ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 5/2017, CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA CORPORACIÓN EL DÍA 24 DE JULIO DE

Transcripción

1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 5/2017, CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA CORPORACIÓN EL DÍA 24 DE JULIO DE SEÑORES ASISTENTES Sr. Alcalde: D. Nazario Montes Pardo. Concejales- asistentes PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE/A): Dña. Ángeles Valladares de la Varga Dña. Lydia Medina Duarte PARTIDO POPULAR (P.P) Dña. María Rosa Ortega Pérez Dña. Olga Velasco Torres D. Rafael Fernández Rodríguez IZQUIERDA UNIDA-ALTERNATIVA SOCIALISTA OTURA PARA LA GENTE D. Ángel Pertíñez Muros Dña. Amparo Quirantes Blanco Dña. Ana María Rodríguez Domínguez CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA Dña. María Jesús Aguilera Linares D. Antonio Pedro Cánovas Delgado No asisten: D. Ángel García Gamarra D. Gonzalo Alonso López Pancorbo Excusan su asistencia: Ninguno Sra. Secretaria: Dña. Mª Esther Luna Hernández En la Villa de Otura, a veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas cinco minutos en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, se reúnen en primera convocatoria la Corporación Municipal en sesión ordinaria, que se celebra bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D.

2 Nazario Montes Pardo y a la que concurren los Sres. Concejales relacionados, actuando como Secretaria Dª Mª Esther Luna Hernández. Una vez comprobado el quórum de asistencia necesario se procede a dar lectura al siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA PLENO EXTRAORDINARIO nº 5/2017 FECHA: 24 DE JULIO DE º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA Nº 4/2017, CORRESPONDIENTE A LA SESION ANTERIOR CELEBRADA EL 17 DE MAYO º.- REVOCACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO PLENARIO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN ACTUACIÓ DE ÁRIDOS DOLOMÍTICOS EN LOMA UMBRÍA EXPEDIENTE 195/ º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA Nº 4/2017, CORRESPONDIENTE A LA SESION ANTERIOR CELEBRADA EL 17 DE MAYO De conformidad con lo preceptuado en el artículo 91.1 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado mediante Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, la sesión comienza preguntando el Sr. Alcalde si algún miembro de la Corporación quiere formular alguna observación al borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 17 de mayo de dos mil diecisiete que se ha distribuido con la convocatoria. No se presenta ninguna observación y se procede a la votación y el acta queda aprobada por UNANIMIDAD. El Sr. Alcalde, ordena la trascripción de las actas, al Libro de Actas según lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986 (ROF). 2º.- REVOCACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO PLENARIO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN ACTUACIÓ DE ÁRIDOS DOLOMÍTICOS EN LOMA UMBRÍA EXPEDIENTE 195/2016. Por el Sr. Alcalde se otorga la palabra a la Sra. Secretaria, que procede a dar lectura del siguiente informe: De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, en relación con la celebración de pleno extraordinario a petición de los integrantes del Grupo Municipal Popular de 24 de junio, en el que se incluye como punto del orden del día, la revocación del acuerdo de pleno de fecha 17/05/2017, por el que se resuelve el expediente 195/2016, en el que se aprueba el Proyecto de Actuación para la Actividad Minera para la Extracción de Áridos Dolomíticos en el paraje Loma Umbría sito en las parcelas 55 y 184 del polígono 8 de Otura, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,

3 INFORME De conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la Revocación de actos y rectificación de errores: 1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Por lo tanto la Administración podrá revisar los actos desfavorables o de gravamen, por motivos de legalidad, en cualquier momento. Las infracciones del Ordenamiento Jurídico por parte de la Administración pueden producir la invalidez de los actos administrativos que esta emana. Pero esta invalidez genérica ofrece dos especies: la nulidad y la anulabilidad. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. Se trata de un mecanismo excepcional: la Administración puede declarar la invalidez de sus propios actos sin intervención judicial, pero solo en supuestos de invalidez grave o cualificada y, por tanto, se trata de un supuesto más restrictivo que el de la declaración de lesividad. El procedimiento para acordar la nulidad de pleno derecho se regula en el artículo 106 de la Ley 39/2015. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas que son nulos de pleno derecho son los siguientes: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible.

4 d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Las infracciones de carácter sustantivo del Ordenamiento Jurídico son, como regla general, constitutivas de anulabilidad, salvo que lo sean de nulidad a la vista de las causas excepcionales tasadas por la Ley, mencionadas ad supra. También la desviación de poder se considera causa de anulabilidad de un acto administrativo. Por el contrario, la mayoría de las infracciones formales o procedimentales son meras irregularidades no invalidantes, y carecen por lo tanto de consecuencias jurídicas: en principio, el incumplimiento de una Norma procedimental no produce la invalidez del acto, en virtud del principio antiformalista que preside todo el procedimiento administrativo (principio de acuerdo con el cual se entiende que la forma está al servicio del fondo). El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Los vicios que provocan la anulabilidad están sujetos a plazos perentorios para su denuncia, a través de los correspondientes recursos administrativos, contencioso-administrativos y del mecanismo de la declaración de lesividad. Un acto anulable que no se impugna en tiempo y forma o que no se declara lesivo para el interés público se convierte en acto consentido y firme y, en consecuencia, inatacable La anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

5 La anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. siguiente: El procedimiento para llevar a cabo la declaración de lesividad de un acto anulable es el A. Que por Resolución de Alcaldía se inicie el expediente para determinar si existe lesividad en el acto de la Administración y demostrar el interés público. Téngase en cuenta que el artículo 21.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que corresponde al Alcalde la iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. B. Que por los Servicios Jurídicos se emita informe con relación a si el acto administrativo objeto del expediente va en contra del Ordenamiento jurídico vigente. C. Que en cumplimiento del artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pondrá de manifiesto el expediente para que en el plazo de entre 10 y 15 días, los interesados aleguen y presenten los documentos que estimen pertinentes. D. Que por Acuerdo del Pleno se declare la lesividad para el interés público del acto administrativo realizado y se remita a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que proceda a la anulación del mismo, en un plazo de dos meses desde que se dictó el Acuerdo declarando lesivo el acto (artículo 46.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio). E. La declaración de lesividad podrá adoptarse en el plazo máximo de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. F. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

6 La Administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan, este acto producirá efecto desde su fecha, salvo que el supuesto de hecho necesario existiera ya en la fecha a que se retrotraiga el acto y esta retroactividad no lesione derechos e intereses legítimos de derechos. Si el vicio consistiera en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. [artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre]. De conformidad con lo expuesto y dado que la aprobación de un Proyecto de Actuación, no puede considerarse como acto desfavorable o de gravamen, no cabe la revocación solicitada por el Grupo Municipal Popular. En caso de concurrir una infracción del ordenamiento jurídico, que pudiera viciar al acto administrativo, debería iniciarse el procedimiento de declaración de lesividad del acto, de conformidad con el procedimiento expuesto ad supra. No obstante, debe justificarse cuál es la infracción del ordenamiento en la que se fundamente la tramitación del procedimiento. Y por último, en caso de concurrir alguno de los supuestos taxativos que regula el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo como causa de nulidad de pleno derecho, procedería la revisión de oficio del acto, de acuerdo con el procedimiento del artículo 106 y previo dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía. No obstante, también se debe justificar con carácter previo al inicio del expediente, en que supuesto del artículo 47 se encuadra la supuesta infracción del ordenamiento. Tal es mi informe que doy y firmo en la Villa de Otura, a 21 de julio de A la vista del contenido del informe el Sr. Alcalde expone que no procede la revocación del acto pretendida por el Grupo Municipal Popular, dado que la aprobación de un Proyecto de Actuación no puede entenderse como acto desfavorable o de gravamen. Para proceder a la declaración de nulidad de un acto administrativo debe concurrir una de las causas taxativas del artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo, circunstancia que no está justificada en la petición del Grupo Municipal Popular. Y es necesario seguir el procedimiento legalmente establecido que regula el artículo 106 de la Ley 39/2015, que exige, en todo caso, dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía.

7 Para la declaración de lesividad de un acto anulable, será necesario predeterminar la concurrencia de infracción del ordenamiento susceptible de provocar dicha anulabilidad del acto y es necesario seguir el procedimiento legalmente previsto contenido en el informe de la Sra. Secretaria. El Sr. Alcalde pregunta a los Sres. Integrantes del Grupo Municipal Popular, si concurre alguna infracción del ordenamiento en el acto cuya revocación piden, que pudiera dar lugar a la iniciación de un procedimiento de declaración de lesividad (de tratarse de una acto anulable) o declaración de nulidad de pleno derecho (de incurrir en los supuestos taxativos causantes de la misma). Toma la palabra, el Sr. Concejal D. Rafael Fernández Rodríguez y pone de manifiesto que lo que han visto, es que en el informe de Secretaría sobre la legalidad del Expediente 195/2016, cuya copia se ha distribuido con la convocatoria, entre los puntos 12º y 13º no se hace referencia a un escrito remitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el que se manifiesta que no procede la tramitación urbanística de un Proyecto de Actuación sino de un Plan Especial al afectar a dos términos municipales. Por la Sra. Secretaria se pone de manifiesto que el escrito al que hace referencia el Sr. Fernández Rodríguez, se refiere a un expediente anterior que se tramitó como Plan Especial al afectar a dos términos municipales y que se sometió a la consideración de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a fin de obtener la Autorización Ambiental Unificada. Al encontrar obstáculos en la tramitación de este Plan Especial, los promotores abandonaron su propósito. A posteriori, se presentó un Proyecto de Actuación por la promotora Áridos Anfersa S.L., que afecta exclusivamente al término municipal de Otura, y es éste, el que da lugar a la tramitación del expediente 195/2016, con carácter independiente a actuaciones anteriores. Por el Sr. Alcalde se pregunta a la Sra. Secretaria si, a su juicio, y en base a su informe y al informe de los Servicios Técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Otura, el expediente infringe el ordenamiento jurídico de alguna forma. La Sra. Secretaria responde que, de acuerdo con los informes técnicos (de fecha 5 de julio de 2017, emitido por D. Enrique Fernández Pérez, Arquitecto Técnico Municipal y jurídicos (de fecha 18 de julio de 2017), incorporados ambos al expediente de este Pleno, el expediente cumple con la legalidad aplicable. Al no proceder la revocación del acto administrativo, y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión a las nueve horas treinta minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y dicho de los acuerdos adoptados extiendo la presente acta que firma el Sr. Alcalde y certifico con mi firma. EL ALCALDE LA SECRETARIA

8 Fdo.: Nazario Montes Pardo. Fdo.: Esther Luna Hernández.