Los campesinos y las campesinas necesitan mayor protección Documento de incidencia 1 Septiembre 2012 Los/as campesinos/as cumplen un rol fundamental para alimentar a la población mundial, al nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, constituyen el 80 % de las personas que padecen hambre y son víctimas de discriminación y de violaciones sistemáticas de derechos humanos. 2 Por este motivo, necesitan mayor protección de sus derechos. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en su 21a sesión en septiembre 2012 decidirá sobre medidas para proteger los derechos humanos de los/as campesinos/as. Actividades de Naciones Unidas sobre la situación de los/as campesinos/as El movimiento campesino mundial La Vía Campesina, que representa unos 200 millones de campesinos/as en el mundo entero, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, ha hecho un llamado a las Naciones Unidas para adoptar una Convención Internacional sobre los Derechos de los Campesinos y las Campesinas desde hace varios años. En el 2010, el CDH respondió a este llamado y, por consenso, solicitó a su Comité Asesor elaborar un estudio sobre la promoción de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales, incluidas las mujeres, y en particular los pequeños productores de alimentos. El estudio final fue presentado por el Comité Asesor y adoptado por el CDH en su 19a sesión en marzo 2012 (Documento A/HRC/19/75 3 ). El estudio constata que a pesar del marco existente de derechos humanos, campesinos y otras personas viviendo en zonas rurales son víctimas de violaciones múltiples de derechos humanos que tienen por efecto la extrema vulnerabilidad en frente al hambre y la pobreza. (Párr. 63) Para superar esta situación, el Comité Asesor recomienda al CDH (a) mejorar la aplicación de las normas internacionales existentes, (b) colmar las lagunas normativas en la ley internacional de derechos humanos, y (c) elaborar un nuevo instrumento legal sobre los derechos de las personas trabajando en las zonas rurales. (Párr. 63). En el evento paralelo La necesidad de una mayor protección a los derechos humanos de los/las campesinos/as el 9 de marzo 2012, el Relator Especial por el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, identificó cuatro razones principales que justifican la adopción de un nuevo instrumento de derechos humanos sobre los derechos de los/as campesinos/as y otras personas trabajando en zonas rurales: es necesario para el derecho internacional; contribuiría a la lucha contra el hambre; es una de las mejores medidas para asegurar que la agricultura de subsistencia no sea sustituida por la agricultura industrial; y mejoraría el acceso a los medios de producción en zonas rurales. El Relator Especial también subrayó que la adopción de una Declaración sobre los derechos de campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales aumentaría la visibilidad de los derechos ya vigentes en el derecho internacional, y ayudaría a reconocer nuevos derechos, tal como los derechos a la tierra, a las semillas y a la compensación por las pérdidas debidas a los subsidios dados a agricultores en otros países. Por qué los campesinos y las campesinas necesitan mayor protección? Los campesinos y las campesinas cumplen un rol fundamental para alimentar la población mundial En términos absolutos, nunca hubo más campesinos/as en el mundo que actualmente: alrededor de 1.200 millones a nivel global. Los campesinos/as, los/las sin tierra, trabajadores/as rurales, pueblos indígenas, pastores y pescadores de pequeña escala, sus familias y comunidades siguen representando casi la mitad de la población mundial y constituyen la columna vertebral de los sistemas alimentarios. La contribución 1 Este documento ha sido preparado por FIAN Internacional con la colaboración de La Vía Campesina y CETIM. 2 Campesinos/as son mujeres y hombres que tienen una relación directa a la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos y de productos agrícolas al trabajar la tierra, incluyendo a los sin tierra. 3 Disponible (únicamente en Inglés) en: http://www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/regularsession/session19/a- HRC-19-75_es.pdf. 1
de la agricultura campesina a la alimentación local es especialmente alta en los países en vías de desarrollo. El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), por ejemplo, calcula que los pequeños agricultores proveen hasta el 80 % de los alimentos consumidos al nivel local en Asia y África subsahariana. Cabe anotar que las mujeres rurales son las principales productoras de alimentos en muchos países. De acuerdo con la FAO, su contribución a la agricultura y a la producción de alimentos puede alcanzar el 60-80 % de la labor agrícola, con variaciones en diferentes países y continentes. La agricultura campesina ha sido redescubierta en los últimos años como clave para realizar el derecho a una alimentación adecuada para las generaciones presentes y futuras a la luz de la crisis ambiental y climática contemporánea. El Relator Especial para el derecho a la alimentación presentó un informe en 2010 sobre la necesidad de reorientar los sistemas agrarios hacia una mejor productividad y sostenibilidad. La agricultura campesina corresponde a estos criterios y tiene un gran potencial: se calcula que los/as campesinos/as de pequeña escala pueden doblar la producción en alimentos en diez años usando métodos de agricultura sostenibles. Los campesinos y las campesinas son especialmente vulnerables y víctimas de discriminación Al mismo tiempo que los/as campesinos/as y los/as productores de alimentos de pequeña escala tienen un rol fundamental para alimentar a la población mundial, son también el grupo que más padece hambre y malnutrición crónica. El Grupo de Trabajo sobre el Hambre de la ONU constata que cerca del 80 % de la población mundial que padece hambre vive en zonas rurales: alrededor de 50 % viven en familias de pequeñas/os agricultoras/es, y otros 22 % son familias de campesinos/as sin tierra. Otro 8 % son pastores, pescadores y comunidades que viven en los bosques. El 60 % de las personas que sufren hambre crónica son mujeres. En la inmensa mayoría de casos, el hambre y la desnutrición de la población rural es el resultado de una violación masiva y sistemática del derecho a la alimentación. De manera más general, los/as campesinos/as son víctimas de discriminación sistemática. En el estudio mencionado arriba, el Comité Asesor ha identificado cinco causas principales de la discriminación y la vulnerabilidad de los/as campesinos/as: la expropiación de tierras, los desalojos y desplazamientos forzosos; la discriminación sexual; la ausencia de reforma agraria y de políticas de desarrollo rural; la ausencia de salarios mínimos y de protección social en un contexto de privatización de la tierra y de los recursos hídricos; y la represión y penalización de los movimientos de defensa de los derechos de las personas que trabajan en zonas rurales. Estas causas de discriminación constituyen a su vez algunos de los patrones más comunes de violación a los derechos humanos de los/as campesinos/as. Mesuji, Indonesia: Violación de los derechos de los/as campesinos/as por empresas de plantaciones Indonesia es un país agrario donde 43 millones de personas (de una población activa de 111 millones) trabajan en el sector agropecuario. Sin embargo, hay escasez de tierras agrícolas, sobre todo para la población rural. De hecho, Indonesia es un país donde la gran parte de la tierra unos 9,5 millones de hectáreas desde al 2000 ha sido adquirida por empresas. Esto ha desencadenado miles de conflictos agrarios entre campesinos/as y pueblos indígenas que luchan por sus derechos a la tierra y empresas estatales o corporaciones privadas. El caso de Mesuji en las provincias de Lampung y Sumatera del Sur es el último ejemplo de este tipo de conflicto: debido al intento de algunas corporaciones de ampliar sus plantaciones en un área de 2.200 hectáreas, 30 campesinos han sido víctimas de violencia durante conflictos con las empresas. El caso de Mesuji no es excepcional: cada año ocurren alrededor de 6.000 casos de violaciones de derechos humanos de este tipo, en las cuales cerca de mil empresas de plantaciones están involucradas. La organización campesina nacional Serikat Petani Indonesia (SPI) ha registrado 20 muertos en 120 casos de conflictos de tierra en el año 2011. Las comunidades campesinas de Mesuji se enfrentan a una situación de permanente intimidación y persecución, incluyendo asesinatos extrajudiciales. Las empresas en muchos casos contratan a fuerzas paramilitares que aumentan las violaciones de los derechos de la 2
población y profundizan los conflictos. Actualmente, la población local se encuentran en un estado aún más vulnerable porque las empresas utilizan una ley nacional (ley de plantaciones no. 18/2004) para expulsar a la gente de sus tierras. Hasta el momento, la reacción del gobierno nacional y local incluso a través de la policía local y nacional no ha sido suficiente para resolver el conflicto en Mesuji. Además, los/as campesinos/as enfrentan problemas particulares de acceso a la justicia para buscar amparo contra actos que violen sus derechos básicos. Dentro de las principales dificultades cabe destacar la distancia física de los tribunales y los gastos del litigio; la ausencia de tribunales agrarios en muchos países; la aplicación exclusiva de normas relativas a los códigos civiles y las disposiciones que protegen la propiedad privada al juzgar conflictos agrarios; lagunas en la legislación agraria para proteger los derechos de los/as campesinos/as o la existencia de disposiciones lesivas de éstos; y la criminalización y penalización de luchas sociales. La consecuencia principal de estas dificultades es la impunidad rampante de crímenes y/o violaciones a los derechos humanos de los/as campesinos/as, así como lo demuestra, por ejemplo, el caso del Bajo Aguán en Honduras. Bajo Aguán, Honduras: la impunidad reina en el conflicto agrario más violento de América Latina El sector agropecuario en Honduras contribuye alrededor del 27 % al Producto Interno Bruto (PIB). Más de un tercio del territorio nacional está constituido por tierras cultivables y pastizales. Pese a esa abundante disponibilidad de tierra, gran cantidad de familias continúa sin tener acceso a la tierra y miles de ellas poseen un acceso insuficiente de apenas entre 1 y 3,5 hectáreas. Al mismo tiempo, existe una gran concentración de tierras en manos de algunas familias. Esfuerzos hacia una redistribución de tierras, en particular a través de una reforma agraria iniciada en los años 1960, fueron sucedidos en 1992 por programas de ajustes estructurales y una ley que promovió la venta de tierras del sector reformado y el retiro del Estado en la prestación de servicios. Los/as campesinos/as sin tierra del Bajo Aguán iniciaron negociaciones con las autoridades estatales para acceder a tierras. Producto de la falta de una respuesta clara por la vía legal, en diciembre de 2009 las comunidades campesinas iniciaron la recuperación de tierras para ejercer su derecho a alimentarse. Ante esta situación, se desencadenó una ola de violencia y represión que ha aumentado desde el golpe de estado en 2009. Desde entonces, los movimientos campesinos se han enfrentado a una situación de permanente hostigamiento y atropello tanto de parte de la fuerzas de seguridad pública como de miembros de empresas de seguridad privada. Según las organizaciones internacionales de derechos humanos, desde septiembre de 2009 hasta la fecha se ha constatado el asesinato de 52 personas afiliadas a organizaciones campesinas y de un periodista y su pareja en el contexto del conflicto agrario en el Bajo Aguán. Ninguno de estos crímenes ha sido investigado hasta la fecha y ninguno de los autores ha sido sancionado. Nuevas amenazas para los/as campesinos/as El acceso a los recursos productivos es esencial para los/as campesinos/as y para los esfuerzos de combatir efectivamente el hambre y la pobreza en el mundo. Sin embargo, el acceso ya precario a la tierra y otros recursos está actualmente aún más amenazado por una nueva ola de acaparamiento de tierras. Si bien no se dispone de informaciones exactas, se calcula que por lo menos 70 millones de hectáreas de buena tierra de cultivo han sido transferidas de los/as agricultores/as campesinos/as a corporaciones en los últimos años, y el ritmo de esta tendencia sigue acelerandose. El Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité para la Seguridad Alimentar Mundial (CSA) constató en su segundo informe en 2011 que la inversión a gran escala está menoscabando la seguridad alimentaria, los 3
ingresos, los medios de vida y el medio ambiente de la población local. 4 Los grupos más vulnerables al hambre y la malnutrición también son los que están más afectados por el acaparamiento de tierras. Campesinos/as en el mundo entero también enfrentan problemas relacionados con la degradación de los recursos naturales y el cambio climático. Se calcula que el 90 % de las tierras agrícolas del mundo están siendo usadas para la producción de monocultivos bajo un modelo de agricultura industrial. Los impactos de este modelo de producción son desastrosos: entre los más notables se encuentran la alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y a plagas; la destrucción de la biodiversidad; la salinización de los suelos y la pérdida de fertilidad de los mismos; y el uso excesivo de agua y la contaminación y destrucción de las fuentes hídricas. El último informe de la FAO sobre el estado de las tierras y el agua para la agricultura registra que 25 % de los suelos del mundo se encuentran altamente degradados. Además, la agricultura industrial es responsable por 13,5 % de las emisiones en CO2. Como ya se mencionó arriba, la agricultura campesina ofrece una solución y alternativa sostenible a estos serios problemas, al mismo tiempo que puede aumentas la producción de alimentos si goza del apoyo adecuado. Los/as campesinos/as son también particularmente afectados por los efectos del cambio climático, tales como el aumento de sequías e inundaciones, las lluvias irregulares y los eventos climáticos extremos, la erosión de los suelos y la salinización de aguas subterráneas y de los suelos. Eso expone a la población rural a un riesgo aumentado de inseguridad alimentaria. Niassa, Mozambique: Compañías forestales acaparan tierras de comunidades campesinas Mozambique es uno de los países más pobres del mundo a pesar de un crecimiento económico considerable. El desarrollo del país está muy conectado al sector agropecuario ya que 80 % de la población vive en zonas rurales y 56,9 % de ésta vive bajo el umbral de la pobreza. En las zonas rurales, la agricultura representa la principal fuente de ingresos y la gran mayoría de las tierras del país está en manos de los pequeños agricultores. Después del fin de una larga guerra civil en 1992, las instituciones financieras internacionales impusieron medidas de ajuste estructural que consistieron de privatizaciones, liberalizaciones y el corte del gasto público. Se suponía que las inversiones necesarias serían hechas en adelante por inversionistas extranjeros. El gobierno de Mozambique ha promovido desde entonces la agricultura de grandes plantaciones y las inversiones extranjeras han visto un auge desde el 2000. Según el Banco Mundial, 2,7 millones de hectáreas de tierra han sido transferidas en Mozambique entre 2004 y 2009. La silvicultura ha sido uno de los sectores claves de este auge. Ya que la demanda de madera crece para la producción de papel, de productos de celulosa, como material de construcción y como fuente de energía y para biocombustibles empresas e inversionistas nacionales y extranjeros están buscando oportunidades de hacer negocios, incluyendo en los mercados de carbono. El gobierno de Mozambique ese ha propuesto plantar 1 millón de hectáreas con árboles en los próximos 20 años. En la provincia de Niassa, varias empresas han empezado a establecer plantaciones de pino y eucalipto invadiendo las tierras utilizadas por las comunidades para la producción de alimentos. Los impactos de estos proyectos van de la pérdida de las comunidades campesinas de su acceso a la tierra y al agua a impactos ambientales y al aumento de la inseguridad alimentaria de la población local. A pesar de que la ley de tierra en Mozambique reconoce los derechos consuetudinarios a la tierra, los/as campesinos/as son víctimas de violaciones de sus derechos. La protección vigente no es suficiente A la luz del rol fundamental de los/as campesinos/as en producir alimentos y el aumento de conflictos por la tierra y el agua, así como de las crisis de los precios alimentarios y del medio ambiente, es urgente aumentar los esfuerzos para proteger efectivamente los derechos de los/as campesinos/as y otras 4 Disponible en http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/hlpe-informe-2-tenencia-de-latierra-e-inversiones-julio-2011.pdf. 4
personas que viven en zonas rurales. Los/as campesinos/as, como todos los seres humanos, gozan de la protección de los instrumentos de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por las siglas en inglés) proporciona protección especial a las mujeres rurales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) reconoce los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo aquéllos que son campesinos. El Comité Asesor constata en su estudio que a pesar del marco existente de derechos humanos, campesinos y otras personas viviendo en zonas rurales son víctimas de violaciones múltiples de derechos humanos que tienen por efecto la extrema vulnerabilidad en frente al hambre y la pobreza. Para superar esta situación y avanzar sus derechos, es necesario (a) mejorar la aplicación de las normas internacionales existentes, (b) colmar las lagunas normativas en el derecho internacional de derechos humanos, y (c) elaborar un nuevo instrumento legal sobre los derechos de las personas trabajando en zonas rurales. (A/HRC/19/75, párr. 63). Más concretamente, el Comité Asesor recomienda que el Consejo de Derechos Humanos cree un nuevo procedimiento especial para mejorar la promoción y la protección de los derechos de los/as campesinos/as y otras personas que viven en zonas rurales, y que desarrolle y adopte un nuevo instrumento internacional de derechos humanos sobre los derechos de los/as campesinos/as y otras personas que viven en zonas rurales. (Párr. 74) Todos los Estados deben apoyar una mayor protección de los derechos de los/as campesinos/as La protección de las personas más vulnerables y marginadas es un asunto clave de los derechos humanos. La protección especial de los derechos humanos de los/as campesinos/as es también clave para que los Estados cumplan con sus obligaciones bajo el derecho internacional de derechos humanos. Además, la protección de los derechos de los/as campesinos/as es una precondición para alcanzar la seguridad alimentaria nacional y el ejercicio de la soberanía nacional sobre los recursos naturales. Varios Estados ya han demostrado que están dispuestos a adoptar una resolución que tome medidas concretas para abordar la discriminación en contra de los/as campesinos/as y para aumentar la protección de sus derechos humanos. Otros países todavía guardan reservas o se oponen a esto. Llamamos a todos los Estados a reforzar la protección de los derechos de los/as campesinos/as. Medidas concretas 1. Llamamos a todos/as las organizaciones de la sociedad civil a que urjan a sus gobiernos nacionales a tomar acción y apoyar medidas concretas para la protección de los/as campesinos/as durante la 21a sesión del Consejo de DDHH en septiembre 2012. 2. Urgimos a todos los Estados miembros de la ONU a apoyar la adopción de una resolución durante la 21a sesión del Consejo de DDHH que tome medidas concretas para abordar la discriminación de los/as campesinos/as, en línea con las recomendaciones incluidas en el estudio del Comité Asesor. Esto incluye - Crear un nuevo procedimiento especial para mejorar la promoción y la protección de los derechos de los/as campesinos/as y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Un Relator especial debería, más específicamente, tener el mandato de investigar situaciones específicas de violaciones. - Desarrollar un nuevo instrumento internacional de derechos humanos sobre los derechos de los/as campesinos/as y otras personas trabajando en las zonas rurales. 5