1.- LAS GARANTÍAS DEL ADMINISTRADO: REVISIÓN DE OFICIO, RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Transcripción

1 A petición de varios clientes, y aunque el Programa Oficial no lo requiere, incluimos como material complementario al Tema 7 en materia de recursos administrativos, lo que a continuación exponemos: 1.- LAS GARANTÍAS DEL ADMINISTRADO: REVISIÓN DE OFICIO, RECURSOS ADMINISTRATIVOS Qué puede hacer la Administración cuando dicta un acto nulo o anulable? En ocasiones, como ya hemos visto anteriormente, las Administraciones Públicas pueden equivocarse y dictar actos administrativos ilegales por contravenir el ordenamiento jurídico, son los denominados actos nulos y actos anulables. Las Administraciones Publicas van a poder revisar estos actos mediante distintos mecanismos que tienen como finalidad declarar nulo el acto, en su caso, y de este modo restaurar la legalidad y a la vez evitar litigios con los ciudadanos. Es evidente que las Administraciones Públicas se equivocan. A veces, nos sancionan sin que seamos responsables de la infracción, o nos deniegan una subvención cuando tenemos derecho a ello o no nos adjudican un contrato cuando teníamos más méritos que el que ha resultado elegido. Ante estos supuestos el Derecho Administrativo establece una serie de mecanismos que van a permitir modificar o, en su caso, eliminar estos actos Cuáles son los mecanismos de revisión de la Administración Pública? Un primer grupo de mecanismos, la denominada revisión de oficio, permite a la propia Administración eliminar aquellos actos propios que una vez dictados observa que son ilegales. El segundo grupo de mecanismos son los recursos administrativos, que son medios a disposición de los particulares para impugnar aquellos actos que consideren ilegales. Paralelamente a los recursos están las reclamaciones previas, que tienen el mismo fin pero se aplican respecto de aquellos actos de la Administración que están sujetos al derecho civil o laboral. Como después veremos la revisión de oficio, los recursos y las reclamaciones previas son garantías del interesado frente a la actuación de la Administración, pero no hemos de olvidar que en todos estos mecanismos, la Administración es juez y parte, por lo que su imparcialidad queda en entredicho por esta circunstancia, por ello, por encima de la Administración, ha de existir una instancia absolutamente independiente que decida los litigios entre el ciudadano y la Administración. Esta instancia es la justicia, en concreto, una rama de la misma especializada en la Administración que denominamos jurisdicción contencioso-administrativa. En definitiva, si la Administración no impone una multa injusta por un hecho que no hemos cometido podremos interponer un recurso contra dicha sanción, y si la Administración sigue afirmando que somos responsables y no nos estima el recurso podremos acudir a la vía judicial, que determinará finalmente quien tiene razón si la Administración o nosotros.

2 MECANISMOS DE REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. POR INICIATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN. POR INICIATIVA DE LOS INTERESADOS REVISIÓN RECURSOS ADMINISTRATIVOS RECLAMACIONES PREVIAS. La revisión de oficio (art. 102 LRJAPC)* Declaración de lesividad y anulabilidad (art. 103 LRJAPC) Revocación (art. 105) Recurso de Alzada Recurso potestativo de reposición Recurso extraordinario de revisión. A la vía judicial civil A la vía judicial laboral A la vía judicial militar. * Puede instarse por los interesados, aunque es la Administración la que decide si inicia el procedimiento de revisión o no. Vamos a analizar detalladamente cada uno de los mecanismos de impugnación LA REVISIÓN DE LOS ACTOS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN. En determinados supuestos, la propia Administración va a poder eliminar unilateralmente, por si misma, un acto ilegal incluso, como veremos, en aquellos casos en que el acto sea válido, aunque con mecanismos y procedimientos diferentes La revisión de disposiciones y actos nulos de pleno derecho. (art. 102) Este procedimiento tiene como fin declarar la nulidad de actos definitivos, no de trámite, que sean firmes, es decir que no puedan ser recurridos en vía administrativa, o hayan agotado la vía administrativa. También procede para declarar la nulidad de reglamentos. Para que la Administración Publica pueda revisar el acto o reglamento es preciso que estén viciados de nulidad de pleno derecho. Imaginemos que la Administración nos concede una subvención para plantar girasoles y nos la abona. A los seis meses de ingresarnos en la cuenta la cantidad concedida se descubre por la Administración que no cumplíamos los requisitos para recibir esa subvención y que por tanto no procedía su otorgamiento. En este caso nos encontramos con un acto administrativo definitivo, la resolución por la que se nos concede la subvención, nulo de pleno derecho al estar incluido en la letra f) del art. 62 que establece que serán nulos los actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran derechos cuando se carezcan de los requisitos para su adquisición y que no ha sido recurrido por los interesados. Qué puede hacer la Administración ante esta situación? Evidentemente deberá iniciar un procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de un acto nulo de pleno derecho.

3 No existe un plazo límite para la iniciación de un procedimiento de revisión de oficio. Este procedimiento puede iniciarse por decisión de la Administración, pero también porque así lo solicite un administrado. La tramitación del procedimiento de revisión de oficio es la general de cualquier procedimiento administrativo, aunque cuenta con dos especialidades: 1. Existe un trámite de admisión previo, por la que en determinados supuestos el órgano competente para resolver podrá inadmitir la solicitud presentada por los particulares. 2. Para que la Administración pueda declarar nulo un acto ha de existir un dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma. Si la Administración aprecia que hay causa de nulidad, declarará el acto nulo de pleno derecho y el acto será eliminado como si nunca hubiera llegado a existir. En los casos en que de la anulación del acto se produzcan perjuicios al interesado que no tenga la obligación de soportar la Administración deberá indemnizarle. En el ejemplo al que nos referíamos anteriormente, es claro que el interesado no tiene responsabilidad pues el error fue de la Administración al considerar que tenía todos los requisitos cuando no era así, en este caso, en que no hay culpa del interesado la Administración podrá declarar la nulidad del acto por el procedimiento de la revisión de oficio pero deberá indemnizar al interesados por los daños y perjuicios causados. La Administración también podrá revisar de oficio las disposiciones administrativas, es decir reglamentos, que estén viciados de nulidad, requiriéndose para ello previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma

4 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO ACTO ADMINISTRATIVO NULO SOLICITUD DE PERSONA INTERESADA DE OFICIO POR LA ADMINISTRACIÓN TRÁMITE ADMISION PREVIA SE INADMITE SE ADMITE ACUERDO DE INICIACIÓN ACUERDO MOTIVADO DE INADMISIÓN AUDIENCIA INTERESADO DICTAMEN FAVORABLE DEL CONSEJO DE ESTADO TERMINACIÓN La declaración de lesividad de actos anulables. En los casos en que nos encontramos con un acto administrativo favorable que no es nulo de pleno derecho sino anulable, es decir, que es un acto ilegal por ir en contra del ordenamiento jurídico, pero su ilegalidad no es tan grave como para que estemos ante un acto nulo de pleno derecho, el procedimiento para anular este acto es distinto. En este caso, la Administración no puede anularlo por sí misma y ha de acudir a la jurisdicción contenciosa-administrativa para hacerlo. Es decir, la propia Administración

5 ha de impugnar el acto anulable ante el juez para que éste, si así lo considera, lo elimine. Previamente, es decir antes de acudir a la justicia, la Administración ha de declarar dicho acto anulable lesivo para los intereses públicos. Así la Administración ha de tramitar un procedimiento en el que se declare que ese acto es lesivo para el interés público, una vez que resuelva declarando la lesividad del acto podrá acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa La revocación. Otra posibilidad que puede utilizar la Administración Pública es la revocación, recogida en el art de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre que establece que las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Al ser un acto de gravamen, la revocación no esta sujeta a los requisitos de la revisión de oficio, ya que se supone que siempre va a beneficiar al interesado, por lo que establece menos cautelas. Imaginemos que la Administración se da cuenta de que ha sancionado a una persona injustamente por equivocación, en este caso, podrá en cualquier momento hacer uso de esta posibilidad y revocar la sanción, dejándola sin efecto. El art establece la posibilidad de rectificar errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, posibilidad que no constituye facultad de revisión de sus actos, pues sólo se trata de corregir errores, sin modificar el acto en si, p.e, cuando hay una cantidad errónea o un plazo equivocado PROCEDIMIENTO TIPOS DE ACTOS REQUISITOS PLAZO REVISIÓN DE OFICIO ACTOS NULOS QUE PONGAN FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA O NO RECURRIDOS EN PLAZO. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS NULAS DICTAMEN FAVORABLE DEL CONSEJO DE ESTADO U ÓRGANO CONSULTIVO DE LA CC.AA. TRES MESES DECLARACIÓN DE LESIVIDAD ACTOS ANULABLES FAVORABLES PARA LOS INTERESADOS ANTES DE QUE TRANSCURRAN 4 AÑOS DESDE QUE SE DICTÓ. AUDIENCIA A TODOS LOS INTERESADOS TRES MESES

6 NO CONSTITUYA DISPENSA O EXENCIÓN NO PERMITIDA EN LEYES. REVOCACIÓN ACTOS DE GRAVAMEN O DESFAVORABLES NO SEA CONTRARIA AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, AL INTERÉS PÚBLICO O AL ORDENAMIENTO JURÍDICO. NO HAY RECTIFICACIÓN CUALQUIER ACTO SÓLO RECTIFICAR ERRORES MATERIALES, DE HECHO O ARITMÉTICOS NO HAY 1.4. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Los recursos administrativos constituyen una garantía para los ciudadanos pues permiten impugnar aquellos actos que les afecten y que puedan adolecer de ilegalidad. Para muchos autores los recursos también son un privilegio para la propia Administración pues la permite conocer previamente de las impugnaciones contra sus actos y en su caso, estimar el recurso y eliminar el acto ilegal. Además la obligatoriedad de interponer recursos con carácter previo para acudir a la vía judicial y los plazos fugaces en los que ha de interponerse, constituyen ventajas añadidas para la Administración. En estos casos, son los interesados lo que se quejan ante la Administración de la ilegalidad de un acto y piden que lo revise, y si se demuestra que efectivamente es ilegal, lo modifique o lo declare nulo. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, recoge tres tipos de recursos diferentes: el recurso de alzada, el recurso de reposición y el recurso de revisión El recurso de alzada.(art. 114) El recurso más habitual es el llamado recurso de alzada y supone que cuando no estamos de acuerdo con una resolución de la Administración acudimos al superior del que dictó el acto para que lo revise y, si procede, estime nuestro recurso y resuelva accediendo a nuestra pretensión. Es, en definitiva, un recurso jerárquico que permite al órgano superior corregir, si es el caso, la actuación del inferior. Este recurso procede contra aquellas resoluciones y determinados actos de trámite cualificados exigiéndose que no pongan fin a la vía administrativa. El recurso podrá interponerse, es decir que podrá presentarse, ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo y será resuelto en todo caso por el superior jerárquico del que dictó el acto, de ahí su denominación de recurso de alzada. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Si el acto fuera presunto el plazo será de tres meses y se contará, para el

7 solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. El plazo máximo que tiene la Administración para resolver el recurso y dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo que el recurso se hubiera interpuesto contra la desestimación presunta de una solicitud. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión El recurso potestativo de reposición. (art. 116). Otro tipo de recurso que se caracteriza por tres notas: 1. Lo resuelve el mismo órgano que dictó el acto, no el superior como ocurría con el recurso de alzada. 2. Tiene carácter potestativo, es decir que el interesado podrá decidir si interpone este recurso o si directamente acude a la vía judicial. Su interposición no es un requisito, como ocurre con el recurso de alzada para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. 3. Procede contra actos que pongan fin a la vía administrativa, a diferencia del recurso de alzada que procedía contra actos que no pusieran fin a la vía administrativa. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si fuera presunto el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. El plazo máximo que tiene la Administración para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes Recurso extraordinario de revisión. (art. 118). Este recurso procede contra actos firmes en vía administrativa. Se interpondrá ante el órgano administrativo que lo dictó, que también será el competente para su resolución. Para que pueda interponerse este recurso ha de concurrir alguna de las circunstancias siguientes: 1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 3. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 4. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

8 El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.