I.- ANTECEDENTES DE HECHOS

Transcripción

1 EB 2013/084 Resolución 113/2013, de 8 de noviembre de 2013, del titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi / Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa (OARC / KEAO), en relación con el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la UTE Gaimaz, Infraestructuras y Servicios, S.A. / Mendibil 2002 S.L. contra la adjudicación del contrato Trabajos de mantenimiento, conservación, recuperación, restauración y mejora medioambiental de cuencas y márgenes de ríos y arroyos de la CAPV (lote 2), tramitado por URA, Agencia Vasca del Agua Ur Agentzia. I.- ANTECEDENTES DE HECHOS PRIMERO: Con fecha 12 de septiembre de 2013, la UTE Gaimaz, Infraestructuras y Servicios, S.A. / Mendibil 2002 S.L. (en adelante, UTE Gaimaz ) interpuso recurso contra la adjudicación del contrato Trabajos de mantenimiento, conservación, recuperación, restauración y mejora medioambiental de cuencas y márgenes de ríos y arroyos de la CAPV (lote 2), tramitado por URA, Agencia Vasca del Agua, Ur Agentzia. SEGUNDO: Solicitadas alegaciones a los interesados por el OARC / KEAO, se han recibido las de la UTE Europea de Trabajos Forestales, S.L. / Inibsa Servicios y Medio Ambiente, S.A. (en adelante, UTE Inibsa ), adjudicataria del lote impugnado. Asimismo, consta en el expediente el informe del órgano de contratación (artículo 46.2 TRLCSP). II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: El artículo 42 del TRLCSP, sobre legitimación para la interposición del recurso especial en materia de contratación, señala que: «Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso.» Donostia-San Sebastián, VITORIA-GASTEIZ Tel oarc@ej-gv.es

2 Mientras que el artículo a) del propio TRLCSP prevé que el texto del recurso irá acompañado de: «a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo órgano, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión al procedimiento.» Consta la legitimación del recurrente y la representación de quien comparece en su nombre. SEGUNDO: El artículo a) TRLCSP prevé que serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación: «a) Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a regulación armonizada.» La adjudicación que se recurre se refiere a un contrato encuadrado en la categoría 16 del Anexo II TRLCSP, con un valor estimado, según el punto 21 de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), de ,94 euros, y por lo tanto, está sujeto a regulación armonizada. TERCERO: El artículo c) del TRLCSP señala que podrán ser objeto de recurso los siguientes actos: «c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.» El recurso especial interpuesto por el operador económico recurrente impugna la Resolución de adjudicación de 28 de agosto de CUARTO: El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 44.2 TRLCSP. QUINTO: En cuanto al régimen jurídico aplicable, URA tiene la condición de poder adjudicador, en concreto de Administración Pública, según los artículos 3.2 e) y 3.3 a) del TRLCSP. 2/6

3 SEXTO: Los argumentos alegados por el recurrente son, en síntesis, los siguientes: a) la Resolución impugnada señala, en referencia a la exclusión de la recurrente, lo siguiente: «reunida la Mesa de Contratación con fecha 30 de julio de 2013, por infringir la oferta de la empresa lo dispuesto en el apartado 4.1 de la Carátula, en relación con el apartado 14.2 (guión tercero) del PCAP, con los efectos del artículo 84 ( Rechazo de proposiciones ) del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al entenderse que los precios unitarios forman parte de la oferta y se constituyen en precios máximos, y la de la UTE citada, por ello, ha excedido el presupuesto base de la licitación, acuerda su rechazo» b) al no haber previsión legal ni figurar en los pliegos, no se puede presumir que los importes unitarios tengan carácter de máximo, sobre todo teniendo en cuenta que la experiencia del recurrente es que las Mesa de Contratación del entorno admiten que se supere el precio unitario; la cláusula 3 de la carátula del PCAP señala únicamente que las ofertas no pueden superar los importes totales, sin que haya referencia a los precios unitarios. c) de las previsiones de los pliegos no se deduce nada que suponga apartarse del sistema general de determinación del precio para el tipo de contratos al que pertenece el impugnado (sistema de determinación de precios por elementos del contrato, artículos 302 TRLCSP y 197 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RGLCAP). d) el rechazo de la oferta del recurrente por infringir el artículo 84 RGLCAP es incorrecta, ya que superar aisladamente algunos precios unitarios no supone superar el presupuesto de licitación; por otro lado, la oferta no está incursa en temeridad. e) finalmente, solicita la admisión de su oferta y la adjudicación a su oferta por ser la más ventajosa. SÉPTIMO: La UTE Inibsa alega lo siguiente: a) es irrelevante que la oferta de la recurrente no esté incursa en baja anormal o desproporcionada, puesto que el motivo de la exclusión es la superación de los precios unitarios. b) la superación de 18 precios unitarios en la oferta es un hecho no discutido por el recurrente, y debe suponer la exclusión en virtud de la interpretación conjunta e integradora de los Pliegos, de la que se deduce la prevalencia e importancia de los precios unitarios, los cuales determinan la prestación económica de la licitación (puntos 3 y 4.1 de la carátula, del PCAP, modelo de proposición económica), así como en razón de la lógica económica 3/6

4 del contrato, ya que serán las necesidades reales del poder adjudicador las que fijen el importe del gasto contractual; todo ello conduce a considerar fundamental el precio unitario, y siendo evidente que la adjudicación por precios unitarios superiores a los de licitación alteraría el equilibrio y las condiciones del servicio. c) lo anterior ha sido entendido en esos términos por la mayoría de los licitadores. d) finalmente, solicita la desestimación del recurso. OCTAVO: El informe del órgano de contratación se limita a señalar que «procede la confirmación del informe técnico a todos los efectos legales.» NOVENO: La cuestión que debe dilucidarse para resolver el procedimiento es si la superación por la oferta del recurrente de varios de los precios unitarios en los que se descomponen los lotes de la licitación es motivo suficiente para su exclusión, cuando no se ha superado el presupuesto máximo del lote. Para ello, debe partirse de la relevancia de los citados precios unitarios, deducida del contenido de los Pliegos y demás documentos contractuales. El contrato se configura como una relación de tracto sucesivo y carácter periódico, por la cual el adjudicatario se compromete, durante la vigencia del contrato, a la realización de ciertos trabajos, según las demandas que, en correspondencia con sus necesidades efectivas, le formule el poder adjudicador (punto 3 de la carátula del PCAP). El objeto adquirido no es pues la obtención de un resultado concreto (como en el caso de los contratos de obras, p.ej.), sino la disponibilidad del contratista para la ejecución de dichos trabajos durante un periodo de tiempo a cambio de una serie precios unitarios, distintos para cada tipo de prestación. Los precios unitarios significan, por un lado, la base del cálculo del presupuesto máximo del lote una vez multiplicados por el número de unidades estimadas para cada tipo de prestación (ver el documento «addenda de precios unitarios», incluido en el modelo de oferta económica, anexo a su vez del PCAP), y por otro, el modo de cálculo de la remuneración del adjudicatario por los servicios efectivamente realizados (punto 4.1 de la carátula del PCAP). El presupuesto máximo del lote es únicamente el límite máximo del gasto que puede asumir la Administración contratante y que no puede rebasarse durante la ejecución del contrato salvo que se modifique su importe en los casos y mediante el procedimiento legalmente previstos, pero es una magnitud secundaria en el sentido de que se obtiene a partir de los precios unitarios de cada prestación, que son los que de verdad representan el núcleo de la prestación contratada. La superación de un precio unitario señalado por la Administración, aunque ello no implicase superar el presupuesto máximo global porque el exceso se compensara con 4/6

5 descensos en otros precios unitarios, supondría alterar las previsiones de la Administración en cuanto al número de unidades de la prestación afectada que se estima que van a demandarse, y podría suponer tener que aceptar una proposición que ofertara un precio unitario igual al presupuesto máximo previsto para un tipo de prestación aunque eso implicara que sólo podría adquirirse una unidad estando estimada la adquisición de, por ejemplo, cientos de ellas. Tal resultado absurdo sería contrario al sentido común, pues desvirtuaría la definición previa de las necesidades administrativas que se pretende satisfacer (artículo 1 TRLCSP), fundamento último de la actividad contractual de las entidades del sector público. Dado que todo ello se deriva de la naturaleza del contrato y está reflejado claramente en los Pliegos y en el modelo de oferta, lo de menos es que no haya una disposición expresa que prohíba superar el precio unitario máximo, ya que es evidente la falta de adecuación de la oferta a los Pliegos que rigen la licitación y la procedencia de aplicar el artículo 84 RGLCAP. Por todo ello, la adjudicación impugnada se considera ajustada a derecho y el recurso debe desestimarse. Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo del TRLCSP y en la Disposición Adicional Octava del a Ley 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del a Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2011, el titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi: III.- RESUELVE PRIMERO: Desestimar el recurso especial interpuesto por la UTE Gaimaz, Infraestructuras y Servicios, S.A. / Mendibil 2002 S.L. contra la adjudicación del contrato Trabajos de mantenimiento, conservación, recuperación, restauración y mejora medioambiental de cuencas y márgenes de ríos y arroyos de la CAPV (lote 2), tramitado por URA, Agencia Vasca del Agua Ur Agentzia. SEGUNDO: Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47 del TRLCSP. TERCERO: Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento. 5/6

6 CUARTO: Contra la presente resolución, ejecutiva en sus propios términos, solo cabe la interposición de recurso contencioso- administrativo (artículo 44.1 Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, LJ) en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma (artículo LJ), ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (artículo 10 k) LJ), de conformidad con el artículo 49 del TRLCSP. Vitoria-Gasteiz, 2013ko azaroaren 8a Vitoria-Gasteiz, 8 de noviembre de /6