ANTE EL. Sala I Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de lo Penal. Expediente TS/JN ac Amicus Curiae.

Transcripción

1 ANTE EL Sala I Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de lo Penal Expediente TS/JN ac Amicus Curiae Sobre Solicitud de transmisión y grabación del juicio oral y público de la ambientalista Bertha Cáceres presentada por Radio Progreso Presentado por Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 18 de octubre de 2018

2 ÍNDICE I. Introducción y objeto del amicus curiae 2 II. Sobre el control de convencionalidad que debe realizar el Estado de Honduras 3 III. Estándares relevantes para la resolución de la solicitud presentada ante este Tribunal 4 A.Sobre el principio de publicidad penal 4 1. Importancia del principio de publicidad del proceso penal y excepciones aplicables en el derecho internacional 4 2. El derecho de las víctimas y la sociedad a la verdad y al acceso a la información 6 B.Aplicación de los estándares descriptos al caso sub examine 7 IV. Conclusión y petitorio 8 I. Introducción y objeto del amicus curiae El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, pos sus siglas en inglés) es una organización no gubernamental de carácter regional, fundada en Nuestro principal objetivo es lograr una implementación efectiva de las normas de derechos humanos en los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, a través del uso del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y de otros mecanismos de protección internacional. De esta manera, a lo largo de los últimos 27 años, CEJIL ha monitoreado y denunciado situaciones violatorias de derechos humanos en la región, y ha acompañado a miles de víctimas en la reivindicación de sus derechos frente a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH). Quienes suscribimos este escrito consideramos que la solicitud de grabación y transmisión del juicio oral y público acerca del asesinato de la reconocida ambientalista Bertha Cáceres, presentada por Radio Progreso el 17 de septiembre de 2018, debe ser concedida toda vez que la denegación de esta solicitud sería violatoria de los estándares internacionales de protección de derechos humanos. En consecuencia, el objeto del presente amicus curiae es, a partir de nuestra experiencia en la materia, facilitarle al Tribunal algunos estándares de derecho internacional de los derechos humanos que consideramos deben ser tomados en cuenta a la hora de resolver esta solicitud. Ello con el fin de que la decisión que adopte este Tribunal sea respetuosa de las garantías judiciales de la víctima y sus familiares. En atención a ello, a continuación, nos referiremos en primer lugar, a la obligación que tienen las autoridades hondureñas, entre ellas los tribunales, de ejercer control de convencionalidad sobre todas las decisiones que adoptan. En segundo

3 lugar, desarrollaremos algunos estándares interamericanos que consideramos deben ser tenidos en cuenta por el Tribunal a la hora de resolver la solicitud recién mencionada. Seguidamente, concluiremos señalando que, a nuestro juicio y con base en todo lo anterior, la solicitud presentada por Radio Progreso debe ser concedida. II. Sobre el control de convencionalidad que debe realizar el Estado de Honduras El control de convencionalidad es una manifestación de las obligaciones estatales de respeto, garantía y adecuación de la normativa previstas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), de la cual Honduras es parte desde el 8 de septiembre de El artículo 1.1 de la citada Convención obliga a los Estados a respetar y garantizar los derechos contenidos en ella, sin discriminación alguna. En forma complementaria, el artículo 2 establece la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la 1 CADH. En palabras de la Corte IDH, tal deber: implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio; y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 2 garantías. 1 De acuerdo al artículo 1 de la Convención Americana: 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Por su parte, el artículo 2 establece: Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 2 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de Serie C No párr. 180.

4 Por otra parte, independientemente de las reformas legales que puedan formularse para cumplir con el citado deber, es importante destacar que corresponde a los jueces y juezas adecuar sus decisiones a la Convención Americana y a otros tratados internacionales. En este sentido, la Corte IDH ha señalado que Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, [ ]y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 3 Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. (Énfasis añadido) Así, jueces y juezas tienen la responsabilidad de que el efecto útil de la Convención Americana no se anule o merme por leyes internas o prácticas contrarias a su contenido, objeto y fin. Ello implica, no sólo tener en consideración lo establecido por el tratado, sino también la interpretación realizada por la Corte 4 IDH, al ser ésta la intérprete última de la CADH. En atención a la obligación de los Estados de realizar un control de convencionalidad, quienes suscribimos este escrito procederemos a hacer mención de los estándares interamericanos en la materia relativos al principio de publicidad penal. Ello con el objetivo de arrojar luz para la resolución de la solicitud de Radio Progreso para grabar y transmitir el juicio oral y público sobre el asesinato de la lideresa ambientalista Bertha Cáceres. III. Estándares relevantes para la resolución de la solicitud presentada ante este Tribunal 3 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr Corte IDH. Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de Serie C No párr Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No párr Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de Serie C No. 220, párr Ver, también: Corte IDH. Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de Serie C No. 276, párr. 151; Corte IDH. Caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de Serie C No. 282, párr. 311.

5 A. Sobre el principio de publicidad penal 1. Importancia del principio de publicidad del proceso penal y excepciones aplicables en el derecho internacional La CADH reconoce el derecho de la persona acusada a la publicidad del proceso penal 5 como una de las garantías que hacen al derecho a un proceso equitativo. Así, como principio general, la publicidad del proceso penal es un derecho de todas las personas acusadas, orientado a protegerlas de la administración de justicia a puerta cerrada sin escrutinio u observación pública. De esta manera, la Corte IDH ha determinado la importancia que tiene el principio de publicidad penal al analizar violaciones al derecho contenido en el artículo 8.5 de la CADH en juicios 6 conducidos por jueces sin rostro y sin acceso público. No obstante, el objetivo del principio de publicidad no se limita a proteger los derechos de la persona acusada, sino también los intereses de las víctimas y el interés general de la sociedad y el Estado del Derecho. De esta forma, el principio de publicidad penal contribuye al mantenimiento de la confianza y legitimidad en los órganos 7 judiciales. Esto conlleva no sólo a asegurar que exista un proceso legal justo, sino también a informárselo al público. En este sentido, resulta de gran importancia para el afianzamiento del Estado de Derecho que la sociedad siga el proceso y su resultado, porque eso es lo que inspira confianza en la judicatura y, a fin de cuentas, en el propio estado de derecho. De este modo, el principio de publicidad penal se constituye como un medio esencial para que pueda ejercerse el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades públicas por parte de la comunidad en general. En efecto, la publicidad del proceso puede generar la influencia necesaria en jueces y fiscales para que se desempeñen en sus funciones de manera independiente y profesional y, además, puede incentivar a que las personas declarantes brinden testimonios 8 más abiertos. Debido a ello, el principio de publicidad penal no puede entenderse como una mera formalidad procesal, sino como un presupuesto de eficacia de la 9 función judicial y de legitimación de la democracia participativa. 5 El artículo 8.5 de la CADH dispone que, el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. 6 Corte IDH. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de Serie C No. 69, párrs. 115 y ; Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de Serie C No. 52, párr. 172; Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de Serie C No. 119, párr TEDH. Caso de Pretto y Otros vs. Italia. Sentencia de 8 de diciembre de 1983, párr OSCE, Legal Digest of International Fair Trial Rights, pág. 78. Disponible en 9 Corte Constitucional, República de Colombia. C-096 de 2001 y T-260 de 2006.

6 Ahora, si bien es cierto que el principio de publicidad del proceso no es un derecho absoluto y que se puede restringir (atendiendo a la naturaleza de la causa en el caso en particular), debe tenerse en consideración que la CADH establece un único motivo por el cual puede justificarse su limitación: para preservar el interés 10 de la justicia. Entonces, cualquier restricción a la publicidad del proceso deberá estar debidamente razonada por la autoridad judicial, a la luz los principios de necesidad y proporcionalidad y de todos los intereses en el caso concreto que se 11 encuentren en juego. Aunado a ello, los funcionarios judiciales deberán adoptar todas las medidas razonables para facilitar el acceso del público a las audiencias, 12 teniendo en cuenta el interés público del caso. Con base en lo recién expuesto puede afirmarse que, si bien existen circunstancias en las cuales es posible limitar la publicidad del proceso, tales circunstancias deben sopesarse cuidadosamente con otros intereses de carácter general que se encuentren presentes en el caso en particular. Así, dentro de dichos intereses se encuentra el derecho de las víctimas y la sociedad a la verdad y al acceso a la información, como se analizará a continuación. 2. El derecho de las víctimas y la sociedad a la verdad y al acceso a la información En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, existe el derecho de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación efectivas. Este derecho debe ser considerado por los órganos judiciales al tener que decidir sobre cualquier actuación procesal que sea plausible de limitar el derecho de participación efectiva de las partes interesadas en el proceso y del derecho de las víctimas y la sociedad en su conjunto a conocer la verdad y acceder a la información a las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, existe una estrecha relación entre el acceso efectivo de las víctimas a la justicia y la protección y garantía del derecho a la verdad. Al respecto, debe señalarse que: [l]os procesos nacionales son también una forma de hacer valer el derecho a la verdad. Los tribunales imparten justicia pero también evalúan los hechos conforme a rigurosos criterios de prueba y de procedimiento, y dejan constancia de ellos en las actas judiciales. Al promover el derecho a la verdad, los Estados deberían garantizar un amplio ius standi en el proceso judicial a 10 Artículo 8.5 de la CADH. 11 OSCE, Legal Digest of International Fair Trial Rights, pág. 80. Disponible en 12 Comité de Derechos Humanos. Comunicación 125/1986. Van Meurs c. Los Países Bajos, párr. 6.2.

7 13 todo lesionado y a toda persona u ONG con un interés legítimo. Adicionalmente, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) como la Corte IDH han afirmado que el derecho a ser informado sobre lo sucedido y de acceder a la información también incluye a la sociedad en general en tanto resulta esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos. De este modo, la publicidad del proceso y de los resultados de las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos es un elemento clave del derecho a la verdad y a la información de las víctimas y la sociedad en general. Así, la Corte IDH ha señalado en su jurisprudencia que la sociedad tiene que poder conocer los 15 hechos y los responsables de las violaciones a derechos humanos. Además, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha señalado que existe una estrecha relación entre el acceso a la información y la transparencia al sostener que [e]ste derecho cobra aún mayor importancia por encontrarse relacionado al principio de transparencia de la administración y la publicidad de los actos de gobierno. El Estado se constituye, en este sentido, como un medio para 16 alcanzar el bien común. Con base en todo lo anterior, es posible afirmar que frente a casos de graves violaciones de derechos humanos, las víctimas y la sociedad en general deben tener un acceso amplio a los procesos penales, lo cual supone no sólo su capacidad de participar ( ius standi ) sino también de acceder a información relevante. Aunado a ello, el derecho a la verdad y el acceso a la información de la sociedad en su conjunto implican la revelación pública y completa de la verdad, la cual permitirá sanar los daños sociales generados por las violaciones a los derechos humanos y evitar que los hechos se vean repetidos en el futuro. B. Aplicación de los estándares descriptos al caso sub examine En el marco del caso bajo análisis, distintos factores han impedido la asistencia a las audiencias de personas que tenían intereses legítimos para hacerlo. Entre ellos se encuentran: los costos de los viajes para acceder al recinto judicial, la falta de espacio físico y de asientos en el mismo para que pudieran ingresar todas las ONU. Estudio sobre el derecho a la verdad. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en cumplimiento de la Resolución No. 2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos. Doc. ONU E/CN.4/2006/91, párr CIDH. El Derecho a la Verdad en las Américas. OEA/Ser.L/VIII./52 Doc. 2, 13 de agosto de 2014, párr Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ( Guerrilha do Araguaia ) vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de Serie C No. 219, párr. 257; Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de Serie C No. 221, párr. 187; Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de Serie C No. 213, párr CIDH. Informe Anual de la Relatoría de Libertad de Expresión, 2001, pág. 110.

8 personas, cuestiones relativas a la seguridad (debe tenerse en cuenta que varias personas allegadas a la lideresa han sido objeto de amenazas y ataques, por lo que se encuentran en grave riesgo) y diversos hechos de discriminación que han sido cometidos a lo largo del proceso contra la población lenca (a la que pertenecía Berta Cáceres) como consecuencia de su origen indígena. Debido a ello, la transmisión en vivo de las audiencias se constituye como la única opción para que se garantice el derecho a la verdad y al acceso a la información de la familia de Berta Cáceres, de la comunidad lenca, de las y los integrantes de COPINH, y de las demás víctimas. Sin dicha medida, no podrán conocer las actuaciones judiciales a pesar de que es su derecho poder hacerlo. Aunado a ello, sin la transmisión en vivo, el resto de la sociedad hondureña tampoco podrá acceder a lo que ocurra durante el juicio. Ello a pesar de que conforme fue señalado en el apartado ut supra la población tiene el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido y de quiénes son los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, como lo es el asesinato de Berta Cáceres (sobre todo ante el contexto de violencia contra las y los defensores de derechos humanos existente en Honduras). Además, debe señalarse que el presente caso resulta de gran importancia no sólo para Honduras, sino a nivel regional y mundial. En efecto, antes de su asesinato, Berta Cáceres era internacionalmente reconocida por su activismo en derechos humanos y medio ambiente. Ello ha conllevado a que distintos países centren su atención en lo que está ocurriendo en el marco del juicio por el homicidio de la lideresa. Como consecuencia de ello, en caso de que no se realice la transmisión en vivo de las audiencias, el Estado de Honduras estará impidiendo el acceso a una información completa y actualizada de lo ocurrido a la lideresa lenca y ambientalista. Con base en todo lo expuesto, quienes suscribimos el presente escrito sostenemos que debe concederse la solicitud de Radio Progreso de grabar y transmitir en vivo de las audiencias por el juicio del homicidio de Berta Cáceres. Ello a los efectos de respetar y garantizar el derecho a la verdad y al acceso a la información de las víctimas y de la sociedad en general. IV. Conclusión y petitorio Con base en el análisis realizado, solicitamos al Honorable Tribunal de Sentencia Especial, Sala I acceda a la solicitud de Radio Progreso de grabar y transmitir en vivo a las audiencias en el marco del juicio por el asesinato de la lideresa ambientalista, a la luz de los estándares interamericanos recién expuestos. Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestras muestras de alta consideración y estima.

9 Atentamente, Marcia Aguiluz Directora Programa para Centroamérica y México CEJIL