RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE - FACULTAD DE DERECHO BOGOTÁ D.C. LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial.

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1 FACULTAD DE DERECHO BOGOTÁ D.C. LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial. AÑO DE ELABORACIÓN: 2016 TÍTULO: Acción de tutela contra providencias judiciales: desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional en Colombia a 25 años de declarada su exequibilidad. AUTOR (ES): Miranda Andrés. DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Cabrera Jairo MODALIDAD: Trabajo de investigación. PÁGINAS: 39 TABLAS: CUADROS: 2 FIGURAS: ANEXOS: CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes capítulos. Ejemplo: INTRODUCCION. 1. CARACTERIZACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. 2. FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA ESTABLECER LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES, ANTECEDENTES Y LÍNEA JURISPRUDENCIAL. 3. CONFLICTO CON LAS DEMÁS CORTES ANTE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN LA CONSTITUCIONAL CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. 4. DE LA SEGURIDAD JURÍDICA FRENTE A LAS SENTENCIAS CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFIA. DESCRIPCIÓN: En un promedio de 60 palabras se debe realizar una síntesis del contenido del trabajo. 1

2 En la actual investigación se revisan los antecedentes históricos de la acción de tutela contra providencias judiciales, exponiendo su trasegar jurídico, especialmente en el marco normativo y en el desarrollo jurisprudencial. Para ello, se hace un recorrido documental sobre las referencias normativas que regulan dicho mecanismo constitucional, luego se revisa la jurisprudencia que analiza la procedibilidad y alcance de la acción de tutela contra providencias judiciales, señalando particularmente la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional y el manejo que ésta institución le ha brindado a este mecanismo, que lleva luego a desarrollar la problemática donde se justifica la facultad que ejerce la Corte Constitucional para analizar los fallos proferidos mediante la acción de tutela, sentando las bases de la afirmación por la cual se restringe la posibilidad de pensar en la vulneración de la seguridad jurídica. METODOLOGÍA: Analisis de la jurisprudencia de la Corte constitucional con base en los antecedentes historicos de la acción de tutela contra providencias judiciales. PALABRAS CLAVE: ACCIÓN DE TUTELA, PROVIDENCIAS JUDICIALES, FALLOS JUDICIALES, CONSTITUCIÓN, JURISPRUDENCIA Y DERECHOS, SEGURIDAD JURÍDICA. CONCLUSIONES: La AT, es la herramienta constitucional que intenta hacer exigible el cumplimiento de los objetivos trazados por la Constitución de Un ejemplo innegable de éste ejercicio es el que configura la utilización de la AT como mecanismo de rectificación de las sentencias y entorno a ella, se ha originado el debate entre las Altas Cortes por la supremacía de sus decisiones y se cuestiona sobre la manera como los mismos pueden poner en riesgo la figura de cosa juzgada material, menoscabando así la seguridad jurídica del país y la credibilidad de los fallos judiciales. Revisada la normatividad, se establece que la legislación vigente en lo que corresponde a la AT fue objeto de varias modificaciones, en tanto lo planteado por el Constituyente y lo hecho en un primer intento de regulación normativa, no lograba llenar las expectativas jurídicas que sobre la misma debiera darse, dando pie al surgimiento de debates jurídicos como la procedibilidad de la AT contra providencia judicial, que como se vio a lo largo del texto debió estar sometida al análisis jurisprudencial para sentar una posición más clara sobre el asunto citado. 2

3 No obstante, realizada la revisión jurisprudencial, se encontró que la procedibilidad excepcional de la AT para controvertir decisiones judiciales que desconozcan derechos fundamentales y tenga un grado de afectación relevante desde el punto de vista constitucional, pasa por el hecho de que se debe cumplir con los requisitos generales y específicos de procedibilidad ya enunciados, sin embargo, ante la amplia interpretación de esta herramienta jurídica, puede haber espacio para que los jueces ante el uso indiscriminado de la misma, vulneren el principio de seguridad jurídica. Teniendo a su vez en cuenta que la jurisprudencia reitera que en el trámite de la AT la oficiosidad del juez ha de ser un criterio determinante para la consecución de un objetivo encaminado a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, cuándo éstos se encuentran en discusión y corresponden a derechos que protegen condiciones de vulnerabilidad, frente a las cuales el juez no puede limitar las razones ni los medios de prueba para que la justicia se materialice. Sin embargo, en este punto se halla el efecto de encuentro judicial entre las Altas Cortes y el argumento central que reposa en cómo la procedibilidad de la AT vulnera la seguridad jurídica del sistema judicial, concluyendo al respecto que si bien el argumento resulta soportarse en fuertes posiciones doctrinales, en el entender de la Corte y que se cree es la más acertada respecto a este debate jurídico, la seguridad jurídica es en sí una consecuencia de tener clara los casos en los que procede, y requerimientos que deben cumplirse para reconocer la AT contra sentencia, básicamente que se reducen a errores voluntarios que pueden ser desplegados por los jueces. Para aclarar lo dicho, se afirma que no cualquier error judicial está resguardado por el principio de autonomía judicial, pues en el evento en que una providencia judicial resulte arbitraria, caprichosa o irrazonable y sea contraria a la Constitución el juez constitucional está facultado a interferir para exigir el cumplimiento de la norma, en tanto por jurisprudencia sentada, la Corte ha determinado que esto es lo menos que debe hacerse para revertir la conducta prevaricadora que puede ser ejecuta por un juez ante el arbitrio que tiene el mismo para la toma de decisiones. Las Cortes jurisdiccionales, son órganos de cierre y sus decisiones no pueden ser revisadas sin la experticia y racionamiento jurídico más próximo, a la interpretación acertada de la norma para los casos que son objeto de estudio y que amplían el entendimiento de la misma, por ello, se concluye que las Altas Cortes, aunque poseen el mismo poder judicial y autónomo para decidir sobre la figura en cada 3

4 una de sus jurisdicciones, no vulnera en sus decisiones sobre tutela contra providencia, la seguridad jurídica, ya que con sus conceptos no desintegran el orden normativo colombiano, y sus decisiones pasan ajustadas por una amplia senda jurisprudencial. Se establece que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales no vulnera la seguridad jurídica ni la cosa juzgada material, puesto que para esto se establecen unos requisitos generales y específicos de procedibilidad que deben ser cumplidos para hacer efectivo lo expuesto en el citado artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, en cuanto a su inmediatez y el carácter excepcionalísimo que esta incorpora. Aunque el debate se ha ido cerrando en la medida que se hace más completa la posición de la Corte Constitucional al respecto, bien puede señalarse que existen puntos en los que debe avanzarse más sobre todo en la consideración sobre si los requisitos emitidos por la Corte resultan siendo suficientes o limitados, lo cual sólo puede analizarse de manera completa, si se estudian muchos de los casos particulares de AT contra sentencia, donde la Corte ha determinado o no su procedibilidad, si ha acudido o no al amparo de los derechos, ya que en los puntos argumentales que la misma establezca, se puede empezar a dilucidar el panorama de este problema jurídico que dependerá de cada una de las particularidades del caso en concreto y de la normatividad confrontada. FUENTES: Es la misma bibliografía del trabajo de grado. Ejemplo: Arcos, F. (2000). La Seguridad Jurídica: una teoría formal. Madrid: Dykinson. Beccaria, C. (2011). De los delitos y de las penas. México: Fondo de Cultura Económica. Botero, C.; & Jaramillo, J. (2006). El conflicto de las altas Cortes colombianas en torno a la acción de tutela contra sentencias. Foro Constitucional Iberoamericano, 12. Cifuentes, E. (1997). La acción de acción de tutela en Colombia. Ius et Praxis, 3(1), Loaiza, C. (2014). La acción de acción de tutela contra providencias judiciales y el debido proceso: estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Diálogos de Derecho y Política, 15(6), Locke, J. (2002). Ensayo sobre el gobierno civil. Barcelona: RBA. Mandariaga, M. (1993). Seguridad jurídica y administración pública en el siglo XXI. Santiago de Chile: Editorial Jurídica. Molinares, V. (2011). El precedente constitucional: análisis de la sentencia T-292 de Revista de Derecho, (35),

5 Nogueira, H. (2003). Los derechos esenciales o humanos contenidos en los tratados internacionales y su ubicación en el ordenamiento jurídico nacional: doctrina y jurisprudencia. Ius et Praxis, 9(1), Nogueira, H. (2003b). Tópicos sobre jurisdicción constitucional y tribunales constitucionales. Revista de derecho Valdivia, 14, Oliver, J. (2012). Acción de tutela contra sentencias, un cambio en el paradigma jurídico colombiano. Diálogos de Derecho y Política, 11(4), Pérez, A. E. (1994). La seguridad jurídica. Barcelona: Ariel. Pérez, B. (2003). La acción de acción de tutela. Consejo Superior de la Judicatura. Quinche, M. F. (2007). Vías de hecho: acción de acción de tutela contra providencias. Bogotá: Universidad del Rosario. Quinche-Ramírez, M. F. (2010). La seguridad jurídica frente a sentencias definitivas. Acción de tutela contra sentencias. Estudios Socio- Jurídicos,12(1), Riveros, D. (2010). Los derechos económicos, sociales y culturales como derechos subjetivos: una visión estructural. Revista Derecho del Estado, 24, Rubio, M. (2011). Entre la informalidad y el formalismo: la acción de acción de tutela en Colombia. Documentos de trabajo, 32. Salazar, F. (2011). Hobbes: caos de la concepción liberal. Ensayos de Economía 19(35), Sarmiento, J. (2011). El recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, hacia la instauración de un juez de casación en lo contenciosoadministrativo? Vniversitas, 123, Tole, J. J. (2006). La teoría de la doble dimensión de los derechos fundamentales en Colombia. El estado de cosas inconstitucionales, un ejemplo de su aplicación. Cuestiones constitucionales: revista mexicana de derecho constitucional, (15), Uprimny, R. (2007). En qué está el debate colombiano de la acción de tutela contra sentencias? En: Universidad Santo Tomas de Aquino [USTA] (editor). La constitucionalización de las sociedades contemporáneas. Bogotá: Universidad Santo Tomas. Zuluaga, A. (2012). La justificación interna en la argumentación jurídica de la Corte Constitucional en la acción de acción de tutela contra sentencia judicial por defecto fáctico. Revista Ratio Juris, 7(14), Jurisprudencia. Corte Constitucional de Colombia (1992). Sentencia C-543 de M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 5

6 Corte Constitucional de Colombia (1992). Sentencia C-593 de M.P. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Corte Constitucional de Colombia (1992). Sentencia T-001 de M.P. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Corte Constitucional de Colombia (2009). Sentencia T-155 de M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional de Colombia (1992). Sentencia T-223 de M.P. Ciro Corte Constitucional de Colombia (1994). Sentencia T-231 de M.P. Eduardo Corte Constitucional de Colombia (1992). Sentencia T-413 de M.P. Ciro Corte Constitucional de Colombia (1992). Sentencia T-451 de M.P. Ciro Corte Constitucional de Colombia (1992). Sentencia T-474 de M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional de Colombia (1992). Sentencia T-523 de M.P. Ciro Corte Constitucional de Colombia (1992). Sentencia T-531 de M.P. Eduardo Corte Constitucional de Colombia (1992). Sentencia T-583 de M.P. Fabio Corte Constitucional de Colombia (1993). Sentencia T-079 de M.P. Eduardo Corte Constitucional de Colombia (1993). Sentencia T-117 de M.P. Carlos Gaviria Díaz. Corte Constitucional de Colombia (1993). Sentencia T-147 de M.P. Fabio Corte Constitucional de Colombia (1994). Sentencia T-092 de M.P. Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional de Colombia (1998). Sentencia T-008 de M.P. Eduardo Corte Constitucional de Colombia (1998). Sentencia T-335 de M.P. Fabio Corte Constitucional de Colombia (2000). Sentencia T-1570 de M.P. Fabio Corte Constitucional de Colombia (2002). Sentencia T-826 de M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 6

7 Corte Constitucional de Colombia (2003). Sentencia T-753 de M.P. Clara Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional de Colombia (2005). Sentencia T-162 de M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional de Colombia (2009). Sentencia SU de M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Corte Constitucional de Colombia (2009). Sentencia T-264 de M.P. LUIS Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional de Colombia (2010). Sentencia T-386 de M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional de Colombia (2013). Sentencia T-206 de M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional de Colombia (2014) Sentencia T-643 de M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Corte Constitucional de Colombia (2015) Sentencia SU-172 de M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional de Colombia (2015) Sentencia T-098 de M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. LISTA DE ANEXOS: No aplica 7