SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS. Mesa Nacional de Garantías, Bogotá, Octubre 20 de 2014

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Lucía Gómez Cuenca
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1 SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS Mesa Nacional de Garantías, Bogotá, Octubre 20 de 2014 Es de público y notorio conocimiento que las y los defensoras/es de derechos humanos en Colombia, hemos sido sistemáticamente objeto de amenazas, ataques y persecuciones que han obstaculizado en algunos casos, e impedido, en otros, la legítima labor de defensa de derechos y libertades de las personas. Así lo han registrado los medios de comunicación periódicamente, así lo han analizado y valorado los organismos internacionales de protección reconocidos por el Estado colombiano, como lo son, entre otros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Colombia (OACNUDH), así como las Relatorías de Defensores y defensoras de ambas instancias internacionales. Cada uno de los Informes producidos por estos organismos ha incluido recomendaciones al Estado colombiano, mediante las cuales se ha solicitado la implementación de distintas acciones orientadas al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del sistema jurídico internacional sobre el deber de respeto, garantía y protección de las labores de las y los defensores de derechos humanos. Recientemente, un total de 194 agresiones individuales contra defensores(as), discriminados en 105 amenazas, 30 asesinatos, 29 atentados, 18 detenciones arbitrarias, 7 casos de uso arbitrario del sistema penal, 4 de robo de información y un defensor desaparecido marcan la tendencia en , agresiones que se han acentuado en especial en el mes de septiembre 1 Programa Somos Defensores, entrevista realizada en Javeriana estéreo, en: 11 de septiembre de

2 contra defensores y defensoras de DDHH, reclamantes de tierras y defensores de derechos territoriales, colectivos y ancestrales. Sumado a las amenazas de muerte por vía electrónica que hemos recibido, se han presentado ataques mediante los cuales se ha sustraido información relacionada con el trabajo de denuncia sobre las violaciones de derechos humanos y sobre las víctimas de estas violaciones. Estas amenazas escritas aparentemente están suscritas por grupos paramilitares autodenominados de diversas maneras de acuerdo a la región : Águilas Negras, Amigos del Pueblo y Urabeños Comando Caribe, Rastrojos, Águilas Negras y Bloque Capital, entre otros. Lo que da cuenta de la persistencia y operatividad de las estructuras paramilitares. Las amenazas de estos grupos tienen como soporte de sus señalamientos e intimidación nuestro compromiso por la búsqueda de salidas negociadas al conflicto armado y el apoyo al proceso de paz en curso, la superación de la impunidad, y los derechos de las victimas. Esta situación ha sido una constante de los grupos paramilitares cada vez que se hacen intentos por lograr la paz. Precisamente la Relatora de Naciones Unidas, en su Informe del 2010, describe la situación de amenaza que generalmente tiene lugar en contextos de conflicto armado y la manera como los actores de las mismas, prevalidos de la impunidad que acompaña sus acciones, utilizan estos métodos intimidantes para estigmatizar e impedir u obstaculizar el trabajo de la defensa de derechos humanos, al tiempo que destaca que ello puede estar acompañado de apoyos o coadyuvancia de agentes del Estado, frente a los cuales remarca la exigencia de acciones por parte de los Estados : ( ) Además, en el contexto de los conflictos civiles, los paramilitares tratan con frecuencia de estigmatizar la labor de los defensores de los derechos humanos y legitimar campañas de violencia contra ellos, aduciendo que están vinculados a grupos armados o terroristas. En esos casos, es fundamental que el gobierno reafirme públicamente la importancia de la labor realizada por los defensores de los derechos humanos y denuncie cualquier intento de descalificarlos o estigmatizarlos. ( ). Debe recordarse que el Estado tiene la obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las amenazas, aún si ellas provinieran de terceros. La falta de protección por violaciones cometidas por agentes no estatales, podrían, en determinadas circunstancias, comprometer la responsabilidad del Estado. 2

3 Todo esto se da a pesar de existir mecanismos tales como la Mesa de Garantías para defensores y defensoras de DDHH, donde se exponen, discuten y acuerdan acciones que propicien el ambiente adecuado para la defensa de los derechos humanos. Este espacio se ha mostrado insuficiente para tal propósito, entre otras razones por la falta de continuidad en sus convocatorias y por el incumplimiento de los compromisos del Estado y del gobierno, puesto que las constantes amenazas y ataques permanecen en la impunidad, pese a la identificación de que muchas provienen de agencias del Estado. Tal es el caso, entre otros, de las interferencias ilegales a las comunicaciones, las detenciones ilegales por efectivos del ejército nacional, las agresiones consuetudinarias del ESMAD, en la represión contra movilizaciones sociales, en particular de los sectores campesinos, indígenas y estudiantiles. Las garantías que exigimos para el legítimo ejercicio de nuestro derecho a promover y defender los derechos y libertades de las personas, va más allá de la procuración de medidas específicas y puntuales de protección material a través de la Unidad Nacional de Protección UNP. Es indispensable acatar la recomendación de la CIDH y la Relatoría de Naciones Unidas, relativa a desarrollar una estrategia global de prevención y protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el IV Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia titulado Verdad, Justicia y Reparación, lanzado en Colombia hace dos meses, llamó la atención sobre la necesidad de anclar los mecanismos de protección con medidas sustantivas que garanticen efectivamente la superación del riesgo. A este respecto indicó: La Comisión enfatiza que es primordial que los mecanismos de protección se articulen con las instancias correspondientes de investigación, a fin de esclarecer las fuentes de riesgo, así como identificar y sancionar a posibles perpetradores. El avance de las investigaciones permitiría, además, complementar la eficacia de las medidas de protección adoptadas y desactivar los elementos que ponen en riesgo a las personas amparadas por los programas de protección. La consideración de la CIDH se corresponde con lo analizado por la Relatora Especial de Naciones Unidas cuando llamó la atención sobre lo imperioso que resulta, para generar las condiciones que permitan la defensa de derechos humanos, que exista una consistencia o coherencia institucional: Aunque es necesario poner en marcha un conjunto de mecanismos de protección para evitar la violencia contra los defensores de los derechos humanos, la Representante Especial desea recordar que hay otros factores, como la democracia, la existencia de un poder judicial independiente y eficaz, el respeto del principio de legalidad y un compromiso general con los principios 3

4 que inspiran los derechos humanos que son necesarios para crear un marco que haga posible la aplicación de la Declaración. Le preocupa que, en algunos casos, los gobiernos hayan puesto en marcha programas de protección para garantizar la seguridad personal de algunos defensores de los derechos humanos concretos, mientras que otras políticas y prácticas del Estado siguen constituyendo una amenaza para la labor y las actividades del resto de la comunidad que trabaja en favor de los derechos humanos. La inminente salida de la cárcel de los paramilitares, quienes presuntamente regresaran a sus estructuras regionales, donde continuaran controlando social y políticamente amplios territorios, eleva el riesgo de los defensoras y defensoras, las victimas, los funcionarios y oparadores judiciales, en estos territorios, sin que conozcamos hasta el momento por parte de las autoridades un plan de contingencia nacional frente esta grave eventualidad. SOLICITUDES 1. Adoptar mediante ley de la Republica la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, complementándola con los Principios de Paris. 2. Convocar al Consejo Directivo de la Unidad Nacional de Protección a sostener una reunión con los Voceros del Proceso Nacional de Garantías, para discutir sobre el proceso de reestructuración de la Unidad con miras a que pueda cumplir efectivamente con los compromisos asumidos en la proteccion de defensoras y defensores de derechos humanos. 3. Avanzar en las investigaciones sobre las amenazas a defensoras y defensores, aportando resultados concretos sobre los responsables y sus motivaciones. 4. Avanzar en diseño de un Plan de Contigencia Nacional para la proteccion de los defensoras y defensoras, los operadores judiciales las victimas y comunidades frente a la puesta en libertad de los paramilitares que se acogieron a la ley de Justicia y Paz. 5. Crear en la Fiscalía la Unidad de Investigacion Judicial para las violaciones de DDHH contra Defensoras y Defensores y mantener la Unidad de Analisis y Contexto, fortaleciendo las Unidades Regionales. 4

5 6. Incorporar al Plan Nacional de Desarrollo las Políticas Públicas de DDHH ya construidas, de manera particular, la política pública de los derechos de las mujeres y de garantías para la defensa de los DDHH. 7. Incorporar la Estrategia Nacional para la defensa de los DDHH, diseñada en el marco del Sistema Nal de DDHH. 5

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