Defensoría del Pueblo

Transcripción

1 Defensoría del Pueblo El mapa del conflicto armado en la Sierra Nevada Por Sistema de Alertas Tempranas La presencia de los pueblos arhuaco, kogui, kankuamo y wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta se remonta a hace más dos mil años. El establecimiento de una economía basada en el cultivo del maíz, los desarrollos técnico-productivos y la producción de excedentes agrícolas posibilitaron el surgimiento de una civilización socialmente evolucionada y con grandes adelantos en arquitectura, alfarería y cerámica. Como en el resto del Nuevo Continente, el descubrimiento significó el fin de las condiciones que habían permitido el desarrollo de esta cultura. A finales del siglo XVI, la población indígena en el Virreinato de la Nueva Granada quedó reducida al 10%. Esta disminución estuvo acompañada de un proceso de despojo de la tierra por parte de quienes controlaban el régimen colonial. La realidad de los pueblos de la Sierra no cambió durante gran parte de la era republicana. Tan solo en 1890, el Estado les reconoció legalmente los resguardos de origen hispánico sin garantías adicionales. La violencia bipartidista de los años cincuenta, el desplazamiento y la migración rural, la concentración de la tierra en las partes planas de la costa y la colonización campesina provocaron, una vez más, disputas por la tierra que originalmente había sido de los indígenas. Veinte años después, el cultivo y tráfico internacional de la marihuana incrementaron la confrontación con los colonos. La situación se tornó más crítica en la década de los ochenta con la generalización del cultivo ilícito de la coca, que sustituyó a la marihuana. Hoy, los conflictos en la Sierra Nevada de Santa Marta también están relacionados con el inmenso potencial de la región: la biodiversidad, los abundantes recursos de agua y las grandes zonas agrícolas de un territorio único por poseer alturas con nieves perpetuas cercanas al mar. "La Sierra Nevada, por sus características geográficas y ubicación estratégica, constituye un importante escenario para la disputa territorial entre los actores armados ilegales. La Sierra abastece de agua a los trece municipios y a las industrias agro-exportadoras de las zonas planas de la costa atlántica. Su proximidad al mar facilita el contrabando, el 1

2 aprovisionamiento de armas y de municiones así como el narcotráfico. Además es un corredor estratégico que se extiende desde la frontera con Venezuela hasta la región de Urabá y que incluye las regiones del Cesar y la Ciénaga Grande de Santa Marta, en camino hacia Córdoba. Varios macroproyectos también están programados en la región. Uno de los más importantes es la construcción de una represa en la región de Besotes, en territorio indígena" 1. La dinámica del conflicto armado La presencia de los grupos armados ilegales en la Sierra Nevada de Santa Marta data de por lo menos 25 años atrás, con la aparición de las Farc y el Eln, entre los años ochenta y noventa. Estos dos movimientos insurgentes encontraron inicialmente en la Sierra un territorio que se estructuraba como una red de intrincados caminos que les permitió, sin mayores dificultades, movilizar tropa, armas y pertrechos. Además, la Sierra se convirtió en un lugar propicio para construir refugios, centros de acopio y abastecimiento de víveres y alimentos. Una vez establecidos como fuerza convirtieron la Sierra en un territorio que les posibilitó bloquear las vías y accesos principales, atacar poblaciones de la periferia, someter a la población indígena y chantajear a las autoridades locales. Adicionalmente, establecieron un orden que se basó en tributaciones forzosas a grandes plantaciones, ganaderos, comerciantes y en la práctica del secuestro. La frágil respuesta de las autoridades regionales y las precarias acciones integrales del Estado propiciaron la consolidación de estos grupos y el ingreso de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se enfrentan por el control del territorio. Las Autodefensas buscan bloquear las rutas de acceso y los corredores de movilidad de la zona plana y el pie de monte de la sierra, para cerrar el círculo geográfico que, como la base de una pirámide, se extiende entre los departamentos de La Guajira, el Cesar y el Magdalena, y establecer un anillo perimetral que deje a las guerrillas en las estribaciones montañosas, por fuera de la economía regional y sin posibilidades de obtener provisiones. La confrontación así planteada ha puesto en medio a la población civil, que es víctima de graves infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario (como masacres y asesinatos selectivos) y se ve obligada a desplazarse abandonando sus territorios. 1 Informe de la Comisión de Observación de la Crisis Humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta. Defensoría del Pueblo y Conferencia Episcopal

3 A lo anterior se suman las restricciones al ingreso de alimentos y medicinas que agravan su situación, así como el reclutamiento forzado de jóvenes. Las comunidades indígenas y los colonos son acusados por cada uno de los actores armados de ser cómplices del enemigo. Esta sospecha de complicidad ha ocasionado numerosas víctimas. El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República así lo ha evidenciado en uno de sus informes al expresar que: "Las Farc y el Eln restringen el paso de la población indígena hacia las zonas planas por temor a que sea utilizada como informante y los grupos paramilitares le limitan el acceso a las partes altas por ser percibida como auxiliadora de la guerrilla". De hecho, la población ha quedado confinada en sus territorios ancestrales y en medio de una guerra que no le pertenece. Es necesario adelantar un proceso de concertación con las comunidades para que las medidas de orden público que se adopten y que resulten necesarias para recuperar la seguridad en la zona no constituyan una amenaza para la integridad social y cultural de los pueblos indígenas. A pesar de estar confederadas en el Consejo Territorial de Cabildos y en la Confederación Indígena Tayrona de la Sierra Nevada de Santa Marta, las organizaciones indígenas son débiles y las comunidades, altamente vulnerables. El pueblo kankuamo, consciente desde 1993 de la urgencia de reconstruir y preservar su cultura y organización territorial, ha logrado el reconocimiento legal de su resguardo. De la misma manera, ha declarado que el conflicto armado no es de su incumbencia y que las guerrillas y las autodefensas no se diferencian respecto al uso de la violencia de la que están resultando víctimas los pueblos indígenas. La declaración conjunta de la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, divulgada a comienzos del año, calificó de etnocidio la situación de la que son víctimas los kankuamos, en los términos del artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, de las Naciones Unidas, en vigor desde el 12 de enero de 1951 y ratificada por Colombia el 27 octubre de Ciertamente, los miembros de esta comunidad han soportado, de manera sistemática, los rigores del conflicto armado. Los datos son contundentes, según una declaración del pueblo kankuamo: "En los últimos dos años llevamos más de 250 muertos. En estos ocho meses del 2003 llevamos 45 muertos. Es una cifra dramática, teniendo en 3

4 cuenta la densidad de población. Frente al problema del desplazamiento, por ejemplo, de 7 mil habitantes que somos, 3 mil están desplazados en todo el país. De acuerdo a los estimativos que hacemos, los kankuamos estamos poniendo la triste cifra de un 12% de los muertos de todo el territorio". 2 El SAT, un instrumento de prevención Ante estos acontecimientos, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha emitido once informes de riesgo sobre la grave situación de conflicto que se presenta en la Sierra Nevada de Santa Marta y ha instado a las autoridades estatales para que intervengan en la búsqueda de soluciones para los problemas que padecen las comunidades de la zona. El Sistema de Alertas Tempranas es un instrumento de prevención que administra la Defensoría con el fin de monitorear y elaborar informes que recogen recomendaciones sobre situaciones de riesgo que, dentro del contexto del conflicto armado, constituyen un factor de amenaza contra la población civil. El SAT presenta informes de riesgo cuando cuenta con información veraz y precisa sobre la posible ocurrencia de violaciones masivas de los derechos humanos en una determinada región del país. Estos informes son evaluados por el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas CIAT-, integrado por delegados del Ministerio del Interior y Justicia, del Ministerio de Defensa y de la Vicepresidencia de la República. Cuando lo considera conveniente, el Comité emite alertas que son comunicadas a las autoridades locales para que tomen las medidas pertinentes. El SAT, igualmente, tiene la responsabilidad de proponer políticas de prevención humanitaria a las autoridades políticas responsables de ejecutarlas y a las comunidades afectadas. En el informe de riesgo 012 de marzo de 2004, en el cual se advertía sobre la situación de riesgo a la que estaban expuestos miembros de la comunidad del resguardo kogui-malayo-arhuaco, ubicado entre los municipios de Fundación y Aracataca (Magdalena), se propusieron, entre otras, las siguientes acciones de prevención y protección: 2 Véase: Están matando a los guardianes de la Sierra Nevada de Santa Marta, etniasdecolombia.org 4

5 1. Poner en práctica un plan concertado con las autoridades arhuacas que les permita vivir tranquilamente en sus comunidades, les brinde seguridad y protección efectiva en sus lugares de vivienda y sitios sagrados, ejercer libremente su autonomía territorial, criar su ganado, cultivar, abastecerse de alimentos, medicamentos y comercializar sus productos libremente. 2.Adoptar medidas conjuntas entre la Fuerza Pública, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Red de Solidaridad Social, la Gobernación del Magdalena y las Alcaldías de Fundación y Aracataca, que les permitan emprender acciones en favor de la población indígena y campesina. 3. Promover espacios de concertación con los líderes y las autoridades tradicionales, sobre todo en lo que tiene que ver con el establecimiento del batallón de alta montaña que tendrá como jurisdicción la Sierra Nevada de Santa Marta, de manera que en el marco de la lucha contra los grupos armados ilegales, se garantice su autonomía territorial, sus usos y costumbres. 4. Adelantar las investigaciones que sean pertinentes para esclarecer las denuncias que han hecho las comunidades del pueblo arhuaco sobre actuaciones de miembros de la Fuerza Pública. Aunque estas recomendaciones hacían referencia concreta al pueblo arhuaco, son plenamente aplicables a la realidad de los otros tres pueblos de la Sierra. En el caso del pueblo kankuamo, el plan debe contemplar misiones humanitarias y acciones puntuales del Estado que detengan los atropellos. Adicionalmente, en un país definido constitucionalmente como pluriétnico, las estrategias deben procurar líneas de desarrollo regional concertadas con las comunidades, incluyendo el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, el respeto a los usos y tradiciones, a la etnoeducación y al derecho propio. Sólo con una política integral y concertada con las comunidades se podrá superar la crisis humanitaria que viven los pueblos indígenas y los habitantes de la Sierra. 5