5. ESPECIAL REFERENCIA A LA NUEVA PENA DE PRISIÓN

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nal. La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado. Legalmente, cumplida esa primera parte mínima de la pena, si el Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control para garantizar la seguridad de la sociedad y asistir al penado en la fase final de su reinserción. Por tanto, la pena de prisión permanente revisable no constituye una suerte de pena definitiva, sino que compatibiliza una respuesta penal ajustada a la gravedad del delito cometido, con el fin de reeducación al que debe orientarse la ejecución de la pena de prisión. CONCEPTO Y SIGNIFICACIÓN LEGAL DE LA PENA DE Este modelo de pena, está extendido en el Derecho Europeo, y la misma ha sido considerada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como ajustada a la Convención Europea de Derechos Humanos, el cual ha declarado en Sentencia de 12 de Febrero de 2015, entre otras, que cuando la Ley Nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio. La pena de prisión permanente revisable conlleva el cumplimiento íntegro de la pena de privación de libertad durante un periodo de tiempo que oscila entre los veinticinco y los treinta y cinco años, dependiendo de que la condena sea por uno o varios delitos, o de que se trate de delitos terroristas. Según la Exposición de Motivos de la L.O. 1/2015, de 30 de Marzo, de reforma del Código Penal, para la revisión de la prisión se establece un doble régimen. Cumplida una parte de la condena que oscila entre 25 y 35 años de condena, el Tribunal deberá revisar de oficio si la prisión debe ser mantenida cada dos años; y lo hará también siempre que el penado lo solicite, si bien tras la desestimación de una petición podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes. El sistema de revisión que podría permitir la puesta en libertad del condenado operaría si éste cumple los requisitos expuestos en el Art. 92, apartados 1 y 2 del Código Penal. Conforme al C. Penal vigente, solamente podrá imponerse la pena de prisión permanente revisable por la comisión de alguno de los siguientes delitos: DELITOS CASTIGADOS CON LA PENA A) El asesinato cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1.ª Que la víctima sea menor de dieciséis años o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. 2.ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima. 3.ª Que el delito se cometa por quien pertenezca a grupo u organización criminal. 4.ª Que el reo hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas. (Art. 140. 1 y 2 del C. Penal). B) El homicidio del Rey o de la Reina o del Príncipe o de la Princesa de Asturias. (Art. 485 del C. Penal). DERECHO PENAL 37 IGNACIO G. CH.

DELITOS CASTIGADOS CON LA PENA C) El homicidio del Jefe de un Estado extranjero, o de otra persona internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle en España. (Art. 605 del C. Penal). D) Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, mataran, agredieran sexualmente o produjeran alguna de las lesiones previstas en el Art. 149 a alguno de sus miembros. (Art. 607 del C. Penal). E) Los reos del delito de lesa humanidad, si causaran la muerte de alguna persona. (Art. 607 bis del C. Penal). La pena de prisión permanente revisable siempre tendrá naturaleza de pena grave. En este sentido, el Art. 33 del C. Penal señala: 2. Son penas graves: a) La prisión permanente revisable. El Art. 35 del C. Penal, la incluye dentro de las penas privativas de libertad, al señalar que Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este Código. Por su parte el Art. 70.4 del C. Penal establece que la pena inferior en grado a la prisión permanente revisable es la pena de prisión de veinte a treinta años. DURACIÓN Y REVISIÓN DE LA PENA En cuanto a su duración y posibilidades de revisión, indica el Art. 36 que La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 92. La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el Tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse: a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código. b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos. En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años de prisión, en el previsto en la letra b). Como supuesto extraordinario de revisión y progresión a tercer grado, por motivos de salud y edad, señala el punto 3 del Art. 36 que En todo caso, el Tribunal o el Juez de Vigilancia Penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa peligrosidad. APLICACIÓN DE LA PENA EN EL CASO DE CONCURSO REAL DE DELITOS El Art. 76 del C. Penal, establece los criterios para fijar el límite máximo de cumplimiento de penas en el supuesto de que una persona sea condenada por dos o más delitos. Este precepto, letra e) en el apartado 1 señala como límite de cumplimiento de condena lo siguiente: e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la Ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los Art. 92 y 78 bis. En este sentido, el punto 2 de este artículo indica: La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los IGNACIO G. CH. 38 DERECHO PENAL

que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar. Este principio de aplicación general a todos los supuestos del Art. 76, también es aplicable al supuesto en que uno de los delitos por los que se condena al sujeto esté castigado con pena de prisión permanente revisable, aunque el artículo remita a los Arts. 78 bis y 92. APLICACIÓN DE LA PENA EN EL CASO DE CONCURSO REAL DE DELITOS En todo caso, por remisión del Art. 76, en los supuestos de concurso real de delitos en los que uno de ellos esté castigado con la pena de prisión permanente revisable, los criterios legales para el acceso al tercer grado son de acuerdo con el Art. 78 bis los siguientes: 1. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la Ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento: a) De un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años. b) De un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años. c) De un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más. Por otra parte, una vez regulados los criterios para acceso al tercer grado, este precepto, en su punto segundo, regula los criterios para alcanzar la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta, (supuesto que en el resto de penas de prisión, podría compararse con la libertad provisional). En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido: a) Un mínimo de veinticinco años de prisión, en los supuestos a los que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior. b) Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) del apartado anterior. Este artículo, y sin olvidar que nos encontramos en los supuestos de concurso real de delitos, establece una regulación excepcional en los casos de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, tanto para el acceso al tercer grado como para obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena: Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y dos años de prisión en el de la letra c). En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido un mínimo de veintiocho años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y cinco años de prisión en el de la letra c). DERECHO PENAL 39 IGNACIO G. CH.

En el Art. 92.2 del Código Penal se prevé que el procedimiento para decidir sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable, será de carácter oral y contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado asistido por su Abogado. Es importante señalar que no se prevé en la Ley la intervención en este proceso de la víctima del o de los delitos. La Exposición de Motivos de la L.O. 1/2015, de 30 de Marzo señala que Se introduce la regulación del régimen de revisión de la prisión permanente revisable como un supuesto de libertad condicional o de suspensión de la ejecución de la pena. Si el Tribunal concede la libertad, fija un plazo de suspensión de la ejecución durante el cual el penado queda sujeto a condiciones: el incumplimiento de las mismas o la comisión de nuevos delitos determina durante este período de suspensión, la revocación de la misma y el reingreso del penado en prisión. En consecuencia, para la revisión de la prisión se establece un doble régimen. Cumplida una parte de la condena que oscila entre veinticinco y treinta y cinco años de condena, el Tribunal deberá revisar de oficio si la prisión debe ser mantenida cada dos años; y lo hará también siempre que el penado lo solicite, si bien tras la desestimación de una petición podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE Los criterios legales de aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena, aparecen fijados en el Art. 92 del Código Penal, que, en relación a la regla general, tiene la siguiente redacción: 1. El Tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 78 bis para los casos regulados en el mismo. b) Que se encuentre clasificado en tercer grado. c) Que el Tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el Centro Penitenciario y por aquellos Especialistas que el propio Tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social. En el caso de que el penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los requisitos a que se refiere la letra c) se realizará valorando en su conjunto todos los delitos cometidos. El Tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable tras un procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su Abogado. En los casos de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, las condiciones establecidas por el artículo referido en su punto 2, son las siguientes: Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, será IGNACIO G. CH. 40 DERECHO PENAL

además necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las Autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las Autoridades. En cuanto al plazo de suspensión, se establece lo siguiente: SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE 3. La suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años. El plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado. Son aplicables las normas contenidas en el párrafo segundo del apartado 1 del Art. 80 y en los Arts. 83, 86, 87 y 91 C. Penal. El Juez o Tribunal, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al Art. 83, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas, o el alzamiento de las mismas. Asimismo, el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada. Finalmente, en relación al procedimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos para mantener la libertad condicional, establece el Art. 92 que Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a) del apartado 1 de este artículo o, en su caso, en el Art. 78 bis, el Tribunal deberá verificar, al menos cada dos años, el cumplimiento del resto de requisitos de la libertad condicional. El Tribunal resolverá también las peticiones de concesión de la libertad condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no se dará curso a sus nuevas solicitudes. FIN DEL TEMA III DERECHO PENAL 41 IGNACIO G. CH.