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EQ-0835/2013 Resolución dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, por exclusión de niño menor de tres años, del servicio de escuela infantil municipal por motivo de discapacidad. Excelentísimo señor: Nuevamente nos dirigimos a V.E. en relación con el expediente de queja que se tramita en esta institución con la referencia indicada en el encabezamiento, referido a la exclusión de niño del servicio de escuela infantil por razón de su discapacidad. Una vez llevada a cabo la correspondiente investigación, constan los siguientes A N T E C E D E N T E S I. Con fecha 17 de julio de 2013, el padre del menor xxxxxx, presenta queja en nuestra institución, señalando que su hijo de 2 años y 4 meses, había sido excluido de las Escuelas Infantiles de San Cristóbal de La Laguna para el curso 2013-2012, motivándose su exclusión de conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.b) del Reglamento de Escuelas Infantiles Municipales, que dice textualmente lo siguiente: 2. Las funciones de la Comisión serán, principalmente: b) Valorar todas las solicitudes de menores que presenten un porcentaje de minusvalía que sea compatible con el equipamiento, los recursos humanos y el proyecto educativo. II. Admitida a trámite la queja y solicitado informe a ese Ayuntamiento el 2 agosto de 2013, con registro de salida nuestro número 6633, se recibe respuesta en fecha 17 de septiembre de 2013, que entre otras cosas incorpora la siguiente documentación: - Solicitud de plaza en escuela infantil La Verdellada, de fecha 26 de marzo de 2013, presentada por la madre de los menores, para sus dos hijos xxxxx y xxxxxxxxx, ambos nacidos el mismo día 14 de marzo de 2011. - Informe Social, realizado por la Trabajadora Social de ese Ayuntamiento, que señala entre otras cosas lo siguiente: El carácter de unidad familiar numerosa compuesta de cuatro miembros, la solicitante y su esposo, y dos hijos mellizos, menores de edad. El menor xxxx presenta una discapacidad del 67%, por parálisis cerebral, precisando según informe médico adjunto de un auxiliar para desplazarse y realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Se valora conceder plaza en la Escuela Infantil Municipal para sus hijos ya que redundaría en su proceso madurativo y en su socialización, además de facilitar la inserción laboral de su madre. Como característica socio-económica de la unidad familiar tenemos que la única fuente de ingresos es la nómina del padre, en una vivienda en régimen de hipoteca. Al final del informe, en la valoración profesional indica: Considera Procedente la concesión de la Plaza en la Escuela Infantil Solicitada, ya que cumple los requisitos establecidos en los Artículos 3º, 8º, 9º y 10º del Reglamento Regulador de las Escuelas Infantiles Municipales, aprobado en Decreto del 14 de octubre de 2010, y publicada su modificación parcial en el número 177 del Boletín Oficial de la Provincia de fecha 19 de diciembre de 2012. Según el artículo 7.2.b) del Reglamento, se somete a valoración de la Comisión Técnica, Evaluadora y de Seguimiento de las Escuelas Infantiles Municipales, con el fin de valorar la compatibilidad de la discapacidad del menor con el equipamiento, los recursos humanos y el proyecto educativo. - Informe técnico de baremación de la solicitud, donde se tiene en cuenta la situación laboral, socio-familiar y económica de la solicitante (madre), con el resultado siguiente: Situación Laboral Situación socio-familiar Situación Económica Puntuación total 1 punto 8 + 0,5 puntos 4 puntos 13,5 puntos solo en referencia al menor xxxx. - Anuncio del 26 de julio de 2013 por el que se hace pública la lista definitiva de admitidos, excluidos y reservas de plazas en las Escuelas Infantiles Municipales para el curso escolar 2013-2014: En relación con el menor (con discapacidad) se señala la situación de excluido, según artículo 7.2.b) del Reglamento. - Recurso de reposición presentado por el padre de los menores, de fecha 2 de agosto de 2013. - Desestimación del recurso de reposición, de fecha 8 de agosto de 2013. A la vista de los hechos reseñados, esta institución estima necesario realizar las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S Primera.- Según el artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, publicado el instrumento de ratificación en el Boletín Oficial del Estado Núm. 96, del 21 de abril de 2008, vigente de forma general y para España desde el 3 de mayo de 2008, las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva en todas las etapas de su vida, debiendo los Estados Partes, establecer los apoyos y medidas que le ayuden a ejercer ese derecho en igualdad de condiciones que las demás personas. Segunda.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, apuesta decididamente por los principios de normalización, inclusión, no discriminación e igualdad en el acceso y permanencia en el sistema educativo. Tercera.- El Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, al establecer los principios pedagógicos del ciclo establece que la intervención educativa favorecerá el desarrollo de las potencialidades y las competencias, ajustándolas a sus necesidades de apoyo. Cuarta.- Sorprende a este Comisionado Parlamentario: que tanto en el Reglamento Regulador de las Escuelas Infantiles Municipales de 31 de diciembre de 2010, como en su modificación, del 11 de octubre de 2011; en los escritos dirigidos a los padres desde el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida; en los trabajos de la Comisión Técnica de Valoración y Seguimiento del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida; y también, en el informe técnico que fundamenta la desestimación del recurso de reposición presentado por el padre del menor, se sigan utilizando expresiones que hacen referencia a la menor valía minusvalía o que asocian la discapacidad con una enfermedad padece una minusvalía. Quinta.- Los citados vocablos, han sido superados socialmente a la vez que jurídicamente. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas con discapacidad, en su disposición adicional octava señala que las referencias que en los textos normativos se efectúan a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a persona con discapacidad o personas con discapacidad. Sexta.- La exclusión del sistema educativo por razón de discapacidad constituye una violación flagrante de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Artículos 5 y 24 de la Convención, y artículos 1, 9, 14 y 27 de nuestra Constitución. Séptima.- Reconociendo el esfuerzo que hace esa Corporación por ofrecer y mantener el servicio de escuela infantil para los menores del municipio,

con edades entre los 4 meses y los 3 años de edad, creemos sin embargo, que el actual proyecto educativo, no puede excluir a aquellos alumnos que tengan reconocida una discapacidad, debiendo transformarse en un modelo de educación inclusiva, que incorpore un programa de atención temprana infantil y eduque en la diversidad. Octava.- Revisada la documentación remitida por ese Ayuntamiento, no se observa en el procedimiento seguido por la Comisión Técnica de Valoración y Seguimiento del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida de esa Corporación Municipal, que en la valoración de las solicitudes de plaza para alumnos con discapacidad, se considere y valore la posibilidad y necesidad de realizar ajustes razonables, todo ello de conformidad con lo establecido en la ya citada Convención y en la Disposición 5ª de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, por la que se modifica el artículo 8, apartado 2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Novena.- Examinado el baremo de valoración de las solicitudes, parece igualmente necesario la adopción de fórmulas de discriminación positiva, que favorezcan a las familias con uno o más de su miembros con discapacidad. Igual medida debe adoptarse, a favor de familias en las que alguno de sus miembros no pueda acceder al mercado de trabajo porque realiza el apoyo necesario a la persona con discapacidad que tiene a su cargo, en este caso, para la que se le solicitó plaza en la escuela municipal, incentivando así su incorporación al mercado de trabajo. Décima.- Revisadas las lista de admitidos a las Escuelas Infantiles Municipales de ese Ayuntamiento para el curso 2013-2014, observamos que se excluyó en La Verdellada a otro menor de nombre xxxxx. Décima primera.- Adjuntamos las conclusiones de las recién celebradas XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo de España, que tuvieron lugar en Lanzarote los días 30 y 31 de noviembre, con el objetivo de evaluar precisamente la aplicación en todo el Estado de la ya citada Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En virtud de los antecedentes y de las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común, he resuelto remitir a V.E. la siguiente Resolución del Diputado del Común: RECOMENDACIÓN - Que se revise y modifique el Reglamento de Escuelas Infantiles Municipales y el Proyecto Educativo de dichos centros, a fin que se ofrezca

un modelo educativo inclusivo de acuerdo a la derechos de las personas con discapacidad. Convención sobre los - Que se adopten las medidas que sean necesarias, para excluir de su actividad ordinaria y normativa, los vocablos que hagan referencia a minusvalía, minusválidos o incapacidad, sustituyéndola por la de persona con discapacidad o personas con discapacidad. - De igual forma, conviene la revisión del baremo de calificación de solicitudes de plaza para las escuelas infantiles municipales, incorporando nuevos ítems o modificando los existentes, como medida de discriminación positiva que favorezca la incorporación de alumnos con algún miembro de la familia con discapacidad y para aquellos en que el padre o la madre no pueden acceder al mercado de trabajo por servirles precisamente de apoyo en el hogar. - Que se cese en la práctica de excluir alumnos que ocupan plaza en las escuelas infantiles municipales por razón de discapacidad, y por el contrario, garantice su inclusión al primer ciclo de Educación Infantil, en condiciones de igualdad con las demás personas. Y la siguiente, SUGERENCIA - Que para el caso de que se hubiere causado un perjuicio o daño a los menores y sus familias, por la denegación de plaza en escuela infantil municipal por no cumplir el Ordenamiento jurídico vigente, valore la posibilidad de iniciar, de oficio, los correspondientes procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. De conformidad con lo previsto en el art. 37.3 de la citada Ley 7/2001, deberá comunicar a este Comisionado Parlamentario si acepta o rechaza la presente Resolución del Diputado del Común, en término no superior al de un mes. En el caso de que acepte la Resolución, deberá comunicar las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma. En el caso contrario, deberá remitir informe motivado del rechazo de la Resolución del Diputado del Común. Para su conocimiento, le comunico que esta Resolución será publicada en la página web institucional (www.diputadodelcomun.org), cuando se tenga constancia de su recepción por ese organismo.