BATERÍA DE PROPUESTAS DE LA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS ELECTORALES ELECCIONES GENERALES 2012
PRESENTACIÓN DE LA CEPES La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) 1, constituida en 1992 es una confederación empresarial, de ámbito estatal cuyo carácter intersectorial, la convierte en la máxima institución representativa de la Economía Social en España ya que en la actualidad agrega al 90% del sector, constituyéndose como una plataforma de diálogo institucional con los poderes públicos. CEPES, como organización aglutinadora de las diversas actuaciones económicas existentes bajo el concepto de Economía Social, integra a 29 organizaciones 2. Todas son confederaciones nacionales o autonómicas y grupos empresariales específicos, que representan los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Asociaciones del sector de la discapacidad y Cofradías de Pescadores. Estas organizaciones cuentan con más de 200 estructuras de apoyo a nivel autonómico. 1 Para ampliar la información al respecto: www.cepes.es 2 En el marco de CEPES, están Asociados 29 miembros, máximos representantes del Sector de la Economía Social, tanto de ámbito Estatal como Autonómico, así como Grupos Empresariales Específicos de la Economía Social. Son socios miembros de CEPES las siguientes entidades: AFEM: Asociación FEAPS para el Empleo; COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS: Confederación de Cooperativas Agrarias de España; CERMI: Comité Español de Representantes de Minusválidos; CNEPS: Confederación Española de Mutualidades; COCETA: Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado; CONCOVI: Confederación de Cooperativas de Viviendas de España; CONFESAL: Confederación Empresarial de Sociedades Laborales; FAEDEI: Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de inserción; REAS: Red de Economía Alternativa y Solidaria; FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES; HISPACOOP: Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios; ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España; UCOTRANS: Unión de Cooperativas de Transporte; UECOE: Unión Española de Cooperativas de Enseñanza; UNACOMAR: Unión Nacional de Cooperativas del Mar; CCC: Confederación de Cooperativas de Cataluña; KONFEKOOP: Confederación de Cooperativas de Euskadi; CEPES-ANDALUCIA: Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía; FECOMA: Federación de Cooperativas de Madrid; CEPES EXTREMADURA: Confederación de entidades para la Economía Social y autónomos de Extremadura; CEPES NAVARRA; CONFEDERACION de COOPERATIVAS COMUNIDAD VALENCIANA; FUNDOSA GRUPO; GRUPO ASCES: Asociación para la cooperación de la Economía Social); GRUPO ATLANTIS; MONDRAGÓN CORPORACIÓN COOPERATIVA; FUNDACIÓN SPRIU; UNIDE: Unión de Detallistas Españoles; y GRUPO CLADE 2
Según los datos disponibles en el Informe de la Economía Social en España 2009-2010 3, la Economía Social aglutinada en CEPES representa los intereses de casi 2.400.000 trabajadores (12,4% del empleo). La facturación conjunta del sector alcanzó los 92.500 millones de euros (cercana al 10% del PIB), por parte de las más de 45.000 empresas vinculadas a la Economía Social, y más de 12 millones de personas asociadas a las diferentes entidades de la Economía Social. 3 http://www.cepes.es/media/docs/anuario_cepes_2010.pdf 3
La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social reconoce formalmente por primera vez en un texto normativo (artículo 4) cuáles son los principios orientadores de las entidades de la Economía Social. En primer lugar, la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social. Asimismo, la aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad. Las empresas de Economía Social promueven la solidaridad interna y con la sociedad para favorecer el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. Y, por último, son entidades independientes respecto a los poderes públicos. 4
Es importante resaltar, que a pesar de sus especiales características de funcionamiento, son empresas que actúan en todos los sectores económicos y son de todos los tamaños. Hay desde grandes Grupos Empresariales a medianas y pequeñas empresas. Sus valores y su apuesta por dar solución a determinadas situaciones socios económicas, viene reconociéndose desde hace mucho tiempo, no sólo por diferentes Instancias de la Administración Española, sino, por las Instituciones Comunitarias 4. Así, en los últimos diez años el valor añadido de estas empresas se ha reconocido en más de 170 documentos oficiales europeos, en los cuáles se hace referencia a las empresas de Economía Social. Documentos que tratan desde las políticas de empleo, pasando por las de inclusión social, fomento del espíritu empresarial, la relativas a los servicios sociales de interés general o a la Responsabilidad Social de las empresas, por indicar algunos. Resaltando la importancia del Informe Toia aprobado por el Parlamento Europeo y el Dictamen del CESE sobre distintas formas de empresa. Las empresas de la Economía Social se han consolidado en los últimos años como instituciones claves en la economía y la sociedad actual. La contribución de estas empresas en el conjunto de la economía, tanto en el desarrollo de la actividad como en la creación de empleo, es hoy indiscutible y son una apuesta de futuro para el nuevo modelo de economía sostenible y de cohesión social y territorial. Las anteriores afirmaciones se muestran incuestionables cuando realizamos una aproximación a los últimos datos sobre el comportamiento de las diferentes fórmulas empresariales de la Economía Social en cuanto al mantenimiento y creación de empleo y empresas en los momentos de crisis. Continuando en una senda de crecimiento, según la evolución actual de nuestras empresas, en el año 2010 el nivel de crecimiento en empleo estimado se ha vuelto a incrementar respecto al 2009 en un cinco por ciento. Asimismo, si comparamos los datos con las empresas más tradicionales, se observa que las empresas de la Economía Social están resistiendo mejor la destrucción del empleo que las empresas tradicionales 4 Recientemente, el Parlamento Europeo (Resolución de 8 septiembre de 2010 sobre las Directrices para las políticas de empleo de los estados Miembro) ha instado a la Unión Europea y a sus Estados miembros a tener en cuenta a las empresas de Economía Social y a la diversidad de formas de empresa en las futuras políticas de empleo. Esta propuesta del Parlamento Europeo aprobada por amplia mayoría (566 votos a favor, 59 en contra y 66 abstenciones) incluye 50 enmiendas a la propuesta de líneas directrices de empleo de la Comisión Europea, que marcarán las políticas de empleo de los Estados miembros, las cuáles se enmarcan dentro de la Estrategia UE 2020 que definirá el modelo económico de Europa para el próximo decenio. 5
alcanzando en algunos sectores como la agricultura y la industria porcentajes interanuales positivos del 4,4% y del 0,2% respectivamente. Además mientras que en el año 2010 se disolvió un 6% más de empresas tradicionales que en 2009, en la Economía Social este porcentaje se reduce al 2.7%. Desde que la crisis comenzara a manifestar sus primeros efectos en el tejido económico y productivo del país, CEPES adoptó una actitud proactiva mediante la elaboración de diversas propuestas y aportaciones con el fin de ser parte de la solución, convirtiéndose en una de las primeras organizaciones en presentar una batería de medidas para paliar los efectos de la crisis y fomentar el mantenimiento del empleo en las empresas de Economía Social. Las baterías de medidas y propuestas de los meses de Septiembre de 2008, Mayo de 2009 y Mayo 2010, tuvieron su continuidad con las aportaciones en el proceso de consulta para la elaboración del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, Proyecto de Ley de Reforma de las Políticas Activas de Empleo y, en el ámbito europeo, contribuyendo a los objetivos del Plan de Recuperación Económica, a la revisión de la Estrategia de Lisboa y a la elaboración de la Agenda Europea 2020. Por todo ello y de cara al desarrollo de la próxima legislatura, que entendemos clave para afianzar el proceso de recuperación económica que necesita el país, desde CEPES queremos trasladar a los partidos políticos una serie de medidas que apuestan por fomentar, potenciar y defender que otro modelo de empresa y de empleo estable y de calidad es posible, empresas que contribuirán a diseñar soluciones inmediatas, y también a medio y largo plazo, que posicionen de nuevo la economía española en la senda del crecimiento y la generación de empleo. Por este motivo, sometemos a la consideración de los grupos políticos la conveniencia de incorporar a los programas electorales de los partidos para las elecciones generales 2012 las 30 medidas que adjuntamos, relativas a diferentes bloques temáticos como: mejora y competitividad de las empresas; creación y mantenimiento de empleo; participación institucional y legislación; desarrollo local; inclusión laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social; sistemas de previsión social complementarios; mejora de los procesos formativos; cooperación al desarrollo; sector de la dependencia; sector energético, etc. 6
MEDIDAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL A LOS PROGRAMAS ELECTORALES 2012 La Confederación Empresarial Española de la Economía, propone a los diferentes Partidos Políticos, 30 medidas, las cuales no sólo pretenden mejorar y fortalecer a las empresas de Economía Social, sino esperan contribuir a mantener y crear empleo para los próximos ejercicios. Concretamente las 30 medidas se enmarcan en los siguientes ESCENARIOS: MEDIDAS PARA LA MEJORA Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL, ASÍ COMO PARA POTENCIAR LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO MEDIDAS PARA POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL MEDIDAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO MEDIDAS PARA POTENCIAR LAS EMPRESAS DE INSERCION MEDIDAS PARA POTENCIAR EL DESARROLLO LOCAL MEDIDAS PARA MEJORAR LA INCLUSIÓN LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIDAS PARA PROMOVER LAS MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL MEDIDAS PARA MEJORAR E IMPLANTAR POLÍTICAS EN MATERIA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y MEJORA DE LOS PROCESOS FORMATIVOS MEDIDAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA COOPERACION AL DESARROLLO MEDIDAS PARA POTENCIAR LA PRESENCIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL SECTOR DE LA DEPENDENCIA MEDIDAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN EL SECTOR ENERGÉTICO 7
MEDIDAS PARA LA MEJORA Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL, ASÍ COMO PARA POTENCIAR LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 1 Desarrollar acciones, iniciativas de mediación e incentivos fiscales que favorezcan la concentración empresarial en las empresas de Economía Social y la continuidad de las mismas, así como el ahorro y la acumulación de capital para estos fines. 2- Promocionar y potenciar el establecimiento de alianzas, fusiones y consorcios, que tiendan a dotar a las entidades y empresas de economía social de una dimensión de actuación adecuada, facilitando la creación de plataformas empresariales que posibiliten una mejor intercooperación y creen sinergias que mejoren su capacidad competitiva. Asimismo se propone impulsar redes de negocio mediante el fomento de encuentros empresariales, mediante: - Ayudas directas a entidades representativas de la economía social, para la creación de plataformas empresariales que posibiliten la intercooperación, creando sinergias que mejoren la capacidad competitiva de las empresas de economía social. - Ayudas al proyecto de creación de la nueva estructura así como para la contratación del personal directivo que las dirija. 3- Establecimiento de medidas de apoyo y de creación de planes de recuperación empresarial en empresas de economía social con dificultades o que actúen en sectores en crisis, con el fin de evitar que puedan quedar sin trabajo los emprendedores y de suavizar la sensación de fracaso, especialmente en el medio rural por sus negativas repercusiones en el desarrollo de la capacidad de emprender. Asimismo, y con el fin de facilitar el mantenimiento del empleo y evitar el cierre de empresas con fórmulas mercantiles, se propone: - Desarrollar ayudas que permitan una ágil transformación de empresas mercantiles en cooperativas y sociedades laborales. - Modificación del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores: empresas en 8
crisis convertidas a Economía Social no arrastren deudas anteriores. 4- Facilitar el acceso a una financiación adecuada, que inyecte liquidez a las empresas a través de convenios con Entidades financieras, ICO, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Ministerio de Industria, ENISA, creación de fondos para el mantenimiento del empleo, etc. 5- Proteger a las pequeñas y micro-empresas de la Economía Social de la morosidad, de las prácticas abusivas en mercados con concentración y del efecto negativo de las deudas de la Administración. Se propone articular líneas financieras efectivas para que las Pymes no se vean perjudicadas (descuentos pagarés). 6- Diseñar medidas que refuercen las fórmulas de autoempleo no sólo individual, sino también el autoempleo basado en la acción colectiva de varias personas a través de formas de empresas de Economía Social, como las cooperativas y las sociedades laborales. 7- Potenciar la aplicación efectiva de cláusulas sociales para el acceso a los concursos públicos basados en compromisos efectivos de creación de empleo, desarrollo local, cohesión social, RSE etc. Según establece la disposición adicional sexta de la Ley 30/2007, los órganos de contratación señalarán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas que cumplan la cuota de reserva de trabajadores con discapacidad y para aquellas empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social (Empresas de Inserción y Cooperativas de iniciativa Social). Igualmente se propone establecer cláusulas sociales que aseguren un comportamiento acorde con los valores de la RSE en los contratos públicos de las administraciones públicas dirigidos a la prestación de servicios de proximidad o a la atención de personas con problemas de autonomía personal (dependencia), especialmente si es para la concesión de Residencias o Centros de Día. 9
MEDIDAS PARA POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL 8- Articular los mecanismos necesarios para que la Economía Social participe en todas las Administraciones donde se diseñen políticas públicas. En consecuencia de la consideración establecida por la Ley de Economía Social, del fomento de la Economía Social como actividad de interés general y, en aplicación del artículo 129 de la Constitución. En este sentido, CEPES propone que la Economía Social esté presente en la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en el Consejo General de Formación Profesional, en el Consejo Escolar del Estado, así como en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. 9- Generar mecanismos de diálogo permanentes entre el Gobierno y CEPES para la elaboración anual de los Programas de Reforma de manera que la Economía Social pueda contribuir de manera efectiva a realizar propuestas y contribuya a los objetivos a los que se ha comprometido España como Estado miembro de la Unión Europea. 10
MEDIDAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO 10- Analizar las reformas a realizar en leyes, órdenes y decretos de tal forma que no se discrimine negativamente a las empresas de Economía Social frente a otras formas de empresa sino que se incentive su desarrollo y difusión. Tal y como establece la disposición adicional segunda de la Ley 5/2011 de Economía Social 11- Reforma de la Ley de Sociedades Laborales para adaptarla a las exigencias del mercado y mejorar la competitividad de las sociedades laborales. 12- Reforma de la Ley 27/1999 de Cooperativas y de la Ley 20/1990 Fiscal de las cooperativas, para adaptarlas a la exigencia del mercado, mejorando la competitividad de las cooperativas. Asimismo debe adecuarse la legislación estatal y autonómica para posibilitar que las cooperativas decidan su estructura financiera en función de los nuevos criterios contables 13- Aplicabilidad de una reducción lineal en el Impuesto de Sociedades a las empresas cooperativas y sociedades laborales que creen y/o mantengan el empleo, tal y como se ha previsto para el resto de sociedades. 14.-Desarrollo del catálogo de entidades de Economía Social, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 5/2011. 15.- Aprobación por parte del Gobierno, antes del 30 de Octubre, del Programa de impulso de las entidades de Economía Social, con especial atención a las de singular arraigo en su entorno y a las que generen empleo para sectores más desfavorecidos, según establece la Disposición Adicional Séptima de la Ley 5/2011. En concreto, este Programa de impulso ha de recoger necesariamente la revisión de la normativa necesaria para eliminar limitaciones y trabas injustificadas para que las empresas de Economía Social operen en cualquier actividad económica; así como la revisión de la normativa de desarrollo de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, con el objeto de simplificar los procedimientos regulados en la misma. 11
MEDIDAS PARA POTENCIAR LAS EMPRESAS DE INSERCION 16- Implementar la incentivación de la contratación de personas en riesgo de exclusión social por parte de las Empresas de Inserción mediante el incremento de las bonificaciones de esos contratos. Se propone implementar esta medida a la mayor brevedad posible, además de otros incentivos fiscales, para hacer más atractiva este tipo de contrataciones, incrementar su número y mejorar su marco de actuación con el sostenimiento de las estructuras de empleo través de las siguientes propuestas: - Bonificación del 100% del coste de la Seguridad Social de los trabajadores/as de inserción que se contratan en estas empresas. - Bonificación del 100% del Impuesto de Sociedades, puesto que en caso de existir beneficios, estos se reinvierten en la propia estructura. - Creación de una partida presupuestaria para dotar de ayudas económicas a las empresas de inserción, que compensen los costes adicionales del empleo de trabajadores/as desfavorecidos/as. - Exonerar del Impuesto de Actividades Económicas. - Crear una línea ICO específica para resolver los problemas de aval y liquidez de las empresas de inserción. - Incentivar a las empresas ordinarias que contraten personas que han trabajado en las empresas de inserción al ser éstas de transito y tener un tiempo de estancia máxima de tres años. 12
MEDIDAS PARA POTENCIAR EL DESARROLLO LOCAL 17- Establecer medidas de apoyo para la promoción de la participación de las empresas de Economía Social en los programas de desarrollo local, así como el fomento del autoempleo colectivo como fórmula de creación de empleo estable, impulsando el reconocimiento del papel de la Economía Social en las estrategias para el desarrollo local. En colaboración con las Federación de Municipios y Provincias y las Organizaciones de Economía Social, se propone establecer instrumentos de colaboración para facilitar la información y los medios necesarios a los Agentes de Desarrollo Local de los Ayuntamientos para que promocionen la constitución de empresas de Economía Social. 13
MEDIDAS PARA MEJORAR LA INCLUSIÓN LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 18- Aprobar en la próxima Legislatura una nueva Ley de Promoción de la Inclusión Laboral de las personas con discapacidad, que renueve el marco normativo, programático, de acción y presupuestario de las políticas activas de empleo y sociales dirigidas a este grupo social. 19- Modificación legislativa (Ley de Contratos del Sector Público) para que en la contratación pública se exija a los licitadores que acrediten el cumplimiento legal de la reserva de puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad, como requisito de admisibilidad en los procedimientos. 20- Modificación normativa (Ley general de Subvenciones), para establecer la prohibición de otorgar ningún tipo de ayuda pública incluidas subvenciones a empresas y entidades que estando obligadas no acrediten el cumplimiento de la cuota de reserva para personas con discapacidad. 21- Modificación normativa (Ley de Contratos del Sector Público) para establecer que todos los órganos contratantes de las Administraciones Públicas (legislación básica) estén obligados a reservar el 10% de los contratos públicos que convoquen anualmente a favor de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y sin ánimo de lucro, así como realizar la modificación normativa en ese mismo articulado para posibilitar la reserva de contratos a las Empresas de Inserción y las Cooperativas de Iniciativa Social. 14
MEDIDAS PARA PROMOVER LAS MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL 22- Promover una Ley de Previsión Social Complementaria. Se propone un desarrollo normativo conjunto de los sistemas de previsión social complementaria a la Seguridad Social pública. Con esta iniciativa se reforzarán los pilares que sostienen a la misma, ya que la regulación conjunta de los instrumentos de previsión social, contribuirá a la adecuación normativa, evitando la dispersión actual y dotando de estabilidad y coherencia a unas normas y leyes extremadamente cambiantes en la actualidad, que en nada contribuyen al desarrollo de la previsión social complementaria. Para llegar a ello, es necesario tener en cuenta a todos los estamentos que participan en la previsión social complementaria y es fundamental contar con una mayor sensibilización política hacia esta materia. 23- Implantar incentivos fiscales para el ahorro previsión. El incentivo fiscal para el ahorro finalista destinado a la jubilación, se ha demostrado como algo eficaz y absolutamente necesario para incentivar el mismo entre los ciudadanos. Proponemos que se lleve a cabo en una triple vía: Mejora de las reducciones en la base imponible del I.R.P.F. y en consecuencia, un aumento del límite de aportaciones hasta ahora existente. Homogeneización fiscal entre instrumentos de previsión, de forma que se consiga la neutralidad impositiva, independientemente de la forma jurídica, elegida por los ciudadanos para canalizar su ahorro. Recuperación de la deducción en el Impuesto de Sociedades por las aportaciones empresariales a Mutualidades de Previsión Social y Planes de Pensiones a favor de los trabajadores. 24- Aplicación de la directiva solvencia II a las mutualidades de empleo o de trabajadores. La Directiva 2003/41/CE relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, dispuso en su artículo 4, la aplicación facultativa de la misma a determinadas entidades que desarrollaran actividades de prestaciones 15
ocupacionales de jubilación que estuvieran reguladas en la Directiva 2002/83/CE (del seguro de vida), entre las que se incluyen las denominadas Mutualidades de empleo o de trabajadores, que son aquellas, tal y como reza el artículo 2.3. del Reglamento de Mutualidades de Previsión Social en las que todos sus mutualistas son empleados, sus protectores o promotores son las empresas, instituciones o empresarios individuales en las cuales presten sus servicios y las prestaciones que se otorguen sean únicamente consecuencia de acuerdos de previsión entre éstas y aquéllos. Se entenderá entonces que la Mutualidad de Previsión Social actúa como instrumento de previsión social empresarial. Por todo lo anterior se hace necesario un tratamiento específico de la aplicación de Solvencia II, para las Mutualidades de Previsión Social y en concreto para aquellas que garantizan el ahorro previsión de sus mutualistas a través de unas coberturas o productos que no se corresponden con los de una aseguradora tradicional. En consecuencia las Mutualidades de Previsión Social ubicadas en el ámbito empresarial realizan la actividad definida en la Directiva sobre fondos de pensiones de empleo, instituciones que no están en el marco de Solvencia II y por ello y de igual forma, las Mutualidades de Previsión Social de empleo o trabajadores tampoco deberían estar en dicho marco. 16
MEDIDAS PARA MEJORAR E IMPLANTAR POLÍTICAS EN MATERIA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y MEJORA DE LOS PROCESOS FORMATIVOS 25- Establecimiento de una Comisión de Seguimiento a nivel estatal, en el marco de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), para organizar la participación institucional del sector en relación a las convocatorias específicas de Planes de Economía Social, que hasta ahora no cuentan con ningún canal de comunicación, participación, interlocución. Así como dotar a esa Comisión de Seguimiento de uno servicios de asistencia técnica, dentro de la estructura de la Fundación Tripartita para la formación en el empleo, que permita a las entidades que participan en esa línea de formación contar con los recursos necesarios para la correcta gestión y ejecución de los planes de formación. 26- Ajustar mejor las titulaciones y enseñanzas a los perfiles profesionales demandados por el mercado laboral y el sistema productivo. Asimismo, se propone hacer una seguimiento de las medidas contempladas en el RD 3/2011 sobre las políticas activas de empleo. 27- Incorporar en los diferentes programas de formación ocupacional, continua y reglada, especialmente en la Universidad y en la formación profesional, módulos formativos que sensibilicen y expliciten de las ventajas sociales y económicas de la constitución de empresas de economía social, Asimismo, promover cátedras de especializadas en Economía Social en las Universidades con titulaciones científicas y técnicas. 17
MEDIDAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA COOPERACION AL DESARROLLO 28- Promover una reforma de la Ley de Cooperación de 1998 que permita consolidar la puesta por la cooperación española al desarrollo y adaptarla al nuevo contexto, reconociendo expresamente a la Economía Social como un actor que contribuye efectivamente a la lucha contra la pobreza. 18
MEDIDAS PARA POTENCIAR LA PRESENCIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL SECTOR DE LA DEPENDENCIA 29- Establecer un marco claro y estable de relación entre el sector público y el privado en la provisión y desarrollo de servicios de atención a la dependencia, en especial en torno al papel que cada parte ha de tener en los planes de desarrollo de infraestructuras y servicios (obra nueva y actuaciones de adaptación y rehabilitación, así como puesta a disposición del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia a través de la concertación de la gran cantidad de plazas vacías). La Ley de la Dependencia establece la colaboración y la cooperación entre el sector público y el privado para optimizar así los recursos públicos y privados disponibles, y en ese marco se debe facilitar que las Empresas de Economía Social operen en el mismo como proveedores y prestadores de servicios, por el valor añadido que aportan en forma de contribución a la autonomía económica y personal, a la inserción sociolaboral de personas con dificultades de empleabilidad, a la no deslocalización de las estructuras de empleo que se generan, así como su contribución a la eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Entre las medidas que faciliten la participación de las empresas de Economía Social en el sistema, se propone incluir el desarrollo de cláusulas sociales de contratación que permitan que el valor diferencial de la Economía Social sea tenido en cuenta en los procesos de contratación pública, además de eliminar las trabas y condiciones discriminatorias negativas que pueden impedir o perjudicar la competitividad de algunas de estas empresas en su acceso al sistema. 19
MEDIDAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN EL SECTOR ENERGÉTICO 30- Potenciar medidas para mejorar la participación de las empresas de Economía Social en el Plan de Energías Renovables que fijarán la estrategia y objetivos energéticos en tecnologías renovables para el próximo decenio (biocarburantes Biogas, Biomasa, Energía Eólica y Termosolar). 20