ORO O AGUA, EL DILEMA QUE ENFRENTA HOY LA ECONOMÍA DE PERÚ Un proyecto minero que planea trasladar lagos de montaña genera gran oposición en ese país, lo que pone en riesgo las posibilidades que tiene el Gobierno de financiar su ambiciosa agenda social. Manifestantes se congregan alrededor de una de las lagunas ''amenazadas'' por el proyecto minero Conga. Las marchas contra el proyecto minero se reanudaron esta semana en Cajamarca. La policía peruana desplegó gran número de efectivos para enfrentar las acciones de protesta. Foto: EFE
Efectivos policiales fuertemente armados custodian el terreno donde se emplazaría la mina Conga. LIMA.- La oposición entre inversión minera y comunidades campesinas vuelve a encender la zona del altiplano peruano, en una virtual reedición de los acontecimientos novelados -con base real- por el célebre escritor peruano Manuel Scorza. Esta vez son los habitantes de la zona cercana a un proyecto aurífero valorado en 4.800 millones de dólares quienes se movilizan para tratar de impedirlo, debido a los efectos negativos que tendría, según argumentan, sobre sus suministros de agua. El mes pasado hubo una erupción de protestas campesinas que incluyeron el bloqueo de caminos y la destrucción de equipos industriales. Las manifestaciones volvieron a brotar la semana pasada y se extendieron a la misma ciudad de Cajamarca, con cierres de negocios y concentraciones en plazas públicas. El proyecto Conga es una extensión de la mina de oro a tajo abierto de Yanocha, la más grande en Latinoamérica. La oposición campesina al plan representa el primer reto importante al Presidente Ollanta Humala, quien busca fomentar la industria minera del país Humala asumió la presidencia en julio tras prometer a las mismas personas que protestan ahora contra Conga que él daría prioridad al agua potable sobre la extracción de minerales. Y así lo reiteró durante un acto de campaña que ahora recuerdan los opositores a la mina. "Porque ustedes no beben oro, no comen oro, con respecto a la minería se va a respetar las actividades de las agricultura, la ganadería", dijo entonces.
Una vez que asumió el poder, la disyuntiva que enfrenta el Mandatario peruano surge de un cruce de promesas. Si bien afirmó que respetaría los recursos naturales, especialmente el acceso al agua, por sobre las necesidades mineras, también se comprometió durante su campaña a elevar las pensiones, aumentar el salario mínimo, elevar las inversiones en Educación y Salud y a expandir la electrificación rural, entre otras demandas sociales. Para financiar esos programas, consiguió que la industria minera aceptara un impuesto sobre las ganancias que aportaría más de 1.000 millones de dólares al año. "Es obvio que en esa negociación las empresas no dan un aporte gratis", apunta Carlos Monge, director de la organización sin fines de lucro Revenue Watch Institute, basada en Nueva York. (El proyecto) es un tubo de ensayo sobre el acuerdo al que llegó el gobierno de Humala con los empresarios mineros", añade Julia Cuadros, directora ejecutiva de Cooperacción, una organización que promueve desarrollo sostenible. Y explica que si Conga es suspendido, la confianza de los inversionistas se deterioraría, causando el colapso de la agenda social de Humala. Lagunas amenazadas La oposición local al proyecto es intensa y es encabezada por funcionarios locales. Los críticos dicen que un estudio de impacto ambiental que fue aprobado el año pasado no responde adecuadamente a los potenciales daños que provocaría río abajo el cavar minas a cielo abierto en las laderas de la zona, que se encuentran sobre un importante acuífero. "Van a desaparecer las principales lagunas de la región que son las ultimas que quedan para poder abastecer en los próximos años a la expansión urbana", afirma el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. No sólo serán afectados los alrededor de 7.000 habitantes del área inmediata, sino también decenas de miles de campesinos en los valles cercanos. Santos añadió que también están en riesgo probables fuentes de abastecimientos de agua para programas de forestación y agroecológicos.
Según el proyecto -que abarca una superficie de 2.000 hectáreas en un área donde nacen dos ríos- cuatro reservas de agua artificiales reemplazarán a cuatro pequeños lagos de montaña que van a ser desplazados. La mayor reserva se usará para extraer el metal de la roca triturada y cubierta de cianuro, y será colocada tras barreras que impidan la contaminación. Los otros tres embalses aumentarían a más del doble el agua almacenada y a disposición de las comunidades vecinas, afirma Omar Jabara, portavoz de Newmont Mining Corp, la compañía estadounidense que tiene 51% de la propiedad del proyecto. Yanacocha otra vez Jabara asevera que la compañía está haciendo todo lo posible para que el proyecto no dañe el ambiente y agrega que Conga no puede ser exitoso si afecta adversamente las reservas de agua. Pero los ambientalistas dicen que eso es exactamente lo que sucedió con la mina de Yanacocha, que comenzó a operar en 1993 y produjo tres millones de onzas de oro en su mejor año. Incidentalmente, es esa misma localidad la que Scorza describe en su libro "La tumba del relámpago". En él alude, en un contexto que mezcla realismo y mito, al conflicto que lleva décadas entre comunidades indígenas y grandes compañías. Según organizaciones defensoras del ambiente, las regulaciones de protección de agua en Perú permitieron a la mina contaminar las vías fluviales. Agregan que el proceso regulatorio favorece a los mineros, porque el Ministerio de Minería tiene siempre la última palabra en los estudios de impacto ambiental. "Eso no lo tienes en Chile ni en Colombia ni Ecuador", denuncia Manuel Glave, un respetado economista de Lima. El ministerio del Ambiente hace recomendaciones en el proceso, pero no ha emitido comentarios sobre el proyecto Conga, según la agencia AP. Perú tiene actualmente más de 60 disputas sobre el impacto de la minería en las reservas de agua, de acuerdo con la oficina del defensor del pueblo.
Los problemas de credibilidad de Conga se derivan de la conducta previa del consorcio de Yanacocha, que incluye a la compañía peruana Buenaventura Mining Co. y la International Finance Corporation, describen analistas. En 2000, un derrame de 152 kilos de mercurio atribuido a un contratista de Yanacocha causó problemas de salud a centenares de personas. Líderes comunitarios se quejaron, además, de que sus fuentes de agua se estaban secando o contaminando. El consorcio también enfrentó protestas al comenzar perforaciones exploratorias en el vecino cerro Quilish, y tuvo que abandonar ese proyecto luego de quejas de que afectaría directamente el agua de la capital regional El 61% de los ingresos de Perú provienen de sus exportaciones mineras. El actual auge en los precios de los metales ha alimentado un crecimiento anual de 7% en el último decenio, y Humala heredó un país con más de 40.000 millones de dólares en inversiones en minería que están a la espera de lo que ocurra en el actual conflicto entre el oro y el agua. Noviembre de 2011