco eran líderes reclamantes y seis activistas o víctimas que también adelantaban procesos de reclamación de tierras. En tres de los homicidios se presume como responsables a grupos paramilitares; para los casos restantes no se cuenta con información. Los hechos se registraron en Córdoba (3), Antioquia (3), Sucre (2), Atlántico (1), Bolívar (1), y Meta (1) I: Durante el primer semestre de este año fueron asesinadas cinco personas reclamantes de tierras, dentro de las que se encuentra un líder de restitución. El caso más grave un homicidio múltiple- ocurrió en Cartagena (Bolívar) en el que fueron asesinadas tres personas de una misma familia. Ninguno de los casos presenta información sobre los presuntos responsables. Los hechos se registraron en los departamentos de Antioquia (1), Atlántico (1) y Bolívar (1). En junio de 2011 Ana Fabricia Córdoba, Lideresa reclamante de tierras fue asesinada por paramilitares en complicidad con agente de la Fuerza Pública. En febrero de 2014 su hijo mayor, Carlos Arturo, fue asesinado mientras trabajaba en un taller de mecánica. tá financiado por 4

5 Cuadro 1. : Homicidios relacionados con restitución de tierras I Víctimas Fecha de ocurrencia Lugar de ocurrencia Presuntos responsables José Alfonso Delgado Villamil Yonnel Delgado Villamil Andrés 08 De Enero De 2011 Líbano Tolima Sin Información Alfonso Arenas Buelvas Diego Hernando Burgos Mantilla 11 De Febrero De 2011 Cúcuta Norte De Santander Paramilitares Ricardo Alberto Sierra García 07 De Marzo De 2011 Itagüí Antioquia Sin Información Paramilitares Luis Eduardo Sánchez Quitian, Fiscalía 21 De Marzo De 2011 Girón Santander Jesús Sánchez Quitian Estado Colombiano David Goez Rodríguez 23 De Marzo De 2011 Medellín Antioquia Sin Información Eder Verbel Rocha 23 De Marzo De 2011 San Onofre Sucre Paramilitares Martha Gaibao 27 De Abril De 2011 La Apartada Córdoba Paramilitares Ana Fabricia Córdoba Cabrera 07 De Junio De 2011 Medellín Antioquia Paramilitares, Estado Colombiano Antonio Mendoza Morales 30 De Junio De 2011 San Onofre Sucre Sin Información José Lucas Lozano Galindo 01 De Julio De 2011 Saldaña Tolima Paramilitares Jairo Antonio Varela Arboleda 05 De Octubre De 2011 Tierralta Cordoba Sin Información Alejandro Antonio Padilla Morelos 16 De Noviembre De 2011 Necoclí Antioquia Sin Información Leoncio Manuel Mendoza Mejía 26 De Noviembre De 2011 Montería Córdoba Sin Información Sergio Parra Mendoza 18 De Diciembre De 2011 Coyaima Tolima Sin Información Rafid Janna Márquez 16 De Enero De 2012 Ayapel Córdoba Sin Información Manuel Ruiz Torreglosa Samir De Jesús Ruiz Gallo 23 De Marzo De 2012 Mutatá Antioquia Paramilitares, Policía, Estado Colombiano Jairo Mejía Martínez 15 De Junio De 2012 Montería Córdoba Sin Información Orlando Guaca Vásquez 30 De Agosto De 2012 Florencia Caquetá Sin Información Ermes Enrique Vidal Osorio 21 De Marzo De 2013 Tierralta Córdoba Sin Información Ever Cordero Oviedo 09 De Abril De 2013 Valencia Córdoba Sin Información Narciso Enrique Teheran Mejía 12 De Abril De 2013 Galapa Atlántico Paramilitares Iván Darío Restrepo García 04 De Mayo De 2013 Bello Antioquia Sin Información Miguel Lozano Coronado 13 De Mayo De 2013 San Benito Abad Sucre Sin Información José Segundo Turizo 11 De Julio De 2013 Tiquisio Bolívar Paramilitares Alirio Antonio Urriago 16 De Agosto De 2013 Puerto López Meta Paramilitares Nelson Giraldo Posada 17 De Septiembre De 2013 Ituango Antioquia Sin Información Carlos Eduardo Olmos Cárdenas 06 De Octubre De 2013 Los Palmitos Sucre Sin Información Gildardo Antonio Padilla Ortega 17 De Noviembre De 2013 Valencia Córdoba Sin Información Robinson David Mazo 30 De Noviembre De 2013 Toledo Antioquia Sin Información Carlos Arturo Ospina Córdoba 01 De Febrero De 2014 Medellín Antioquia Sin Información Mercedes Narcisa Llorente Narváez Erasmo José Hernández Meléndez 20 De Febrero De 2014 Cartagena Bolívar Sin Información Mónica Castro Narváez Juan Alberto Causado Priolo 01 De Marzo De 2014 Barranquilla Atlántico Sin Información Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política d; denuncias públicas del Movice; y Siadhh del Programa Somos Defensores. tá financiado por 5

6 Atentados, hostigamientos y otros hechos de violencia Además de las amenazas y homicidios relacionados con restitución de tierras, durante el periodo I se registraron otros hechos de violencia cuyas principales víctimas son los reclamantes de tierras y sus familiares: diez atentados, tres hostigamientos, un despojo, una desaparición forzada, una detención arbitraria y un abuso de autoridad, que dejaron 62 víctimas de las cuales siete sufrieron lesiones personales. 2011: dos líderes de tierras sufrieron atentados en los que resultaron heridos por arma de fuego. En otro hecho registrado, 11 familias fueron obligadas a abandonar sus tierras debido a la irrupción de hombres armados que portaban insignias de la Policía Nacional. Los presuntos responsables de los dos atentados son grupos paramilitares, del hecho restante no se cuenta con información. Los casos se registraron en Antioquia (1), Risaralda (1) y Magdalena (1). 2012: Dos personas sufrieron atentados con arma de fuego, una de las víctimas es una lideresa de tierras que resultó herida. Durante este año se registró, además, un hostigamiento en el municipio de San Onofre (Sucre) en el que hombres armados sin identificar incendiaron un salón comunal en el que se encontraban ocho integrantes de una misma familia. Por otro lado, se denunció la desaparición forzada de un líder reclamante. De los dos atentados se presume como responsables a grupos paramilitares, de los hechos restantes no se cuenta con información de los victimarios. Los casos se registraron en Bolívar (1), Cesar (1), Sucre (1) y Meta (1). alegaban tener un requerimiento judicial en su contra. En cinco de los casos no se cuenta con información sobre los presuntos responsables, mientras en uno se responsabiliza al Estado Colombiano. Los hechos se registraron en Bolívar (1), Magdalena (1) y Sucre (1), Cesar (1), Antioquia (1) y Quindío (1) I: Tres atentados fueron registrados durante el primer semestre de este año, en los cuales dos líderes y una lideresa fueron atacados y uno de ellos sufrió lesiones personales de consideración. Por otro lado, posterior al homicidio del líder de restitución registrado en Barranquilla (Atlántico), la comunidad tuvo un enfrentamiento con la policía en el que una de las víctimas resultó herida por la acción de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios. En dos de los atentados se presume como responsables a grupos paramilitares mientras en el caso restante no se cuenta con información sobre los victimarios. Los hechos se registraron en Santander (1), Sucre (1) y Atlántico (1). Sucre, Antioquia, Córdoba, Bolívar y Cesar son los departamentos en los que se concentran el mayor número de hechos de violencia y violaciones a Derechos Humanos relacionados con restitución de tierras 2013: tres personas fueron víctimas en igual número de atentados con arma de fuego. Entre las víctimas se cuentan dos líderes de tierras y la jefa jurídica del INCODER - Seccional Magdalena. Uno de los líderes y la funcionaria sufrieron lesiones. También se registraron dos hostigamientos a víctimas reclamantes de tierras y la retención de una defensora y un defensor de Derechos Humanos por desconocidos que tá financiado por 6

7 Tabla 2. Tipo de víctimas según hechos de violencia y violaciones a Derechos Humanos relacionados con restitución de tierras I Tipo de hecho Amenazas Homicidios Atentados, hostigamientos y otros hechos de violencia Tipo de Víctima I Total I Total I Total Líderes o lideresas reclamantes de tierras Víctima reclamante y/o familiar Defensores y defensoras de Derechos Humanos acompañantes de organizaciones de víctimas Funcionario público Otro Total (año) Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política d; denuncias públicas del Movice; y Siadhh del Programa Somos Defensores. Total (tipo de víctima) Presuntos responsables De los hechos registrados, el 48% de los casos no presenta información sobre los presuntos responsables; en el 44% se señala a grupos paramilitares; en un 4% al Estado colombiano (participación directa de miembros de la Fuerza Pública Policía y Ejército ) en complicidad con estos grupos; y en el 4% restante se presenta como responsable único al Estado colombiano. En estos últimos se hace referencia a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a una Personería, en tres casos respectivamente, y a la Policía exclusivamente en un caso de abuso de autoridad. Gráfico 1. Presuntos responsables de hechos de violencia y violaciones a Derechos Humanos en casos relacionados con restitución de tierras I I 4% 4% 48% 44% Sin Información Paramilitares Paramilitares y Estado Colombiano Estado Colombiano % 46% 45% % 50% 47% % 41% 56% 2014-I 9% 46% 45% Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política d; denuncias públicas del Movice; y Siadhh del Programa Somos Defensores. tá financiado por 7

8 Lugares de ocurrencia de los hechos Sucre, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Cesar y Atlántico son los departamentos en los que han ocurrido la mayor cantidad de hechos de violencia y violaciones a Derechos Humanos relacionados con restitución de tierras. En lo que tiene que ver con tipos de violencia, en Antioquia y Córdoba se concentran la mayor parte de los homicidios, mientras en Sucre, Bolívar y Cesar se concentran la mayor parte de amenazas tanto individuales como colectivas. Tabla 3. Lugares de ocurrencia de hechos de violencia y violaciones a Derechos Humanos en casos relacionados con restitución de tierras I Tipo de hecho Amenazas Homicidios Atentados, hostigamientos y otros hechos de violencia Departamento I Total I Total I Total Sucre Antioquia Bolívar Córdoba Cesar Atlántico Tolima Nariño Magdalena Bogotá Santander Nte Santander 0 2 Meta Chocó Risaralda Quindío Caquetá Total (hechos) Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política d; denuncias públicas del Movice; y Siadhh del Programa Somos Defensores. Total (departamento) tá financiado por 8

9 Lo que dicen las cifras: sin garantías para el ejercicio del derecho a la restitución Entre diciembre de 2011 y mayo de 2014 se han macrofocalizado 14 zonas del país conformadas por 671 municipios distribuidos en 20 departamentos, y microfocalizado áreas en 101 de estos 1. En estas zonas la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRTD por medio de sus oficinas territoriales, estudia aproximadamente solicitudes de restitución recibidas, de las cuales se resolvieron hasta diciembre de 2013 alrededor de 900, a través de 397 sentencias emitidas en 41 de los municipios con intervención 2 (mapa 1). Mapa 1. Contexto geográfico de la restitución de tierras I tá financiado por 9

10 Contrastando el contexto geográfico de la restitución de tierras con los hechos de violencia y violaciones a Derechos Humanos ocurridos durante este periodo, se observa que: El 82% de estos hechos se presentaron en zonas macrofocalizadas: de 110 casos, un total de 92 tuvieron lugar en las macrozonas priorizadas para la restitución de tierras; a su vez, de estos casos, 55 se concentran en zonas microfocalizadas y 20 fueron en municipios en los que se han emitido sentencias. Los hechos de violencia registrados en estos municipios son, en su mayoría, amenazas colectivas a comunidades de víctimas que adelantan solicitudes de restitución y a defensores y defensoras de DDHH acompañantes de organizaciones de víctimas o pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, y homicidios de líderes y víctimas reclamantes de tierras (mapa 2). El 82% de estos hechos se presentaron en zonas macrofocalizadas: de 110 casos, un total de 92 tuvieron lugar en las macrozonas priorizadas para la restitución de tierras; a su vez, de estos casos, 55 se concentran en zonas microfocalizadas y 20 fueron en municipios en los que se han emitido sentencias. tá financiado por 10

11 Mapa 2. Hechos de violencia y violaciones a Derechos Humanos relacionados con restitución de tierras I tá financiado por 11

12 Las macrozonas en las que se concentran la mayor parte de los hechos de violencia registrados son Montes de María, Urabá, principalmente en Antioquia, Sur de Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño, principalmente en Córdoba, y Magdalena y Cesar, principalmente en Cesar. (gráfico 2) Gráfico 2. Macrozonas de mayor ocurrencia de hechos de violencia y violaciones a Derechos Humanos relacionados con restitución de tierras I Número de Hechos I Montes de María Magdalena y Cesar Urabá Sur de Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño Resto de Antioquia Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política d; denuncias públicas del Movice; y Siadhh del Programa Somos Defensores. tá financiado por 12

13 De los hechos de violencia registrados en municipios en lo que se han emitido sentencias, es preocupante el caso de Valencia (Córdoba) en donde en 2013 fueron asesinados un líder perteneciente a la Mesa de Participación de las Víctimas del Desplazamiento de Valencia y un reclamante de tierras. Igualmente preocupante es el caso del municipio de Ovejas (Sucre), que presenta el mayor número de amenazas colectivas a organizaciones de víctimas, en particular a la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca La Europa, cuyos miembros todavía esperan que sus solicitudes de restitución sean resueltas, ahora que la mayor parte de los predios solicitados fueron aceptados por la territorial de la UAEGRTD para ingresar al Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente - RUTDAF Durante el periodo revisado fueron asesinados 16 líderes y dos lideresas reclamantes de tierras y 19 familiares y víctimas vinculadas a procesos de restitución. En algunos de los casos se habían presentado denuncias públicas ante las autoridades competentes y ante organismos internacionales, asimismo, algunos de ellos habían solicitado medidas de protección dadas las constantes intimidaciones recibidas. Los graves problemas de seguridad para las personas reclamantes y los Defensores de Derechos Humanos que acompañan estos procesos se evidenciaron también en las cifras presentadas por la Unidad Nacional de Protección - UNP en su informe para el año 2013, en el que se muestra que el 30% de las evaluaciones de riesgo fueron solicitadas por esta población que pasó a ser el segundo grupo con mayor cantidad de solicitudes al año, presentando un alto porcentaje de estudio de riesgo en nivel extraordinario 3. Conclusiones En la zona norte del país, en donde se concentran el 77% de los hechos de violencia y violaciones a los Derechos Humanos relacionados con restitución de tierras, la mayoría de los casos reseñados tiene como presuntos responsables a grupos paramilitares, lo que da cuenta de la persistencia de este tipo de estructuras armadas en zonas del país priorizadas para la restitución. Los líderes reclamantes y las comunidades de víctimas son los grupos más atacados por grupos paramilitares, y el mayor tipo de violencia en contra de esta población son las amenazas colectivas. Las amenazas, en particular de tipo colectivo, siguen siendo las agresiones más comunes en contra de la población reclamante, reportando un aumento año a año de más del 100% (gráfico 3). En el país mueren seis personas cada semestre por temas relacionados con restitución de tierras, siendo víctimas de la mitad de estos homicidios lideresas y líderes reclamantes de tierras. Cada año aproximadamente 63 personas sufren amenazas en hechos relacionados con restitución de tierras. tá financiado por 13

14 Gráfico 3. Hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos relacionados con restitución de tierras I Número de Hechos I Amenazas Colectivas Amenazas Individuales Homicidios Atentados, hostigamientos y otros hechos Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política d; denuncias públicas del Movice; y Siadhh del Programa Somos Defensores. Gráfico 4. Número de víctimas por hecho violento y violación de derechos humanos relacionados con restitución de tierras I Número de víctimas I 0 Amenazas individuales y colectivas Homicidios Atentados, hostigamientos y otros hechos Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política d; denuncias públicas del Movice; y Siadhh del Programa Somos Defensores. tá financiado por 14

15 Recomendaciones La alta tasa de hechos de violencia y violaciones a Derechos Humanos que han ocurrido durante los últimos tres años concentradas en gran medida en las zonas priorizadas para la restitución, tanto macro como microfocalizadas, da cuenta de que las condiciones para la restitución y el retorno de las victimas reparadas por este mecanismo todavía no están garantizadas, particularmente en términos de seguridad. Estos índices de violencia evidencian falencias de los esquemas y estrategias de seguridad y protección estipulados por el Estado Colombiano, basados fundamentalmente en el control militar y policial, poniendo sobre la mesa la necesidad de reformularlas. En todo caso, las garantías de seguridad dentro del proceso de restitución deben obedecer a una acción integral del Estado sobre los territorios despojados y abandonados, que incluya garantías para la reconstrucción de los proyectos de vida individuales, familiares y colectivos. Al Gobierno Nacional Fortalecer los espacios locales de coordinación y aplicación de la política de restitución de tierras en todas sus etapas, prestando total atención a los procesos de microfocalización y a los requisitos de seguridad para este procedimiento. Una buena oportunidad es ampliar la conformación de los Comités Operativos Locales de Restitución de Tierras - COLRT (creados por el Decreto 599 de 2012) para que los integren, de forma vinculante, delegados de organizaciones locales de víctimas y de la Defensoría del Pueblo, con el fin de que la toma de decisiones frente a las políticas de seguridad de víctimas y reclamantes de tierras tenga como criterio fundamental la experiencia y conocimiento de las mismas víctimas, sus representantes y las organizaciones de las que hacen parte. Sin que esto signifique que los procesos de restitución se detengan sino que se coordinen de mejor forma las acciones de acuerdo al contexto local. A la Unidad Nacional de Protección Priorizar las solicitudes de protección de la población que actualmente adelanta procesos de restitución de tierras teniendo en cuenta que los hechos de violencia y violaciones a Derechos Humanos en su contra son cada vez más crecientes. Tener en cuenta los testimonios y valoraciones de las víctimas respecto a la situación de seguridad en las zonas donde están los predios que serán o ya fueron restituidos ya que este tipo de información permitirá establecer las características geográficas de los lugares en los que se implementarán los esquemas de seguridad y las necesidades personales de sus solicitantes. A la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas Visibilizar y reforzar los procesos de seguimiento que se vienen realizando a las víctimas que adelantan solicitudes de restitución de tierras, con el fin de que se puedan generar nuevas estrategias de acompañamiento y seguridad sobre las experiencias actuales. A las demás instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV Aumentar los niveles de coordinación institucional y de intercambio de información, teniendo en cuenta que la garantía de óptimas condiciones de seguridad de las víctimas reclamantes de tierras es uno de los criterios de gradualidad y progresividad de la aplicación de la Ley tá financiado por 15

16 REFERENCIAS Y NOTAS A PIE DE PÁGINA 1 Una de las medidas para garantizar la gradualidad y progresividad de la restitución de tierras que estipula la Ley 1448 de 2011 es la focalización de áreas geográficas del país atendiendo a tres criterios: 1) Seguridad, 2) Densidad histórica del despojo y 3) Condiciones para el retorno. Esta focalización se divide en dos etapas sucesivas: macrofocalización de zonas de gran extensión (departamentos y subregiones), y microfocalización de áreas de menor extensión al interior de tales zonas (municipios, corregimientos, veredas y predios). Las dos instancias de coordinación respectivas que establece la Ley para llevar a cabo este proceso son el Ministerio de Defensa, a través del Consejo de Seguridad Nacional, y el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRTD y sus oficinas territoriales. 2. Fuente: Informes de Rendición de Cuentas Oficinas Territoriales UAEGRTD. Corte a diciembre de Unidad Nacional de Protección; Informe de Rendición de Cuentas 2013 (Abril 2014). Pág. 18. Consultado por última vez el 27/07/2014 en tá financiado por 16